Régimen jurídico de los contratos administrativos. 1. Los contratos administrativos, con la salvedad establecida en el apartado siguiente, se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, los contratos administrativos especiales, que se definen en el artículo 5.2, párrafo b), se regirán por sus propias normas con carácter preferente.
Régimen jurídico de los contratos administrativos. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las controversias o conflictos que puedan surgir entre las partes intervinientes en los contratos administrativos. Los contratos privados de las Administraciones Públicas se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas administrativas específicas, por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, y en cuanto a sus efectos y extinción por las normas de derecho privado. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias y conflictos que puedan surgir entre las partes intervinientes. La jurisdicción competente es la ordinaria, sin embargo, la preparación y adjudicación de los contratos al ser considerados actos jurídicos separables podrán ser ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Régimen jurídico de los contratos administrativos. Los contratos administrativos celebrados por las Alcaldías o Sector Municipal se regirán en cuanto a su preparación y adjudicación por la presente Ley y sus disposiciones. El orden jurisdiccional contencioso administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en los contratos administrativos.
Régimen jurídico de los contratos administrativos. El régimen jurídico aplicable a los contratos regulados por la LCE es de Derecho Administrativo. Solamente en ausencia de disposiciones administrativas expresas, se podrán aplicar supletoriamente, normas de Derecho Privado (Art. 3 LCE y Art. 14 RLCE).
Régimen jurídico de los contratos administrativos. El régimen jurídico de los contratos administrativos está regulado actualmente por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, con entrada en vigor el 9 xx xxxxx de 2018. Esta Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar.
Régimen jurídico de los contratos administrativos. Los contratos administrativos, con la salvedad establecida en el apartado siguiente, se regirán en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, los contratos administrativos especiales, que se definen en el artículo 5.2, párrafo b), se regirán por sus propias normas con carácter preferente. El contrato de concesión de obras públicas se regirá, con carácter preferente a lo dispuesto en el apartado anterior, por las disposiciones contenidas en el título V del libro II de esta Ley, sus disposiciones de desarrollo y por la legislación sectorial específica en cuanto no se oponga a dicho título, sin perjuicio de lo Administrazio-kontraturen batek beste xxxx bateko administrazio-kontraturen bati edo gehiagori dagozkion prestazioak hartzen baditu, ekonomiaren ikuspegitik garrantzirik gehien daukan prestazioaren izaera hartu behar da kontuan haren sailkapena egiteko, eta hura arautuko duten arauak aplikatzeko. Administrazio-kontratuak, hurrengo paragrafoan ezarritako salbuespena salbuespen, beren prestaketa, esleipen, ondorio eta amaierari dagokienez, lege honekin eta lege hau garatzeko xedapenekin arautuko dira; ordezko moduan aplikatuko dira administrazioko zuzenbideko gainerako arauak, eta, halakorik ezean, zuzenbide pribatukoak. Hala ere, 5.2.b) artikuluan zehaztutako administrazio-kontratu bereziak, lehentasunez, xxxxx xxxx propioekin arautuko dira. Herri-lanen emakida-kontratua, aurreko paragrafoan ezarritakoarekin arautu aurretik, lehentasunez arautuko da lege honen II. liburuko V. tituluan jasotako xedapenekin, hori garatzeko xedapenekin, eta, aipatutako titulu horren aurka ez badoaz, arlo horretan berariaz emandako legeekin, betiere, Uren establecido en los artículos 125 y 133 a 135 del Texto Refundido de la Xxx xx Xxxxx, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en los contratos administrativos. Legearen testu bateginean (uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren bitartez onartu baitzen) 125. artikuluan eta 133.etik 135. artikulu artekoetan ezarritakoari kalterik egin gabe. Administrazio-kontratuetan alderdien artean sor daitezen eztabaidak erabakitzeko, administrazioarekiko auzi-jurisdikzioa izango...
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