DE LAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. Incumplimiento de los plazos. El adjudicatario incurrirá en xxxx, en el caso de incumplimiento de los plazos previstos, sin que requiera la interpelación o la intimación previa por parte de la Administración y producirá, según la naturaleza del incumplimiento los siguientes efectos: En todo caso, cuando el incumplimiento hubiere dado lugar a una disminución de prestaciones no recuperables, y este perjuicio no deba correr a cargo de la Administración, en virtud de la legislación aplicable, se reducirá la parte del precio que corresponda a dichas prestaciones. Las deducciones o reducciones en el abono del precio que proceda por la disminución de prestaciones no recuperables o la baja en el rendimiento convenido, se producirán con independencia de los efectos de la indemnización-resolución, con o sin pérdida de fianza o penalidad a que pudiera dar lugar la causa que los originase. Si el retraso no implicase necesariamente la disminución de prestaciones, por permitirlo una prórroga que lo subsane y no se hubiera producido por motivos imputables al adjudicatario, se estará a lo dispuesto en el artº 197, apartado 2, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. Si en las mismas condiciones del párrafo anterior, el retraso se hubiera producido por causas imputables al adjudicatario, se estará a lo dispuesto en el artículo 196.4, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. Otros incumplimientos del contrato La demora por causas imputables al adjudicatario, facultará a la Administración para, discrecionalmente, ponderando los perjuicios originados por el retraso y las reincidencias, resolver el contrato con pérdida de fianza o aplicar las penalidades previstas. El importe de las penalidades por demora se hará efectivo mediante la deducción de las mismas en las facturaciones que se produzcan. En todo caso la garantía definitiva responderá de la efectividad de aquellas, de acuerdo con lo establecido en el art. 88 de la citada Ley. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución. Las reducciones y penalidades referidas en los párrafos anteriores no excluyen la indemnización a que la Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios, ocasionados por el retraso imputable al adjudicatario. En el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación obj...
DE LAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. Incumplimiento de los plazos. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales que, en su caso, queden fijados por la Administración. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en xxxx por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas en la cuantía establecida en el art. 196 de la Ley 30/2007, salvo que en se establezcan otras distintas en el Apartado 17 del Cuadro de Caracteristicas. El adjudicatario incurrirá en xxxx, en el caso de incumplimiento de los plazos previstos, sin que requiera la interpelación o la intimación previa por parte de la Administración.
DE LAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. 20.1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.
20.2. En el plazo de 15 días contados desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo en caso contrario en causa de resolución del contrato.
20.3. En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se refiere la cláusula 12.6, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalización económica proporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantía que podrá alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.
DE LAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. El Servicio Murciano de Salud podrá imponer penalidades como consecuencia de incumplimientos del adjudicatario en la ejecución del contrato, sin perjuicio de que se acuerde la resolución atendiendo a la gravedad del incumplimiento o del daño causado: Incumplimiento de los plazos previstos: Se impondrá una penalidad que oscilará entre 600,00 y 1.200,00 euros. Incumplimiento en la ejecución de las prestaciones del contrato: Se impondrá una penalidad que oscilará entre 1.000,00 y 2.000,00 euros. Se penalizará con 100 € por cada día de demora en el pago de las resoluciones estimatorias totales o parciales y sentencias condenatorias respecto del establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas o del, en su caso, ofertado por el adjudicatario. Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas a través de procedimiento de apremio o bien sobre la garantía definitiva constituida.
DE LAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. XX.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato.
XX.2.- Si llegado el final del plazo establecido, el contratista hubiere incurrido en demora, por causa imputable al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la resolución del contrato, o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. Esta misma facultad tendrá la Administración respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.
XX.3.- La imposición de penalidad no excluye la indemnización a que pueda tener derecho la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al contratista.
XX.4.- La constitución en xxxx del contratista no requerirá intimación previa por parte de la Administración.
XX.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al contratista, la Administración podrá a petición de éste o de oficio, conceder la prórroga por un tiempo igual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 213 del TRLCSP.
DE LAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS. XIX.1. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. La constitución en xxxx del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. En la memoria técnica aceptada por el proveedor en cada proyecto, se hace referencia a los plazos de ejecución. Cuando llegado al término de dichos plazos se hubiera incurrido en demora por causa imputable al mismo, se podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de las penalizaciones diarias que se establecen en la siguiente escala: Contratos hasta 3.000 € 3 € diarios De 3.000,01 a 6.000 € 6 € diarios De 6.000,01 a 30.000 € 12 € diarios De 30.000,01 a 60.000 € 18 € diarios De 60.000,01 a 150.000 € 30 € diarios De 150.000,01 a 600.000 € 60 € diarios De 600.000,01 en adelante 150 € diarios Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. Asimismo, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por imposición de las penalidades, en función del importe afectado de incumplimiento. En los supuestos de resolución del contrato por cualquiera de las causas expuestas, ésta deberá acordarse por el órgano de contratación de acuerdo con lo previsto en el artículo 197 de la LCSP. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.
XIX.2. En el plazo de 15 días contados desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo en caso contrario en causa de resolución del contrato.
XIX.3. En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, o incumpliera el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello, a que se refieren las cláusulas ...
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