Contextualización. El Centro de Formación Juvenil de Xxxxx xx Xxxx está ubicado en la comuna 17 en el barrio Xxxxx xxx Xxxx, al suroriente en la ciudad de Santiago de Cali. Esta institución tiene actualmente capacidad para hospedar a No. 350 niños jóvenes infractores, los cuales son ubicados en diferentes secciones de acuerdo con las medidas establecidas por el juzgado que tiene a cargo el caso del joven: tipo de infracción, pena, grado de peligrosidad. El Centro de Formación Juvenil del Xxxxx xx Xxxx, Inicia su funcionamiento en el año de 1.968, con el objetivo de ofrecer a los niños y jóvenes del Municipio, protección y atención integral, siendo asumida su administración a través del convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Quienes llegan a la institución son menores infractores mayores de 12 y menores de 18 años y de acuerdo con el decreto 2737 de 1989 (Código del Menor), ésta institución tendría la responsabilidad de ayudar a formar jóvenes infractores de la ley. Sin embargo, la Fundación tuvo que modificar sus objetivos en el sentido que de no sólo debía enfocarse en la educación de jóvenes infractores sino también en la educación de niños, niñas y adolescentes, donde se comienza a regir el Código del Menor. A partir del 20 xx Xxxxx del 2003, y hasta la fecha, la Congregación de Religiosos Terciarios Xxxxxxxxxx asumió la administración y cuya misión principal es la atención de la juventud con problemas de comportamiento. Además de contar con una amplia infraestructura de espacios comunes, deportivos, académicos, técnicos y de esparcimiento, la institución ofrece talleres de formación a los jóvenes en ebanistería, artesanía, panadería y otras áreas. El acompañamiento a estos jóvenes, utiliza como recurso pedagógico y terapéutico principios espirituales y religiosos como: “…propiciar un ambiente familiar, creer en la bondad natural de las personas y educarlos a través de actividades lúdicas y recreativas”. El Centro de Formación Juvenil del Xxxxx xx Xxxx, cuenta con personal operativo, administrativo y profesional necesario para la atención requerida por los muchachos, como lo es la alimentación, salud, orientación familiar y de comportamiento para que puedan reorientar su proyecto de vida y sean personas útiles a la sociedad”. Estos jóvenes infractores, vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, se capacitaron en panadería, sistemas, metalistería y ebanistería entre otros.
Contextualización. Los Residuos de Construcción y Demolición – RCD, antes denominados escombros, son actualmente un factor de deterioro ambiental y paisajístico para la región, no propiamente por su composición, sino por su inadecuado manejo por parte de los generadores lo que afecta el espacio público y el entorno ambiental. La construcción es una de las actividades más importantes para el fomento y desarrollo del empleo en nuestro país; su crecimiento en la última década ha traído consigo un incremento directo de la cantidad de RCD generados por los desechos resultantes de construcción de obras civiles y de la remodelación y demolición de infraestructura, edificios y viviendas. Son muchos los esfuerzos que en diversas ciudades del país ha venido adelantando la empresa privada y el sector público para reducir la producción de RCD e implementar unas buenas prácticas de gestión en cuanto a aprovechamiento y políticas de producción limpia en los diferentes procesos constructivos. Sin embargo, la carencia de estímulos para emprender nuevos proyectos en el sector de la construcción y el desconocimiento de la comunidad en relación al reciclaje de estos materiales, han creado limitaciones para la implementación de un sistema de gestión de RCD que sea aplicable e integral a todos los ámbitos. A pesar de la desarticulación que existe para la gestión de RCD a nivel nacional, la exigencia del desarrollo basado en la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente ha llevado a la investigación y creación de normas y empresas que se enfoquen en buscar una solución a la problemática social, económica y ambiental que crea la incorrecta gestión de los RCD en el país. Las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Santa Xxxxx han reglamentado el manejo de RCD mediante la expedición de legislación específica y diversas guías metodológicas que han permitido un avance importante en el adecuado manejo de estos residuos. En especial Bogotá se convierte en referente a nivel nacional por el desarrollo de instrumentos como el plan de gestión integral de RCD en la obra y el registro de transportadores, generadores, centro de tratamiento y/o aprovechamiento y prestadores del servicio de disposición final de RCD. A su vez el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos derivados de las actividades de construcción y demolición – RCD y se dict...
Contextualización. Con el fin de determinar la generación de los residuos sólidos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se identifica el flujo de los mismos en cada uno de los componentes de la gestión para cada uno de los municipios, consolidando así información de los PGIRS municipales, del Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI), de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de diferentes estudios del Área Metropolitana xxx Xxxxx de Aburrá, e información suministrada por diferentes gestores encontrados en la región, con el consecuente desarrollo de los temas que se esquematizan a continuación.
Contextualización. De acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida, realizada por el Departamento administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2014), la cobertura del servicio de aseo en el área rural del país es del 24%, por tal motivo , el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en su Resolución 0754 de 2014, en el cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos, se vio obligado a reglamentar que en este, se establezca un programa para la gestión de los residuos en la zona rural de cada uno de municipio del país y así ampliar la cobertura del servicio de aseo en esta zona. A continuación se presenta un panorama sobre la zona rural de del Área Metropolitana xxx Xxxxx de Aburrá La zona rural del Área Metropolitana xxx Xxxxx de Aburrá corresponde al 83% del territorio del total de la región, asimismo el 16% corresponde a la zona urbana y el 2% a Expansión urbana, tal como se evidencia en la Tabla 1. Además, como se muestra en ésta Municipios como Barbosa, Girardota, Copacabana y Caldas tienen que más del 90% de su territorio es rural. Por otra parte se puede evidenciar que el principal eje urbano del Área Metropolitana del Valle de Aburrá se encuentra al centro del Valle de Aburrá y está conformado por los tres municipios los cuales son: Medellín, Bello e Itagüí. Asimismo, se puede evidenciar en la Tabla 1, que algunos municipios del Valle de Aburrá además de tener suelo urbano y rural también tiene expansión urbana, es decir han tenido un desarrollo residencial y comercial de baja densidad poblacional en tierras no urbanizadas. Estos Municipios son Barbosa, Girardota, Bello, Medellín, Itagüí, Envigado, La Estrella y Caldas. Como se observa el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, la expansión urbana es del 2%. (Km2) Área (Km2) Porcentaje (%) Área (Km2) Porcentaje (%) Área (Km2) Porcentaje (%) 1 Barbosa 2,1 1% 200,8 98% 2,5 1% 206,4 2 Girardota 0,5 1% 79,3 96% 3,1 4% 83,9 3 Copacabana 0 0% 64,4 93% 4,9 7% 70,2 4 Bello 2,4 2% 117 83% 21 15% 141,3 5 Medellín 1,8 0,5% 260 69% 112,4 30% 374,9 6 Itagüí 1,3 6% 7,6 36% 12,2 58% 21,5 Total (Km2) Área (Km2) Porcentaje (%) Área (Km2) Porcentaje (%) Área (Km2) Porcentaje (%) 7 Envigado 1,9 2% 64,2 82% 12,3 16% 79,2 8 Sabaneta 0 0% 12,6 75% 4,2 25% 17,6 9 La Estrella 4,4 12% 26,5 74% 4,7 13% 36,5 10 Caldas 5,7 4% 125,6 94% 2,7 2% 135 Total 20,1 958 180 1158,1 Porcentaje (%) 2% 83% 16% 100% A continuación, en el Mapa 1. Cla...
Contextualización. Salvo que se trate de transacciones en efectivo, las instituciones financieras intermedian la realización de pagos. Esta intermediación surge de la necesidad de un tercero de confianza (el banco) que garantice la irrevocabilidad del pago (Nakatomo, 2008). Como resultado, se generan costos de transacción que roban eficiencia al funcionamiento xx xxxxxxx (Xxxxx, 1937). En ese contexto, nacen las criptomonedas, que, mediante la tecnología blockchain, permiten la realización de transacciones irrevocables, eliminando la necesidad de la intermediación del sector financiero. Mediante la criptografía, miles de verificadores, garantizan el entrelazamiento de bloques que contienen la información de las transacciones realizadas (Nakatomo, p.2). Este sistema no solo elimina los costos de transacción, sino que también garantiza la seguridad: para poder hackear la red, se requeriría hackear, al mismo tiempo, los servidores de todos los verificadores. Además, la red de bloque es de acceso público, lo que permite una trazabilidad de los pagos. Las criptomonedas representan una alternativa al sistema tradicional, que actualmente no genera confianza y tiene altos costos para los usuarios. De hecho, el 60% de las personas sin cuenta bancaria en Latinoamérica aduce razones de costo y aproximadamente el 33% aduce razones de desconfianza en el sistema (World Bank Group, 2021). Por su parte, las criptomonedas traen consigo beneficios como la descentralización, privacidad, inclusión financiera, seguridad y bajos costos de transacción, entre otros (Xxxxxx, 2018). Podemos encontrar evidencia de este fenómeno en Xxxxxxx, en la medida en que cada vez se realizan más pagos con Ardencoins en tiendas por departamento, tiendas de conveniencia, centros comerciales, restaurantes y hoteles (Caso, hecho 22). La relación entre los bancos y el mundo de las criptomonedas no sólo es de competencia, sino también de dependencia. Los usuarios que adquieren activos digitales necesitan del sistema financiero tradicional para transformar sus divisas en criptomonedas. Los intermediarios en el mercado de criptomonedas (aquellas entidades que brindan plataformas para su intercambio) también requieren del sector financiero tradicional para manejar los recursos de sus inversionistas que están representados en divisas tradicionales, como es el caso de Novatech (Caso, hecho 23).
Contextualización. Por último se hablará de los contratos de garantía: fianza, prenda e hipoteca y contrato de transacción; tomando en consideración que este tipo de contratos nacen por la duda que tendría el acreedor de que el deudor no llegase a cumplir con su obligación; en ese caso, el que garantiza el cumplimiento se vería en la posición de cumplir por el deudor, satisfaciendo la obligación. Se supone que el primer contrato que surge en este sentido es la fianza, que nace bajo palabra, pero con el paso de los años el acreedor y el deudor pueden caer en la suerte de no contar con recursos económicos para cumplir con la obligación; por ello es importante contar con una figura jurídica que respalde el adeudo. La esencia de los últimos contratos civiles es la misma, sólo que se realizan de diversas formas y validez. Por sus características y su forma jurídica cada uno de los contratos que nos ocupan cuentan con diferentes aspectos que considerar, aunque de fondo la premisa debe ser la misma; trátese de que el acreedor perdería toda garantía del cumplimiento, por lo que nace un contrato que respalde el monto de lo adeudado.
Contextualización. Este sistema se ha implementado en todo el país con excepción de la Región Metropolitana y consiste en un mecanismo centralizado de asignación de estudiantes a establecimientos educacionales, de acuerdo a las preferencias declaradas por sus apoderados. Los estudiantes que postulan a un establecimiento educacional deben ser admitidos en un colegio, en los casos en que el número de cupos sea menor al de postulantes, los asigna un procedimiento matemático que vela porque éstos se completen acorde a las preferencias de los apoderados y las prioridades de asignación definidas por la ley. Han existido problemas en la implementación de este sistema, pero esto solo se traduce en la frustración de algunos postulantes y sus familias que no encuentran reconocimiento para su rendimiento académico, fruto de una historia de esfuerzos; y la imposibilidad de lograr que los establecimientos educacionales puedan desarrollar cabalmente proyectos educativos de especialización temprana. Además, existen algunas restricciones legales que no aportan al mejor desarrollo de los procesos de admisión, como la prohibición a los establecimientos educacionales de hacer difusión de sus proyectos educativos durante el período de postulación, en circunstancias que es precisamente en esa etapa cuando la información que se entrega a los padres y apoderados cobra más relevancia.