Origen y evolución. Originariamente, la palabra franquicia, es sinónimo de privilegio. Surge como franquicia comercial, en los Estados Unidos de Norteamérica, en el año 1850 aproximadamente, cuando la compañía Singer & Co. x Xxxxxx Sewing Machine Company , crea una novedosa forma de distribución y venta, que continua hasta nuestros días, para sus maquinas xx xxxxx, producto base de dicha empresa. En las primeras décadas de este siglo xx, las empresas más importantes comenzaron a percibir las ventajas de utilizar el franchising para ampliar la comercialización de sus productos y de sus servicios. otros fabricantes de automóviles adoptaron rápidamente el sistema que había ensayado General Motors. Luego siguieron cadenas de supermercados, o de establecimientos de comidas rápidas. Es importante recalcar que la legislación específica sobre la materia surge recién en la década del setenta en California. En América Latina, se ha receptado bajo diversas denominaciones, sin que se hayan concretado norma específica alguna. En la actualidad, debido a la globalización de la economía, a la mundialización de los flujos comerciales, en virtud de la conjunción de avances científicos y tecnológicos, aplicados a la producción y comercialización, han tomado prestigio universal ciertos productos y servicios, que son reconocidos por todos tanto por su marca como por su símbolo.
Origen y evolución. —2.2.1.2. Concepto, función y límites.—2.2.1.3. Procedi- miento de celebración.—2.2.1.4.
Origen y evolución. La LCSP regula los Acuerdo Marco, en el Capítulo II, de este Título II, en los artículos 180 a 182, como una figura que persigue la racionalización técni- ca de la contratación en cuanto pretende hacer posible la celebración y adjudi- cación de contratos públicos en las condiciones fijadas por un acuerdo anterior dirigido a ello (sobre todo en lo relativo a los precios y las cantidades). El acuerdo marco, inspirado en la categoría del contrato normativo, aparece por primera vez en España en la Ley 13/1995, de 18 xx xxxx de Contratos de las Administraciones Públicas, en el artículo 183.f, que regulaba el procedimiento negociado sin publicidad en el contrato de suministro, en las adjudicaciones deri- vadas de un Acuerdo o contrato marco, siempre que este último haya sido adjudi- cado con sujeción a las normas de esta Ley. Sin embargo al haber sido el régimen de contratación directa objeto de impugnación ante el TJCE y posteriormente xxxxx- nado por sentencia el Xxxxx de España, la Junta Consultiva de Contratación hubo de interpretar este artículo en el Informe 10/1995 diciendo que la compatibilidad del Acuerdo Xxxxx con la legislación europea no ofrecía duda, siempre que el su- puesto previsto en el apartado f del artículo 183 fuese con sujeción a las normas de la Ley, es decir, mediante concurso, del propio acuerdo o contrato marco, para que las adjudicaciones posteriores pudieran ser por el procedimiento negociado. Posteriormente, aparece en el derecho comunitario de la contratación pú- blica en la Directiva 93/98/CEE, que se incorpora al derecho español por medio de la Ley 48/1998, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía los trasportes y las telecomunicaciones. La extensión de esta figura, más allá de los sectores especiales se hizo en el Tex- to Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 xx xxxxx, que mantuvo la regulación de la Ley respecto del contrato de suministros (art. 182), la hizo extensiva a los contratos de prestación sanitaria concertados con medios ajenos, derivados de un convenio de colaboración entre las Administraciones Públicas o de un contrato marco dentro de la regulación del contrato de gestión de servicios públicos (art. 159) y, al establecer las normas especiales sobre el contrato de suministros, previó la posibilidad de que la Dirección General de Patrimonio del Estado utilizará contratos marco en la adquisición centralizada...
Origen y evolución. La contratación centralizada en España tiene su origen, en el Texto Articu- lado de la Ley de Contratos del Estado aprobado por Decreto 923/1965, de 8 xx xxxxx, que establecía en su artículo 88 que los contratos de suministros refe- ridos a bienes consumibles o de fácil deterioro por el uso habían de ser celebra- dos por las Juntas de Compras de los diferentes departamentos ministeriales y preveía la posibilidad de que el Gobierno pudiera crear Juntas de Compra de carácter interministerial para llevar a cabo una contratación global de bienes similares y precisos para los distintos órganos de la Administración Civil del Estado con la finalidad de obtener mejores condiciones. Consecuencia de lo anterior fue la creación del Servicio Central xx xxxx- nistros, en la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda, por el Decreto 2764/1967, de 27 de noviembre, cuyo artículo 20 establecía la posibilidad de su creación, con la misión de dictar las disposiciones necesarias sobre normalización y adquisición de material mobiliario y de oficina y de centralizar la compra y gestión de dichos bienes. Este Decreto se desarrolló por el Decreto 3186/1968, de 26 de diciembre, por el que se organizó el Servicio Central de suministros de material mobiliario y de oficina y se regulaban las Juntas de Compras de los Ministerios Civiles. La Ley 17/95, de 18 xx xxxx, de Contratos de las Administraciones Públi- cas, amplía el ámbitos subjetivo y objetivo de esta modalidad de adquisición a la totalidad de la Administración General del Estado, Entidades gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad social al contrato de suministro, así como al arrendamiento financiero con o sin opción de compra y al contrato de ser- vicios. El Texto Refundido de la Ley, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 xx xxxxx, permite la utilización del sistema de adquisición cen- tralizada a las Comunidades Autónomas, Entidades Locales, sus Organismos Autónomos y Entes públicos, en la Disposición Adicional Décima ampliando su objeto, de una parte al contrato de suministro y al de servicios, en los artí- culos 183 y 199 respectivamente. En este mismo Texto Refundido el artículo 182.g permitía la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad en la contratación centralizada de suministros, pero la Sentencia del TJCE de 13 de enero de 2005 (Comisión c España C-84/03) condenó al Xxxxx de España por permitir en la Ley en los artículos 141.a) y 182.a) y g) que se recurriera al procedi...