Contextualización. El Servicio Xxxxxxx xx Xxxxxx, en lo sucesivo la Agencia, creado por la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, se configura como Agencia de régimen especial de las previstas en el artículo 54.2.c) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, para realizar las actividades administrativas y demás funciones y competencias establecidas en su Ley de creación y cualquier otra actividad, competencia o función que específicamente se le atribuya. La Agencia tiene personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, y autonomía de gestión y funcional dentro de los límites establecidos por la citada Ley 9/2007, de 22 de octubre. La Agencia se regirá por lo dispuesto en la Ley 1/2011, de 00 xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Xxxxxxx xx Xxxxxx, por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y por sus propios Estatutos en lo que no se oponga a aquellas. Así mismo, se regirá por el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 xx xxxxx, y por las demás normas que le sean de aplicación. Actualmente, por Decreto 100/2019, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, la Agencia se adscribe a la Consejería competente en materia de Empleo, quien se encarga de fijar las directrices generales y los criterios de actuación de la misma, y más concretamente, a la Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo, la cual ejerce las competencias de impulso, coordinación, planificación y seguimiento de todos los programas en materia de empleo que se desarrollen. La Agencia tiene su sede institucional en la ciudad xx Xxxxxxx, sin perjuicio de que las estructuras organizativas y unidades operativas desconcentradas que la componen puedan tener sedes distintas. 00172330 Objetivos y funciones. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 4/2002, el Servicio Xxxxxxx xx Xxxxxx, como Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma, tiene como objetivos específicos el ejercicio de las competencias en materia de empleo y, en particular, las siguientes: Fomento del empleo, Orientación e información y Prospección, así como el registro de demanda e intermediación en el mercado de trabajo. Para el cumplimiento de estos objetivos la Agencia ejerce las siguientes funciones:
Contextualización. Salvo que se trate de transacciones en efectivo, las instituciones financieras intermedian la realización de pagos. Esta intermediación surge de la necesidad de un tercero de confianza (el banco) que garantice la irrevocabilidad del pago (Nakatomo, 2008). Como resultado, se generan costos de transacción que roban eficiencia al funcionamiento xx xxxxxxx (Xxxxx, 1937). En ese contexto, nacen las criptomonedas, que, mediante la tecnología blockchain, permiten la realización de transacciones irrevocables, eliminando la necesidad de la intermediación del sector financiero. Mediante la criptografía, miles de verificadores, garantizan el entrelazamiento de bloques que contienen la información de las transacciones realizadas (Nakatomo, p.2). Este sistema no solo elimina los costos de transacción, sino que también garantiza la seguridad: para poder hackear la red, se requeriría hackear, al mismo tiempo, los servidores de todos los verificadores. Además, la red de bloque es de acceso público, lo que permite una trazabilidad de los pagos. Las criptomonedas representan una alternativa al sistema tradicional, que actualmente no genera confianza y tiene altos costos para los usuarios. De hecho, el 60% de las personas sin cuenta bancaria en Latinoamérica aduce razones de costo y aproximadamente el 33% aduce razones de desconfianza en el sistema (World Bank Group, 2021). Por su parte, las criptomonedas traen consigo beneficios como la descentralización, privacidad, inclusión financiera, seguridad y bajos costos de transacción, entre otros (Xxxxxx, 2018). Podemos encontrar evidencia de este fenómeno en Xxxxxxx, en la medida en que cada vez se realizan más pagos con Ardencoins en tiendas por departamento, tiendas de conveniencia, centros comerciales, restaurantes y hoteles (Caso, hecho 22). La relación entre los bancos y el mundo de las criptomonedas no sólo es de competencia, sino también de dependencia. Los usuarios que adquieren activos digitales necesitan del sistema financiero tradicional para transformar sus divisas en criptomonedas. Los intermediarios en el mercado de criptomonedas (aquellas entidades que brindan plataformas para su intercambio) también requieren del sector financiero tradicional para manejar los recursos de sus inversionistas que están representados en divisas tradicionales, como es el caso de Novatech (Caso, hecho 23).
Contextualización. Por último se hablará de los contratos de garantía: fianza, prenda e hipoteca y contrato de transacción; tomando en consideración que este tipo de contratos nacen por la duda que tendría el acreedor de que el deudor no llegase a cumplir con su obligación; en ese caso, el que garantiza el cumplimiento se vería en la posición de cumplir por el deudor, satisfaciendo la obligación. Se supone que el primer contrato que surge en este sentido es la fianza, que nace bajo palabra, pero con el paso de los años el acreedor y el deudor pueden caer en la suerte de no contar con recursos económicos para cumplir con la obligación; por ello es importante contar con una figura jurídica que respalde el adeudo. La esencia de los últimos contratos civiles es la misma, sólo que se realizan de diversas formas y validez. Por sus características y su forma jurídica cada uno de los contratos que nos ocupan cuentan con diferentes aspectos que considerar, aunque de fondo la premisa debe ser la misma; trátese de que el acreedor perdería toda garantía del cumplimiento, por lo que nace un contrato que respalde el monto de lo adeudado.
Contextualización. Los Residuos de Construcción y Demolición – RCD, antes denominados escombros, son actualmente un factor de deterioro ambiental y paisajístico para la región, no propiamente por su composición, sino por su inadecuado manejo por parte de los generadores lo que afecta el espacio público y el entorno ambiental. La construcción es una de las actividades más importantes para el fomento y desarrollo del empleo en nuestro país; su crecimiento en la última década ha traído consigo un incremento directo de la cantidad de RCD generados por los desechos resultantes de construcción de obras civiles y de la remodelación y demolición de infraestructura, edificios y viviendas. Son muchos los esfuerzos que en diversas ciudades del país ha venido adelantando la empresa privada y el sector público para reducir la producción de RCD e implementar unas buenas prácticas de gestión en cuanto a aprovechamiento y políticas de producción limpia en los diferentes procesos constructivos. Sin embargo, la carencia de estímulos para emprender nuevos proyectos en el sector de la construcción y el desconocimiento de la comunidad en relación al reciclaje de estos materiales, han creado limitaciones para la implementación de un sistema de gestión de RCD que sea aplicable e integral a todos los ámbitos. A pesar de la desarticulación que existe para la gestión de RCD a nivel nacional, la exigencia del desarrollo basado en la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente ha llevado a la investigación y creación de normas y empresas que se enfoquen en buscar una solución a la problemática social, económica y ambiental que crea la incorrecta gestión de los RCD en el país. Las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Santa Xxxxx han reglamentado el manejo de RCD mediante la expedición de legislación específica y diversas guías metodológicas que han permitido un avance importante en el adecuado manejo de estos residuos. En especial Bogotá se convierte en referente a nivel nacional por el desarrollo de instrumentos como el plan de gestión integral de RCD en la obra y el registro de transportadores, generadores, centro de tratamiento y/o aprovechamiento y prestadores del servicio de disposición final de RCD. A su vez el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Resolución 472 del 28 de febrero de 2017 “Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos derivados de las actividades de construcción y demolición – RCD y se dict...
Contextualización. Este sistema se ha implementado en todo el país con excepción de la Región Metropolitana y consiste en un mecanismo centralizado de asignación de estudiantes a establecimientos educacionales, de acuerdo a las preferencias declaradas por sus apoderados. Los estudiantes que postulan a un establecimiento educacional deben ser admitidos en un colegio, en los casos en que el número de cupos sea menor al de postulantes, los asigna un procedimiento matemático que vela porque éstos se completen acorde a las preferencias de los apoderados y las prioridades de asignación definidas por la ley. Han existido problemas en la implementación de este sistema, pero esto solo se traduce en la frustración de algunos postulantes y sus familias que no encuentran reconocimiento para su rendimiento académico, fruto de una historia de esfuerzos; y la imposibilidad de lograr que los establecimientos educacionales puedan desarrollar cabalmente proyectos educativos de especialización temprana. Además, existen algunas restricciones legales que no aportan al mejor desarrollo de los procesos de admisión, como la prohibición a los establecimientos educacionales de hacer difusión de sus proyectos educativos durante el período de postulación, en circunstancias que es precisamente en esa etapa cuando la información que se entrega a los padres y apoderados cobra más relevancia.
Contextualización. Con el fin de determinar la generación de los residuos sólidos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se identifica el flujo de los mismos en cada uno de los componentes de la gestión para cada uno de los municipios, consolidando así información de los PGIRS municipales, del Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI), de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de diferentes estudios del Área Metropolitana xxx Xxxxx de Aburrá, e información suministrada por diferentes gestores encontrados en la región, con el consecuente desarrollo de los temas que se esquematizan a continuación.
Ilustración 1. Temas desarrollados en el componente de generación de residuos sólidos
Contextualización. La Práctica Empresarial se concibe como una estrategia académica, con la que los estudiantes participan en actividades laborales en una empresa, con el fin de aplicar las competencias desarrolladas en su proceso de formación en la educación superior, confrontar la realidad empresarial, el medio organizacional, aprender a trabajar en equipo, proponer e implementar mejoras que reflejen una actividad de solución de problemas de la empresa consecuentes con el área de formación, para favorecer su realización como un profesional integral. Constituye un significativo escenario para articular lo intelectual y lo personal con el desarrollo profesional. Por lo tanto, en ella el practicante desarrolla un conjunto de labores afines con el perfil ocupacional y profesional del programa académico que cursa, de acuerdo con lo establecido en la estructura curricular vigente de su programa académico tecnológico o universitario y conforme a la norma nacional vigente. En los programas técnicos laborales, la Práctica Empresarial así entendida, se realiza durante el número de horas correspondientes al 50% del total de horas de su programa académico y conforme a la norma nacional vigente. Este ejercicio de Práctica Empresarial a su vez, con los productos de su evaluación, servirá para realimentar las estructuras curriculares de la Institución, no sólo en relación con el perfil de los egresados, sino también en beneficio de la interrelación estado - universidad – empresa.