LICENCIAS DE USO. Si existieran licencias de uso de cualquier componente, tecnología, software, etc., el adjudicatario estará obligado a entregar las mismas al Parlamento xx Xxxxxxx, autorizando su uso sin limitación alguna, y que éste pueda ceder su uso del mismo modo a cualquiera de las posibles empresas contratadas para la explotación del subsistema.
LICENCIAS DE USO. El propietario de una marca registrada podrá otorgar por contrato escrito licencia exclusiva o no de uso de ella, por la totalidad o parte de los productos o servicios que comprenden.
LICENCIAS DE USO. El usuario podrá utilizar el sistema mediante la contratación de cualquiera de los tipos de licencias, limitadas, no transferible y exclusiva: (1) Licencia PROFESIONAL y (2) Licencia TRADICIONAL. La licencia Profesional que permite la consulta, ejecución y alimentación de funciones exclusivas tiene una duración de un año contada a partir del pago de la cuota anual, teniendo la posibilidad de ser renovada, cuantas veces se requiera, previo pago anticipado de la cuota vigente. Esta licencia permite realizar las funciones y consultas permitidas para la licencia tradicional más las siguientes funciones:
LICENCIAS DE USO. En caso de requerir pago por licencias se deberá disponer como mínimo de una licencia de uso para 20 usuarios de la aplicación y 40 usuarios a nivel de consulta, debiendo ser ilimitada en el número de empresas que accedan al portal tanto a su área pública como a la privada.
LICENCIAS DE USO. La licencia de uso se contrata por tiempo indefinido, teniendo derecho la Universidad xx Xxxxxx a disfrutar de las mejoras que el adjudicatario incorpore a la aplicación durante el periodo de garantía y posteriormente, en virtud de los contratos de mantenimiento que la Universidad suscriba con el fabricante. La licencia de la aplicación será corporativa, y no podrán existir limitaciones al número de usuarios del sistema. Se podrá implantar en cualquier Organismo (actual o futuro) dependiente de ésta Universidad sin que suponga el pago de licencia nueva o adicional, para lo cual se expedirá el correspondiente certificado. No obstante, el licitador deberá expresar el criterio seguido para obtener el precio ofertado, bien por el número de usuarios, número de personas incluidas en el tratamiento informático, presupuesto de la entidad ó alguna combinación de las anteriores, cualquier otro o ninguno expresamente. En la oferta económica el adjudicatario tiene que expresar el coste económico anual de mantenimiento que propone a partir de la finalización del plazo de garantía, la forma de revisión de precios del mismo y los servicios que incluye éste. El mantenimiento tiene que incluir necesariamente: • Adecuación del sistema a los cambios en la legislación aplicable. Especialmente ha de tener en cuenta la normativa dictada sobre la introducción del euro (Ley 46/1998, de 17 de diciembre) y las que se dicten posteriormente. • Adaptaciones y módulos específicos en nuevas versiones. • Solución de las deficiencias detectadas en los programas. • Servicio de atención telefónica hotline con respuesta inmediata a las demandas. • Actualización de parámetros de rendimiento de la base de datos. • Asesoramiento de la evolución del entorno tecnológico (versiones, parches…). • Tiempo asignado para adaptaciones y modificaciones técnicas. Se valorará la inclusión en la oferta económica de información acerca de las tarifas por los servicios adicionales que se puedan ofrecer.
LICENCIAS DE USO. Los programas de computación, las bases de datos y las infracciones derivadas de su uso ilícito se encuentran reguladas en la Ley Federal del Derecho de Autor del 24 de diciembre de 1996, que entró en vigor el 24 xx xxxxx de 1997. • De esta forma, cuando se inició la iniciativa correspondiente, se dijo que la importancia de pronunciarse al respecto era que con dicha iniciativa se atendía la complejidad que el tema de los derechos autorales había presentado en los últimos tiempos lo cual exigía una reforma con objeto de aclarar las conductas que podían tipificarse como delitos y determinar las sanciones que resultaran más efectivas para evitar su comisión. • Además, se consideró que debido a que en la iniciativa no se trataban tipos penales de delito se presentaba también una iniciativa de Decreto de Reforma al Código Penal para el Distrito Federal en materia de Fuero Federal, proponiendo la adición de un título Vigésimo Sexto denominado "De los delitos en materia de derechos de autor". • Al respecto, se consideró conveniente la inclusión de la materia en el ordenamiento materialmente punitivo, lo que por un lado habría de traducirse en un factor de impacto superior para inhibir las conductas delictivas y por otro en un instrumento más adecuado para la procuración y la administración de justicia, al poderse disponer en la investigación de los delitos y en su resolución, del instrumento general que orienta ambas funciones públicas. • En este sentido, consideramos importante detenernos en los artículos 102 y 231. El primero de ellos, regula la protección de los programas de computación y señala además que los programas de cómputo que tengan por objeto causar efectos nocivos a otros programas o equipos, lógicamente no serán protegidos. El segundo en su fracción V sanciona el comercio de programas de dispositivos o sistemas cuya finalidad sea desactivar dispositivos electrónicos de protección de un programa de cómputo. • Apreciamos que aún cuando la infracción se circunscribe al área del comercio, permite la regulación administrativa de este tipo de conductas ilícitas, como una posibilidad de agotar la vía administrativa antes de acudir a la penal. • De esta forma, las modificaciones a la ley autoral permitieron incluir en su enunciado la expresión "fonogramas, videogramas o libros", además del verbo "reproducir", quedando: