VERSIÓN FINAL. Las demandantes plantearon tres categorías de reclamaciones. Siguiente slide. Primero, Latam Hydro plantea reclamaciones bajo el tratado por los incumplimientos de las obligaciones que corresponde a Perú, de conformidad con la sección “A” del tratado; segundo, Latam Hydro plantea reclamaciones bajo el tratado en representación de CHM por violaciones a un acuerdo de inversión cometidas por Perú; tercero, CHM plantea reclamaciones en su propio nombre bajo la cláusula 11.3(a) del Contrato RER y el derecho peruano. El Tribunal tiene jurisdicción para conocer de las tres categorías de reclamaciones. Siguiente slide. Me referiré muy brevemente y como cuestión preliminar a la carga de la prueba. Perú se ha empeñado en insistir con que la carga de demostrar la jurisdicción del Tribunal recae sobre las demandantes. Nosotros rechazamos ese planteamiento. Siguiente slide, por favor. Tal como lo han xxx.xxxxxxxx.xxx.xx 5411-4957-0083 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 determinado de manera uniforme la Corte Internacional de Justicia y diversos tribunales, la carga de la prueba no constituye un concepto útil a los efectos del tema de la jurisdicción, que es fundamentalmente una cuestión jurídica. En la medida en que se cuestionen hechos que hacen a la jurisdicción, resultan de aplicación las reglas habituales. Siguiente slide. La carga de la prueba recae en la parte que afirma un hecho, sea ella la parte demandante o la demandada. Siguiente slide, por favor. Siguiente slide. Disculpen. Disculpen. Dos slides para atrás. Gracias. La carga de la prueba recae gracias en la parte que afirma un hecho, sea ella la parte demandante o la demandada. Primero, pesa sobre la parte demandante la carga de demostrar que se encuentran reunidos los requisitos fácticos previos para la jurisdicción y, entonces, se trasladará a la demandada la carga de demostrar los hechos en los que se basan las objeciones xxx.xxxxxxxx.xxx.xx que haya formulado. Perú tiene la carga de demostrar los hechos que afirma en respaldo de sus objeciones a la jurisdicción. Y en lo que se refiere a las cuestiones jurídicas, le corresponde al Tribunal resolver con independencia de la carga de la prueba de cualquiera de las partes. Dicho esto, el Tribunal tiene jurisdicción para conocer de las tres clases de reclamaciones sin importar qué criterio o carga pudiera aplicarse en teoría. Y ello es así por las razones que voy a tratar a continu...
VERSIÓN FINAL realizar millones en aportes voluntarios para ayudar a Arequipa con su déficit presupuestario si el gobierno acababa de anunciar en esas conversaciones que SMCV iba a tener que pagar las regalías. La verdad es que el gobierno guardó silencio y no dijo nada acerca de la nueva justificación presentada por el MINEM para imponer las regalías en la concentradora. Y esta conducta sorprendente del gobierno no paró allí. Conforme concluían la Mesa de Diálogo de Arequipa, conversaciones parecidas se iniciaron a nivel nacional. Miembros del Congreso una vez más empujaron por la modificación de la Ley de Regalías para que todas las empresas mineras, incluso las con acuerdo de estabilidad, iban a tener que pagar las regalías. En este contexto, el presidente Xxxx Xxxxxx creó lo que se llamaba el “programa de Aportes Voluntarios. Y ya que la historia se repite, la presión política subió una vez más en el 2011. Y para responder a esto, Xxxxxx creó el xxx.xxxxxxxx.xxx.xx 5411-4957-0083 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 gravamen especial a la minería para las empresas estabilizadas y creó el tributo minero especial para las empresas no estabilizadas. Como fue el caso en la Mesa de Diálogo o las meses de diálogo, el gobierno indujo a SMCV a participar en el programa de aporte voluntario y de GEM sobre la premisa común de que no tenía que pagar regalías de la concentradora. De hecho, Xxxxxxxxx y Santa Xxxxx, de Apoyo Consultoría, los arquitectos del programa del aporte de voluntario y el programa GEM declararon que los modelos de apoyo proyectaban los ingresos tributarios suponiendo que SMCV era una empresa estabilizada. El gobierno nunca cuestionó estas proyecciones y la demandada decidió no llamar x Xxxxxxxxx ni a Santa Xxxxx para el contrainterrogatorio. Además, como los correos de la xxxxxx Xxxxxxxxxxx muestran, el gobierno confirmó que las empresas estabilizadas iban a estar sujetas al GEM; y las no estabilizadas, a las regalías y al tributo minero especial. Pero ninguna xxx.xxxxxxxx.xxx.xx empresa especial embargo, iba a tener el GEM, el impuesto a la minería y las regalías. Sin el gobierno recibió con alegría los aportes de SMCV sin decir ni una palabra acerca de su plan para que SMCV pagara los aportes voluntarios y el GEM y las regalías y el impuesto especial de minería. En total, SMCV aportó más de 365 millones más que el valor de las regalías mismas en virtud del acuerdo de la Mesa de ...
VERSIÓN FINAL experts agree with the Echecopar reports, but for the purposes of this arbitration it does not matter if the parties could have extended this term. What ultimately matters is that Peru could not unilaterally reduce the term without having to pay CHM damages for this reduction. Nothing in clause 1.4.22 or any other clause in the contract absolves Peru of this obligation. Otherwise, you would have the absurd result, pictured here, where after CHM achieves commercial operation, Peru starts interfering with the operation of the project, for years, reducing the term from 20 to 15 years, to 10 years, even all the way down to 0 years in order to get out of having to pay CHM guaranteed revenue. This interpretation must be rejected for all the reasons which we have discussed today. We have demonstrated that the contract language, its applicable laws, and the contract's legislative history require Peru to xxx.xxxxxxxx.xxx.xx 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 hold CHM harmless from government interference. It is our position that the Tribunal can decide every claim and every defence under the contract on this singular issue. For your reference this slide contains all the claims that we advance under the contract in this arbitration. But if we go to the first claim this is the main obligation, we believe, of the grantor under the contract to ensure that CHM would receive guaranteed revenue for the first 20 years that the project was in commercial operation. This is required by clauses 1.4.26 and also 6.3.3 and 6.3.4. Now, here the project never reached commercial operation because Peru terminated the contract as a matter of law when it made it impossible for CHM to complete the work schedule. Now, Peru should have extended these deadlines to cure the regional government attacks, that led to the suspensions, and Peru should have extended the term date to account xxx.xxxxxxxx.xxx.xx for all historical interferences to the project. Next slide. Had it done that, CHM would have had a guaranteed revenue term of 20 years minus the delays for which it was responsible. We know from the record that CHM was only responsible for two days of delays over the entire history of the project, so that means that Peru should have granted the Third Extension Request and extended the relevant date such that CHM should have had 19 years, 11 months and 29 days of a guaranteed revenue concession term, but instead,...
VERSIÓN FINAL. Milpo no -- pero no es todo, también hay dos resoluciones del Tribunal Tributario en la que el Tribunal aplicó los acuerdos de estabilidad de El Porvenir y Cerro Lindo y no a los proyectos de -- y no a los proyectos de inversión (inaudible). Ahora, en esa resolución el Tribunal Fiscal concluyó que los acuerdos de Milpo se aplicaban a cada uno de estos acuerdos (inaudible)… Con respecto a esta unidad de Cerro Lindo, la unidad económica administrativa, el Estado peruano garantizaba la estabilidad fiscal y que esa unidad estaba sujeta a ese régimen que estaba vigente después de la aprobación del estudio de viabilidad y dice que lo mismo tenía que ver con El Porvenir y la unidad administrativa económica. Entonces, dice aquí, el Tribunal Fiscal reconoció que las garantías de la aquí -- se claramente estabilidad se aplicaban a las unidades mineras, pero dice que estaban limitadas al proyecto de inversión específico y eso es el motivo por el cual el xxx.xxxxxxxx.xxx.xx 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 67 Tribunal Fiscal, por supuesto, en resoluciones sobre Cerro Verde, adoptó posición novedosa del gobierno de que sus la las garantías de estabilidad solamente se aplican a los proyectos de inversión específicos, es decir, la planta de lixiviación y no a la unidad minera de Cerro Verde que concluye el concentrador. Ahora bien, pasemos a Yanacocha, que es la cuarta más grande en lo que hace a complejos mineros auríferos en el mundo y está controlada por Newmont. Yanacocha tiene varias minas y operaciones que cubren varias concesiones en la región xx Xxxxxxxxx de Perú, cada una de estas forma una unidad minera diferente. Ustedes encontraran aquí Chaupiloma, Carachugo, La Quinua y Maqui Maqui. Y Yanacocha Firmó el acuerdo de estabilidad para cada una de estas unidades mineras. Perú sostiene que hay un par de concesiones mineras que se extienden en dos de estas unidades y (Perú) trata de crear así cierta confesión -- confusión, pero los dos xxx.xxxxxxxx.xxx.xx VERSIÓN FINAL acuerdos geográfica superpone de estabilidad delinean la de la concesión minera que pertenece a cada una de estas unidades perdón, y no hay ni una single – única, yarda de concesión minera que pertenezca a estas dos. Y al igual que con Xxxxx, la resolución de SUNAT confirma que SUNAT aplicó un régimen estabilizado diferente a cada una de las de Yanacocha según se establece en el artículo 22 de las regulaciones. Como pued...
VERSIÓN FINAL interference stage and the beginning of the measures. The first measure is the RGA lawsuit. No measure was more impactful. The RGA baselessly claimed in their lawsuit that the project's environmental permits were illegal because they purportedly were issued under procedures for projects that had a "minimal environmental impact", but the RGA contended the project would have a "significant environmental impact". And the RGA alleged other procedural irregularities relating to ARMA's issuance of the permits. These allegations were wholly baseless. Indeed, if you look at this slide, if you look below the line, every independent environmental expert who studied the project's expected environmental impact concluded that it would not be significant, and if you look above the line, every government official other than the RGA agreed. The RGA never conducted technical analysis to study the environmental -- the project's environmental impact; their xxx.xxxxxxxx.xxx.xx 5411-4957-0083 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 allegations were wholly made up out of whole cloth with the effect of sinking the project. And to underscore this point, as we've mentioned, the lead politician behind the lawsuit was caught on tape telling his supporters that the allegations were "silly" and "really wrong" and they "shouldn't talk about them". As already mentioned a couple months after the lawsuit Mr Xxxx, the top environmental official in the regional government, said that there was no reason to oppose the project and he had not seen any report that supported the allegations in the RGA lawsuit. The RGA's allegations were also debunked in real time. For example, the RGA lawsuit alleged that the local otter species would have been wiped out by this project. So eight independent otter experts from around the world, after an inspection of the project by some of them, issued a letter on November 17, 2017 confirming that the RGA's allegations were xxx.xxxxxxxx.xxx.xx baseless. As stated, the construction phase would have had no permanent disturbance to the lagoon fauna, and once in operation the hydroelectric plant will have no impact on the otter population. The RGA's allegations about procedural irregularities were also discredited by Peru during the relevant period. The RGA alleged that the environmental classification and permits were approved by an ARMA sub office that had no authority to issue them, but just...
VERSIÓN FINAL. (9.04 am EST, Monday, 7 March 2022) Housekeeping and procedural matters THE PRESIDENT: I invite first Mr Xxxxxxxxxx, for the Claimants, is there any procedural matter you would like to raise? MR XXXXXXXXXX: No, Mr President. We are ready to proceed.
VERSIÓN FINAL. This illustration was drafted by a CHM engineer after consultations with the contractor GCZ in March of 2017, immediately before the RGA debacle obstructed further progress on the project. Like the other red herrings covered in our papers, Peru's supposition that the project could not be done on time is mere lawyers' speculation. It is not based on documentary evidence or expert testimony. Thank you for the kind attention of the distinguished Tribunal. I would like now to introduce Ms Xxxxxx Xxxxxxxx, who will address Peru's jurisdictional objections.
VERSIÓN FINAL. All right. Then let's move on to Mr Xxxxxx, RER Contract.
VERSIÓN FINAL. But as you can see from the screen, this agreement clearly suspends CHM's obligations under the work schedules. The word "obligations" is literally in the agreement, and there is no mention whatsoever about Peru's supervision of that schedule. Peru just makes this up out of whole cloth. Now, Peru also argues that the parties never intended to restore the suspended time to the work schedule and that when the suspensions were lifted the plan was always for CHM to continue complying with the milestone deadlines that preceded the suspensions. This argument makes no sense because the whole point of the suspension was to pause the work schedule because CHM could not complete its milestones amid these regional government attacks, as is clear from the contemporaneous record and specifically from the first notice of intent that you see on the screen. As you can see, this document is filed in June 2017 and it makes crystal clear that xxx.xxxxxxxx.xxx.xx 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 because of the attacks that were happening at that time, XXX was unable to complete the first milestone or any of the milestones under the work schedule. So any suspension that did not result in the extension of the work schedule milestones would have been useless to CHM and would have effectively resulted in the reduction of CHM's term to complete the work schedule. Had that been the case, Xxxxxxxxx would have just filed the arbitration that they were noticing in this very document. Now, we know that wasn't the case because MINEM, again Peru's representative under the contract, told Xxxxxxxxx just a week before the suspension agreement that a contract suspension is the same as a contract extension, as you can see on the screen. Specifically MINEM said that when a contract suspension is agreed to, the suspended time "should be, in due course, added to the current work schedule and a new commercial operation date should be scheduled beyond March 2020". xxx.xxxxxxxx.xxx.xx That's exactly our position in this case. And, by the way, MINEM continues to take this position. In a December 2019 pleading in the Lima Arbitration MINEM and its delay expert both confirmed that the 528-day suspension period should have been restored to the work schedule. Again, that's exactly our position on this case. Now, Peru has no answer for the fact that MINEM, the party who negotiated and drafted the suspension agreement, has re...
VERSIÓN FINAL. Y si esto lo analizamos ya no solamente a partir de la lectura de las palabras, sino de cuál es la función del contrato, que es una función de incentivo a la inversión, de eliminar barreras para la inversión -estoy citando casi textualmente el texto de la exposición de motivos de la ley: eliminar barreras a la inversión, facilitar la inversión, facilitar que los inversionistas desarrollen proyectos-, creo que hay una consistencia entre establecer que la obligación del concesionario es tramitar los permisos. Lo que se ha querido, obviamente, es evitar que el concesionario no realice ningún esfuerzo y, en cambio, pretenda que el Estado lo haga todo. Y esa es la razón por la cual, además, ha habido a lo largo de todos los proyectos RER varias solicitudes de concesionarios…