PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Todo impuesto, tasa o contribución debe estar expresamente establecido por la Ley y en consecuencia, ninguna carga impositiva puede aplicarse por analogía.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Todo impuesto, tasa o contribución debe estar expresamente establecido por la Ley y en consecuencia, ninguna carga impositiva puede aplicarse por analogía. Corresponde al Concejo Municipal, de conformidad con la Constitución y la Ley (Artículo 313, Numeral 4, C.N.), adoptar, modificar o suprimir impuestos, tasas y contribuciones del Municipio, así mismo le corresponde organizar tales rentas y dictar las normas sobre su recaudo, manejo, control e inversión, y expedir el régimen sancionatorio.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. En tiempos xx xxx, solamente el congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales podrán imponer contribuciones fiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos municipales deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos, las bases gravables y las tarifas de los impuestos. CONCEJO MUNICIPAL XX XXXXXXXX NIT 832.001.087-3
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Artículo 4º.- Ningún procedimiento contravencional podrá ser iniciado sin imputación de acciones u omisiones tipificadas por ley dictada con anterioridad al hecho e interpretada en forma estricta.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. De acuerdo con el principio de legalidad los organismos de la Administración del Estado sólo pueden actuar dentro de sus competencias legales, ciñéndose a las normas de la ley N° 19.886 (en adelante Ley de Compras), tanto en el desarrollo del proceso de compra como en la ejecución del contrato. Si no lo hicieran, su actuación sería nula, exponiéndose los funcionarios involucrados a las sanciones que contempla el ordenamiento jurídico. Asimismo, la legalidad impone límites al uso de la tecnología, que deben ser respetados por las partes, principalmente para proteger derechos de las personas. Por esa razón, debe tenerse presente que las restricciones legales no pueden desconocerse en los contratos ni infringirse al utilizar el servicio cloud computing. (Por ej. un órgano público no puede contratar más allá de sus competencias legales, el servicio de software para monitorear el comportamiento de los funcionarios públicos en el lugar de trabajo o para interceptar las comunicaciones privadas de los ciudadanos, ya que con ello se vulnerarían sus derechos fundamentales). En tal contexto, los proveedores de servicios tecnológicos deben tener presente que sus clientes del sector público no gozan de los mismos niveles de flexibilidad que sus clientes del sector privado. A modo de ejemplo: - Si los organismos públicos no tienen expresamente asignada la facultad de someter las diferencias contractuales a un arbitraje, no podrán suscribir contratos que contengan cláusulas en dicho sentido; - Los organismos públicos no pueden eximir o limitar la responsabilidad directa del proveedor incumplidor, porque implicaría una renuncia anticipada de derechos por parte del organismo público; - La aplicación de multas o el cobro de garantías no es opcional, sino que responde a la aplicación de las cláusulas contractuales, donde se vincularán estas medidas concretas de multas, cobros de garantía o términos anticipados del contrato, según la gravedad, en especial, según acuerdos de nivel de servicio objetivos, medibles y directamente relacionados con las prestaciones contratadas (Véase la Directiva Nº 24, antes citada). - Los organismos públicos no pueden comprometer en las bases o en los contratos indemnizaciones a favor de los proveedores, en caso de términos anticipados.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 1.- El despido como sanción, sólo podrá imponer- se cuando se produzcan faltas de las establecidas en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Se asegurará en todo momento el cumplimiento de los principios, de las normas vigentes al momento de iniciar el proceso contractual, de manera sistémica y holística, se respetarán tanto las normas específicas de la contratación estatal como las que se deban cumplir con ocasión de esta específica función administrativa.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD todo procedimiento de selección y/o contratación que substancie y/o celebre el BANCO debe estar positivamente sometido a las disposiciones de este Régimen y al ordenamiento jurídico en su totalidad. La aplicación de los principios establecidos en el Régimen se efectuará en todas las etapas del procedimiento de selección, hasta la finalización de la ejecución del contrato y servirán de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. 4.1.1. Las cláusulas de los contratos de juego se ajustarán a la legislación vigente, entre otras y señaladamente, a la que sea de aplicación a las actividades de juego de ámbito estatal, la protección de los consumidores y usuarios, las cláusulas generales de contratación, la protección de datos de carácter personal y aquellas otras normas sectoriales que tengan por objeto el orden público garantizando la integridad del juego y la lucha contra el fraude.
PRINCIPIO DE LEGALIDAD. La definición de legalidad de Liberia está dividida en 11 principios de legalidad. Cada principio de legalidad está formado por una serie de indicadores de legalidad, acompañados de sus correspondientes verificadores. Cada indicador cuenta con su propio proceso de verificación. Indicadores de la legalidad Subrayan la norma o requisito que el Departamento de Verificación de Liberia (DVL) tiene que comprobar para verificar el cumplimiento del principio de legalidad específico.