ANÁLISIS JURÍDICO. De acuerdo con la información allegada, se encuentra que por parte del Consorcio Xxxxxxxxx XXXXXXXXX se está ejecutando el Contrato de Obra 1171 de 2018 “CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL XXX XXXXXXXXX, TRAMO PUERTO XXXXXX – PUERTO XXXXXX EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER” suscrito con el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS. En desarrollo del contrato en mención, se adelanta el proceso de gestión y adquisición predial de las franjas de terreno requeridas para la construcción del Intercambiador de Puerto Boyacá, dentro de cuyas franjas de terreno requeridas se encuentra el inmueble denominado SANTA XXXXXX, ubicado en el municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá, cuyo propietario es el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA. Sobre la franja propiedad xxx XXXX, se identificaron unas mejoras hechas desde hace aproximadamente 15 años por unas personas, quienes al parecer ya demostraron su calidad de mejoratarios y solicitaron el reconocimiento de las mejoras. Según se informa, el Director Regional xx Xxxxxx el pasado 21 xx xxxxxx de 2019 reconoció dicha calidad, reconocimiento que fue objetado por la Interventoría del contrato, la cual considera que la Resolución No. 69 de 2014 no le otorga facultades al Director Regional xxx XXXX para reconocer mejoras, razón por la cual solicita se aporte el acto administrativo que otorga las facultades al Director Regional para hacer el reconocimiento de mejoras. Teniendo en cuenta lo anterior, el Consorcio Xxxxxxxxx XXXXXXXXX hizo la respectiva solicitud al SENA, sobre la necesidad de la expedición de dicho acto administrativo mediante comunicaciones que datan de los meses de octubre y noviembre de 2019. Sobre dichas comunicaciones, se informa que por vía de correo electrónico se recibió respuesta del Grupo de Construcciones xxx XXXX, en la cual se indica que la expedición del acto administrativo que faculta al Director Regional se emitirá luego de que el Consorcio haga la respectiva notificación de la oferta formal de compra de la franja de terreno xxx XXXX. Por lo anterior, el INVÍAS ha solicitado dar celeridad al trámite de expedición del mencionado acto administrativo, toda vez que esperar la notificación de la oferta formal de compra de la franja de terreno causaría demoras en la aprobación del diagnóstico jurídico de mejoras y la respectiva ficha predial, así como posibles retrasos en el pago ...
ANÁLISIS JURÍDICO. En el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 de 2020 (22 xx xxxxx) “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público” mediante el cual ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes en Colombia a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 xx xxxxx de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 xx xxxxx de 2020. En el artículo 3º del precitado Decreto 457 de 2020 se establecieron una serie de casos o actividades en las que se permitió el derecho de circulación de las personas, sin que se hubiese contemplado disposición en torno a los contratos de obra, salvo en lo referente a “18. La revisión y atención de emergencias y afectaciones viales, y las obras de infraestructura que no pueden suspenderse” y “31. La intervención de obras civiles y de construcción, las cuales, por su estado de avance de obra o de sus características, presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso o requieran acciones de reforzamiento estructural”. Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 531 de 2020 (8 xx xxxxx) “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”, en el cual se ordenó “el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de República de Colombia, a partir cero horas (00:00 a.m.) del día 13 xx xxxxx 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 xx xxxxx de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavírus COVID-1” En el artículo 3º del precitado Decreto 531 de 2020, tal como lo había hecho el Decreto 457 de 2020, se establecieron una serie de excepciones para que las personas puedan circular durante el término del aislamiento preventivo obligatorio, que fue prorrogado hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 xx xxxxx de 2020. Así, el artículo 3º del Decreto 531 de 2020 prevé:
ANÁLISIS JURÍDICO. Dentro de una visualización general del Capítulo 4 de la Constitución Política Colombiana (DE LA PROTECCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS) del título 2 (DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS Y LOS DEBERES); encontramos subsumido el principio general de la buena fe, consagrado expresamente así: "Articulo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas”. Claro resulta por qué la norma tiene dos partes: la primera, la consagración de la obligación de actuar de buena fe, obligación que se predica por igual de los particulares y de las autoridades públicas. La segunda, la reiteración de la presunción de la buena fe de los particulares en todas las gestiones que adelanten ante las autoridades públicas. Es, pues una norma que establece el marco dentro del cual deben cumplirse las relaciones de los particulares con las autoridades públicas; luego, si alguien actúa de mala fe, algo muy común sobre todo en asuntos de negocios, habrá necesidad de cuestionar esa presunción de buena fe, significando esto que es necesario entrar a probar que la otra parte ha actuado de mala fe.
ANÁLISIS JURÍDICO. Referencias anteriores MODIFICA el anexo I.II de la LEY 16/2011, de 24 xx xxxxx. TRANSPONE la DIRECTIVA 2011/90/UE, de 14 de noviembre. MATERIAS: Crédito al Consumo Préstamos Mediante la Ley 16/2011, de 24 xx xxxxx, de contratos de crédito al consumo, se incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 xx xxxxx de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo. El artículo 32 de dicha ley, transpuso a nuestro ordenamiento jurídico el artículo 19 de la directiva, estableciendo el procedimiento para el cálculo de la tasa anual equivalente de los contratos de crédito al consumo, así como los supuestos básicos de los que partir para dicho cálculo. Asimismo, en su apartado 5 remite a los supuestos adicionales a los que se podrá acudir en caso necesario, y que se encuentran recogidos en la parte II del anexo I. La experiencia adquirida por los Estados miembros con la aplicación de la Directiva 2008/48/CE, de 23 xx xxxxx de 2008, ha puesto de manifiesto que los supuestos establecidos en la parte II del anexo I de dicha directiva no resultan suficientes para calcular la tasa anual equivalente de manera uniforme y, además no se ajustan ya a la situación comercial xxx xxxxxxx. En consecuencia, y en función de la legitimación dada a la Comisión, en el artículo 18.5 de la directiva referida, para determinar los supuestos adicionales necesarios para el cálculo de la tasa anual equivalente o modificar los ya existentes, se adoptó la Directiva 2011/90/UE de la Comisión, de 14 de noviembre de 2011, por la que se modifica la parte II del anexo I de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en la que se establecen supuestos adicionales para calcular la tasa anual equivalente. Con objeto de transponer en nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2011/90/ UE, de 14 de noviembre de 2011, el Ministro de Economía y Competitividad, haciendo uso de la habilitación contenida en la disposición final cuarta de la Ley 16/2011, de 24 xx xxxxx, aprueba esta orden que modifica la parte II del anexo I de dicha ley. En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:
ANÁLISIS JURÍDICO. La verificación del cumplimiento del numeral 25 “DOCUMENTOS DE LA OFERTA” del documento base de invitación, fue elaborado por la Secretaría General de la Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. De este se extrae lo siguiente: • Pasan de manera directa los proponentes PRODYM ESP S.A.S., XXXX XXXXXX XXXXX Y XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX. • Se requiere subsanar documentos a: UNIÓN ELÉCTRICA S.A. Subsanado el día 28/08/2018 mediante correo electrónico. CONSORCIO INTEC Subsanado el día 27/08/2018 mediante correo electrónico. XXXXXXXX XXXX INGENIERÍA S.A.S. Subsanado el día 27/08/2018 mediante correo electrónico. CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ENERGY LTDA. Subsanado el día 31/08/2018 mediante correo electrónico. • El consorcio ELECTRICAS CUMARAL no puede continuar en el proceso ya que no cumple lo establecido en el numeral 7 del Documento Base de Invitación. La verificación de calificación de proveedores según numeral 7 del DBI, indica que “se constata que mediante comunicación GD-OMLR-20184400090741 del 02-04-2018 el Consorcio Eléctricas Pompeya, integrado por DICOSELEC (40%) y Xxxxx Xxxxxx Xxxxx (40%), fue calificado con un desempeño XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX 74.362.576-2 80% ICICO S.A.S. 844.002.854-4 20% XXXXX XXXXXX XXXXX 17.326.508-1 51% DICOSELEC S.A.S. 900.585.787-2 24% FULGOR S.A.S. 800.176.581-2 25% DEFICIENTE; por lo anterior y en cumplimiento de lo establecido en el Numeral 7 del DBI de la presente oferta, el CONSORCIO ELECTRICAS CUMARAL no continuo en el proceso de selección.
ANÁLISIS JURÍDICO. Antes de expedirse la resolución distribuidora de las contribuciones, se examinará si se ha cumplido con lo dispuesto en el presente Estatuto, a través de un análisis jurídico escrito de toda la actuación.
ANÁLISIS JURÍDICO. El artículo 86 de la Constitución Política establece: “ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. En el mismo sentido, el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” prevé:
ANÁLISIS JURÍDICO. En relación con el asunto consultado, es menester precisar que el Grupo de Conceptos Jurídicos y Producción Normativa de la Dirección Jurídica no resuelve casos particulares ni entra a analizar situaciones concretas que son del resorte de las áreas o instancias institucionales que tienen la competencia para abordarlos y resolverlos o brindar la orientación o asesoría pertinente. Esto es así por cuanto nuestros pronunciamientos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), incorporado por la Ley 1755 de 2015, no son obligatorios ni tienen carácter vinculante, motivo por el cual no es dable exigir a la administración que aplique nuestros conceptos como si se tratara de una norma o acto administrativo capaz de producir efectos jurídicos. Nuestra dependencia emite conceptos de carácter general sobre dudas en la interpretación de las normas jurídicas o cuando quiera que se presenten enfoques diferenciales en su aplicación a fin de dilucidar el tema y logar la unidad doctrinal. En este orden de ideas se analizará en abstracto el asunto consultado, para que la instancia competente decida lo procedente. El Decreto 1082 de 2015, Único reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en su artículo 2.2.1.2.1.4.9 dispone:
ANÁLISIS JURÍDICO. La coordinación académica tiene como propósito principal coordinar académicamente a los instructores en los Centros de Formación, de conformidad con los niveles de formación y modalidades de atención, políticas institucionales, la normatividad vigente y la programación de la oferta educativa. Al respecto el Decreto 249 de 2004 en el artículo 28, establece lo siguiente: “La Coordinación Académica en los Centros de Formación Profesional, será realizada de conformidad con la reglamentación que al respecto adopte el Director General xxx XXXX, la cual deberá contemplar como requisito para ejercer dicha Coordinación, el cumplimiento de las normas de competencia laboral respectivas”.[1] En desarrollo del artículo mencionado, el Director General xxx XXXX expidió la Resolución 4016 de 2009, por medio de la cual se reglamenta la Coordinación Académica en los Centros de Formación Profesional Integral.[2], modificada por la Resolución 1625 de 25 de septiembre de 2018. Con referencia a los requisitos para asignar funciones de Coordinación Académica la Resolución 4016 de 2009, en su artículo 3º, modificado por el artículo 2o de la Resolución 1625 de 2018, dispone lo siguiente: Ahora bien, con respecto al caso que nos ocupa, acerca del número coordinadores asignados a los Centros de Formación y puntualmente a la asignación de funciones de coordinación en los Centros de Formación que cuenten con jornadas de fines de semana, nocturna y madrugada, la Resolución 4016 de 2009 en el artículo 4º prevé los siguiente: • Por cada treinta (30) Instructores de planta se podrá asignar a un (1) Instructor de planta las funciones de Coordinación Académica. • Para determinar el número total de Instructores con funciones de coordinación académica por cada Centro de Formación, se debe tomar el número total de Instructores de planta y dividirlo en treinta (30). Si quedare un número de Instructores igual o mayor a quince (15) el Centro de Formación podrá tener un coordinador más; si la fracción es menor a quince (15) Instructores se distribuirán entre los coordinadores académicos asignados, a juicio del Subdirector de Centro. • Los Centros de Formación Profesional Integral que tengan en su planta de personal un número inferior a treinta (30) Instructores de planta, tendrán un (1) coordinador académico. (parágrafo 1). • En cada vigencia presupuestal el Subdirector de Centro podrá celebrar hasta dos (2) contratos de prestación de servicios, para garantizar el soporte en aspectos técnicos y pe...
ANÁLISIS JURÍDICO. El Acuerdo de Voluntades, en términos generales, es el acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o varias personas naturales o jurídicas.