Actuación procesal. 4.1. Mediante providencia de 12 xx xxxxx de 2008, el Consejo Superior de la Judicatura dirimió el conflicto de competencia trabado entre el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Tribunal Superior de Medellín, indicando la competencia del referido Tribunal Administrativo para conocer de la demanda en este proceso, por virtud de la Ley 1107 de 2006, en atención a la naturaleza pública de la entidad contratante8.
4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda mediante auto de 25 de julio de 20089; el Procurador Judicial se notificó el 22 xx xxxxxx de 200810.
4.3. Una vez notificada la demanda y recibida la contestación de la misma, a través del auto proferido el 29 de octubre de 2010, adicionado por auto de 24 xx xxxxx de 2010, se decretaron las pruebas solicitadas por las partes11.
4.4. El 5 xx xxxxx de 2010, la demandante solicitó el amparo de pobreza para poder continuar el trámite del proceso, informó que “me encuentro en una situación patrimonial caótica” y, refiriéndose a su segundo apoderado dentro del proceso, informó que “mi apoderado el Dr (…) ha renunciado al poder que le otorgué precisamente por no poder cubrir el pago de los honorarios”, A dicha solicitud se anexaron las declaraciones extrajuicio de Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx y Xxxx Xxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx, rendidas en febrero de 2010. El amparo de pobreza se concedió mediante auto de 29 de octubre de 2010, sólo para los gastos procesales subsiguientes12.
4.5. Una vez que se reconoció personería a una nueva apoderada de la demandante, entre 2010 y 2012 se practicaron los testimonios decretados en el proceso.
4.6. Por otra parte, el primer apoderado de la demandante presentó incidente de regulación de honorarios, el cual fue fallado en favor del profesional del derecho, mediante auto del 28 de julio de 2011, proferido por el Consejo de Estado13, al desatar el recurso de apelación dentro del citado incidente.
4.7. Después de que se revocó el desistimiento de la prueba pericial que fue inicialmente estimado por el Tribunal a quo14, y de que se atendió el requerimiento para que la demandante suministrara la información al perito, el 1º de septiembre de 2014 se presentó el dictamen pericial de carácter contable, ordenado en el proceso, el cual fue objeto de complementación el 21 de noviembre de 201415. EPM objetó el dictamen contable por error grave, mediante escrito presentado el 4 de febrero de 2015, entre otras razones, “por tomar valores que no fueron registrados contablemente, p...
Actuación procesal. 3. La Previsora S.A. Compañía de Seguros, presentó contestación de la demanda en la cual se opuso a las pretensiones, por cuanto consideró que las mismas carecían de fundamentos de hecho y de derecho y propuso las excepciones de i) inexistencia de responsabilidad de la entidad demandada, por cuanto el hurto por el cual se reclama la indemnización, se produjo por fuera de la vigencia de la póliza expedida a favor del hospital, es decir que se trató de un hecho que no estaba amparado por la misma y por lo tanto no nació la obligación condicional de indemnizar a cargo de la aseguradora; ii) prescripción, puesto que transcurrieron más de 2 años entre la ocurrencia de los hechos y la notificación de la demanda y iii) la genérica, es decir cualquier otra excepción que se encuentre demostrada en el proceso (f. 78 a 82, c. 1).
4. El 25 xx xxxxx de 2003, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección B, dictó sentencia de primera instancia en la cual negó las pretensiones, por cuanto consideró que estaba probado en el proceso que el contrato de seguro contenido en la respectiva póliza, se perfeccionó el día en que ésta fue suscrita, a la luz de la normatividad de la Ley 80 de 1993 y del Código de Comercio, lo cual sucedió el 28 de septiembre de 1998.
4.1. Que el siniestro por el cual reclamó indemnización la demandante, ocurrió el 19 de septiembre del mismo año, es decir antes de la expedición de la referida póliza y por lo tanto, por fuera de la vigencia pactada en la misma, que iba desde el 1º de octubre de 1998 hasta el 30 de septiembre de 1999.
4.2. Manifestó además el a-quo, que el agente de seguros que participó en la negociación, no tenía capacidad legal para contratar a nombre de la aseguradora ni de obligarla y por lo tanto su intermediación no tenía la virtualidad de retrotraer o prorrogar la cobertura de seguro (f. 217 a 229, c. ppl).
4.3. Finalmente, el Tribunal consideró que el artículo 4º de la Ley 389 de 1997 invocado por el demandante no resultaba aplicable al caso, por cuanto hacía relación al seguro de manejo de riesgos financieros y en el de responsabilidad, distintos al que era objeto de la presente controversia.
5. Inconforme con la decisión, la entidad demandante interpuso recurso de apelación, en el cual solicitó su revocatoria y la decisión favorable de las pretensiones de la demanda, para lo cual repitió el recuento de los hechos que les sirven de fundamento, en especial el concerniente a que los elementos objeto del ...
Actuación procesal. 4.1. La demanda fue presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, el día 00 xx xxxxxxxxx xx 0000 (xxx. 97 a 114 primer cuaderno).
4.2. El día 4 de febrero de 2000, el Tribunal a quo admitió la demanda y ordenó la notificación personal a la entidad demandada y al Agente del Ministerio Público. Además, dispuso la fijación en lista para los fines previstos en el numeral 5º del artículo 207 del C.C.A., y reconoció personería adjetiva a la apoderada de la parte actora (folios 115 y 116 cuaderno principal).
4.3. Mediante auto del 18 xx xxxx de 2001 se dispuso la apertura y práctica de pruebas aportadas y solicitadas por las partes (folios 154 a 157 cuaderno principal).
Actuación procesal. 3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda por auto calendado el seis (6) xx xxxxx de 2002 (folio 48, cuaderno 1).
3.2. En la contestación a la demanda el INPEC negó los hechos referidos a las fechas de las firmas de las actas de suspensión; aceptó los hechos relacionados con las pruebas documentales aportadas en cuanto a lo contenido en los documentos y solicitó estar a lo que se pruebe en relación con los demás hechos.
3.3. El INPEC formuló las siguientes excepciones: i) caducidad de la acción contractual habida cuenta que transcurrieron más de dos años a partir del 30 de noviembre de 1999, fecha en que se ha debido liquidar el contrato (4 meses para la liquidación bilateral y 2 más para la unilateral), de acuerdo con la fecha de terminación del contrato; el INPEC observó que la acción contractual caducó el 29 de noviembre de 2001, dos (2) años y seis (6) meses después de la terminación ocurrida el 30 xx xxxx de 1999; ii) pleito pendiente, la cual se configuró por la demanda que presentó el INPEC ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, radicada bajo el No. 201 -2911, expediente que fue remitido al Tribunal Administrativo del Meta.
3.4. Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público.
Actuación procesal. 4.1. El Tribunal Administrativo del Casanare admitió la demanda por auto del 30 xx xxxxx de 2000 (folios 50 y 51 cuaderno principal).
4.2. Se ordenó la apertura y práctica de pruebas mediante providencia del 13 de julio de 2000 (folios 78 y 79 cuaderno principal).
4.3. Por auto del 21 de septiembre de 2000 se citó a la partes a audiencia de conciliación (folio 80 cuaderno principal), la cual se declaró fallida por ausencia de ánimo conciliatorio entre las partes (folio 87 cuaderno principal).
Actuación procesal. 4.1. Por auto de 2 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó la notificación de la misma al Ministerio de Defensa – Ejército Nacional1 y al Ministerio Público.
Actuación procesal. El 19 xx xxxxx de 1997 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, admitió la demanda2 y confirmó la decisión mediante auto de febrero 26 de 19983; en el mismo auto ordenó la notificación personal al Ministro de Minas y Energías, al Ministerio Público y a la sociedad Cementos Diamante S.A., en calidad de litis consorte necesaria, por tener interés directo en el proceso; también dispuso la providencia la fijación en lista para los fines previstos en el numeral 5º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo y reconoció personería adjetiva al apoderado de la parte demandante. Revisado el expediente, la Sala advierte que la demanda se notificó personalmente al Ministerio Público4 y a Cementos Diamante S.A., el 28 de noviembre de 19975 y al representante legal del Xxxxxxxxxx xx Xxxxx x Xxxxxxx xx 0 xx xxxxxxxxx xx 00000.
Actuación procesal. El 26 de febrero de 1999, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la demanda y ordenó la notificación personal al Gerente General del INURBE, al Director de la Unidad Administrativa Especial en Liquidación del I.C.T., y al Agente del Ministerio Público, al tiempo que dispuso la fijación en lista para los fines previstos en el numeral 5º del artículo 207 del Código Contencioso Administrativo; en el mismo acto el Tribunal a quo reconoció personería adjetiva al apoderado de la parte demandante (folios 120 y 121 del primer cuaderno).
Actuación procesal. La solicitud de reconocimiento xxx xxxxx arbitral extranjero, se admitió en esta Corporación, el 30 de enero de 2017 y se dispuso correr traslado a la convocada para lo pertinente. Notificada personalmente la citada, por intermedio de su apoderada judicial en tiempo contestó, oponiéndose a lo pretendido por la actora, aduciendo que «el laudo versa sobre una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje» y que «el procedimiento arbitral no se ajustó a la xxx xxx xxxx donde se adelantó el arbitraje»; reconoce como ciertos la mayoría de los hechos y algunos otros no los aceptó en la forma que se expresaron, por lo que los respondió con aclaraciones o adiciones.
Actuación procesal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala por el término de cinco (5) días, con el fin de que las autoridades involucradas y los terceros interesados presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto (Folio 32). Consta también que se informó sobre el presente conflicto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS, al Departamento Nacional de Planeación, DNP, al Municipio de Gachancipá, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, al señor Xxxxxx de Xxxxx Xxx Xxxxxx y al doctor Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, apoderado de la Corporación Autónoma Regional, CAR, con el fin de que pudieran presentar sus argumentos o consideraciones, de estimarlo pertinente (Folios 33 y 34). En el expediente obran constancias secretariales de que el doctor Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, en su calidad de apoderado del señor Xxxxxx de Xxxxx Xxx Xxxxxx, en veintiséis (26) folios, la doctora Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, en su condición de apoderada del Departamento Nacional de Planeación –DNP-, en cuarenta (40) folios y finalmente, el doctor Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, en su condición de apoderado de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, en siete (7) folios, presentaron sus alegatos durante la fijación del edicto ordenado por el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011. Teniendo en cuenta que dentro del expediente no se contaba con la suficiente información para dirimir el presunto conflicto, se profirió Auto del 1 de noviembre de 2017, con el fin de solicitar información adicional (Folios 110 a 112). Obra constancia secretarial que dentro del término dado por el Auto se recibió la información solicitada, por parte de la CAR y el señor Xxxxxx de Xxxxx Xxx Xxxxxx (Folios 123-139).