PROBLEMAS JURÍDICOS. En virtud del principio de consonancia contenido en el artículo 66 A del C. P. del T. y de la S. S., el estudio del plenario en la segunda instancia se limita única y exclusivamente a los puntos de censura enrostrados por el apelante al proveído impugnado, según lo dispone el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por ello le corresponde a esta Sala de decisión definir si en el sub lite se encuentra acreditada la existencia de un contrato de trabajo entre las demandantes y los demandados Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx y Xxxx Xxxxxxx Xxxxx. El punto de discusión en el presente caso radica en las posiciones disímiles adoptadas por las partes, pues las demandantes afirman que las unió con los demandados un contrato de trabajo, mientras que la demandada XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX sostiene que con las actoras existió una sociedad de hecho. Por su parte el demandado XXXX XXXXXXX XXXXX, negó el vínculo laboral pues adujo que no era parte de la sociedad advirtiendo que era el compañero permanente de la demandada. En este orden de ideas, esta Corporación, en forma por demás prolija ha venido sosteniendo que quien judicialmente procure la declaración de derechos en su favor, se encuentra en la imperativa obligación de acreditar los hechos en los que fundamenta sus pretensiones, ya que en virtud del principio de la carga de la prueba consagrado en el artículo 167 del C. G. del P., aplicable por analogía al procedimiento laboral por disposición del artículo 145 del C. P. del T. y de la S. S., es deber de quien acciona el aparato judicial, allegar al proceso todos los medios acreditativos que respalden sus súplicas, siendo aplicable para tal efecto el contenido del artículo 54 del C.S. del T. que establece que "La existencia y condiciones del contrato de trabajo pueden acreditarse por los medios probatorios ordinarios". Para resolver el asunto es necesario acudir al artículo 23 del CST, norma que menciona los elementos esenciales del contrato de trabajo a saber: la actividad personal del trabajador realizada por sí mismo, la continuada subordinación o dependencia de este respecto del empleador que le da la facultad de impartir órdenes e instrucciones y el salario. También al artículo 24 ibídem, por cuanto “se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”. Ahora, en forma pacífica nuestro Tribunal de cierre, ha señalado que opera esta presunción legal a favor del demandante, cuando prueba la prestación ...
PROBLEMAS JURÍDICOS. De acuerdo con lo decidido y argumentado por la juez de primer grado y los reproches de la parte apelante, en los siguientes términos puede plantearse el problema jurídico que debe abordar la Sala en esta ocasión: ¿Qué efectos sobrevienen a la promesa de contrato una vez se ha celebrado el que fue prometido? ¿Es posible que algunas cláusulas de la promesa de contrato surtan efectos después de la celebración del contrato prometido? En caso afirmativo ¿está probado que en este proceso la cláusula penal pactada en el precontrato iba a regir en vigencia del contrato definitivo? ¿Fue indebida la valoración de las pruebas decretadas y practicadas al interior del proceso?
PROBLEMAS JURÍDICOS. Analizada la sentencia recurrida y la sustentación del recurso, le corresponde a esta instancia determinar los siguientes problemas jurídicos: (i) Si la terminación del contrato de trabajo fue por causa injustificada imputable al empleador, ii) De ser así, si hay lugar a o no al reconocimiento y pago de las indemnizaciones y, (iii) El auxilio de transporte.
PROBLEMAS JURÍDICOS. Puede un partícipe de unión temporal conformada para proponer y contratar consultoría con el Estado hacer valer la experiencia aportada por un accionista o socio suyo que estaba en proceso de liquidación judicial, culminada después de suscrito el contrato pero antes de iniciar su ejecución?
5.3.1 Tesis: la Sala responde negativamente. Tratándose de contratos de consultoría, para cuyo adecuado desarrollo uno de los componentes más relevantes es el conocimiento especializado derivado de la experiencia certificada a cada uno de los partícipes, es inadmisible que se tenga por tal la que haya podido acumular una empresa en estado de liquidación, cuya vida jurídica expira en la etapa de perfeccionamiento del contrato y antes de iniciarse la actividad de ejecución.
5.3.2 La parte pasiva adujo que podía utilizar como experiencia acreditada la que tenía HIDROTEC, en calidad de accionista xx XXXXXX, conforme al numeral 2.5 xxx xxxxxx de condiciones y al art. 2.2.7 del Decreto 734 de 201220, el cual se encontraba vigente cuando se surtió el proceso de selección, se expidió el acto de adjudicación y se suscribió el contrato acusado. Ello es cierto, pero no produce las consecuencias que espera la defensa técnica, como se indicará en los acápites subsiguientes. Examinado dicho reglamento, en lo que atañe al debate, se identifican las siguientes disposiciones que harán parte de la premisa normativa del fallo:
PROBLEMAS JURÍDICOS. De acuerdo con los antecedentes jurisprudenciales citados y las preguntas formuladas, la Sala observa que la consulta plantea dos grupos de problemas jurídicos. En el primero se indaga por algunos rasgos generales y características de la suspensión temporal del cumplimiento de las obligaciones en la ejecución del contrato estatal: su definición, el fundamento jurídico, sus elementos causales, la clase de contratos en los que se puede pactar, así como la posibilidad de suspender el contrato de manera unilateral, y los efectos que podría conllevar la suspensión, particularmente, la forma como se afectaría la fecha de terminación del contrato pactada por las partes para el cumplimiento del contrato. En el segundo, se interroga a la luz del principio de anualidad fiscal por los mecanismos que permitan conservar la apropiación presupuestal en los eventos en los cuales la suspensión de la ejecución del contrato afecte varias vigencias fiscales. Para resolver los problemas jurídicos expuestos se abordarán los siguientes aspectos: 1) La definición de suspensión del contrato estatal y su carácter parcial o total, 2) el fundamento legal de la suspensión en la ejecución de los contratos estatales, 3) la diferencia entre la suspensión temporal acordada en la ejecución del contrato y otras figuras jurídicas, 4) las causales para que se produzca, 5) los contratos en los que opera, 6) los plazos del contrato estatal y la fecha de terminación del contrato, 7) la posibilidad de suspender la ejecución de las obligaciones contractuales de forma unilateral, 8) el análisis de la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado aportada por el consultante sobre los efectos en el plazo de la suspensión del contrato, 9) las conclusiones de la Sala sobre los efectos de la suspensión en el tiempo, 10) el estado de la cuestión,
PROBLEMAS JURÍDICOS. Teniendo en cuenta lo decidido y argumentado por el juzgado, y los reproches de los apelantes, en los siguientes términos pueden plantearse los problemas jurídicos que debe resolver la Sala en esta ocasión: ¿En realidad se reúnen los presupuestos de validez de la promesa de contrato objeto de debate? ¿Fue indebida la fundamentación jurídica relacionada con las prestaciones mutuas ordenadas por el juzgado? ¿La valoración probatoria realizada por el a quo, en la cual apoyó las restituciones aludidas, es equivocada? Superado el trámite correspondiente al recurso, corre la oportunidad de resolver y a ello se procede con base en las siguientes,
PROBLEMAS JURÍDICOS. De los motivos de la impugnación se establece que los problemas jurídicos se circunscriben a determinar: (i) Sí de acuerdo al material probatorio obrante en el expediente, se llega a la conclusión que existió una sociedad de hecho entre las partes, o si por el contrario, no confluyen los requisitos para su existencia.
PROBLEMAS JURÍDICOS. Las características jurídicas de los contratos canadienses para el transporte de gas permiten su aplicación en Colombia? ¿ Cuál es la importancia en la aplicación de los modelos contractuales canadienses en la estructura de transporte de gas natural en Colombia? OBJETIVOS
PROBLEMAS JURÍDICOS. Conforme a lo expuesto, corresponde a la Sala establecer lo siguiente:
i) Determinar si este litigio se ciñe exclusivamente al análisis de la ineficacia de las cláusulas de los contratos discutidos o si trasciende a la acción resolutoria y, en tal caso, establecer la relevancia de las cláusulas controvertidas.
ii) Si la ineficacia demandada y los presuntos incumplimientos de las demandadas dan lugar a las condenas pretendidas.
PROBLEMAS JURÍDICOS. De conformidad con el acto administrativo sancionatorio y las causales de nulidad invocadas en la demanda, los problemas jurídicos se concretan en los siguientes interrogantes: 29 Sentencia del 27 de octubre de 2011, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, 110010325000200400140 01, expediente 2309-2004.