Common use of ANTECEDENTES Clause in Contracts

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En 1.1 Con fecha 12 xx xxxx de 2014 se suscribió el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón Contrato de Concesión del incumplimiento Concurso de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente Proyectos Integrales para la enseñanza entrega en Concesión del Proyecto "Provisión de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término Servicios de duración, las partes fijaron el Saneamiento para los distritos del Sur de tres Lima - PROVISUR" (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 Xxxxxxxx xx xxxxxx de 1985 suscrito Xxxxxxxxx) xxxxx xx Xxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxx, representado por el representante legal Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante, el Concedente) con la empresa Concesionaria Desaladora del Sur S.A. (en adelante, el Concesionario) y Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL (en calidad de interviniente). 1.2 El Proyecto "Provisión de Servicios de saneamiento para los distritos del Sur de Lima - PROVISUR" (Proyecto PROVISUR) comprende los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales y disposición final, bajo responsabilidad de SEDAPAL, en los distritos de Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxx x Santa Xxxxx del Mar. 1.3 El Contrato de Concesión, en su Capítulo VI, Numeral 6.1, establece que el Concedente seleccionará y contratará las funciones de supervisión de las actividades de diseño, de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna elaboración del expediente técnico, de la ejecución de las obras, puesta en marcha, incluyendo la supervisión de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. seis (6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito ) primeros meses de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación operación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más la Planta Desaladora del Proyecto PROVISUR - Escala de $50’000.000Producción 1. 15. Ante 1.4 Con fecha de de 2014, XXXXXXX adjudicó la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce buena pro del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]Público NO

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En 1.1 Mediante Resolución Suprema N° 406-93-PCM de fecha 8 de setiembre de 1993, se ratificó el año 1983, acuerdo conforme al cual se incluye en el proceso de promoción de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó inversión privada a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y refiere el Decreto Legislativo Nº 674, x XXXX BAYÓVAR; asimismo, con Resolución Suprema N° 216-95- PCM, se ratificó al acuerdo en virtud del estado deplorable cual se aprueba el Plan de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, Promoción en relación a la institución tenía derogada empresa indicada y se define la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distritalmodalidad para llevar adelante dicho proceso. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble 1.2 Con Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en el que funcionaba además sesión de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 fecha 22 xx xxxxx de 19842004, cedió sus derechos se aprobaron LAS BASES y proyecto de CONTRATO del Concurso Público Internacional PRI-82-04, promoción de la inversión privada en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7PROYECTO BAYÓVAR. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de químicaAsimismo, con tres mesones Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSION adoptado en cemento con su instalación sesión de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º fecha 13 de enero de 1986 hasta 2005, se aprobaron las condiciones base del referido proceso de promoción. 1.3 Realizado el 30 de diciembre de 1989Concurso Público Internacional PRI-82-04, modificándose de esta manera con fecha 00 xx Xxxxx xxx 2005 se adjudicó la buena pro a la empresa , (en 1.4 El ADJUDICATARIO DE LA BUENA PRO ha acreditado tener control societario sobre el ADQUIRENTE, situación que se obliga a mantener en tanto no sean cumplidas las obligaciones previstas en las cláusulas quinta Quinta y sexta Sétima del presente CONTRATO. 1.5 De conformidad con el Decreto Ley N° 25570, el Poder Ejecutivo ha dictado el Decreto Supremo N° ……………, publicado con fecha … de ….. de 2005, en virtud del cual se ha aprobado la suscripción del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes mediante el cual se otorga la garantía del Estado Peruano a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido favor del ADQUIRENTE, en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento respaldo de las instalaciones según lo acordadoobligaciones, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxdeclaraciones y garantías xx XXXX BAYÓVAR y PROINVERSIÓN, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES)sus sucesores o cesionarios, y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx estipuladas en el pago de la renta de ese año, presente CONTRATO; y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la mismo que se exhibieron los recibos de pago correspondientesformaliza en simultáneo. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión1.1. De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contratación de la contratante, contempla la ejecución de: (CONSTRUCCIÓN DEL REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA LINEA DE IMPULSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MACHACHI Y PARROQUIAS, VERTIENTE PUICHIG, CANTÓN XXXXX, PROVINCIA PICHINCHA). B. Los hechos 11.2. En el año 1983Previo los informes y los estudios respectivos, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx máxima autoridad de la contratante resolvió aprobar el pliego de la Licitación PE-LICO-GADMM-1-2020. para CONSTRUCCIÓN DEL REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA LINEA DE IMPULSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MACHACHI Y PARROQUIAS, VERTIENTE PUICHIG, CANTÓN XXXXX, PROVINCIA PICHINCHA. 1.3. Se cuenta con la existencia y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria (75.01.01.), conforme consta en la certificación conferida por la Ing. Xxx Xxxxx 00 XxXxxxxxx Xxxxxx, mediante documento Certificación Presupuestaria Nro. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx113 Partida Presupuestaria 7.5.01.01 de agua potable para la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE LA LINEA DE IMPULSIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MACHACHI Y PARROQUIAS, VERTIENTE PUICHIG, CANTÓN XXXXX, PROVINCIA PICHINCHA. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 51.4. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a realizó la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en respectiva convocatoria el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 13 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada2020, a través del Portal Institucional del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON XXXXX 1.5. Luego del procedimiento correspondiente, el AB. XXXXXXX XXXXXXX XXXXX, en calidad xx Xxxxxxx del XXX XXXXX, en su calidad de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo máxima autoridad de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxcontratante mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), en razón adjudicó el contrato para la ejecución de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien obra (establecer objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]contrato) al oferente (nombre del adjudicatario).

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 11.1. En Con fecha 26 de setiembre de 2013, las Partes suscribieron el año 1983Contrato de Concesión de SGT de la Línea de Transmisión 550 kV Mantaro-Marcona- Socabaya-Montalvo y Subestaciones Asociadas” (en adelante, el “Contrato de Concesión SGT”), a fin de que la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó SOCIEDAD CONCESIONARIA desarrolle las actividades de diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la mencionada línea de transmisión. Posterior a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado ello con fecha 30 de noviembre del 2017 se inició la Puesta en Operación Comercial de la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxxmencionada línea. 21.2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 Con fecha 27 de julio de 1982 dictada 2016, el CONCEDENTE y la SOCIEDAD CONCESIONARIA suscribieron la Adenda N° 1 al Contrato de Concesión SGT, la cual tuvo por la Secretaría de Educación Distritalobjeto modificar el Anexo N° 7 referente a los plazos para el desarrollo del Proyecto. 31.3. El establecimiento educativo Con fecha 09 de febrero de 2017, el CONCEDENTE y la SOCIEDAD CONCESIONARIA suscribieron la Adenda N° 2 al Contrato de Concesión SGT, la cual tuvo por objeto modificar el literal f) del numeral 8.1 de la Cláusula Octava del Contrato de Concesión SGT, que se arrendó junto con el inmueble refiere al índice de actualización de la Base Tarifaria WPSFD4131. 1.4. Mediante Resolución Ministerial N° 459-2022-MINEM/DM, publicada en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron Diario Oficial “El Peruano” el de tres (3) años a partir del 1º 31 de diciembre de 19832022, prorrogable a voluntad se aprobó el Plan de Transmisión 2023-2032, en el cual se incluye el Proyecto Vinculante denominado “Equipos FACTS Serie de Control de RSS en L.T. 500 kV Poroma – Colcabamba e instalaciones asociadas: FACTS Serie (Equipo de Control de Resonancia Subsíncrona) en L.T. 500 kV Poroma – Colcabamba en SE Poroma”. 1.5. Mediante Carta CS000010 – 22031141 de fecha 10 de febrero de 2023, la SOCIEDAD CONCESIONARIA en cumplimiento con lo estipulado en el numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto Supremo N° 027-2007-EM y sus modificatorias(en adelante, Reglamento de Transmisión), remitió al OSINERGMIN las partesespecificaciones detalladas del Proyecto “Equipo FACTS Serie de Control de RSS en L.T. 500 kV Poroma – Colcabamba e instalaciones asociadas”, pactándose el cual califica como renta mensual Refuerzo de la suma Línea de $400.000 Transmisión Mantaro-Marcona-Socabaya-Montalvo y Subestaciones Asociadas, cuyo titular es la SOCIEDAD CONCESIONARIA. 1.6. Mediante Resolución N° 044-2023-OS/CD, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 xx xxxxx de 2023, el OSINERGMIN aprobó la propuesta de Base Tarifaria del Refuerzo “Equipo FACTS Serie de Control de RSS en L.T. 500 kV Poroma-Colcabamba e instalaciones asociadas: FACTS Serie (Equipo de Control de Resonancia Subsíncrona) en L.T. 500 kV Poroma – Colcabamba en SE Poroma”. 1.7. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.12 de la Cláusula Quinta del Contrato de Concesión SGT y en el numeral 7.3 del artículo 7 del Reglamento de Transmisión, mediante Carta CS00050-23031141 de fecha 02 xx xxxxx de 2023, la SOCIEDAD CONCESIONARIA ejerció su derecho de preferencia para la primera anualidad con un incremento del 10% anual ejecutar el Refuerzo correspondiente al “Equipo FACTS Serie de control de RSS en L.T. 500 kV Poroma – Colcabamba e instalaciones asociadas” (en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadoraRefuerzo FACTS). 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En El 26 de enero de 20211, Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, en lo sucesivo la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 1-2021-INBP-1 para contratar el año 1983«Servicio de Limpieza para las Sedes de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú», por un valor estimado de S/ 220,836.00 (doscientos veinte mil ochocientos treinta y seis con 00/100 soles). El referido procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Fundación Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 082-2019-EF —en adelante la Ley— y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias —en adelante el Reglamento—. 1 Según ficha del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE. Firmado digitalmente por XXXXX XXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxx FAU 20419026809 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 25.03.2021 22:59:57 -05:00 Firmado digitalmente por XXXXX XXXXX Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx FAU 20419026809 soft Motivo: Soy el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx.autor del documento Fecha: 25.03.2021 23:07:55 -05:00 Z 2. En razón Según ficha del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable Sistema Electrónico de las instalacionesContrataciones del Estado, en adelante SEACE, el 10 de febrero de 2021 se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas y, con acta publicada en el SEACE el 17 del mismo mes y año, el Comité de Selección otorgó la buena pro del procedimiento de selección a la empresa M & L GRUPO EMPRESARIAL S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de su oferta económica ascendente a S/ 204,480.00 (doscientos cuatro mil cuatrocientos ochenta con 00/100 soles), conforme al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital.siguiente detalle: POSTOR ETAPAS BUENA PRO ADMISIÓN EVALUACIÓN CALIFICACIÓN SERVICIOS GENERALES ALL MASTER S.R.L. - SEGALMAS S.R.L. ADMITIDO 201,600.00 2 DESCALIFICADO NO Consorcio Bienes y Servicios Xxxxx S.A.C. - Mega Integral S.A.C. ADMITIDO 206,519.04 - - - Z 3. Mediante formulario y escrito presentados el 24 de febrero de 2021 a través de la Mesa de Partes Digital del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, en adelante Mesa de Partes Digital del OSCE, subsanado con escrito presentado el 26 del mismo mes y año, la empresa GRUPO SANFER CLEAN S.A.C., adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación solicitando se descalifique y/o no admita la oferta del Adjudicatario y se revoque la buena pro otorgada a este. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble Impugnante sustenta su recurso en el que funcionaba además los siguientes argumentos: A. Solicitud de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para descalificación de la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna.oferta del Adjudicatario: 4. Como término Con Decreto del 2 xx xxxxx de duración2021 se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal por la Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para que, las partes fijaron en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos de la Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de tres (3) años días hábiles absuelvan el mismo. Adicionalmente, se solicitó a partir del 1º la Entidad que emita un pronunciamiento respecto a la necesidad de diciembre de 1983, prorrogable adecuar el requerimiento a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones los protocolos sanitarios y demás disposiciones que luego fueron modificadas dicten los sectores y autoridades competentes en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal marco de la arrendadoradeclaratoria de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID 19. 5. Se acordó que El 0 xx xxxxx xx 2021, la Entidad registró en el SEACE el Informe Legal N° 030- 2021-INBP/OAJ, el Informe Técnico N° 06-2021-INBP/OA-ULCP, el Informe Técnico N° 01-2021-INCP/CS-AS01, el Oficio N° 18-2021-INBP/OA y anexos, mediante los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.cuales se señaló lo siguiente: 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 Mediante Carta N° 007-BSJONASSAC/21 presentada el 5 xx xxxxx de 19842021 en la Mesa de Partes Digital del OSCE, cedió sus derechos el Consorcio integrado por las empresas Bienes y Servicios Xxxxx S.A.C y Mega Integral S.A.C., puso en conocimiento del Tribunal que el Impugnante no está facultado ni autorizado para el desarrollo de actividades de saneamiento ambiental específicas, debido a que su RENEEIL sirve únicamente para desarrollar actividades en la ciudad xx Xxxxxxxx, región de la Libertad. Asimismo, señala que en el contrato supuesto de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxque se les permita realizar actividades en Lima-Callao, las actividades de desinfección no les estaápermitido y en servicios especializados puede desarrollar limpieza y desinfección de tanques elevados, cisternas de agua, reservorios de agua, pero no xx xxxxx sépticos. 7. El arrendatario Con Decreto del plantel realizó gestiones docentes9 xx xxxxx de 2021, administrativas y financieras se remitió el expediente a la Xxxxxxx Xxxx del Tribunal a fin de que se evalúe la información que obra en el mismo y, de ser el caso, lo declare en el plazo de cinco (5) días hábiles, listo para recuperar resolver; expediente que fue recibido por la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces teníaVocal ponente el mismo día. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equiposA través de Decreto del 10 xx xxxxx de 2021, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…)se programó audiencia pública para el 16 del mismo mes y año, cinco (5) lavamanos para hombres la misma que se llevó a cabo en el día y cinco (5) (…) para mujereshora señalada con la participación del representante del Impugnante, dos (2) bebederos (…)quien realizó su informe de hechos; 14 aulasasimismo, participó el representante del Adjudicatario, quien realizó su informe legal; (…) laboratorios finalmente, se dejó constancia que el representante de químicala Entidad no se presentó a la audiencia pública pese a estar debidamente notificado mediante publicación en el Toma Razón Electrónico. Por otro lado, con tres mesones se dejó constancia que la audiencia se llevó a cabo empleando la aplicación de internet Google Meet, haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal en cemento con su instalación observancia de gas y diez (10) mecheros para cada mesónlas disposiciones emitidas por el gobierno que exigen el distanciamiento social, instalación en aras de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal proteger la salud de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)»las personas. 9. También reparó A través de Carta N° 008-BSJONASSAC/21 presentada el 10 xx xxxxx de 2021 en la Mesa de Partes Digital del OSCE, el Consorcio integrado por las paredes empresas Bienes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase Servicios Xxxxx S.A.C y efectuó otras obrasMega Integral S.A.C., entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000.reiteró su cuestionamiento a la 10. Los laboratorios Con Escrito N° 1 presentado el 15 xx xxxxx de química2021 en la Mesa de Partes Digital del OSCE, física y biología fueron dotados con el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento sin absolver el traslado del recurso de apelación. Asimismo, designó a sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos representantes para «física y mecánica» se adquirieron hacer uso de la palabra en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000audiencia pública. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas Mediante Decreto del 16 xx xxxxx de 2021, se tuvo por apersonado al Adjudicatario en las actividades calidad xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000xxxxxxx administrado. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían A través de Escrito N° 2 presentado el funcionamiento 16 xx xxxxx de 2021 en la institución educativaMesa de Partes Digital del OSCE, lo que verificó la Secretaría el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de Educación de Bogotá apelación en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982».los siguientes términos: 13. El arrendatario cumplió Con Decreto del 16 xx xxxxx de 2021, se requirió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000.siguiente información adicional: 14. El actor obró A través de acuerdo con lo convenido Escrito N° 2 presentado el 16 xx xxxxx de 2021 en cuanto al nombramiento la Mesa de algunos trabajadores administrativosPartes Digital del OSCE, pago el Adjudicatario reiteró los argumentos de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento su absolución del traslado del recurso de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000apelación. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal Mediante Escrito N° 3 presentado el 00 xx xxxxx xx 2021, el Adjudicatario remitió copia de la Fundación Partida Electrónica Nº 13912712 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima, en donde se apreciaría lo siguiente: mediante Junta General de Accionistas de fecha 03 xx xxxxx de 2020 se acordó nombrar gerente general de la empresa M&L Grupo Empresarial S.A.C. a la Sra. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx(Asiento C0001, inscrito el Presidente día 13 de noviembre de 2020) y que, mediante Junta General de Accionistas de fecha 25 de noviembre de 2020 se acordó aceptar la renuncia de la República designó en ese señora Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx al cargo a de gerente general de la Fundación para la Educación Superior empresa M&L Grupo Empresarial S.A.C. (FESAsiento C0002, inscrito el día 02 de diciembre de 2020), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil Con Decreto del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 18 xx xxxxx de 19902021, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá se declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendadaexpediente listo para resolver. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En el año 1983marco del Programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente de la OCI aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2022 y en cumplimiento de las funciones de seguimiento de conformidad con la Ley 87 de 1.993 la cual señala como funciones del Asesor de Control Interno “(…) Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad”, se procedió a efectuar el análisis de la información suministrada por el Grupo de Gestión Contractual. Dicha actividad se desarrollará teniendo en cuenta lo establecido en los procedimientos adoptados en Neo gestión por parte del proceso, los cuales son: Procedimiento de selección por Licitación Pública formato PR-1604-GCON-01_04, Procedimiento de Selección Abreviada de Menor Cuantía, formato PR-1604-GCON-03_04, Procedimiento de Selección Abreviada de Menor Cuantía, formato PR-1604-GCON-04_04 y la Caracterización del Proceso de GGC, formato C-1603-GCON-01. Igualmente, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó Oficina de Control Interno procedió a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en realizar la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón verificación del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal cumplimiento de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar normatividad vigente en materia contractual la Ley 80 de 1993, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional 1082 de 2015, frente a las actividades ejecutadas del 1 de enero al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 19842022; para ello se seleccionará, cedió sus derechos una muestra de contratos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes ejecución de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra suscritos entre el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde periodo el 1° de enero a 30 xx xxxxx de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 12022. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del Así mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago seleccionará otra muestra de contratos en proceso de liquidación del periodo comprendido entre 1 xx xxxxx de 2021 a 00 xx xxxxx xx la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]vigencia 2022.

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por Que mediante la Resolución NoS.O.P. N° 756/17 se adjudicó la ejecución de la obra “AMPLIACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA LOCALIDAD DE RÍO PIEDRAS - DPTO. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada METÁN - PROVINCIA XX XXXXX - ETAPA I” a la empresa ING. CIVIL XXXXXXX XXXXXXXXX, por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad $ 10 751.821,04 (pesos diez millones setecientos cincuenta y un mil ochocientos veintiuno con 04/100) IVA incluido, a valores correspondientes al mes de Octubre de 2.017, con un incremento del 10% anual en adelanteplazo de ejecución de 210 (doscientos diez) días corridos, estipulaciones que habiéndose suscripto el respectivo contrato de obra pública.------------------------------------------ — Que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento adjudicación de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984obra y pago del anticipo financiero, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y misma no pudo iniciarse debido a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque diversas complicaciones en la prueba anticipada obtención de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió autorizaciones y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento permisos por parte de terceros, por lo que resulta pertinente la rescisión contractual del mismo por acuerdo de partes.------------------------------ — Que tal como lo establece el artículo 110 de la Ley N° 8.072, los procedimientos, actos y contratos realizados o celebrados bajo la vigencia de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismonormas de la legislación anterior y sus consecuencias continuarán sometidas a ella, no se acreditó el daño sufrido salvo acogimiento por acuerdo formal entre las partes.--------- — Que de conformidad a lo establecido por el pago artículo 46 inc. c) de la renta sin disfrutar ni explotar Ley N° 6.838, artículo 52 del Decreto Reglamentario N° 1.448/1.996 y artículo 15.6 xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución S.O.P. N° 681/09, los contratos se extinguen en el establecimiento educativosupuesto de acuerdo de partes, debiendo fundarse la misma en motivos graves y sobrevinientes a la adjudicación, y acordándose los efectos patrimoniales y no patrimoniales derivados de la misma. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]- / //

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En el año 1983El 7 de febrero de 2017, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (en adelante, Aspec) denunció a Cineplex S.A.1 (en adelante, Cineplex) ante la Comisión de Protección al Consumidor – Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxx X° 0 (xx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxx) por presunta infracción de la Ley 29571, Código de Protección y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Defensa del Consumidor (en adelante, el plantel educativo Xxxxx XX ubicado Código), en atención a los hechos que se describen a continuación: (i) Cineplex puso a disposición de los consumidores productos alimenticios, los cuales superaban hasta en cinco (5) veces su precio real; (ii) los citados productos debían ser obligatoriamente comprados en su establecimiento, a efectos que los consumidores puedan acceder con estos a las salas de cine, restringiendo a sus clientes la Xxxxx 00 alternativa de poder optar por productos de idéntica o mejor calidad a un menor precio; (iii) no había sustentado y/o explicado la restricción señalada en su cartel, la cual estaba referida a la prohibición de ingreso a las salas de cine con 1 R.U.C. 20429683581, con domicilio fiscal en Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx XxxxxxXxxx Xxxxx Nro. 663 (Pisos 4-5) Lima - Lima – Miraflores. productos alimenticios que no hubieran sido comprados en su establecimiento; y, (iv) la denunciada no ponía a disposición de los consumidores productos alimenticios saludables, tales como: frutas, frutos secos, sándwich con palta y otros. 2. En razón del incumplimiento Xxxxx solicitó a la Comisión en calidad de normas atinentes al servicio que medidas correctivas que: (i) se prestaba y en virtud del estado deplorable declaren las restricciones realizadas por la denunciada como ilícitas por ser abusivas; (ii) se le imponga la sanción correspondiente; (iii) el pago de las instalacionescostas y costos del procedimiento; y, al momento (iv) la asignación de suscribirse el referido convenio, un porcentaje de la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distritalmulta impuesta. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementosMediante Resolución 1 del 00 xx xxxxx xx 2017, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal Secretaría Técnica de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando Comisión imputó contra Cineplex las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]siguientes presuntas infracciones:

ANTECEDENTES. A. La pretensión1.1. El veintisiete (27) de enero de dos mil seis (2006), Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, por conducto de apoderado especial, solicitó la convocatoria de este Tribunal al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y presentó demanda contra Music Balboa & Clase S.A. con fundamento en la cláusula décima del contrato de interpretación o ejecución artística y cesión de derechos artísticos celebrado entre las partes el veintitrés (23) de julio del dos mil uno (2001). B. Los hechos1.2. Conforme a la cláusula compromisoria y mediante sorteo público del seis (6) de febrero de dos mil seis (2006), el Centro de Arbitraje y Conciliación designó como árbitro único para conformar el Tribunal de Arbitramento al doctor Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, como principal, y al doctor Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, como suplente. 11.3. El doctor Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx aceptó su nombramiento. 1.4. Previas las citaciones correspondientes, se instaló el Tribunal de Arbitramento el veintiocho 1.5. En el año 1983la misma audiencia, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó demanda arbitral fue admitida y se ordenó correr traslado a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxxparte, que, estando presente, a través de apoderado especial fue notificada personalmente esta decisión. 21.6. La convocada, por medio de apoderado especial, contestó la demanda en el término xx xxx y propuso excepciones de mérito. [folios 29 a 36 del Cuaderno Principal número 1] 1.7. De tales excepciones se corrió traslado a la convocante, mediante fijación en lista del veintinueve (29) xx xxxxx de dos mil seis (2006). 1.8. Dentro del término de traslado de las excepciones de mérito, la convocante se pronunció y solicitó nuevas pruebas. 1.9. Según el auto número 3, del veintiuno (21) xx xxxxx de dos mil seis (2006), el seis (6) xx xxxxx de dos mil seis (2006) se celebró la audiencia de conciliación de que trata el artículo 141 del Decreto 1818 de 1998, como consta en el acta número 3. [folios 47 a 52 del Cuaderno Principal número 1] 1.10. En razón consideración a que las partes no lograron acuerdo alguno, el Tribunal dio por fracasada la conciliación entre las partes, como consta en dicha acta. 1.11. En la misma fecha, por auto número cuatro (4) se señalaron los honorarios del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba árbitro y en virtud del estado deplorable de las instalacionessecretario, al momento de suscribirse el referido convenio, así como la institución tenía derogada la licencia partida para gastos de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distritalprotocolización y otros. 31.12. La parte convocante, señor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, consignó oportunamente las sumas que le correspondían, y dentro del término xx xxx, consignó las de Music Balboa & Clase S.A.. 1.13. El establecimiento educativo doce (12) xx xxxx de dos mil seis (2006) se arrendó junto con el inmueble inició a la primera audiencia de trámite [acta número 5, folios 60 a 67 del cuaderno principal número 1], en el la cual se leyó la cláusula compromisoria del contrato que funcionaba además dio origen a este proceso arbitral, las pretensiones, las excepciones de «todos sus elementos, muebles mérito y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza cuantía de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturnapretensiones. 41.14. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con En esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxoportunidad, el Presidente de la República designó Tribunal asumió competencia para conocer y fallar en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a derecho las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios convocante y se decidió sobre las pruebas solicitadas por considerar las partes. 1.15. Como las partes no acordaron el término de duración del proceso, el Tribunal lo fijó en seis 1.16. Todas las pruebas que solicitaron las partes y que fueron decretadas por el Tribunal se evacuaron. En la audiencia del veinticuatro (24) de julio de dos mil seis (2006), se declaró terminada la etapa probatoria, y se señaló el treinta y uno (31) de julio de dos mil seis (2006) para alegatos de conclusión. 1.17. Las partes presentaron sus alegaciones y se fijó como fecha para el presente laudo el catorce (14) xx xxxxxx de dos mil seis (2006). [acta 11, folios 97 y 98 del Cuaderno Principal número 1]. 1.18. El proceso no acreditaron el pago fue suspendido en ninguna oportunidad. Habida cuenta del tiempo transcurrido entre la finalización de la renta, no obstante obrar como prueba primera audiencia de trámite y la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Ademáspresente, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no Tribunal se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados encuentra dentro del término legal para el colegio arrendado presente laudo, por cuanto han transcurrido hasta la fecha noventa y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimientodos (92) días, de los profesores y empleados; en tanto los recursos ciento ochenta (180) que corresponden al tiempo establecido como límite para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese conceptofuncionamiento. C. 1.19. El quince (15) xx xxxx de dos mil seis (2006) la Secretaría informó al Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial sobre la existencia del trámite arbitral. [folio 75 del Cuaderno Principal número 1]. El Ministerio Público por oficio 01159 del treinta y uno xx xxxx de dos mil seis (2006) señaló que solo intervendría en este proceso arbitral si se configurare alguna de la primera instancia 1. En causales que dan lugar a la misma, tales como defender el proveído que admitió la demandaorden jurídico, la juez ordenó dar traslado de la misma a el patrimonio público, las instituciones convocadas al litigiogarantías y derechos fundamentales, individuales, colectivos o del medio ambiente. [Folio 237, c. folio 75 del Cuaderno Principal número 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal parte de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna Política General de los trabajadores contrataciones públicas referentes a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito elaboración de 30 xx xxxxx contratos marco como una estrategia de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial contratación en la que se exhibieron obtienen mejores condiciones para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal conforme a los recibos principios de pago correspondientes. 20. La diligencia eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez, con fundamento en lo establecido en los artículos 134 de lanzamiento tuvo lugar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 17, Primero párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante la (LAASSP) y 14 de su Reglamento, y segundo del Acuerdo por el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no que se encontraba delega en el ColegioOficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pues había sido desalojado la facultad de hecho por promover, diseñar, elaborar, celebrar, suscribir y administrar los Contratos Marco, publicado en el Diario Oficial de la Fundación FES desde Federación el 12 8 de febrero julio de 1987. Además2019; La Oficialía Mayor de la SHPC, inició las acciones tendientes a la celebración de un Contrato Marco para el Servicio Integral de Limpieza, con fecha 25 de enero de 2021, y determinó como resultado de la investigación xx xxxxxxx, la elaboración de un Contrato Marco correspondiente al Servicio Integral de Limpieza, el contrato cual fue suscrito el 11 xx xxxxx de arrendamiento terminó 2021, con una vigencia del del 1 xx xxxxx de 2021 hasta el 30 31 de diciembre de 1989. 212022. Al actor no La contratación indicada en el primer párrafo se le hizo entrega considerará en el Programa Anual de los bienes que compró Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2022 de“EL CENACE". Mediante oficio con número No. CENACE/DOPS-SO-GCRN-SA-JDA/215/2021, de fecha 00 xx xxxxxxxxx xx 0000, xx X.X. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Subgerente de Administración y Finanzas de la Gerencia de Control Regional Norte, manifestó a la Jefatura de Unidad de Adquisiciones y Servicios el interés en participar en el procedimiento para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar contratación correspondiente al "Servicio Integral de haber invocado Limpieza 2022", mediante el derecho procedimiento de retencióncontratación de conformidad con lo establecido en los Artículos. 26 fracción II, y 41 fracción XX de la “LAASSP”, así mismo se hizo de conocimiento conforme a lo establecido en el artículo 84, séptimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante el "RLAASSP”; o el Reglamento actuando para tal efecto la M.A. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Subgerente de Administración y Finanzas, para la partida 10 Gerencia de Control regional Norte, como no "ADMINISTRADORA DEL CONTRATO", así como se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados estableció el criterio evaluación BINARIO para el colegio arrendado y procedimiento de contratación, de conformidad con los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud artículos 36 segundo párrafo de la medida Ley de embargo dictada dentro Adquisiciones y Servicios del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadoraSector Público, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta "LAASSP" y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector 51, primer y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago segundo párrafo de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese conceptoReglamento. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 12.1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Mediante Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos2016-DIR-064, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º DE 23 de diciembre de 19832016, prorrogable a voluntad el Directorio Institucional aprobó el Programa de las partesFinanciamiento Multisectorial con el Banco de Desarrollo de China – PROCDB y mediante Decisión No. 2018- GGE-286, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 6 de diciembre de 2018, el señor Gerente General aprobó el 2.2. El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, mediante oficios Nos. 489-PRF-20 y 551-PRF-20, de 00 xx xxxxxxxxxx x 00 xx xxxxxxxxx de 2020, respectivamente, solicita al Banco un financiamiento para la primera anualidad con un incremento del 10% anual adquisición de 4 Volquetas de mínimo 8 m3 de volumen de carga, 4 Volquetas de mínimo 12 m3 de volumen de carga, 6 Motoniveladoras de 200 HP de potencia mínima, 5 Rodillos Vibratorios de 120 HP de potencia mínima, 5 Cargadoras Frontales de 200 HP de potencia mínima, 5 Tanqueros de 3000 galones de capacidad mínima, 6 Retroexcavadoras de 90 HP de potencia mínima, 2 Excavadoras de Oruga de 240 HP de potencia mínima, 4 Minicargadoras de 50 HP de potencia mínima y 1 Distribuidor de Asfalto de 200 HP de potencia mínima; para mantenimiento de calles en adelantela Provincia de Pichincha; 2.3. La Coordinación de Gestión Xxxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx B.P., estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento mediante memorando No. BDE-I-CGIR1Q- 2020-0341-M, de 24 00 xx xxxxxx xxxxxxxxx xx 0000, xxxxxxx la certificación presupuestaria No. 131281, para esta operación; 2.4. El Informe de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5Evaluación No. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx XxxxxxBDE-I-GSZN-2020-0693-M , en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 19842020, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio calificado por el Comité de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 Crédito de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal Inversión Pública de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx XxxxxMatriz del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., el Presidente en sesión de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones 2020; 2.5. Mediante Decisión No. 2020-GGE-241, de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 10 de diciembre de 1989.2020, el Gerente General aprobó la concesión de un financiamiento a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, hasta por USD 4’862.336,64, destinado a financiar el proyecto “ADQUISICIÓN DE EQUIPO XXXXXXXX PARA EJECUTAR EL PLAN VIAL QUINQUENAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA – FASE 1”; 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 232.6. La injusta Subsecretaría de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y arbitraria perturbación también se materializó Finanzas, con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir oficio No. MEF-SFP-2020-1010-O, de 2 de febrero octubre de ese mismo año2020, y la comunicación a las autoridades educativascertificó que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo obligaciones pendientes de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado pago por endeudamiento público; 2.7. El financiamiento se encuentra registrado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad (SIC) con el fin de dilatar su resoluciónNo. 39474. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensiónPara este convenio de gestión compartida, se tiene en cuenta los siguientes antecedentes como documentos habilitantes: B. Los hechos 1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución a. Mediante oficio No. 023339 OFI-52-GG-24, de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 fecha 22 de febrero de 19872024, el Magíster Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Gerente General de la EPMAPA-PVM, solicita convenio para los estudios de prefactibilidad y diseños definitivos para el mejoramiento y optimización del sistema de agua potable para la ciudad de Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, cantón Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Provincia de Pichincha. Con la sumilla del señor Alcalde SUM-445-ALC-24, dispone a sindicatura elaborar el convenio. b. Mediante MEM-169-ASJ-24, la Fundación FES invadió Dirección Jurídica solicita el informé técnico y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades ante proyecto como sustento para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etcrealización del convenio solicitado por EPMAPA PVM. 19c. El Director de Planificación, con fecha 29 de febrero del 2024, certifica que en efecto el GAD Municipal aprobó en la planificación 2024, el proyecto designado como estudios de prefactibilidad y diseños definitivos para el mejoramiento y optimización del sistema de agua potable para la ciudad de Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, cantón Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Provincia de Pichincha, con partida presupuestaria 7.3.06.05, Estudio y Diseños de Proyectos, conforme a la ordenanza del presupuesto general aprobada el 09 de diciembre del 2023. d. Mediante MEM-147-DPYT-24, de fecha 29 de febrero del 2024, el Director de Planificación requiere a la Unidad de Diseños de Proyectos, remitir el anteproyecto. El Juez 23 Civil Especialista del Circuito área, con MEM-5-DP-24, de Bogotáfecha 29 de febrero 2024, a quien correspondió conocer la causa de lanzamientopresenta el anteproyecto solicitado. e. Mediante MEM-152-DPYT-24, el 2 señor Director de diciembre Planificación remite a Asesoría Jurídica el anteproyecto para ejecutar la consultoría estudios de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones prefactibilidad y diseños definitivos para el mejoramiento y optimización del sistema de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha agua potable para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegiociudad de Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, pues había sido desalojado cantón Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Provincia de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989.Pichincha 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada f. Certificación presupuestaria emitida por el arrendatario para el adecuado funcionamiento Director Financiero del establecimiento educativoGAD Municipal de Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. 1.1. Con fecha 28 xx xxxxx de 2014, el CONCEDENTE y CONCESIONARIO celebraron el Contrato de Concesión para el diseño, financiamiento, construcción, equipamiento electromecánico, equipamiento de sistema y provisión de material rodante, operación y mantenimiento del Proyecto “Línea 2 y Ramal Av. Xxxxxxx - Av. Xxxxxxxx de la Red Básica del Metro de Lima y Callao” (en adelante, el Contrato de Concesión). 1.2. El 26 de diciembre de 2014 y 13 de diciembre de 2018 se suscribieron la primera y segunda adenda al Contrato de Concesión, respectivamente. 1.3. La pretensión B. Los hechos 1. En el año 1983Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx SBS) publicó el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalacionesBoletín Semanal SBS Informa - Diciembre 2021 N° 50, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el cual comunica que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º 1 de diciembre de 1983enero del año 2022, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual tasa London InterBank Offered Rate - más conocida por sus siglas en el inglés LIBOR (en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento la LIBOR) - dejaría de 24 xx xxxxxx usarse como tasa de 1985 suscrito interés de referencia de diversos productos financieros a nivel global, por el representante legal lo cual se dejará de publicar la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de referida tasa después del 30 xx xxxxx de 19842023, cedió sus derechos para los plazos de la USD LIBOR (overnight, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 12 meses). Por dicha razón, la SBS recomendó que se suspenda el uso de la referida tasa LIBOR. 1.4. A través de la Carta N° ML2-SPV-CARTA-2023-595 de fecha 1 xx xxxxx de 2023, el CONCESIONARIO presentó el proyecto de Adenda N° 3 del Contrato de Concesión, iniciativa que tuvo como objetivo modificar la tasa LIBOR incluida en ciertos conceptos detallados en el contrato Contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx XxxxxxxxxConcesión. 71.5. El arrendatario Mediante los Oficios Nos. 1232 y 1233-2023-MTC/19 remitidos el 18 xx xxxxx de 2023 y Oficios Nos. 1257 y 1258-2023-MTC/19 remitidos el 19 xx xxxxx de 2023, la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del plantel realizó gestiones docentesMinisterio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, administrativas la DGPPT), en el marco del artículo 136 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y financieras Proyectos en Activos, convocó al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN (en adelante, el REGULADOR), al CONCESIONARIO, a la Contraloría General de la República (en adelante, CGR), y al Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante, MEF), para recuperar la licencia reunión de funcionamientoevaluación conjunta, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces teníareferido al proyecto de Adenda N° 3. 81.6. A través de la Carta N° ML2-SPV-CARTA-2023-2360 de fecha 12 de setiembre de 2023, el CONCESIONARIO presentó la actualización del proyecto de Adenda N° 3 del Contrato de Concesión, iniciativa que tuvo como objetivo modificar la tasa LIBOR incluida en ciertos conceptos detallados en el Contrato de Concesión. 1.7. A través del Oficio Múltiple N° 0099-2023-MTC/19 remitido el 2 de octubre de 2023, la DGPPT comunicó al REGULADOR, al MEF y a la CGR, que se dio por finalizada la evaluación conjunta del Proyecto de Adenda N° 3 al Contrato de Concesión el día 29 de setiembre del 2023. Asimismo, se comunicó al CONCESIONARIO, mediante Oficio N° 3434-2023-MTC/19 remitido el 2 de octubre de 2023, la finalización de la evaluación conjunta del proyecto de Adenda N° 3. 1.8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equiposfecha 19 de octubre de 2023, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…)a través del Oficio N° 3627-2023-MTC/19, cinco (5) lavamanos la DGPPT solicitó al REGULADOR emitir opinión sobre el proyecto de Adenda N° 3, adjuntando para hombres tal efecto el Informe N° 3239-2023-MTC/19.02. 1.9. Cabe indicar que, el REGULADOR no ha emitido su opinión respecto de la suscripción de la Adenda N° 3, de acuerdo con los plazos establecidos en la normativa de APP. En tal sentido, en aplicación de lo dispuesto en el numeral 138.81 del artículo 138 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1362, se considera que la opinión del REGULADOR es favorable a la suscripción de la Adenda N° 3. 1.10. Con fecha 4 de diciembre de 2023, a través del Oficio N° 4114-2023-MTC/19, la DGPPT solicitó al MEF emitir opinión previa favorable sobre el texto actualizado del proyecto de Adenda N° 3, remitiendo para tal efecto el Informe N° 3848-2023- MTC/19.02, elaborado por la Dirección de Inversión Privada en Transportes. 1.11. Con fecha 21 de diciembre de 2023, a través del Oficio N° 103-2023-EF/15.01, el Viceministro de Economía del MEF remitió a la DGPPT el Memorando N° 107-2023- EF/68.03, mediante el cual la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF hizo suyo y cinco (5) (…) para mujeresremitió el Informe N° 110-2023-EF/68.03, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios que consolida las opiniones de química, con tres mesones las diferentes unidades orgánicas del MEF y mediante el cual el MEF emite opinión favorable sobre el proyecto de Adenda N° 3 al Contrato de Concesión. 1 " 138.8 La opinión de las entidades públicas competentes se emite en cemento con su instalación de gas y un plazo no mayor a diez (10) mecheros para cada mesóndías hábiles, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, contados a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento partir del día siguiente de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal recepción de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxsolicitud de opinión. Transcurrido el plazo máximo sin que estas entidades hubiesen emitido su opinión, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos se entiende que turbaron el goce del bien arrendadoes favorable." 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 181.12. Por último, el 12 Memorando N° 0544-2024-MTC/19 del 1 de febrero de 19872024, la Fundación FES invadió DGPPT remite el Informe N° 0276-2024-MTC/19.02, elaborado por la Dirección de Inversión Privada en Transportes, mediante el cual concluye que, habiendo realizado el análisis técnico, económico y ocupó legal del contenido del proyecto de hecho Adenda N° 3, resulta viable proseguir con el colegio arrendadoprocedimiento legal para su aprobación y suscripción, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran de conformidad con la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etcnormativa vigente. 191.13. El Juez 23 Civil del Circuito de BogotáMediante Resolución Ministerial N° -2024-MTC/01, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, se aprueba el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones texto de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago Adenda N° 3 del Contrato de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que Concesión y su Anexo; y se exhibieron los recibos autoriza al Viceministro de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha Transportes para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxque, en razón de representación del MTC suscriba la custodia Adenda, así como los documentos que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicialresulten necesarios para su formalización. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión1.1. De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-; y, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contratación de la contratante, contempla la ejecución de: “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN XXXXXXX, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”. B. Los hechos 11.2. En el año 1983Previo los informes y los estudios respectivos, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de Menor Cuantía No. MCO-GADPRSP-2021-001 para la “CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, DE LA PARROQUIA SAN XXXXXXX, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”. 1.3. Se cuenta con la existencia y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado suficiente disponibilidad de fondos en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx.partida presupuestaria 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 51.4. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna realizó la respectiva convocatoria el jueves 13 xx xxxx de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada2021, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de los memorandos Contratación Pública. 1.5. Luego del procedimiento correspondiente, el Economista Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx en su calidad de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo máxima autoridad de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx XxxxxCONTRATANTE, en razón mediante resolución N° GADPRSP-GGC-015- 2021 de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación 28 xx xxxx de hecho de la institución2021, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado adjudicó el contrato de arrendamiento“CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA EN EL CALLEJÓN “H” SECTOR LA GARITA, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendadaDE LA PARROQUIA SAN XXXXXXX, CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ” al oferente ING. XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En Con fecha 20 xx xxxx de 2015, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 068- 2015-CR/GRC-CUSCO, el año 1983Consejo Regional del Cusco, aprobó la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó delegación de competencias que tiene el GOBIERNO REGIONAL a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx favor del MINEDU, en los componentes de infraestructura, equipamiento, mobiliario y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento operación de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente servicios complementarios para la enseñanza formulación, desarrollo, gestión, implementación, ejecución, financiamiento y operación integral para la intervención de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término diversas instituciones educativas mediante la modalidad de duracióninversión Asociación Publico Privada (APP), entre ellas, las partes fijaron instituciones educativas (IIEE) 50038 Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx y Comercio 41, de los distritos de San Xxxxxxxx, Wanchaq y Cusco, respectivamente, provincia y departamento de Cusco. • Mediante Oficio N° 001-2016-MINEDU/DM, de fecha 6 de enero de 2016, el MINEDU remitió a PROINVERSIÓN su opinión de tres (3) años a partir del 1º relevancia y prioridad de diciembre la Iniciativa Privada Cofinanciada “Reforzamiento de 1983Infraestructura, prorrogable a voluntad de las partesEquipamiento y Mantenimiento Colegios Cusco”, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones IPC Colegios Cusco, que luego fueron modificadas involucra actualmente a las tres IIEE indicadas en el documento párrafo precedente. • Mediante Oficios N° 318-2016-MINEDU/VMGI-DIGEIE, N° 319-2016- MINEDU/VMGI-DIGEIE y N° 320-2016-MINEDU/VMGI-DIGEIE de 24 xx xxxxxx fecha 8 de 1985 suscrito por febrero de 2016, respectivamente, el representante legal MINEDU a través de la arrendadora. 5. Se acordó Dirección General de Infraestructura Educativa comunicó al Alcalde Distrital de la Municipalidad Distrital de San Xxxxxxxx, al Acalde Distrital de la Municipalidad Distrital de Wanchaq y al Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxx que los inquilinos debían contratar al personal docente la I.E. 50038 Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, la IE Xxxxx Xxxxxx y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna la IE Comercio 41 bajo la jurisdicción de cada Municipalidad respectiva, de los trabajadores niveles inicial, primaria y secundaria, están consideradas en el Acuerdo del Consejo Regional N° 068-2015-CR/GRC- CUSCO, para intervenirse mediante APP. • Mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 067-2022-CR/GR CUSCO, del 00 xx xxxxx xx 2022, el Consejo Regional del Cusco ratificó la delegación de competencias que tiene el GOBIERNO REGIONAL a favor del MINEDU en los componentes de infraestructura, equipamiento, mobiliario y operación de servicios complementarios para la Fundación formulación, desarrollo, gestión, implementación, ejecución, financiamiento y operación para la intervención, por APP, de las XXXX 00000 Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito Xxxxx Xxxxxx y Comercio 41, de 30 xx xxxxx los distritos de 1984San Xxxxxxxx, cedió sus derechos Wanchaq y Cusco, respectivamente, provincia y departamento de Cusco. Así mismo, mediante dicho acuerdo, se autorizó al Gobernador Regional a suscribir el Convenio respectivo. • Mediante Resolución Ministerial N° 008-2022-MINEDU, el Titular del MINEDU delegó en el contrato Viceministerio de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentesGestión Institucional, administrativas durante el año fiscal 2022, la facultad y financieras para recuperar la licencia atribución de funcionamientosuscribir, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equiposmodificar y resolver los convenios de colaboración, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…)cooperación interinstitucional, cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillasformulación, mesasejecución, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución gestión educativa, lo que verificó administrativa y financiera, así como para la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación operación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más instituciones educativas de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad competencia de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensionesGobiernos Regionales. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto 1.1 De conformidad con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; establece el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían Acuerdo suscrito entre el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente Gobierno de la República designó del Ecuador y el Gobierno de la República Italiana, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-, y su Reglamento General - RGLOSNCP-, la CONTRATANTE ha seguido cada uno de los pasos contemplados en ese cargo la normativa legal por lo que procede a la Fundación contratación para la Educación Superior (FES)PROVISIÓN, y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendadoTRANSPORTE, ENTREGA, DESCARGA, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA EL USO DE UN EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1,5 TESLAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 - SALUD. 16. Entre 1.2 Previo los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento informes y los recibos de pago; ii) estudios respectivos, la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago máxima autoridad de la renta CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de ese añoLICITACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPO BIOMÉDICO ---------CZS6-00---2020 para la PROVISIÓN, TRANSPORTE, Dirección: Xx. Xxxx Xxxxxx 2-56 y iv) Xxxxx Xxxxxx Código postal: 010204 / Cuenca- Ecuador Teléfono: 593 -7 0000000 - 2821758 – 2847278 xxx.xxxxx.xxx.xx 1.3 Se cuenta con la acción ejecutiva que cursó existencia y suficiente disponibilidad de fondos en el Juzgado 17 Civil del Circuito la partida No. -------------------------, según Certificaciones Presupuestarias Nro. -------------------- emitidas por Gestión Financiera con fecha --- de Bogotá--------------- de 2020, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones--. 17. El proceso penal fue conocido por 1.4 Se realizó la respectiva convocatoria el Juzgado 72 día ------------ de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada2020, a través del Portal Institucional. 1.5 Luego del proceso correspondiente, el Xx. Xxxxx Xxxxx Molina Vázquez, en calidad de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo máxima autoridad de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx XxxxxCONTRATANTE, en razón mediante resolución Nro. --------------- del ----------- de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación ------------- de hecho de la institución2020, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado adjudicó el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demandaPROVISIÓN, TRANSPORTE, ENTREGA, DESCARGA, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL PARA EL USO DE UN EQUIPO DE RESONANCIA MAGNÉTICA DE 1,5 TESLAS, PARA EL HOSPITAL GENERAL XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 - SALUD. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas , al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme CONTRATISTA ----------------- con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]RUC --.

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1.1. Con fecha 17 xx xxxxx de 2005, el Estado de la República del Perú, en calidad de Concedente, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la empresa Concesionaria IIRSA Norte S.A. en calidad de Concesionario, suscribieron el Contrato de Concesión de las Obras y el Mantenimiento de los Tramos Viales del Eje Multimodal del Amazonas Norte – IIRSA Norte, en adelante el Contrato de Concesión, el mismo que ha sido modificado mediante las Adendas Nº 1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx 2, 3, 4, 5, 6 y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx7. 21.2. En razón del incumplimiento Con fecha 28 de normas atinentes diciembre de 2005, se suscribió la Primera Adenda al servicio que Contrato de Concesión. 1.3. Con fecha 23 de febrero de 2006, se prestaba y en virtud del estado deplorable suscribió la Segunda Adenda al Contrato de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución NoConcesión. 1.4. 023339 de 9 Con fecha 21 de julio de 1982 dictada por 2006, se suscribió la Secretaría Tercera Adenda al Contrato de Educación DistritalConcesión. 31.5. El establecimiento educativo Con fecha 14 xx xxxx de 2009, se arrendó junto suscribió la Cuarta Adenda al Contrato de Concesión. 1.6. Con fecha 03 xx xxxx de 2011, se suscribió la Quinta Adenda al Contrato de Concesión. 1.7. Con fecha 25 de noviembre de 2014, se suscribió la Sexta Adenda al Contrato de Concesión. 1.8. Con fecha 03 de julio de 2015, se suscribió la Sétima Adenda al Contrato de Concesión. 1.9. Con fecha 06 de febrero de 2023, el Concedente remite al Concesionario el Oficio N° 0444-2023-MTC/19.02, donde comunica que, mediante Oficio N° 001-2023-EF/68.03, la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas ha informado que la tasa LIBOR se encuentra en un proceso de desfase en el mercado financiero internacional y próximamente dejará de ser publicada (30.06.2023), por lo que las entidades titulares de proyectos de Asociación Público Privada (APP) deberán realizar la transición a otras tasas en el plazo debido; lo cual afecta directamente sobre las Obligaciones Contractuales con el inmueble Concesionario dado que la referida Tasa LIBOR ha sido incluida en el Contrato de Concesión. 1.10. Con fecha 24 de febrero de 2023, el Concesionario remite al Concedente la carta N° 10088-CINSA-MTC, con relación a su comunicación respecto a la Tasa LIBOR y precisa que, el efecto del cambio de la tasa LIBOR derivaría en la necesidad de modificar las Cartas Fianzas de Obra y de Fiel Cumplimiento de Contrato de Concesión. Asimismo, se indicó que, la tasa SOFR que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente podría ser un remplazo razonable para la enseñanza LIBOR en el Contrato de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturnaConcesión es la denominada Secured Overnight Financing Rate (SOFR), tasa medida de acuerdo con la Reserva Federal del Banco de Nueva York. 41.11. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 Con fecha 02 xx xxxxx de 19842023, cedió sus derechos en el contrato Concedente remite al Concesionario el Oficio N° 0781- 2023-MTC/19.02, mediante el cual solicita la presentación de arrendamiento la propuesta de Adenda al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia Contrato de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios Concesión para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000revisión correspondiente. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechosEl día 01 de diciembre de 2023, la Secretaría de Comunicación del GAD del Distrito Metropolitano de Quito y el Contratista XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX suscriben el CONTRATO SIE-MDMQ-2023-0002 “SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES Y GRÁFICAS PARA COMUNICAR LAS OBRAS, PROGRAMAS, Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”. • El día 02 de diciembre de 2023 se lleva a cabo la primera reunión con el contratista XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX para delinear aspectos relevantes para la planificación y ejecución de los productos del contrato. • El día 02 de diciembre de 2023, se entregó al Contratista, las temáticas de los spots y cuñas necesarios para el “SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES Y GRÁFICAS PARA COMUNICAR LAS OBRAS, PROGRAMAS, Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, que se detallan a continuación: - 1) Movilidad (Respeto a la vida). - 2) Convivencia responsable (Basura y animales de compañía). - 3) SerQuito (Servicios municipales). - 4) Espacio Público (Buen vecino). - 5) Espacio Público (Quito es nuestra casa). - 6) Metro de Quito (Educación usuarios). • El día 04 de diciembre de 2023, con Memorando Nro. GADDMQ-SECOM-2023-1074-M se notifica la delegación como “TÉCNICO NO INTERVINIENTE” al funcionario XXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXX. • El día 04 de diciembre de 2023, mediante Memorando Nro. GADDMQ-SECOM-2023-1075-M se notifica la delegación como “ADMINISTRADOR DEL CONTRATO” Nro. SIE-MDMQ-2023-0002 “SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PIEZAS AUDIOVISUALES Y GRÁFICAS PARA COMUNICAR LAS OBRAS, PROGRAMAS, Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”, al servidor municipal “XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX”. • El día 06 de diciembre de 2023, el Contratista XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX entrega un el PRODUCTO 1 vía mail y físico, en un anillado que comprende: 1. En Acta de entrega recepción con el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxxdetalle del contenido. 2. En razón del incumplimiento Portafolio de normas atinentes al servicio guiones de producción que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]consiste de:

ANTECEDENTES. A. 1.- La pretensióndemanda.- B. Los hechos2.- Hechos.- 1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón 2.1.- Mediante oficio del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 18 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx1993 –radicado 0856-, el Presidente de la República designó en ese cargo Caja Agraria precisó los términos de la oferta definitiva de la venta del avión BEECHCRAFT HK-3433G de propiedad de la entidad. Dicho oficio estaba dirigido al Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, quien, a su turno, mediante oficio 0910 del 26 xx xxxxx de 1993, comunicó a la Fundación Secretaría General del Ministerio de Defensa los términos de la citada oferta, para efectos de determinar la Educación Superior (FES), viabilidad de celebrar el contrato y por su intermedio proceder a la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendadoelaboración de la promesa de compraventa. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios 2.2.- Estudiada y aprobada la oferta, el Ministro de Defensa Nacional firmó la promesa de compraventa el 23 xx xxxxx de 1993; asimismo, se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con suscribió un acta de entrega, donde consta que el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx aparato se encontraba “en el pago perfecto estado” (hecho 3 de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensionesdemanda). 17. El proceso penal 2.3.- Una vez recibida, la aeronave fue conocido sometida a una revisión técnica y documental por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago parte de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por últimoFuerza Aérea Colombiana y, en tal virtud, el 12 Director de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamientoMantenimiento Aeronáutico rindió un informe, el 2 de diciembre julio de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones 1993, en el que dejó consignada la “ausencia total de registros de ciclos de motor, cambio de componentes, directivas de aeronavegabilidad, falta de mantenimiento” (hecho 4 de la demandante demanda), entre otras cosas. 2.4.- El mismo 2 de julio de 1993, el Presidente de la Caja Agraria autorizó a Talleres Xxxx la revisión del avión HK3433G y, el 6 de julio siguiente, mediante oficio 078, XXXXX rindió un informe general sobre el estado de la aeronave Beechcraft Super Xxxx 300. 2.5.- Mediante oficios 000577 del 13 de julio de 1993 y 000586 del 15 de los mismos mes y año, el Gerente Ejecutivo de Talleres Xxxx comunicó al Vicepresidente de la Caja Agraria el estado real de la aeronave y los trabajos pendientes para lograr su perfecto estado de funcionamiento; además, informó que la revisión de las 150 horas de vuelo fue llevada a cabo de conformidad con el requerimiento del 2 de julio de 1993. 2.6.- Mediante fax 0370 del 27 de julio de 1993, el Vicepresidente de la Caja Agraria puso en conocimiento de la Jefatura Técnica de la Fuerza Aérea Colombiana el fax 369 (sin haber oído fecha) dirigido a Talleres Xxxx, en el que autorizaba los arreglos de la aeronave; asimismo, informó que habían cumplido con el compromiso de entrega del avión Beechcraft Super Xxxx 300. 2.7.- “Con los presupuestos anteriores” fue suscrita la escritura pública 5923 del 30 de julio de 1993 en la Notaría Quinta del Círculo de Bogotá, quedando así perfeccionado el contrato de compraventa, en cuya cláusula cuarta dice que “…El vendedor declara que entregó el avión en perfecto estado de funcionamiento…” y, en la cláusula sexta, que “…el vendedor se obliga al saneamiento en los casos xx xxx” (hecho 9 de la demanda). 2.8.- Mediante oficio 000672 del 11 xx xxxxxx de 1993, el Gerente Ejecutivo de Talleres Xxxx informó al Director de Mantenimiento Aeronáutico de la 2.9.- Técnicos expertos en esa clase de aeronaves y uno de la embajada Americana efectuaron una inspección al aparato e informaron al Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana que el costo aproximado de los arreglos ascendía a US417.000 al momento de la inspección. Para efectuar las reparaciones, la aeronave fue trasladada a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago Estados Unidos de Norteamérica. 2.10.- La Jefatura Técnica de la rentaFuerza Aérea Colombiana, mediante oficio 174 del 14 de enero de 1994, puso en conocimiento de la Presidencia de la Caja Agraria la revisión efectuada a la aeronave por expertos norteamericanos, puesto que Talleres Xxxx no obstante obrar como prueba había efectuado a cabalidad los arreglos antes del perfeccionamiento del contrato de compraventa, porque carecía de los repuestos necesarios. 2.11.- Mediante oficio 784 del 8 xx xxxxx de 1994, la inspección judicial Jefatura Técnica de la Fuerza Aérea Colombiana puso en conocimiento de la Junta Directiva de la Caja Agraria las cotizaciones presentadas por la Agencia de Compras de la FAC en Fort Lauderdale, Estados Unidos, por la reparación de los motores y hélices, entre otras cosas. Posteriormente, mediante oficio 1948 del 16 xx xxxxx de 1994, el Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana reiteró la solicitud tendiente a llegar a un acuerdo en relación con los arreglos que debían efectuarse a la aeronave; sin embargo, mediante oficio del 19 de septiembre de 1994, la Presidencia de la Caja Agraria remitió copia de la comunicación 1465 del 9 de septiembre del mismo año, en la que se exhibieron los recibos Talleres Xxxx afirma que la aeronave fue entregada en perfecto estado, lo cual es contrario a la realidad, porque la aeronave no fue entregada en buen estado de pago correspondientesfuncionamiento. 202.12.- Talleres United BEECHCRAFT remitió a la Fuerza Aérea Colombiana, vía fax, una cotización sobre los arreglos y costos que se le debían practicar a la aeronave Beechcraft Super Xxxx 300 (fls. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 19913 a 16, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989C. 1). 21. Al actor no se le hizo entrega 3.- Fundamentos de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retenciónderecho, normas violadas y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas».violación.- 22. En virtud 4.- La actuación procesal.- 4.1.- La impugnación.- 4.2.- El llamamiento en garantía a Talleres de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Aviación Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]Limitada.-

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En el año 1983La constitución, la Fundación instalación y desarrollo del tribunal de arbitramento. 1.1. Mediante apoderado, Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 13 xx xxxx de 2004, solicitud de convocatoria de un tribunal de arbitramento, para que dirima las controversias surgidas entre Xxxx Xxxxx le arrendó Xxxxxxx Xxxxxxxx, y Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, con ocasión del contrato de promesa de compraventa suscrito entre estos el 16 de enero de 2004. 1.2. Recibida la solicitud, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, invitó, mediante comunicación de 13 xx xxxx de 2004, a Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx y Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, a una reunión para nombramiento del árbitro. 1.3. Llegado el día y fecha señalado en la comunicación anterior, las partes de común acuerdo, designaron a Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx como árbitro principal, y a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx como suplente. 1.4. Comunicada la designación a Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, este, mediante comunicación de 30 xx xxxx de 2004, se excusó de aceptar el cargo. En consecuencia, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante comunicación de 31 xx xxxx de 2004, le comunicó la designación a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, quien mediante comunicación dirigida al centro el 2 xx xxxxx de 2004, aceptó la designación que se le hiciera como árbitro dentro del presente proceso arbitral. 1.5. El 10 xx xxxxx de 2004, se llevó a cabo la audiencia de instalación del tribunal(1); en dicha audiencia, se declaró legalmente instalado el tribunal de arbitramento para dirimir en derecho las controversias surgidas entre Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, se declaró provisionalmente competente para conocer de la admisión y traslado de la demanda, así como para la integración del contradictorio, se designó a Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx como secretaria del tribunal, se reconoció personería a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado como apoderado de la parte convocante, se admitió la demanda, se le notificó y corrió traslado de la demanda a la parte convocada aprovechando que esta se encontraba presente en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que audiencia, se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, ordenó informar a la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal Procuraduría General de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente Nación sobre la constitución del presente tribunal de arbitramento, y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores se fijó como fecha para llevar a cabo la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de siguiente audiencia el 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx2004. 71.6. El arrendatario Dentro del plantel realizó gestiones docentestérmino xx xxx, administrativas Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx presentó contestación de la demanda, y financieras para recuperar la licencia adicionalmente, presentó demanda de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces teníareconvención. 81.7. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…En audiencia realizada el 30 xx xxxxx de 2004(2), cinco (5) lavamanos para hombres el tribunal posesionó del cargo de secretaria a Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, tuvo por contestada en tiempo la demanda, se corrió traslado de las excepciones de fondo formuladas por la parte convocada, se admitió la demanda de reconvención formulada por Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, se notificó de dicha admisión y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios corrió traslado de química, con tres mesones en cemento con su instalación la misma al apoderado de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesoresXxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, y reparaciones locativas se señaló como fecha para restaurar integralmente llevar a cabo audiencia de conciliación el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 26 de julio de 1982».2004 a las 11:30 a.m. 131.8. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipuladaDentro del término xx xxx, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal apoderado de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) convocante contestó la demanda de lanzamiento presentada reconvención; por su parte, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, dentro del término legal, se opuso a las excepciones de mérito formuladas por Xxxx Xxxxx Xxxxxxx en la contestación a la demanda de reconvención. 1.9. El 26 de julio de 2004(3), se fijó como nueva fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación el 4 xx xxxxxx de 1986 2004 a las 11:30 a.m. 1.10. El 4 xx xxxxxx de 2004(4), se llevó a cabo la audiencia de conciliación. Como las partes no lograron conciliar las diferencia, el tribunal declaró finalizada la etapa prearbitral, y procedió a fijar honorarios del árbitro y el secretario, y gastos de administración del tribunal, y fijó como fecha para la siguiente audiencia, el 31 xx xxxxxx de 2004. 1.11. Dentro de las oportunidades correspondientes, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx pagó, en su totalidad, los honorarios y gastos fijados por xxxx en el pago tribunal de arbitramento. 1.12. El 31 xx xxxxxx de 2004(5), se dio inicio a la primera audiencia de trámite, declarándose competente el tribunal para conocer de la renta presente controversia. Dicha audiencia se suspendió para continuarla el 7 de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito septiembre de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones2004. 171.13. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 EI 7 de Instrucción Criminal septiembre de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento2004, decisión confirmada por el superior funcional, y Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx presentó reforma a la demanda de lanzamiento reconvención. 1.14. En audiencia del 7 de septiembre de 2004(6), se promovió sin justificación porque admitió la reforma a la demanda de reconvención, y se lo ordenó a Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx que integrara en un solo documento la demanda de reconvención y su reforma; adicionalmente se fijo fecha para continuar la audiencia el 13 de septiembre de 2004. 1.15. Dentro del término legal, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx presentó integrada en un solo texto la demanda de reconvención y la respectiva reforma. Por lo anterior, en la prueba anticipada audiencia de inspección judicial 13 de septiembre de 2004(7), se exhibieron los recibos le corrió traslado de pago esta a la parte convocada a través del apoderado de Xxxx Xxxxx Xxxxxxx quien se encontraba presente; además, se fijó como fecha para continuar la renta hasta audiencia el 29 de septiembre de 2004. 1.16. Dentro del término legal, el apoderado de Xxxx Xxxxx Xxxxxxx contestó la demanda de reconvención reformada; adicionalmente, se corrió traslado de las excepciones propuestas en dicha contestación, las cuales fueron descorridas por Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx dentro del término para ello. 1.17. En audiencia de 29 de septiembre de 2004(8), al encontrarse debidamente integrada la litis, se procedió a decretar las pruebas solicitadas por las partes en sus respectivos escritos, y con ello se dio por terminada la primera audiencia de trámite. 1.18. Todas las pruebas solicitadas por las partes, y decretadas por el tribunal fueron evacuadas, tal y como las mismas partes lo indican expresamente en el acta 13. Por ello, en la audiencia de 5 de noviembre de 2004(9), se declara terminada la etapa probatoria, y se señala como fecha para llevar a cabo alegatos de conclusión el 19 de noviembre de 2004. 1.19. El 19 de noviembre de 2004, tuvo lugar la audiencia de alegatos de conclusión(10), concediéndole a cada una de las partes la oportunidad para que rindieran sus alegaciones. Cada una de las partes, entregó escrito de sus respectivos alegatos. En dicha audiencia, se fijó el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió 2004, para llevar a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a cabo la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativoaudiencia xx xxxxx. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación cláusula compromisoria y la competencia del tribunal. 2.1. La cláusula compromisoria, se encuentra contenida en la cláusula novena de la promesa de contrato de compraventa suscrita entre Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx y Xxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por Xxxxxx, el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada»16 de enero de 2004, «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]siguientes términos:

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En El Contrato y sus Adendas 1 Este Contrato Deriva de la Licitación Pública Nº 002-2017-MTC/20. ✓ Constructora Santa Fe Ltda. Sucursal Perú ✓ GRINOR S.A. Sucursal Perú ✓ JE Construcciones Generales S.A. Como contraprestación a los trabajos que realizaría el año 1983Consorcio, se acordó un pago ascendente a S/ 356’480,311.71 (Trescientos cincuenta y seis millones cuatrocientos ochenta mil trescientos once con 71/100 soles incluyendo impuestos), a precios unitarios; y con un plazo de ejecución originalmente acordado en 720 días calendario. Adenda N° 01: El 07 de setiembre del 2018 se suscribió la Adenda Nº 01, con el objeto de postergar el inicio del plazo de ejecución de obra por un plazo de cuarenta (40) días calendario, con eficacia anticipada desde el 1 xx xxxxxx de 2018 hasta el 10 de septiembre del mismo año, en virtud a lo señalado en el Informe N° 085-2018-MTC/20.5-CAT del 23.08.2018 de la Especialista en Administración de Contratos IV, el cual contó con la conformidad de la Gerencia de la Unidad Gerencial de Obras xx Xxxxxxx Nacional. Durante dicho periodo, las Partes reconocen no atribuirse responsabilidades civiles y/o administrativas de ningún tipo. El 16 de diciembre del 2020 se suscribió la Adenda Nº 02 al Contrato de Obra, con el objeto de modificar el Contrato de Ejecución de Obra N° 073-2018-MTC/20, incorporando la cláusula sexta, mediante la cual, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó entidad se comprometió a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx pagar la contraprestación al contratista mediante valorizaciones quincenales durante el plantel educativo Xxxxx XX ubicado mes de diciembre 2020. Los detalles del procedimiento a seguir fueron establecidos en la Xxxxx 00 Xxcláusula segunda de la adenda N° 02. 00X-00 Con fecha 09 xx xxxxx del 2021 se suscribió la Adenda Nº 03 al Contrato de Obra, con el objeto de suspender el plazo de ejecución de obra por el período desde el 30 xx xxxxxx xxxxx de 2021 hasta el 19 xx Xxxxxxxxxxx del mismo año, debido a eventos no atribuibles a las partes, con el reconocimiento de aquellos gastos necesarios para viabilizar dicha suspensión, de acuerdo con lo señalado en el Informe N° 119-2021-MTC/20.9/JAMC del 31.03.2021 del Administrador de Contratos de la Dirección de Obras. Con fecha 26 xx xxxxx del 2021 se suscribió la Adenda Nº 04 al Contrato de Obra, con el objeto de incorporar en la cláusula 30º del contrato la Junta de Resolución de Disputas (en adelante “JRD”) como mecanismo de solución de controversias, la cual estaría integrada por tres (03) miembros. La redacción completa de la cláusula trigésimo octava, desde el numeral 38.22 al numeral 38.27, denominada CONVENIO ARBITRAL, se muestra en la cláusula segunda de la Adenda N° 04. Así, se precisó que todas las controversias que surgieran en el marco del Contrato de Obra serían sometidas en primer lugar a la decisión vinculante de la JRD y que, solo si no se estaba de acuerdo con esta decisión, alguna de las Partes podía someter la controversia a un fuero arbitral. En otras palabras, la JRD es condición obligatoria para el inicio del arbitraje, una vez que la JRD haya concluido sus funciones. Con fecha 03 xx xxxx del 2021 se suscribió la Adenda Nº 05 al Contrato de Obra, con el objeto de ampliar el plazo de suspensión de ejecución de obra por el periodo comprendido, desde el 20 xx xxxxx de 2021 hasta el 30 del mismo mes y año, sin gastos ni costos a reconocer al contratista, de acuerdo a lo señalado en el Informe N°133- 2021-MTC/20.9/JAMC, de fecha 19.0 4.2 1021 del Administrador de Contratos de la Dirección de Obras. De esta forma, en atención a lo mencionado, estamos ante un Contrato que, luego de suscrito por las Partes, fue modificado a través de 5 sucesivas adendas. Así, habiéndose precisado lo que antecede, pasaremos a detallar los principales antecedentes que son relevantes para la presente Decisión de la JRD. 2. En razón del incumplimiento Designación de normas atinentes al servicio que se prestaba Miembros y en virtud del estado deplorable Centro de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital.Administración 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 42.1. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionadamencionado, a través de los memorandos la Adenda N° 4 al Contrato de 31 Obra Nº 073- 2.2. En tal sentido, la ingeniera Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, en calidad de presidente, el ingeniero Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx y el abogado Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx, en calidad de miembros, fueron debidamente constituidos en la JRD mediante la celebración de un Contrato Tripartito con las Partes el 18 xx xxxxxx y 22 del 2021. El Centro de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo Arbitraje de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx XxxxxCámara de Comercio de Lima es la institución encargada como Centro de Administración de la JRD, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicialadelante el CENTRO. 262.3. Ante El 19 de octubre de 2021, se suscribió la ocupación de hecho de Adenda al contrato Tripartito, mediante la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a cual se reconstituía la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad JRD con el fin de dilatar Abogado Xxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, en reemplazo del Abogado Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx quien, por motivos personales, renunció a su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron cargo en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demandaJRD. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En el año 1983El día 14 de octubre del 2002, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Corporación de Centros de Revisión y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalacionesControl Vehicular, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito representada por el señor doctor Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, en su calidad de Director Ejecutivo y como tal representante legal en esa época de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxentidad antes mencionada, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió suscribió con la reparación compañía XXXXXX S.A., representada por el señor doctor Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx en su condición de Gerente General y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico por ende representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Ademásentonces, el contrato de arrendamiento terminó inversión privada y prestación de servicios (En adelante "CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS” ), el 30 cual fue signado con el alfanumérico No. CRCV-IPPS-002-2002 y protocolizado el 24 de octubre del 2002, en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaria Undécima del cantón Quito a cargo del doctor Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, a efectos de que se encargue del diseño, construcción, equipamiento y funcionamiento de los centros de revisión y control vehicular a desarrollarse en el Distrito Metropolitano de Quito. El día 21 de enero del 2013, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, legalmente representado en ese entonces por el Ing. Xxxxxx Xxxx Xxxxx, Secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, delegado del señor Doctor Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx – Alcalde Metropolitano en ese entonces y; la compañía XXXXXX S.A., representada en ese entonces por su Gerente General, Economista Xxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, suscribieron el ADENDUM DOCE (12), DEL CONTRATO DE INVERSIÓN PRIVADA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. CRCV-IPPS-002-2002 originalmente suscrito el 14 de octubre del 2002, originalmente suscrito el 14 de octubre del 2002, modificando entre otras cosas el plazo, esto es, del 08 xx xxxxx del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2017 de 1989conformidad a lo establecido en la cláusula 4.5. 21. Al actor no se le hizo entrega , sobre el plazo de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1renovación. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y presente instrumento se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron estableció en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demandacláusula quinta textualmente lo siguiente: “Cláusula Quinta. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 19902021, la Sala Civil Autoritat Catalana de la Competència (en adelante, ACCO) efectuó un requerimiento previo al Área Metropolitana de Barcelona (en adelante, AMB) con el objetivo de que procediera a declarar la nulidad o, en su defecto, dejar sin efectos el acuerdo del Consejo Metropolitano del AMB de Justicia 23 de Bogotá declaró la nulidad febrero de lo actuado 2021, mediante el cual se aprobó, por primera vez, el expediente de contratación del servicio público de transporte colectivo xxxxxx xxxxxx y devolvió nocturno en Barcelona y otros municipios del ámbito norte del AMB (expediente de referencia 902073/2020). En fecha 00 xx xxxx xx 2021, el Consejo Metropolitano del AMB ha acordado retrotraer las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación actuaciones en el goce marco de este expediente y dejar sin efectos el acuerdo de fecha 23 de febrero, así como aprobar nuevamente el expediente de contratación. Examinados los nuevos pliegos que rigen la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago contratación del servicio público de su mantenimiento, de los profesores transporte colectivo xxxxxx xxxxxx y empleados; nocturno en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor Barcelona y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores otros municipios del goce ámbito norte del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penalAMB, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que, como se verá a continuación, se mantienen previsiones altamente restrictivas de la competencia, la ACCO considera positiva la modificación de las cláusulas relativas a la subrogación del personal de la actual adjudicataria del servicio. En la primera licitación, la ACCO concluyó que fue demostrado la obligación de subrogación iba mucho más allá de lo previsto en el incumplimiento artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del contrato de arrendamiento Sector Público (en adelante, LCSP) y obligaba a la xxxxxxxx, por parte de una nueva adjudicataria, de todo el personal, incluido al directivo, de la actual prestadora del servicio, con los consecuentes efectos en términos de competencia que pusieron de manifiesto en el requerimiento previo de fecha 23 xx xxxxx de 2021. En este sentido, los nuevos pliegos aportan el listado de personal a los efectos previstos al artículo 130 mencionado, y se remiten a la subrogación que en su caso corresponda, de conformidad con las demandadas al perturbar disposiciones legales1. 1 Cláusula 24 xxx Xxxxxx de cláusulas administrativas particulares: “A los efectos de información previstos en el goce artículo 130 de la LCSP, se pone en conocimiento de los licitadores las condiciones laborales del bien objeto del mismopersonal que actualmente presta el servicio. Así pues, no se acreditó anexa a este pliego, el daño sufrido listado de personal aportado por el pago actual contratista de la renta sin disfrutar ni explotar subrogación que, en su caso corresponda, como Anexo 4” (el establecimiento educativosubrayado no consta en el original). [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decididoAsimismo, la parte actora lo recurrió Cláusula 9 xxx Xxxxxx de condiciones técnicas y económicas dispone: “(...) El personal destinado a la prestación del servicio será el propuesto por la empresa adjudicataria a su oferta, siempre y cuando se garantice que sea suficiente para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los requerimientos establecidos en apelación. [Folio 497, c. 1]los pliegos de la licitación y sin perjuicio de la subrogación que corresponda a los efectos legales (...)".

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En 1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y 43 de su Reglamento General, el año 1983Plan Anual de Contratación de la contratante, contempla la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISOS XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx XxxxxxXXXXXX Y GRANITO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACION DE PROMOCION ECONOMICA CONQUITO. 21.2 Mediante Acuerdo Ministerial Nro. En razón 03 528, expedido por el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, de 27 de octubre de 2003, se aprobó el Estatuto de la Corporación de Promoción Económica CONQUITO. Posteriormente fue reformado a través del incumplimiento Acuerdo Ministerial Nro. 15 208, expedido por el Ministerio de normas atinentes al servicio que se prestaba Industrias y en virtud del estado deplorable Productividad, el 28 de las instalaciones, al momento octubre de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital2015. 3. 1.3 El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble artículo 39 del estatuto en el referencia, establece que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para quien ejerce la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por Dirección Ejecutiva es el representante legal de la arrendadoraCorporación y la máxima autoridad administrativo; por tanto, es el principal responsable del funcionamiento de la Corporación. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna 1.4 El Directorio de los trabajadores CONQUITO, mediante Resolución N° 015-2022, adoptada en sesión extraordinaria del Directorio de la Corporación de Promoción Económica , el 25 xx xxxxx de 2022, legalmente registrada mediante Resolución N° MPCEIP-CGAJ-2022-0068-R de 28 xx xxxxx de 2022, designó a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx XxxxxEcon. Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, como Directora Ejecutiva y representante legal de CONQUITO. 61.5 Mediante Resolución No. Xxxxxxxxx CPEC-DE-025-2022, de 27 de octubre de 2022, la Directora Ejecutiva delegó a la Responsable del área Administrativa o quien efectúe sus veces, de conformidad con el rol del puesto y las actividades esenciales establecidas en su perfil, autorice todos los procesos de contratación de bienes y servicios incluidos los de Consultoría; documentos de la etapa precontractual, designación y notificación de Administrador de la Orden de compra/Contrato y profesional afín al objeto de la contratación para la recepción del bien o servicio adquirido; hasta el monto de US$ 100.000,00 (CIEN MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS), incluyendo el IVA. 1.6 Mediante Memorando N° CPEQ-2022-0098-M de 20 xx xxxx de 2022, la Directora Ejecutiva de CONQUITO expidió la delegación para autorización y aprobación de documentos inherentes a procesos administrativos, financieros y de personal, mediante el cual se delegó la facultad de suscripción de contratos de adquisición de bienes y servicios, al Responsable del área administrativa, hasta por el monto de US$ 40.000,00 (CUARENTA MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), incluido el IVA. 1.7 Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos para cubrir las obligaciones derivadas de esta contratación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento General de la LOSNCP, en el ítem presupuestario Nro. 730402, denominada “EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS”, conforme los Certificados de disponibilidad presupuestaria anual número 594, 595 y 596 de 16 de noviembre de 2022, emitidos por la Dirección Financiera de CONQUITO. 1.8 Mediante Memorando Nro. CPEQ-2022-1719-M, de 16 de noviembre de 2022, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito Técnica Administrativa 1, solicitó a la Delegada de 30 xx xxxxx la Máxima Autoridad que autorice el inicio del proceso de 1984contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISOS XX XXXXXX Y GRANITO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA CONQUITO, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxmediante Feria Inclusiva. 71.9 Mediante Memorando Nro. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentesCPEQ-2022-1721-M, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 16 de noviembre de 19842022, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio Delegada de Educación la Máxima Autoridad autorizó el inicio del proceso mediante Feria Inclusiva, y designó a dicha dependencia distrital «derogar Xxxxxx Xxxxx Xxxx como delegada para llevar a cabo la Resolución n° 023339 fase precontractual del 9 mencionado proceso. El 18 de julio noviembre de 1982»2022, se publicó en el Portal de Compras Públicas el procedimiento xx Xxxxx Inclusiva Nro. FI-CPEC-010-2022, para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISOS XX XXXXXX Y GRANITO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA CONQUITO. 131.10 Una vez cumplidas todas las etapas de la fase precontractual, mediante Memorando Nro. El arrendatario cumplió la obligación CPEC-2022-1929-M, de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 08 de diciembre de 19892022, modificándose la técnica designada para la fase precontractual adjuntó el informe de esta manera las cláusulas quinta recomendación de adjudicación, en el que recomendó a la delegada de la máxima autoridad se adjudique el contrato del procedimiento xx Xxxxx Inclusiva Nro. FI-CPEC–010-202 que tiene por objeto realizar la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISOS XX XXXXXX Y GRANITO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA CONQUITO, cuyo presupuesto referencial es de US$ 15.120,00 (QUINCE MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA, a favor del oferente XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, con RUC 1711280139001, por cumplir con los requisitos e información mínima exigida en los pliegos y sexta del contrato por haber registrado su adhesión en el portal de arrendamiento» por un total Compras Públicas y haber obtenido 95 puntos en la evaluación de US$100.000 equivalentes a $15’000.000los criterios de inclusión. 141.11 Mediante Memorando No. El actor obró CPEQ-2022-1944-M, de 09 de diciembre de 2022, la Delegada de la Máxima Autoridad acepta el informe de recomendación de adjudicación de la feria inclusiva para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISOS XX XXXXXX Y GRANITO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA CONQUITO, y dispone que, en atención a la normativa vigente, la adjudicación se realice de acuerdo con lo convenido el orden de prelación del puntaje obtenido en cuanto al nombramiento la calificación de algunos trabajadores administrativoslos criterios de inclusión, pago y que, de salarios y prestaciones sociales ser el caso, se adjudique a docentes y empleados. También cumplió el o los proveedores que obtengan la mayor puntuación. 1.12 Se cuenta con la reparación y mantenimiento Resolución de las instalaciones según lo acordadoAdjudicación Nro. CPEC-DF-FI-2022-107- DE, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 12 de diciembre de 19892022, en la cual la Delegada de la Máxima Autoridad resuelve adjudicar el contrato para la prestación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISOS XX XXXXXX Y GRANITO DE LAS INSTALACIONES DE LA CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA CONQUITO, correspondiente al procedimiento xx xxxxx inclusiva N° FI- CPEC-010-2022, al oferente XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX con RUC 1711280139001, por el valor de US$ 15.120,00 (QUINCE MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) con un plazo de 30 días calendario contados desde la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo determinado en los términos de referencia y pliego del procedimiento, así como designar al Ing. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Técnico Administrativo de CONQUITO, como Administrador de Contrato. 18. Por último, el 12 1.13 Mediante Memorando N° CPEQ-2022-1980-M de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 13 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones 2022, la Delegada de la demandante sin haber oído Máxima Autoridad solicita a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba Dirección Legal la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha elaboración del contrato correspondiente para la cual el arrendatario ya no se encontraba publicarlo en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro portal SOCE del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimientoSERCOP, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme conformidad con lo decidido, la parte actora lo recurrió determinado en apelación. [Folio 497, c. 1]los términos de referencia y pliego del procedimiento.

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1Con fecha 16 de enero de 2009, Asociación Nacional de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (XXXXX) solicitó el registro del poder otorgado a favor de Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó Adjuntó diversos documentos a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xxfin de sustentar su solicitud. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento Mediante Resolución Nº 61-2009/DDA-Indecopi de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 fecha 1 de julio de 1982 dictada 2009, la Dirección de Derecho de Autor denegó la solicitud presentada por la Secretaría Asociación Nacional de Educación Distrital.Artistas Intérpretes y Ejecutantes (ANAIE). La Comisión consideró lo siguiente: 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3i) años a partir Mediante Resolución Nº 112-2008/ODA-Indecopi del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 19842008 se denegó la solicitud presentada por la Asociación Nacional de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (ANAIE) para el registro de su Consejo Directivo para el período 2008-2013, cedió sus derechos elegido en la Asamblea General de asociados realizada el 12 de enero de 2008. Previamente, mediante Resolución Nº 415-2008/DDA-Indecopi, se denegó la inscripción del Consejo Directivo de la ANAIE elegido para el período 2006-2011. (ii) Debe tenerse en cuenta que el artículo 154 del Decreto Legislativo 822, Ley de Derecho de Autor, señala que los instrumentos que acrediten la designación de los órganos directivos de una entidad de gestión colectiva surtirán efectos dentro de la sociedad y frente a terceros, a partir de su inscripción en la Dirección de Derecho de Autor. (iii) El poder materia de registro fue otorgado por Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx en su calidad de Presidente del Consejo Directivo de ANAIE el 2 xx xxxxx de 2007. El Presidente del Consejo Directivo de XXXXX fue elegido para el período comprendido entre el 22 de julio de 2001 hasta el 21 de julio de 2006. Dicho Consejo Directivo fue debidamente inscrito en el contrato Registro Nacional del Derecho de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx XxxxxxxxxAutor y Derechos Conexos bajo la Partida Registral Nº 825-2001/ODA, asiento Nº 01. 7. El arrendatario (iv) En la Partida Registral Nº 825-2001/ODA, asiento Nº 01 se señaló que la duración del plantel realizó gestiones docentesacto registrado era determinada, administrativas y financieras para recuperar siendo la licencia vigencia del mismo hasta el 21 de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces teníajulio de 2006. 8(v) El reconocer facultades a un Consejo Directivo no vigente, únicamente para realizar actos dirigidos a convocar a una asamblea eleccionaria dentro de la entidad de gestión colectiva permite asegurar la continuidad de la existencia jurídica de la misma y, a la vez, promueve el nombramiento de un nuevo Consejo Directivo válidamente elegido. (vi) Las normas internas del ANAIE no contemplan el supuesto de otorgar facultades a sus Consejos Directivos cuyo período para el que fueron elegidos se encuentra vencido o que los mismos no se encuentren registrados en el Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos. En ese sentido, el último Consejo Directivo inscrito de ANAIE, elegido para el período comprendido entre el año 2001 y el año 2006, únicamente tiene facultades para convocar a una asamblea eleccionaria a fin de elegir válidamente a un nuevo Consejo Directivo. En consecuencia, al no tener facultades para efectuar otro tipo de actos jurídicos, como es el otorgamiento de poderes a terceros, el poder otorgado resulta inválido. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equiposfecha 31 de julio de 2009, tales como: «treinta la Asociación Nacional de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (30ANAIE) baños interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente: (i) La resolución emitida por la Primera Instancia los deja en una situación de indefensión, porque según sus estatutos, para poder ejercer la defensa de la asociación frente a las diversas acciones judiciales o sanitarios (…)administrativas, cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equiposla Dirección General deberá tener una delegación expresa del Presidente del Consejo Directivo, lo que costó $1’678.000 ocasionaría un grave perjuicio no sólo a la asociación sino también al derecho colectivo de todos los asociados que forman parte de su asociación. (ii) Al concluir el período del Consejo Directivo 2001-2006, se eligió a un nuevo consejo directivo para el período 2006-2011, cuyo registro fue denegado por la Primera Instancia y algunos elementos para «física dicha decisión fue confirmada por la Sala de Propiedad Intelectual. Por dicho motivo, se convocó nuevamente a elecciones y mecánica» se adquirieron solicitó el registro del nuevo consejo directivo, el mismo, que por segunda vez, fue denegado por la Primera Instancia y confirmado por la Sala de Propiedad Intelectual. (iii) De ningún modo la denegatoria de inscripción del Consejo Directivo puede significar que la entidad quede paralizada, porque ello significaría que deje de cumplir con su objeto social, que es la gestión y administración de los derechos patrimoniales del artista intérprete y ejecutante, tanto nacional como extranjero. (iv) El último Consejo Directivo registrado en $257.000el Indecopi, por el período 2001-2006, se vio obligado a lo continuar con sus funciones de manera extraordinaria, hasta que se adicionó elija y registre un nuevo Consejo Directivo, para que la compra asociación siga funcionando en beneficio del interés colectivo. Está decisión, de 50 máquinas asumir la continuidad de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases funciones del último Consejo Directivo inscrito, ha sido respaldada por tres informes legales de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados abogados especialistas en $3.000.000la materia. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony (v) Ante el vacio contemplado en sus estatutos y las normas que regulan las sociedades de gestión colectiva, para ser utilizadas darle continuidad a las funciones del Consejo Directivo, cuyo plazo ha concluido, se debe aplicar, de manera supletoria y por analogía, la Ley General de Sociedades – Ley Nº 26887, que establece que “El período del directorio termina al resolver la junta general sobre los estados financieros de su último ejercicio y elegir al nuevo directorio, pero el directorio continúa en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidadfunciones, ascendiendo aunque hubiese concluido su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillasperíodo, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000mientras no se produzca nueva elección”. 12. Desaparecidas las circunstancias (vi) El Informe Legal Nº 20-2008/GEL (con relación al memorándum cursado por su Dirección), señala que impedían “lo dispuesto en el funcionamiento Decreto Legislativo, no impide que ante el supuesto de la institución educativadenegatoria de inscripción de nombramiento del nuevo Consejo Directivo, lo sea el anterior Consejo el que verificó la Secretaría asuma de Educación de Bogotá manera extraordinaria dicha función, en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo tanto no se dé cumplimiento a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendadoformalidad prescrita”. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP, y 43 y 45 de su Reglamento General, y el año 1983Plan Anual de Contratación de la contratante, contempla la “PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO Y OPOSICIÓN DE DOCENTES EN PRENSA ESCRITA MASIVA DE LA URAI; Previo los informes y los estudios respectivos, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Rectora de la Universidad Regional Amazónica Ikiam resolvió acogerse al procedimiento de Régimen Especial y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx aprobar el plantel educativo Xxxxx XX ubicado pliego para la contratación de productos y servicios comunicacionales, cuyo objeto es la “PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO Y OPOSICIÓN DE DOCENTES EN PRENSA ESCRITA MASIVA DE LA URAI. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos, conforme consta en la Xxxxx certificación conferida por la Lcda. Xxxxxx Xxxxxxxxx, directora financiera encargada, mediante la certificación presupuestaria No. 432- Certificación Presupuestaria 01 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón 000 001 530207 1501 001 0000 0000, DESCRIPCIÓN: Difusión Información y Publicidad; por un valor: $3,000.00, con fecha de aprobación de 28 de septiembre de 2023; Se realizó la respectiva invitación el 02 de octubre de 2023, a través del incumplimiento Portal Institucional del Servicio Nacional de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud Contratación Pública; y, luego del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenioprocedimiento correspondiente, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx doctora Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, rectora, mediante resolución de adjudicación No. 178-IKIAM-R-2023-RE-ADJ, de 05 de octubre de 2023, resolvió, entre otras lo siguiente: Artículo 1.- ADJUDICAR el Presidente contrato del procedimiento de la República designó en ese cargo a la Fundación Régimen Especial, signado con el código RE-CSCD-IKIAM-2023-54, para la Educación Superior PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO PÚBLICO Y OPOSICIÓN DE DOCENTES EN PRENSA ESCRITA MASIVA DE LA URAI, al oferente señor Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx con RUC 1002163143001, con un presupuesto referencial de USD. 3.000,00 (FES)tres mil dólares de los Estados Unidos de América) más IVA, y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha plazo para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegioejecución del contrato es de 5 días plazo, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticassuscripción del contrato. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En De acuerdo a la información registrada en el año 1983Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado SEACE1, el 4 de julio de 2017, la Fundación Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional xx Xxxxxxxxx, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público N° 003-2017-GR-CAJ/DRTC - Primera Convocatoria, para la contratación del “Servicio de Mantenimiento periódico de la carretera departamental XXXX XX-000: “Emp. PE-3N (Cajabamba) - Lluchubamba - L.D. La Libertad (El Tingo, LI - 108 x Xxxxxxx), Tramo: Cajabamba - DV. Jocos - Pumacama - Lluchubamba, (Km. 00+000-KM. 35+000), 35+0000 KM. de Longitud", con un valor referencial de S/ 1´634,193.93 (un millón seiscientos treinta y cuatro mil ciento noventa y tres con 93/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. 1 Véase folios 322 del expediente administrativo. Firmado digitalmente por XXXXXX XXXXXXX Xxxxxx Xxxxxx FAU 20419026809 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 21.05.2021 16:55:19 -05:00 Firmado digitalmente por XXXXXXX XXXXXXX Xxxxxx Xxxxxxx FAU 20419026809 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 21.05.2021 19:51:49 -05:00 Página 1 de 23 Firmado digitalmente por XXXXX XXXXX Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx FAU 20419026809 soft Motivo: Soy el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx autor del documento Fecha: 21.05.2021 16:25:02 -05:00 El 29 xx xxxxxx xx Xxxxxxde 2017, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas y, el 31 del mismo mes y año se otorgó la buena pro a la empresa Corporación Pacifico del Sur Contratistas Generales S.R.L, por un monto ascendente a S/ 1´299,169.78 (un millón doscientos noventa y nueve mil ciento sesenta y nueve con 78/100 soles). El 21 de septiembre de 2017, se suscribió el Contrato N° 50-2017-GR-CAJ/DRTC, en adelante el Contrato, entre la Entidad y la empresa Corporación Pacífico del Sur Contratistas Generales S.R.L., en adelante el Contratista, por el monto adjudicado y un plazo de ejecución de ciento cinco (105) días calendario. 2. En razón Mediante el Formulario Solicitud de aplicación de sanción - Entidad/Tercero y el Escrito s/n, presentados el 00 xx xxxxx xx 2018 en la Oficina Desconcentrada del incumplimiento OSCE ubicada en la ciudad xx Xxxxxxxxx, e ingresados el 26 del mismo mes y año en la Mesa de normas atinentes al servicio que se prestaba y Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado, en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse adelante el referido convenioTribunal, la institución tenía derogada empresa GSM S.R.L., en adelante el Denunciante, informó que el Contratista habría subcontratado las prestaciones derivadas del Contrato con dicha empresa, sin contar con autorización de la licencia Entidad. A fin de funcionamientosustentar su denuncia, medida impuesta manifestó lo siguiente: 2.1. El 17 de septiembre de 2017 la Entidad suscribió el Contrato con el Contratista; y, el 26 del mismo mes y año, el Contratista suscribió un subcontrato con el Denunciante, para el servicio pactado con la Entidad. 2.2. El 7 de febrero de 2018 el Denunciante solicita al Contratista la constancia del subcontrato, dándose con la sorpresa que el Contratista no había solicitado autorización de la Entidad para subcontratar las prestaciones derivadas del procedimiento de selección. 2.3. El 8 de febrero de 2018 se puso en conocimiento de la Entidad la subcontratación realizada por el Contratista, la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distritalcual respondió confirmando que no había autorizado dicha subcontratación. 3. El establecimiento educativo Con decreto del 11 de enero de 2021, se arrendó junto con el inmueble admitió a trámite la denuncia interpuesta en contra del Contratista y, de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que, en el que funcionaba además plazo xx xxxx (10) días hábiles, cumpla con remitir, entre otros: (i) un informe técnico legal de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna.su 4. Como término Mediante el Oficio N° 120-2021-GR-CAJ-DRTC/D.ADM presentado el 15 xx xxxxx de duración2021, las partes fijaron en la Mesa de Partes Virtual del Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada, adjuntando, entre otros, el Informe Legal N° 69-2021-GR- CAJ/DRTC/OAL y el Informe N° 010-2021-GRC.CAJ/DRTC/OADM-ABAS, ambos del 00 xx xxxxx xx 2021, en los cuales informó, fundamentalmente, lo siguiente: 4.1. El 8 de tres (3) años a partir del 1º febrero de diciembre de 19832018, prorrogable a voluntad el Denunciante solicitó la retención de las partesvalorizaciones pendientes del Contratista, pactándose como renta mensual fundamentando su pedido en una deuda que tiene con aquél, por la ejecución de un subcontrato suscrito, para la ejecución de prestaciones derivadas del procedimiento de selección, por la suma de $400.000 para la primera anualidad S/ 760,000.00 (setecientos sesenta mil con un incremento del 10% anual en adelante00/100 soles). 4.2. Con Carta N° 06-2018-GR.CAJ/DRTC, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el ingeniero Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, representante legal de la arrendadoraEntidad, informó que nunca autorizó alguna subcontratación, por lo que el Contratista habría incurrido en causal de infracción. 4.3. Advierte que el Contratista no había comunicado ni solicitado autorización para llevar a cabo el subcontrato suscrito con el Denunciante; debiendo tener en cuenta, además, que dicho subcontrato constituye más del 40% del valor de la obra. 4.4. Concluye que, al no haberse autorizado ninguna subcontratación, se evidencia que el Contratista incurrió en causal de infracción prevista en la Ley de Contrataciones del Estado. 5. Se acordó Con decreto del 15 xx xxxxx de 2021 se dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista por su supuesta responsabilidad al haber subcontratado prestaciones sin autorización de la Entidad, en el marco del procedimiento de selección, infracción tipificada en el literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por Decreto Legislativo N° 1341. Asimismo, se le otorgó el plazo xx xxxx (10) días hábiles para que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna formule sus descargos, bajo apercibimiento de los trabajadores a resolver con la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxdocumentación obrante en el expediente. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 Mediante decreto del 18 xx xxxxx de 19842021 se tuvo por efectuada la notificación del decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador contra el Contratista, cedió sus derechos en remitida a la “CASILLA ELECTRÓNICA DEL OSCE” el contrato 18 xx xxxxx de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx20212. 7. A través del escrito s/n, presentados el 5 xx xxxxx de 2021 en la Mesa de Partes Virtual del Tribunal, el Contratista se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y remitió alegatos de su defensa, manifestando, fundamentalmente, lo siguiente: 7.1. Acepta que el 26 de septiembre de 2017 suscribió un “subcontrato de alquiler de maquinaria pesada” con el Denunciante, para desarrollar los trabajos de mantenimiento periódico de la xxxx xxxxxxxxxxxxx XX-000 Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx (Km. 00+000 – 35+000), en el cual se exigía al Denunciante actividades, única y exclusivamente, para el desarrollo de las partidas donde se requería la intervención de maquinaria pesada, estando ésta bajo la administración, económica y técnica del Contratista; por lo tanto, el manejo y control del servicio contratado por la Entidad siempre estuvo a cargo del Contratista. 7.2. El arrendatario “subcontrato de alquiler de maquinaria pesada” estuvo orientado exclusivamente al alquiler de maquinaria a todo costo; evidenciándose que las funciones esenciales eran realizadas por el Contratista, las cuales jamás estuvieron a cargo del plantel realizó gestiones docentesDenunciante. 7.3. Se evidencia un claro interés del Denunciante en ocasionar daño en la reputación del Contratista, administrativas brindando información incompleta, pues el 2 Debe tenerse presente que a partir del 27 de julio de 2020 se ha implementado la “CASILLA ELECTRÓNICA DEL OSCE”, en virtud de la cual se notifica, entre otros, el inicio del procedimiento sancionador, acto que emite el Tribunal durante el procedimiento sancionador y financieras para recuperar se notifica a través de dicho mecanismo electrónico. Denunciante no acredita la licencia ejecución de funcionamientoprestaciones esenciales del Contrato, saneando las deficiencias e imperfecciones no habiendo detallado en su denuncia el objeto y fin del subcontrato. 7.4. Se debe tener en cuenta que para entonces teníase suscribió con el Denunciante un Acta de no acuerdo, donde se rescinde la subcontratación de equipos. 7.5. Precisa que dichos hechos fueron puestos en conocimiento de la Entidad el 21 de febrero de 2018, mediante Carta N° 001-2018-CPSCG S.R.L. 7.6. Por lo tanto, en atención al principio de presunción de veracidad y de inocencia, solicita que se tenga en cuenta que lo manifestado por el Denunciante no se ajusta a la verdad ni al fin perseguido por el subcontrato de alquiler de maquinaria pesada. 7.7. Remite copia de, entre otros, el subcontrato de alquiler de maquinaria pesada, materia de cuestionamiento, Acta de acuerdo (mediante el cual rescinde del subcontrato) y Carta N° 001-2018-CPSCG S.R.L. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equiposdecreto del 13 xx xxxxx de 2021, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…)se tuvo por apersonado al Contratista y por presentados sus descargos; asimismo, cinco (5) lavamanos se remitió el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal para hombres y cinco (5) (…) para mujeresque resuelva, dos (2) bebederos (…); lo cual se hizo efectivo el 14 aulas; (…) laboratorios xx xxxxx de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)»2021. 9. También reparó las paredes Mediante la Resolución Nº 056-2021-OSCE/PRE del 09 xx xxxxx de 2021, publicada el 12 del mismo mes y los tableros o pizarrones año, se formalizó el Acuerdo del Consejo Directivo que aprueba la reconformación de las aulas Salas del Tribunal de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000Contrataciones del Estado. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 A través del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, decreto del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 20 xx xxxxx de 1990, 2021 se remitió el expediente a la Sala Civil Xxxxxxx Xxxx del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamientoTribunal para que resuelva, lo que ocurrió sin que cual se hizo efectivo el 20 xx xxxxx de 2021, con la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación entrega del mismo a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demandaVocal Ponente. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1Tras la apertura y conocimiento de las ofertas económicas, se determina que las ofertas de la hoy adjudicataria y de la recurrente deben ser consideradas anormales. En Tras la tramitación del oportuno expediente contradictorio establecido en el año 1983artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en virtud adelante LCSP), se excluye a la recurrente por considerar el órgano de contratación que no ha justificado suficientemente su viabilidad. Con fecha 0 xx xxxxx xx 2022, el concejal presidente del estado deplorable de las instalacionesDistrito xx Xxxxx procede a adjudicar el contrato a Elite Inserción CEE, al momento de suscribirse siendo notificado el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3acuerdo a los licitadores el mismo día. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 19842022, cedió sus derechos tuvo entrada en este Tribunal el recurso especial en materia de contratación, formulado por la representación de Valoriza CEE, S.L., (en adelante Valoriza) el que solicita la admisión de su oferta por haber justificado su viabilidad conforme a los pliegos de condiciones aprobados. El 4 xx xxxxx de 2022, el órgano de contratación remitió el expediente de contratación y el informe a que se refiere el artículo 56.2 de la LCSP. Suspendiéndose el procedimiento de forma automática de conformidad con lo establecido en el contrato art. 53 de arrendamiento la LCSP. La Secretaría del Tribunal dio traslado del recurso el 5 xx xxxxx al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxadjudicatario, hoy recurrente, en cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 56.3 de la LCSP, concediéndoles un plazo, de cinco días hábiles, para formular alegaciones. Dicha notificación fue leída y aceptada por Elite Inserción el mismo día de su envío. Finalizado el plazo de presentación de alegaciones el pasado 12 xx xxxxx, no se recibió en este Tribunal escrito alguno de Elite Inserción CEE. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas rechazando a la posibilidad de argumentar sobre la pretensión de la actora y financieras para recuperar su consideración como interesado a los efectos de recurrir la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones resolución que para entonces tenía. 8este Tribunal dictase. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equiposfecha 00 xx xxxxx x número 154/2022, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial este Tribunal dicto resolución en la que se exhibieron estima los recibos motivos del recurso interpuesto por Valoriza CEE y en consecuencia anula la exclusión de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar su oferta por inviable y la adjudicación del contrato a Elite CEE, retrotrayendo el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud procedimiento al momento de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios propuesta de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos mesa de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; contratación sobre la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén admisión de la vinculación de oferta presentada por Xxxxxxxx y bajo los jefes de los departamentos de idiomas fundamentos jurídicos que en dicha resolución se recogen y matemáticas. 24que ahora se dan en la presente por reproducidos. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX Dicha resolución fue notificada a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad interesados con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 fecha 26 xx xxxxx de 19902022, siendo también notificada a Elite Inserción, aun teniendo en cuenta su falta de personación en el recurso. Días después fue publicada en la web del Tribunal. Con fecha 26 xx xxxxx de 2022, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendadaResolución ha adquirido firmeza. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la 1.01.- Mediante Resolución No. 023339 024-2015 de 9 de julio de 1982 dictada por fecha 00 xx xxxx xx 2015 la Secretaría de Educación Distrital. 3máxima autoridad o su delegado resolvió iniciar el PROCESO EN BASE AL ART. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente 3 DE LA LOSNCP para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres “CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) años a partir PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES XX XXXXXX, SAN XXXXXXXXX, XXXXX DEL CANTÓN VALENCIA; LOS XXXX; DH GUAYAS”, así mismo, aprobó los Pliegos y designó la Comisión Técnica para llevar adelante desde sus inicios hasta la respectiva adjudicación, suspensión o declaratoria de desierto, y suscribir los contratos que se adjudiquen en dichos procesos, y demás acciones de ejecución del 1º proyecto. 1.02.- De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de diciembre Contratación Pública –LOSNCP- su Reglamento General, el Plan Anual de 1983Contrataciones de la Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica del Guayas, prorrogable a voluntad contempla la “Construcción de los proyectos integrales de agua potable y saneamiento en comunidades rurales xx Xxxxx, San Xxxxxxxxx y Xxxxxx xxx Xxxxxx Valencia de la provincia de Los Xxxx”. 1.03.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en las partespartidas presupuestarias No. 55 00 001 003 750101 0901 701 3018 5041 y No. 55 00 001 003 750101 0901 001 0000 0000, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito denominada "De Agua Potable” por el representante legal valor de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente USD 289,434.71 (Doscientos ochenta y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro con 71/100) dólares de los trabajadores a Estados Unidos de América, incluido IVA, certificación 113, conforme consta en la Fundación certificación conferida por la Eco. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito Directora de 30 xx xxxxx de 1984Apoyo Territorial, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]mediante Memorando SENAGUA-DAPT.11-2015-0977-M.

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En De la Red de Gestión, Educación e Innovación a) La Red de Gestión, Educación e Innovación RED-GEDI, es una red de investigación, con domicilio en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, creada en cumplimiento al "Reglamento de Incentivos Financieros y Administrativos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología", emitido mediante Acuerdo Nro. SENESCYT- 2018-029 y reformado mediante Acuerdo Nro. SENESCYT 2020 040; se asignó el año 1983número de registro REG RED-22-0163. b) La RED-GEDI tiene como propósito contribuir en el fortalecimiento en los procesos de docencia, investigación y vinculación de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó sociedad desde la ciencia con calidad y pertinencia; orientados a la gestión, educación e innovación apegado a las políticas y estrategias gubernamentales. 1.1. Del Instituto Superior Tecnológico Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX Xxxxxxx a) El Instituto Superior Tecnológico Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón provincia del incumplimiento Guayas, es una Institución de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la Educación Superior Pública con licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución funcionamiento otorgada mediante Acuerdo Ministerial No. 023339 0642, del 06 de 9 febrero de julio de 1982 dictada 1996, conferido por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y Cultura, que se dedica a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 formación de profesionales de nivel tecnológico; b) Mediante acción de Personal No 22-DTH-2017 de fecha 19 xx xxxx de 2017, la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, otorgó el nombramiento a la EC. XXX XXXXX XXXXX MA YORGA, PHD, portador de la cédula de ciudadanía No. 000000000-7 en calidad de Rectora del 9 Instituto Superior Tecnológico "Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, posesionado en sus funciones mediante acto administrativo por el periodo comprendido entre el 2017 y el 2022; Mediante contrato de julio servicios ocasionales, de 1982». 13fecha 19 xx xxxx de 2022, la secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, contrata a la EC. El arrendatario cumplió XXX XXXXX XXXXX XXXXXXX, PHD, portador de la obligación cédula de pagar la renta estipuladaciudadanía No. 000000000-7 en calidad de Rectora del Instituto Superior Tecnológico "Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el posesionado en sus funciones mediante acto administrativo desde 19 xx xxxx de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 2022 hasta el 30 31 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]2022;

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 712, de 11 xx xxxxx de 2019, se dispone: “Créase la Unidad del Registro Social, como un organismo de derecho público, adscrito a la entidad rectora de la administración pública, con personalidad jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, con sede en la ciudad de Quito, con facultades de coordinación, gestión, seguimiento y evaluación. Será la entidad encargada de la administración y el mantenimiento de los sistemas que permiten la gestión del Registro Social, y de la administración, el mantenimiento, la actualización y difusión de la información de la base de datos del mismo.” El 00 xx xxxxx xx 0000 xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), suscribieron el Convenio xx Xxxxxxxx BIRF 8946-EC para el desembolso de $350.000 USD (TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) para el financiamiento parcial del denominado “Proyecto Red de Protección Social”, (Crédito XXXX Xx. 0000-XX), cuyos Organismos Ejecutores son el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). El 01 xx xxxxxx de 2019, se suscribió el Convenio Subsidiario entre el Subsecretario de Financiamiento Público (s) del Ministerio de Economía y Finanzas y el Director Ejecutivo de la Unidad del Registro Social, mediante el cual, se transfiere a la Unidad del Registro Social (URS), en calidad de EJECUTOR de los acápites 1.1, 2.1 y parcialmente del 2.4 del Proyecto “Red de Protección Social”, los recursos, derechos y obligaciones especificadas en el Contrato xx Xxxxxxxx suscrito el 00 xx xxxxx xx 0000, xxxxx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, en calidad de Prestataria y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en calidad de Prestamista. Mediante circular Nro. URS-DEJ-2019-0001-C, de 27 xx xxxxxx de 2019, la Dirección Ejecutiva de la URS, entre otras directrices, dispone a las Direcciones de la Coordinación General Técnica, en el ámbito de sus funciones y responsabilidades "elaborar la documentación técnica, como: manuales, instructivos, fichas técnicas, y otros relacionados a la gestión de la información, a fin de garantizar el cabal cumplimiento de las actividades relacionadas con el Proyecto de Actualización del Registro Social.” Mediante resolución Nro. CIRS-002-2020, de 06 xx xxxxx de 2020, el Comité Interinstitucional del Registro Social, expidió la Norma Técnica para la Recopilación, Actualización, Uso y Transferencia de Información del Registro Social. Mediante resolución Nro. URS-DEJ-2020-0009-R, de 08 xx xxxxx de 2020, la Unidad del Registro Social emitió los Lineamientos de la Norma Técnica para la Recopilación, Actualización, Uso y Transferencia de Información del Registro Social, que tiene por objeto la descripción detallada de los procesos, procedimientos y mecanismos regulados por la Norma Técnica para la Recopilación, Actualización, Uso y Transferencia de Información del Registro Social. El 10 xx xxxxx de 2020, los miembros plenos del COE aprobaron el “PROTOCOLO DE RETORNO A LAS ACTIVIDADES DE CAMPO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DEL REGISTRO SOCIAL Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.”. Mediante resolución No. 002-URS-DEJ-2020, de 11 xx xxxxxx de 2020, se expide la reforma al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Unidad del Registro Social, en el que se indica que tiene como misión el “Coordinar y administrar la gestión del Registro Social a nivel nacional, implementando modelos de levantamiento y sistemas de gestión de información, que permitan a las entidades prestadoras de servicios identificar potenciales beneficiarios de programas sociales y subsidios estatales”. En el año 1983artículo 10, numeral 1.2.2.3 ibidem, se establece que el Nivel Operativo Responsable de coordinar implementar y supervisar la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó operatividad del levantamiento del Registro Social es la Gestión de Operaciones, a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx través de la ejecución de metodologías, con el plantel educativo Xxxxx XX ubicado fin de obtener calidad en la Xxxxx 00 Xxinformación. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalacionesMediante resolución URS-DEJ-2020-0013-R, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal 2020, la Dirección Ejecutiva de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a Unidad del Registro Social, expide la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7Aprobación del “FORMULARIO OPTIMIZADO DEL REGISTRO SOCIAL 2018”. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones artículo 3 de las aulas Delegaciones de clase Facultades y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios Atribuciones para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento Gestión Institucional de la institución educativaUnidad del Registro Social, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984expedido mediante resolución Nro. URS-DEJ-2020-0014-R, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 2020, establece: “Delegar a él/la Coordinador/a General Técnico/a de la Unidad del Registro Social, la Gestión del Proyecto Emblemático “Actualización del Registro Social”, transferido por concepto la Secretaría Nacional de «los cánones Planificación y desarrollo, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nro. 712, de arrendamiento por los años lectivos 11 xx xxxxx de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir2019 (…)”. Mediante Acta de posesión, del 1º 15 de enero septiembre de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx2021, el Presidente Constitucional de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES)República, y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce Presidente del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago Comité Interinstitucional de la renta de ese añoUnidad del Registro Social, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó nombra a Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago Directora de la renta hasta el 30 Unidad del Registro Social. Mediante acción de diciembre personal Nro. CGAF-DTH-2021-0195, de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 21 de septiembre de 19872021, impartió instrucciones precisando que el control la Directora Ejecutiva de la Unidad del Registro Social (URS), en goce de las decisiones estaba atribuciones y responsabilidades a cargo ella conferidas, designó x Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, como Coordinador General Técnico de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicialURS. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-, y 43 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE contempla la contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Equipo xx Xxxxx para cirugía laparoscópica, para el Hospital General Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx perteneciente a la Coordinación Zonal 6 - Salud. B. Los hechos 1. En el año 19831.2 Previo los informes y los estudios respectivos, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de LICITACIÓN INTERNACIONAL DE EQUIPO BIOMÉDICO CODIGO CZS6-00----202. para la contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO XX XXXXX PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, PARA EL HOSPITAL GENERAL XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX PERTENECIENTE A LA COORDINACIÓN ZONAL 6 - SALUD”. 1.3 Se cuenta con la existencia y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado suficiente disponibilidad de fondos en la Xxxxx 00 Xxpartida No. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx------------------, según Certificaciones Presupuestarias Nro. emitidas por Gestión Financiera con fecha --- de ---------------- de 202..., --. 2. En razón 1.4 Luego del incumplimiento proceso correspondiente, el/la ………….., en su calidad de normas atinentes al servicio que se prestaba máxima autoridad de la CONTRATANTE mediante Resolución Nro , de fecha - ------- de ------------ de 202.., adjudicó la contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y en virtud Correctivo del estado deplorable de las instalacionesEquipo xx Xxxxx para cirugía laparoscópica, para el Hospital General Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Perteneciente a la Coordinación Zonal 6 - Salud, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de químicaoferente , con tres mesones en cemento con su instalación RUC Nº Página 33 de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)»43 . 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. 1.- La pretensióndemanda.- B. Los hechos2.- Hechos.- 12.1.- La Industria de Licores xxx Xxxxx celebró con Progan Ltda. En un convenio y tres contratos, que tenían como fin industrializar la vinaza en el año 1983país y evitar su exportación, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx así: 2.1.1.- Contrato (sin número) de opción de compra de equipos, suscrito el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx29 de diciembre de 1994. 2. En razón 2.1.2.- Contrato de arrendamiento de un lote de terreno y de unos equipos (sin número), del incumplimiento 29 de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable diciembre de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital1994. 32.1.3.- Contrato de suministro de vinaza (sin número) del 29 de diciembre de 1994, por medio del cual el actor se comprometía a suministrarle al demandado “una cantidad mínima de vinaza concentrada de setenta (70) toneladas por día y 1900 toneladas por mes” (fl. El establecimiento educativo se arrendó junto con 67, c. 1) y el inmueble contratista debía pagar una determinada suma de dinero. 2.1.4.- Xxxxxxxx (sin número) del 29 de diciembre de 1994, en el que funcionaba además se indicó que, con el fin de «todos sus elementosutilizar el subproducto vinaza, muebles derivado de la destilería, los contratantes celebraron los contratos de arrendamiento, compra y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturnasuministro. 42.2.- Progan Ltda. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en incumplió el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentessuministro, administrativas y financieras para recuperar la licencia porque no compró el volumen de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo vinaza que se adicionó había pactado, no la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidadprocesó, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «no pagó los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986arrendamiento, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000ni compró la maquinaria. 142.3.- Progan Ltda. El actor obró de acuerdo con lo convenido entró en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, xxxx en el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) , lo cual fue justificado por esa sociedad con las dificultades que se le presentaron en la demanda de lanzamiento presentada producción, por el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx estado en el pago que se encontraba la maquinaria arrendada. 2.4.- El 22 de noviembre de 1994, Progan Ltda. solicitó la renta modificación de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo unas cláusulas de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto contratos celebrados, frente a lo cual la Industria de matrículas y pensiones. 17Licores xxx Xxxxx presentó contrapropuesta. El proceso penal fue conocido por demandante indicó que le parecía injusto que se pretendiera el Juzgado 72 cobro de Instrucción Criminal todos los cánones de Bogotá que ordenó cesar arrendamiento, cuando el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque retraso en la prueba anticipada explotación de inspección judicial se exhibieron los recibos productos era atribuible a la Industria de pago de Licores xxx Xxxxx, puesto que la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no maquinaria arrendada se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, muy mal estado. 2.5.- En el contrato de arrendamiento terminó se concedió un período xx xxxxxx de 90 días, durante los cuales el 30 arrendatario podía solucionar los problemas de diciembre maquinaria y de 1989instalación; así mismo, se pactó que la reparación de la maquinaria le correspondía al contratista, quien no formuló reparo alguno cuando la recibió, por lo que la xxxx fue del contratista, el cual se retardó en la reparación. 212.6.- Durante 1995, Progan Ltda. Al actor no se le hizo entrega pedidos de vinaza, por lo que la Industria de Licores xxx Xxxxx la tuvo que vender a pérdida. En 1996, dicha sociedad compró 25,671 toneladas, cuando la cantidad mínima pactada era de 1900 toneladas al mes. 2.7.- El 4 xx xxxxx de 1996, la Industria de Licores xxx Xxxxx envió las modificaciones de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron contratos, pero el contratista no las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas»firmó. 22. En virtud 2.8.- El 16 xx xxxxxx de 1996, el Gerente de la medida Industria de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo Licores xxx Xxxxx indicó que le adelantó la arrendadorano renovaría o prorrogaría los contratos suscritos con Progan Ltda. El 9 de octubre de 1996, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios venció el término para hacer uso de la inversión realizada por opción de compra y, el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos 17 de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero octubre de ese mismo año, y se solicitó la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación entrega de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticasbienes arrendados, pero el contratista se negó a entregarlos. 24. 3.- Fundamentos de derecho.- 4.- La Directora Administrativa actuación procesal.- 5.- Los alegatos de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]instancia.-

ANTECEDENTES. A. La pretensión1.1. Con fecha 04 de enero de 2022, el Cuerpo de Bomberos de Azogues y el señor Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, suscribieron el Contrato No. CBVA-2022-001 cuyo objeto es la prestación para la Adquisición de Uniformes xx Xxxxxxx para el Personal del CBVA, correspondiente al proceso de contratación signado con el código No. No. SIE-CBVA- 2021-005, por el valor de $33,586.50 (Treinta y Tres mil Quinientos Ochenta y Seis, 50/100) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, con un plazo de 90 días, contado a partir de fecha de entrega del anticipo. B. Los hechos 11.2. En fecha 21/02/2022 el año 1983, la Fundación administrador del contrato el señor Xxxx (B) Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes Xxxxxxx hace llegar al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble primer jefe un documento en el que funcionaba expresa lo siguiente: “En mi calidad de administrador del proceso de elaboración de uniformes del personal del Cuerpo de Bomberos Azogues, informo a su autoridad que el señor Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx quien es el contratista del contrato N.º CBVA-2022-001, me hace llegar en fecha 17 de febrero del 2022 un documento de fecha 11 de febrero del año 2022 suscrito por el señor Xxxxxxxxx Xxxxxxx Asesor Comercial de la empresa TEXLAFAYTTE, en el que se indica textualmente entre otros particulares lo siguiente: “ como se les indico, por temas de desabastecimientos de materias primas tenemos demoras en algunas producciones, en otros casos tenemos colores que se descontinuaron lo cual también se les informó anteriormente”……….. “sabemos que esto ocasionará demora en la confección y entrega de uniformes a su cliente, por lo cual esperamos le puedan otorgar un plazo prudencial y buscar la mejor solución en miras de sacar adelante este proceso”, además adjunto también un documento suscrito por el mismo señor Xxxxx Cañar en el que manifiesta “ la materia prima se lo adquiere según las especificaciones técnicas para cada prenda, en la actualidad debido a la pandemia las fábricas proveedoras de «todos sus elementosla materia prima nacional e internacional no disponen en stock los materiales ”, muebles por todo lo manifestado y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para en atribución a mis funciones legales que me otorga la enseñanza ley de básica secundaria contracción pública en mi calidad de Administrador, se ha dialogado con el contratista sobre la imposibilidad de ejecutar el contrato en las jornadas diurna condiciones establecidas tanto en plazo como en las especificaciones técnicas del producto mismo, pues se trataría de situaciones o circunstancias imprevistas de carácter netamente técnicas ajenas tanto del contratista como de contratante, justificadas en los documentos antes descritos y nocturna. 4los cuales adjunto al presente documento. Como término Salvaguardando los derechos, los recursos y la buena marcha de duraciónnuestra institución, justificando mi actuación en normativa legal y existiendo el consentimiento de la otra parte, al no existir perjuicio económico pues como consta dentro del proceso el contratista renunció al anticipo y al no existir ningún otro detalle que pueda generar agravios a las partes fijaron partes, pongo a su consideración, el análisis y decisión de tres (3) años a partir del 1º dar por terminado por mutuo acuerdo el presente contrato, pues la Ley Orgánica de diciembre Contratación Pública en el artículo 92 numeral 2 se establece la terminación de 1983, prorrogable a voluntad contrato por mutuo acuerdo de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento cumpliendo lo requisitos y detalles del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadoraarticulo 93 del mismo cuerpo legal”. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 181.3. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial todo lo detallado en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, líneas liminares y como no se le permitió ingresar antecedente o su fundamento, procedemos a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para celebrar el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas»presente contrato. 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechosMediante contrato No. 027-DJ-2022, suscrito el 04 xx xxxxxx del 2022, la Administración Zonal Xxxxx de los Chillos del Distrito Metropolitano de Quito, procedió a contratar con el ING. XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX , quien en su calidad de contratista se comprometió a ejecutar y entregar la obra denominada: “ADOQUINADO DE UN TRAMO DE LA CALLE XXXXXX XXXXXXXX, DESDE LA CALLE XXXXXX XXXXXXX HACIA LA CALLE XXXXXXX XXXXXX XXXXX, BARRIO SANTA XXXXXXXX, PARROQUIA CONOCOTO - AZLC ”. El valor del mencionado contrato es de: $55,445.0900 dólares más IVA, y un plazo de ejecución de VEINTE Y UN (21) días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del Administrador de Contrato, el mismo que con Documento No. GADDMQ-AZVCH- 2022-2856-O, de fecha 05 xx xxxxxx del 2022, se emite el INICIO DE OBRA, del proceso en mención. El Contratista, mediante oficio No. 29082022-MJRP-001, de fecha 29 xx xxxxxx del 2022, presentado al Administradora Municipal de la Zona “Xxxxx de los Chillos” trámite ticket Nro. GADDMQ- AZVCH-2022-3601-E, de fecha 29 xx xxxxxx del 2022; informó que las obras motivo del contrato fueron terminadas, por lo que solicita se realice la RECEPCIÓN PROVISIONAL de los trabajos; adjunta el oficio en mención. 1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado Acta de verificación de compromisos en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxxetapa contractual. 2. En razón El informe del incumplimiento fiscalizador de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distritalobra. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturnainforme del Administrador del Contrato. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir El informe del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadoraTécnico no Interviniente. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna El informe de los trabajadores recorrido e inspección de las obras (Acta de inspección.), previo a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxrecepción provisional, firmado por la comisión de recepción. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx XxxxxxxxxEl cuadro denominado: INVERSIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces teníacuadro denominado: CÁLCULO DE PLAZOS Y FECHAS DE TÉRMINO DEL PROYECTO. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En De conformidad con la Resolución Gerencial Nº 006-2008-GRSM-PEHCBM/GG, de fecha 07 de Enero del 2008, se ha conformado el Comité Especial Permanente, para conducir los Procesos de Selección en Adjudicaciones de Menor Cuantía y Adjudicación Directa para el año 19832008, estando facultado para llevar a cabo el proceso de Adjudicación de Menor Cuantía Nº 074-2008-GRSM-PEHCBM/CEP-Primera Convocatoria, para suministro de 150 horas máquina seca de camión volquete de 15 M3”, para la Fundación Obra: Construcción Carretera Chambira-Pongo Isla, que ejecuta el Proyecto Huallaga. Dicho proceso se realizó conforme a las bases elaboradas para tal efecto, habiendo quedado consentida la adjudicación de la buena pro otorgada al postor Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx, por el Comité Especial Permanente con fecha 03/09/2008, debiéndose en consecuencia suscribir el presente contrato, de conformidad con el artículo 198º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Adquisiciones del Estado aprobado mediante D.S. 084-2004-PCM. Para estos fines el plantel educativo Xxxxx XX ubicado Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, en el presente Ejercicio Fiscal 2008 ha presupuestado recursos en: para ejecución de dicha obra, en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxxmodalidad de ejecución presupuestaria directa, habiéndose previsto dentro su presupuesto analítico el suministro de 150 horas máquina de camión volquete de 15 M3. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 12.1 El 00 xx xxxxx xxx 0000, xx Xxxxxx xxxxxxxxxxx suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Convenio xx Xxxxxxxx No. En el año 19832377/OC-EC, destinado a financiar, entre otros proyectos, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxxejecución de las Obras objeto de este contrato. 2. En razón 2.2 El GAD MUNICIPAL se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar pagos elegibles bajo este Contrato, quedando entendido que (i) el Banco sólo efectuará pagos a pedido del incumplimiento de normas atinentes al servicio GAD MUNICIPAL y previa aprobación por el Banco, (ii) dichos pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a los términos y condiciones del Contrato xx Xxxxxxxx, y (iii) nadie más que se prestaba y el GAD MUNICIPAL podrá tener derecho alguno en virtud del estado deplorable Contrato xx Xxxxxxxx ni tendrá ningún derecho a los fondos del financiamiento 2.3 De acuerdo con las estipulaciones del Convenio referido y previos los informes y estudios internos, considerando la necesidad de la construcción de las instalacionesObras objeto de este contrato, al momento se tomó la decisión de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores convocar a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx XxxxxxLicitación Pública: , en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos rigió por las Políticas para la Adquisición de pago correspondientesObras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN- 2349-7), que forman parte del Convenio xx Xxxxxxxx. 202.4 Se realizó la respectiva convocatoria, en [indicar fechas]. 2.5 Luego del trámite correspondiente y previa la conformidad del BID, manifestada a través del oficio No. [indicar], de --- . La diligencia Comisión de lanzamiento tuvo lugar Contrataciones del GAD MUNICIPAL adjudicó el 5 de febrero de 1991, fecha contrato para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto Construcción de las obras adelantadas»al Oferente como consta del Acta del mencionado Comité de fecha .... y del oficio con su notificación, No. de [indicar número y fecha]. 222.6 De conformidad con el convenio xx Xxxxxxxx No. En virtud 2377/OC-EC que se complementa con los artículos 22 de la medida Ley Orgánica del Sistema Nacional de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo añoContratación Pública –LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de (CONTRATANTE), contempla la comunicación a ejecución de: Construcción del mejoramiento del Sistema de Agua Potable para las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx parroquias rurales San Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penalNatabuela, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demandaChaltura xxx Xxxxxx Xxxxxxx Ante. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En 1.1 Con fecha 00 xx xxxxx xx 2011, el año 1983Estado Peruano, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx empresa GYM Ferrovías S.A., suscribieron el Contrato de Concesión para el diseño, financiamiento, construcción del Taller de Mantenimiento mayor para los trenes nuevos y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx existentes (incluye las vías de acceso al mismo) en el plantel educativo Xxxxx XX segundo nivel del Patio Taller ubicado en la Xxxxx 00 XxVilla El Xxxxxxxx, provisión de Material Rodante Adquirido y Explotación del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea N° 1, Villa El Xxxxxxxx - Av. 00X-00 xx xx xxxxxx xx XxxxxxXxxx - San Xxxx de Lurigancho (en adelante, el “Contrato de Concesión”). 2. En razón del incumplimiento 1.2 Con fecha 13 de normas atinentes noviembre de 2013, se suscribió la Adenda N° 1 al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable Contrato de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 Concesión. 1.3 Con fecha 23 de julio de 1982 dictada por 2014, se suscribió la Secretaría Adenda N° 2 al Contrato de Educación DistritalConcesión. 3. El establecimiento educativo 1.4 Con fecha 12 de febrero de 2016, se arrendó junto suscribió la Adenda N° 3 al Contrato de Concesión. 1.5 Con fecha 11 de julio de 2016, se suscribió la Xxxxxx X° 0 xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx. 1.6 Que, mediante Ley Nº 30900, se crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, como organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con personería jurídica de derecho público interno y con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, cuyo objetivo es el inmueble organizar, implementar y gestionar el SIT. 1.7 Que, luego de haberse realizado diversas reuniones entre el CONCESIONARIO y el CONCEDENTE, con fecha [●] de [●] de 2019, el Concedente dio inicio al procedimiento de evaluación conjunta del proyecto de Adenda presentado por el CONCEDENTE con fecha [●] de [●] de 2019, en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido dispuesto en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativosel Decreto Legislativo Nº 1362 y la Ley Nº 30900, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxparticiparon el OSITRAN, el Presidente MTC, el MEF, PROINVERSIÓN, Contraloría General de la República designó en ese cargo y el Concesionario. 1.8 Concluido el procedimiento de evaluación conjunta, con fecha [●] de [●] de 2019, el Concedente emitió opinión favorable a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendadopropuesta de Adenda. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) 1.9 Mediante [●], de fecha [●] de [●] de 2019, el Concesionario emitió opinión favorable a la inspección judicial adelantada con el pretexto propuesta de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensionesAdenda. 17. El proceso penal fue conocido por 1.10 Con fecha [●] de [●] de 2019, el Juzgado 72 OSITRAN emitió opinión favorable a la propuesta de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989Adenda. 18. Por último, el 12 1.11 Con fecha [●] de febrero [●] de 1987[●], la Fundación FES invadió y ocupó ATU emitió opinión favorable a la propuesta de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etcAdenda. 19. El Juez 23 Civil del Circuito 1.12 Con fecha [●] de Bogotá[●] de 2019, a quien correspondió conocer la causa Dirección General de lanzamiento, el 2 Programas y proyectos de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar Transportes emitió opinión a la institución «no pudo sacar los recibos propuesta de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas»Adenda. 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 11.1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º Con fecha 08 de diciembre de 19832019, prorrogable a voluntad se publicó el Decreto de las partesUrgencia Nº 022-2019, pactándose como renta mensual Decreto de Urgencia que promueve la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelanteactividad cinematográfica y audiovisual, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadoradiario oficial El Peruano. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 81.2. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) fecha 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 19892020, modificándose se publicó el Reglamento del Decreto de esta manera las cláusulas quinta Urgencia Nº 022-2019, Decreto de Urgencia que promueve la actividad cinematográfica y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000audiovisual, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2020-MC, en el diario oficial El Peruano. 141.3. El actor obró de De acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativosartículo 30 del citado Reglamento, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad personas jurídicas beneficiarias de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos estímulos económicos convocados por el Colegio Paulo VI por concepto MINISTERIO, suscribirán un Acta de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial Compromiso en la que se exhibieron establecerán como mínimo derechos y obligaciones del beneficiario y del MINISTERIO, la forma de rendir cuentas del uso del estímulo, plazos para el cumplimiento de las obligaciones y presentación de documentación y/o material requerido, causales de resolución en caso de fuerza mayor o circunstancias sobrevinientes, tales como el no hacer efectivo el pago del estímulo, la imposibilidad de ejecutar el proyecto en los recibos de pago correspondientestérminos acordados, entre otros supuestos. 201.4. La diligencia De acuerdo al artículo 31 del citado Reglamento, la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios del MINISTERIO es el órgano encargado de lanzamiento tuvo lugar supervisar y verificar el 5 cumplimiento de febrero las obligaciones establecidas en la citada Acta. Asimismo, es el órgano encargado de 1991evaluar y atender las solicitudes de modificaciones, así como de emitir los Certificados de Cumplimiento. 1.5. Con fecha para , el MINISTERIO convocó al Concurso Nacional de Proyectos de Animación - 2021 (en adelante, el CONCURSO), mediante la publicación de la Resolución Nº , la cual el arrendatario ya no se encontraba aprobó las Bases del mismo (en el Colegioadelante, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987las BASES). 1.6. AdemásCon fecha , mediante Resolución Directoral N° , el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar MINISTERIO declaró a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto PERSONA JURÍDICA como una de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro beneficiarias del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadoraCONCURSO, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos proyecto de rector y secretario del Colegio efectuados largometraje de animación titulada ‘ ’, (en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la instituciónadelante, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resoluciónPROYECTO). 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechosQue el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) suscribió el Contrato número 20070240 de 2007, el día 29 de noviembre de 2007, con el Instituto Financiero de Casanare (Proyecto CIF número 073-06), cuyo objeto consistió en “la ejecución por parte del contratista del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, el cual comprende la reforestación y mantenimiento forestal de (22.2) hectáreas de las especies autóctonas tales como Cedrela odorata, y (691.4) hectáreas de especie introducida tales como Tec- xxxx xxxxxxx y Eucalyptus pellita, en los predios anteriormente descritos. Parágrafo. El contratista, en desarrollo de las actividades propias del objeto contractual y en la explo- tación posterior del predio, dará cumplimiento a las Leyes 139 de 1994 y 1021 de 2006 y en los Decretos números 1824 de 1994 y 2300 de 2006 y demás normas concordantes”. Que de conformidad con la Cláusula Tercera del mencionado contrato, el valor de este ascendía a la suma de novecientos ochenta y tres millones ochocientos treinta y ocho mil doscientos treinta y siete pesos moneda corriente ($983.838.237), los cuales serían entregados una vez cumplidas todas las condiciones del Plan de Establecimiento y Manejo Forestal (PEMF). Que la entrega de dichos recursos se pactó en cinco (5) pagos, previa autorización del MADR. Un (1) pago por cada año de duración del contrato, previa ejecución de las actividades a cargo del Contratista de acuerdo con cada una de las cinco (5) etapas del PEMF; a su vez, se estableció en la Cláusula Sexta del contrato las garantías requeridas para amparar la ejecución contractual, las cuales se debían encontrar vigentes y debi- damente aprobadas. Que los desembolsos realizados, dentro del desarrollo del proyecto de reforestación, han sido los siguientes según el informe del supervisor del contrato: Actividad Área (Has) Valor Fecha de desembolso Establecimiento Autóctona 22,20 $ 25.209.143 09/10/2008 Establecimiento Introducida 691,40 $ 523.411.233 09/10/2008 Mantenimiento Año 2 713,60 $ 156.235.584 10/12/2009 Mantenimiento Año 3 713,60 $ 114.013.656 26/05/2011 Total 713.60 $818.869.616 Así mismo no se desembolsaron los recursos de las siguientes actividades, según el mismo informe: Desembolsos sin ejecutar CIF 073-06 Que el contratista allegó Garantía Única de Cumplimiento y Garantía de Responsabili- dad Civil Extracontractual expedida por Cóndor S.A., asegurando los siguientes amparos: 1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Cumplimiento del contrato póliza número 300015789: con fecha de inicio 29/11/2007 y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxxde finalización 29/03/2013. 2. En razón del incumplimiento Pago de normas atinentes al servicio que se prestaba salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: con fecha de inicio 29/11/2007 y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distritalfinalización 29/11/2015. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto De responsabilidad civil extracontractual, respecto de daños causados a terceros, póliza número 300002885, con vigencia desde el 29/11/2007, hasta el 29/05/2013. Que la Coordinadora de Grupo de Contratos y Convenios del Ministerio, mediante memorando número 08403 del 19 de diciembre de 2007, remite al Gerente de la Unidad Forestal copia de las pólizas aprobadas por esa oficina el día 00 xx xxxxxxxxx xx 0000, xxx xxxxxx tienen como beneficiario o asegurado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR. Que el Director xx Xxxxxxx Agrícolas y Forestales, en su calidad de Supervisor del Contrato número 20070240 CIF número 073 de 2006, solicitó a la Oficina Asesora Ju- rídica declarar su incumplimiento y continuar con el inmueble en trámite correspondiente mediante memorando número 20142440026603 del 4 xx xxxxx de 2014. Que anexo al memorando mencionado anteriormente, el que funcionaba además Supervisor del Contrato nú- mero 20070240 CIF número 073 de «todos sus elementos2006 allegó el informe de posibles incumplimientos. Que el citado informe de posibles incumplimientos se fundamentó, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria entre otras, en las jornadas diurna siguientes consideraciones: “El 20 de febrero de 2006, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y nocturna. 4Medio Ambiente del departamento de Casanare remitió mediante radicado número 056092 al Director General de Corporinoquia el Plan de Establecimiento y Manejo Forestal para el es- tablecimiento de 914 hectáreas con plantaciones forestales productoras. Como término (“Expediente contrato 20070240, ver folio 1”). Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de duraciónenero 13 de 2012, las partes fijaron el artículo 3°, del Departamento Nacional de tres (3) años Planeación, a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 1° xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato 2012 los contratos estatales no requieren publicación ante la desaparición del Diario Único de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7Contratación Pública. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta Actividad Área (30Has) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de Valor Mantenimiento año 4 713,60 $ 65.168.450 Mantenimiento año 5 713,60 $ 122.881.563 Total 713.60 $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]188.050.013

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En Mediante la Resolución No. 038-11, adoptada el año 198312 xx xxxx de 2011 por el Consejo Directivo del INDOTEL, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx publicada el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx 17 xx xxxxxx xx Xxxxxx.en el Periódico “El Caribe”, se aprobó la modificación integral del Reglamento General de Interconexión (en lo adelante, “RGI”), conteniendo dicha reforma, en sus artículos 36 y 37, el establecimiento de los siguientes plazos: (i) Seis (6) meses para que toda prestadora que posea un contrato de interconexión aprobado por el INDOTEL, complete y someta una Oferta de Interconexión de Referencia (OIR) ante este órgano regulador; y (ii) vencido el plazo anterior, noventa (90) días para que todas las prestadoras, incluyendo las que hayan suscrito contratos de interconexión recientemente, renegocien y adecuen sus contratos a dichas Ofertas de Interconexión de Referencia (OIR) y al Reglamento vigente; 2. En razón fecha 1 xx xxxxx de 2015, es decir, aproximadamente cuatro años después del incumplimiento vencimiento del plazo conferido por el Reglamento General de normas atinentes al servicio Interconexión en su artículo 37 para el depósito de contratos de interconexión que se prestaba adecúen a la norma vigente, los señores Xxxxx Xxxxx, Presidente de TRILOGY y en virtud Xxxxxxx Xxxxxxxx, Presidente de COLORTEL, depositaron ante este órgano regulador un ejemplar del estado deplorable nuevo Contrato de Interconexión suscrito entre las instalacionesindicadas empresas, con fecha 31 xx xxxxx de 2015, al momento amparo de suscribirse lo dispuesto por el referido convenioartículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 153-98 y el artículo 28.1 del actual Reglamento General de 9 Interconexión, que contiene las siguientes condiciones económicas: Llamada Internacional Entrante local 0.0168 15,318.57 Llamada Internacional Entrante Móvil 0.0505 15,890.51 Mensajes cortos de julio texto (SMS) 0.002 N/A Terminación llamadas de 1982 dictada por la Secretaría tránsito 0.01 + cargo de Educación Distrital.acceso Terminación llamadas líneas 1+200 desde una red fija 0.0168 N/A 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con De igual manera, el inmueble miércoles 1 xx xxxxx de 2015, fue publicado en el periódico “El Caribe”, en cumplimiento de las disposiciones de los artículos 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, No. 153-98 y 28.1 del actual Reglamento General de Interconexión, el extracto contentivo de los aspectos sustanciales del nuevo contrato de interconexión suscrito entre TRILOGY y COLORTEL, consistente en el alcance de los servicios de interconexión que funcionaba además prestan las redes interconectadas y el pago recíproco de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza los siguientes cargos de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturnainterconexión. 4. Como término En virtud de duraciónlo anterior, las partes fijaron tanto la concesionaria WIND TELECOM, S. A. (WIND), el 7 xx xxxxx de tres 2015, como la concesionaria COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S. A. (3) años a partir CLARO), en fecha 8 xx xxxxx de 2015, solicitaron de manera individual al INDOTEL, mediante la correspondencias recibidas bajo los números 139427 y 139465, respectivamente, una copia del 1º contrato de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal interconexión objeto de la arrendadora.presente resolución; 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente El 9 y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna 13 xx xxxxx de los trabajadores 2015, en respuesta de las correspondencias anteriormente citadas, el INDOTEL remitió a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.las Prestadoras WIND y CLARO copia del contrato de interconexión solicitado, mediante las comunicaciones números DE-0001113-15 y DE- 0001147-15, respectivamente; 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx XxxxxxParalelamente, en escrito de 30 el Consejo Directivo del INDOTEL sostuvo una sesión ordinaria el 29 xx xxxxx de 19842015, cedió sus derechos en la cual concedió mandato al infrascrito Director Ejecutivo del INDOTEL, a fin de que procediera a la revisión de los contratos presentados ante el órgano regulador de las telecomunicaciones, incluyendo expresamente el contrato objeto de arrendamiento al coarrendatario la presente resolución; todo ello en los términos previstos por la Ley No. 153-98, el nuevo Reglamento General de Interconexión, el Reglamento de Tarifas y Costos de Servicios, el Reglamento de Libre y Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx XxxxxxxxxCompetencia para el Sector de las Telecomunicaciones y las demás disposiciones aplicables. Cumpliendo con el anterior mandato, el suscrito Director Ejecutivo del INDOTEL, mediante la presente resolución, procede a emitir el correspondiente Dictamen respecto de la revisión del Contrato de Interconexión suscrito entre las concesionarias TRILOGY y COLORTEL, con fecha 31 xx xxxxx de 2015. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro todo cuanto ha sido previamente expuesto, el Director Ejecutivo del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control Dominicano de las decisiones estaba a cargo Telecomunicaciones (INDOTEL), después de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxhaber estudiado y deliberado sobre el caso, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]CONSIDERA:

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En Con fecha 03 de enero del año 2006, EL PODER JUDICIAL, suscribió con LOS ARRENDADORES, el año 1983Contrato N° 001-2006-P-CSJHN-PJ, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxxcomo consecuencia del Proceso de Selección de Adjudicación Directa Selectiva N° 003-2005-S-CEP-CSJHP-2CONV. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el objeto de arrendar un inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de los Juzgados de Xxx Xxxxxxx, Juzgado de Familia, Juzgados Mixtos, Administración y Almacén Periférico de Huánuco, de conformidad con los términos en el presente contrato. Mediante Carta N° 08-2008-A-CSJHN/PJ, de fecha 15 de enero del 2008, EL ARRENDATARIO, solicita al ARRENDADOR, con carácter de urgente se informe si mantiene las mismas condiciones económicas y técnicas para la institución educativaprorroga del Plazo contractual, lo que verificó de acuerdo a la Secretaría Cláusula Décima Primera del contrato N° 001-2006-CSJHN-PJ y con carta UI- N° 0016-2008, de Educación fecha 16 de Bogotá en visita realizada enero del 2008, EL ARRENDADOR, manifiesta continuar contratando con EL ARRENDATARIO y prorrogar el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones Contrato de arrendamiento por los años lectivos de 1986inmueble N° 001-2006-P-CSJHN-PJ, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX Juzgados de Xxx Xxxxxxx, Juzgado de Familia, Juzgados Mixtos, Administración y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Almacén Periférico de Huánuco, bajo las mismas condiciones técnicas y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos económicas por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago periodo de su mantenimiento(12) meses. Con Oficio N° 109-2008-SL-GAF-GG/PJ, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° fecha 29 de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de del 2008, se otorga la primera instancia 1. En el proveído que admitió factibilidad presupuestal según la demanda, disponibilidad presupuestal y así mismo la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento prorroga del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]Inmueble N° 001-2006-P-CSJHN-PJ.

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx.Las controversias 2. En razón Las partes del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital.proceso 3. El establecimiento educativo se arrendó junto pacto arbitral 4. El trámite del proceso 1) El día 0 xx xxxxx xx 2012 XXXXXXXX solicitó la convocatoria de este Tribunal de Arbitramento y formuló demanda contra P1 y PEI ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 2) De conformidad con el inmueble pacto arbitral los árbitros fueron nombrados de común acuerdo por las partes. 3) El día 2 xx xxxxxx de 2012 tuvo lugar la audiencia de instalación en la cual, mediante Auto No. 1, el que funcionaba además Tribunal admitió la demanda y de «todos sus elementos, muebles ella ordenó correr traslado a P1 y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturnaa PEI. 4) El mismo 2 xx xxxxxx de 2012 las sociedades convocadas fueron notificadas del auto admisorio de la demanda y se le corrió el traslado xx xxx. 5) Mediante escritos radicados el 8 xx xxxxxx siguiente las convocadas interpusieron recurso de reposición contra la mencionada providencia pero por Auto No. Como término 2 del 28 xx xxxxxx de duración2012 confirmó su decisión. 6) Con escritos radicados los días 21 y 26 de septiembre de 2012 los apoderados de P1 y PEI, respectivamente, dieron respuesta a la demanda, en las cuales se opusieron a la prosperidad de las pretensiones. 7) De las excepciones de mérito formuladas se corrió traslado a la parte demandante mediante fijación en lista del 2 de octubre siguiente, quien se pronunció con escrito del día 9 del mismo mes y año. 8) En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 141 del Decreto 1818 de 1998 el Tribunal citó a las partes a audiencia de conciliación, la cual tuvo lugar el día 6 de noviembre de 2012, pero se dio por concluida y fracasada ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo. 9) En esa misma oportunidad, mediante Auto No. 6, el Tribunal señaló las sumas a cargo de las partes por concepto de gastos y honorarios, las partes fijaron cuales fueron oportunamente consignadas por ellas. 10) El día 00 xx xxxxx xx 0000 XXXXXXXX presentó reforma de la demanda, la cual se admitió por Auto No. 9 del 22 de enero de 2013. 11) Con escritos radicados el 29 de tres (3enero siguiente las sociedades demandadas contestaron la reforma de la demanda y reiteraron su oposición a las pretensiones. 12) años De las excepciones de mérito se corrió traslado a partir la parte demandante, según fijación en lista del 1º día 31 de enero 2012 y aquella se pronunció con escrito del 7 de febrero del mismo año. 13) La primera audiencia de trámite tuvo lugar el día 11 de febrero de 2013, oportunidad en la cual, mediante Auto No. 10, el Tribunal asumió competencia para conocer y decidir las controversias surgidas entre las partes. A su vez, en esa misma audiencia, por Auto No. 11 el Tribunal decretó pruebas del proceso y señaló las fechas para practicarlas. 14) Entre el 2 xx xxxxx y el 10 de diciembre de 19832013 se instruyó el proceso. 15) El día 18 de diciembre de 2013 tuvo lugar la audiencia de alegaciones, prorrogable en la cual los apoderados de las partes expusieron sus argumentos de manera oral y al final presentaron sendos resúmenes escritos. 16) El presente proceso se tramitó en veinticinco (25) audiencias, en las cuales el Tribunal se instaló y admitió la demanda; integró el contradictorio y surtió los respectivos traslados; asumió competencia; decretó y practicó pruebas; resolvió varias solicitudes de las partes; recibió las alegaciones finales de éstas; y ahora profiere el fallo que pone fin al proceso. 17) Corresponde al Tribunal mediante el presente laudo, decidir en derecho las controversias planteadas, lo cual hace en tiempo oportuno. En efecto, como la primera audiencia de trámite tuvo lugar el 11 de febrero de 2013, el plazo legal para fallar, establecido en seis (6) meses, vencía el 11 xx xxxxxx de 2013. No obstante, a voluntad solicitud de las partes, pactándose como renta mensual la suma este proceso se suspendió en las siguientes oportunidades: entre el 12 de $400.000 febrero y el 1 xx xxxxx de 2013 (acta 10); entre el 11 xx xxxxx y el 5 xx xxxx de 2013 (acta 13); entre el 16 y el 26 xx xxxx de 2013 (acta 14); entre el 6 y el 29 de septiembre de 2013 (acta 18); entre el 1 y el 29 de octubre de 2013 (acta 19); entre el 31 de octubre y el 11 de noviembre de 2013 (acta 20); entre el 19 de noviembre y el 3 de diciembre de 2013 (acta 22); y entre el 19 de diciembre de 2013 y el 19 de febrero de 2014 (acta 24). En estas condiciones, descontadas las mencionadas suspensiones, que ascendieron en total a 229 días, el plazo para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en fallar se extiende hasta el documento 28 xx xxxxx de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora2014. 5. Se acordó Las pretensiones de la demanda a) Restituir al Demandante la suma de TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS ($32.086.204.056) que le canceló a UTO y sus integrantes por virtud del PARTICIPATION AGREEMENT FOR RIGHTS AND OBLIGATIONS UNDER THE SERVICES AGREEMENT REGARDING LA PUNTA, o la suma que se pruebe en el presente proceso, por concepto de la adquisición de un “Interés de Participación” y de la realización de inversiones en facilidades en los inquilinos debían contratar al personal docente Pozos La Punta 3, 4 y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna 5, derivados del Contrato de los trabajadores a Prestación de Servicios para el Campo La Punta, suscrito entre la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx XxxxxUTO y PETROTESTING COLOMBIA S.A. (hoy VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA SAS). 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxb) Las demás restituciones entre las Partes que resulten pertinentes, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en orden a que las cosas vuelvan cabalmente a su estado anterior. AGREEMENT REGARDING LA PUNTA 2 WELL suscrito el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 26 xx xxxxxx de 1985 2009 entre la UNIÓN TEMPORAL OMEGA (UTO),TC OIL & SERVICES S.A. (hoy P1 ENERGY ALPHA SAS) y PETROLEUM EQUIPMENT INTERNATIONAL LTDA. (hoy PETROLEUM EQUIPMENT INTERNATIONAL SAS) y DELAVACO ENERGY COLOMBIA INC. SUCURSAL COLOMBIA, toda vez que no se obtuvo la aceptación previa, expresa y escrita de PETROTESTING COLOMBIA S.A. (hoy VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA SAS) para la celebración del respectico Contrato. ordene la restitución al Demandante de la suma de TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS ($32.086.204.056) que le canceló a UTO y sus integrantes, o la suma que se pruebe en el presente proceso, por concepto de «la adquisición de un “Interés de Participación” y de la realización de inversiones en facilidades en los cánones Pozos La Punta 3, 4 y 5, derivados del Contrato de arrendamiento Prestación de Servicios para el Campo La Punta, suscrito entre la UTO y PETROTESTING COLOMBIA S.A. (hoy VETRA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN COLOMBIA SAS). 26 xx xxxxxx de 2009 entre la UNIÓN TEMPORAL OMEGA (UTO),TC OIL & SERVICES S.A. (hoy P1 ENERGY ALPHA SAS) y PETROLEUM EQUIPMENT INTERNATIONAL LTDA. (hoy PETROLEUM EQUIPMENT INTERNATIONAL SAS) y DELAVACO ENERGY COLOMBIA INC. SUCURSAL COLOMBIA, toda vez que los Demandados efectuaron descuentos unilaterales de las utilidades debidas a DELAVACO, sin autorización previa y contractual, para imputarlos a la realización de inversiones en “facilidades” en el campo La Punta. Y OCHO PESOS ($2.821.149.288), que corresponden a las utilidades debidas a DELAVACO ENERGY COLOMBIA INC. SUCURSAL COLOMBIA por los años lectivos Demandados, que fueron descontadas unilateralmente, sin autorización previa y contractual, para la realización de 1986inversiones en “facilidades” en el campo La Punta. Que se actualicen los montos de cualquiera de las condenas que imponga el Tribunal, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido el índice de precios aplicable y/ó se condene a los correspondientes intereses moratorios capitalizados, liquidados hasta el momento en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensionesverifique efectivamente. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1 El Fondo de Desarrollo Local xx Xxxx adelantó el proceso de selección bajo la modalidad de licitación pública No. En FDLU-019-2015, que tenía por objeto: “Contratar por el año 1983sistema de precios unitarios sin fórmula de reajuste, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado realización de construcción de vías urbanas con espacio público, en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 localidad xx Xxxx de la ciudad de Bogotá D.C.”, publicando en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), estudios previos, proyecto xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón de condiciones y demás documentos del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble proceso en el mes de octubre de 2016.  El presupuesto oficial del proceso de selección, se estimó en $2.550.318.073 m/cte.  Como justificación de la necesidad y especificaciones técnicas que funcionaba además sustentaron los documentos de «todos sus elementosla licitación pública mencionada, muebles se señaló que la estructura técnica y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza presupuestal del proceso de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años selección se obtuvo a partir del 1º producto del contrato de consultoría No. FDLU-049-2013, que tuvo por objeto: “Contratar la elaboración de estudios y diseños de vías con espacio público priorizadas para la localidad xx Xxxx en la ciudad de Bogotá D.C.”  El proceso de selección bajo la modalidad de licitación pública No. FDLU-019-2015, fue adjudicado el 7 de diciembre de 19832015 al proponente Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx 2015, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 102.506.964.929.56 m/cte. Los laboratorios  El 28 de químicadiciembre de 2015 se suscribió el contrato de obra pública No. 251-FDLU-2015, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipospor un plazo de 8 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra cual ocurrió el 6 xx xxxxx de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 112016. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13.  El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º 22 de enero de 1986 hasta 2016 se celebró el 30 Otrosí Modificatorio No. 1 al contrato FDLU-251-2015, mediante el cual se aumentó el plazo de diciembre ejecución a 9 meses, fundamentando tal ajuste en que dentro del término previsto inicialmente no se incluyó un período mínimo para la revisión de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta los estudios y sexta diseños derivados del contrato de arrendamiento» consultoría No. FDLU-049-2013, razón por un total la que era necesario ampliar el término de US$100.000 equivalentes ejecución para establecer una etapa de preconstrucción, en la que el contratista pudiera revisar los estudios y diseños entregados por la consultoría mencionada.  El 12 de septiembre de 2016 las partes suscribieron acta de suspensión No. 1 al contrato de obra pública No. FDLU-251-2015, por el período comprendido entre el 12 de septiembre y el 11 de octubre de 2016. La suspensión celebrada se fundamentó en que, una vez revisados por el contratista de obra los estudios y diseños entregados por el FDLU, se encontró que éstos no se ajustaban a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal realidad de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxintervención que debía ejecutarse en los segmentos viales objeto de contratación, el Presidente razón por la que se dio traslado al responsable de la República designó consultoría celebrada en ese cargo el año 2013, para que realizase los ajustes respectivos a la Fundación para la Educación Superior (FES), los estudios y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron diseños.  El 11 de octubre de 2016 las partes suscribieron el goce del bien arrendado. 16acta de suspensión No. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el 2 al contrato de arrendamiento y los recibos obra pública No. FDLU-251-2015, esta vez, fundamentada en que la interventoría del contrato requería revisar el informe técnico presentado por el contratista de pago; ii) obra, en el que se expuso la denuncia penal instaurada «por falsedad insuficiencia de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, estudios y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcionaldiseños, y la demanda consecuente imposibilidad de lanzamiento ejecutar las obras objeto de contratación. Así mismo, se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago estableció que el FDLU debería revisar tanto el informe del contratista como el de la renta hasta interventoría, para tomar las decisiones administrativas y contractuales que dieran a lugar, razón por la que se suspendió nuevamente la ejecución del contrato por el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, término comprendido entre el 12 de febrero octubre de 1987, la Fundación FES invadió 2016 y ocupó el 31 de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19enero de 2017.  El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 primero de febrero de 19912017 las partes suscribieron el documento: “ampliación de la suspensión 2”, fecha por un término de 15 días para realizar la cual revisión, análisis, complementación y presentación de informe cuantitativo, que permitiese adelantar las actuaciones administrativas necesarias para que el arrendatario ya no FDLU adoptase las decisiones a que haya lugar frente al proyecto, y con base en esto se encontraba en amplió el Colegio, pues había sido desalojado término de hecho por la Fundación FES desde suspensión entre el 12 1° y el 16 de febrero de 19872017. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de  Ante las situaciones evidenciadas y al encontrarse que los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento soportes del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismoobra pública No. FDLU-251-2015, no se acreditó el daño sufrido por el pago encontraban debidamente publicados en la plataforma electrónica de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decididocontratación pública (SECOP), la parte actora lo recurrió Veeduría Distrital en apelación. [Folio 497ejercicio de su función requirió al Fondo de Desarrollo Local xx Xxxx, c. 1]para que aportara los soportes del contrato y diera a conocer el estado actual del mismo.

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1Conforme al Contrato No. En AZCA-C-2023-004, suscrito entre la Mgs. Xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Administradora Xxxxx xx Xxxxxxxx, con el año 1983oferente ganador, Xx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx Cotacachi, Representante Legal de la Cooperativa de Transporte de Carga San Xxxxxxxxx Equinoccial, se suscribe la presente Acta Entrega Recepción Definitiva por el SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA QUE INCLUYE CONDUCTOR PARA LA ADMINISTRACIÓN ZONAL XXXXXXXX- AZCA 2023 por el período del 14 xx Xxxxx al 10 de Septiembre de 2023, considerando el presupuesto asignado de acuerdo al Plan Operativo Anual POA 2023; y, conforme a la documentación adjunta: Con fecha 10 xx xxxxx del 2023, con Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-DGPD-2023-0177-M, la Fundación Funcionaria responsable de la Unidad de Proyectos, certifica que la partida 530505 (Contratación Servicio de Transporte), Proyecto: GASTOS ADMINISTRATIVOS, se encuentran considerados en el POA 2023 de la Administración Zonal Xxxxxxxx. Con fecha 15 xx xxxxx del 2023, con Memorando Nro. GADDMQ-AZC-DAF-2023-0288-M, se emitió las certificaciones PAC ° 0100005440 y Presupuestaria N° 1000067162 para el SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA QUE INCLUYE CONDUCTOR PARA LA ADMINISTRACION ZONAL XXXXXXXX- AZCA 2023, con cargo a la Partida Presupuestaria No. 530505, denominada “Contratación de servicio de alquiler de camionetas” por un valor de USD. 14.484,60 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON 60/100) valor que grava IVA 0%... Mediante sumilla de autorización inserta en el Memorando Nro. GADDMQ-AZC-DAF-2023-0292-M, del 15 xx xxxxx del 2023, la Ms. Xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Administradora Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, mediante el cual autoriza el gasto y el inicio del proceso del SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA QUE INCLUYE CONDUCTOR PARA LA ADMINISTRACION ZONAL XXXXXXXX- AZCA 2023;. Mediante Resolución de inicio Nro. AZCA- R-2023-019, de fecha 21 xx xxxxx de 2023, la máxima Autoridad de la Administración Zonal, autorizó proceder con la contratación del requerimiento antes descrito bajo el procedimiento xx Xxxxx Xxxxxxxxx Inclusiva, y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en proceder con la Xxxxx 00 firma del Contrato AZCA-C-2023-004, N° FI-MDMQ-AZC-02-2023 y que corresponde al Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx Cotacachi, en su calidad de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó Cooperativa de Transporte de Carga San Xxxxxxxxx Equinoccial, con RUC N.- 1791053877001, por un valor de USD 14.484,60 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON 60/100) valor que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin grava IVA 0%.. Con fecha 13 xx Xxxxx del 2023, se firma el contrato Contrato N° AZCA-C-2023-004, N° FI-MDMQ-AZC-02-2023, la máxima Autoridad de la Administración Zonal, autorizó se le emita el correspondiente contrato para EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA QUE INCLUYE CONDUCTOR PARA LA ADMINISTRACION ZONAL XXXXXXXX- AZCA 2023, por un monto total de USD 14.484,60 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON 60/100) valor que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores grava IVA 0%, con cargo a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6Partida presupuestaria No.- 530505. Xxxxxxxxx Xxxxxx XxxxxxSegún Memorando No. GADDMQ-AZC-DAF-2023-0420-M, en escrito de 30 fecha 11 xx xxxxx de 19842023, cedió sus derechos en se designa al Tec. Xxxx Xxxxx, Administrador del Contrato No. AZCA-C-2023-004, No. FI-MDMQ-AZC-02-2023. Por razones de salud el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xx. Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…)es hospitalizado; 14 aulas; (…) laboratorios de químicay, con tres mesones en cemento con su instalación Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-2023-0121-M, de gas y diez (10) mecheros fecha 14 xx Xxxxx de 2023, se designa a la Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx como Administradora del Contrato N° AZCA-C-2023-004 N° FI-MDMQ-AZC-02-2023 para cada mesónel SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA QUE INCLUYE CONDUCTOR PARA LA ADMINISTRACION ZONAL XXXXXXXX- AZCA 2023. Mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZCA-2023-0117-M, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal fecha 13 xx Xxxxx de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento2023, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9se designó a la Ing. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES)Servidor Municipal 8, y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce como Técnico No Interviniente del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados Contrato N° AZCA-C-2023-004 N° FI-MDMQ- AZC-02-2023 para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas»SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA QUE INCLUYE CONDUCTOR PARA LA ADMINISTRACION ZONAL XXXXXXXX- AZCA 2023. 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la 1.01.- Mediante Resolución No. 023339 PASEE-DHS-001-2015, del 16 xx Xxxxx de 9 2015, el Ing. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Subsecretario de julio la Demarcación Hidrográfica de 1982 dictada Santiago, resolvió iniciar el PROCESO EN BASE AL ART. 3 DE LA LOSNCP para la “Construcción de los Sistemas de Agua Potable en las comunidades rurales de: San Xxxxx, cantón El Pangui; San Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, cantón Yanzatza; la Wintza y Tuntiak, cantón Centinela del Cóndor; provincia Xxxxxx Chinchipe: DH Santiago”, así mismo, aprobó los Pliegos y designó la Comisión Técnica para llevar adelante desde sus inicios hasta la respectiva adjudicación, suspensión o declaratoria de desierto, y suscribir los contratos que se adjudiquen en dichos procesos, y demás acciones de ejecución del proyecto. 1.02.- De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP- su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica de Santiago, contempla la “Construcción de los proyectos integrales de agua potable y saneamiento en comunidades rurales de San Xxxxx xxx Xxxxxx el Pangui, San Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx y Colegio Xxxx XXXXX cantón Yanzatza, La Wintza y Xxxxxxx Xxxxxx Centinela del Candor de la provincia xx Xxxxxx Chinchipe”. 1.03.- Los pagos se realizarán con cargo a los fondos provenientes de la cuenta TE “CCU SENAGUA / AECID. PROY. AGUA.POT.Y SANEAM. ECUADOR- ESPAÑA PAS-EE” y de la cuenta de Fondos Fiscales, según sea el caso; relacionada con la partida presupuestaria No. 5500001003750101010170130185441 denominada "De Agua Potable” por el valor de USD 1`033.164,32 dólares de los Estados Unidos de América, certificación 5500001003750101010100100000000, denominada "De Agua Potable” por el valor de USD 123.979,72 dólares de los Estados Unidos de América, conforme consta en la certificación conferida por la Secretaría Ingeniera Xxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Analista Financiera, mediante Memorando SENAGUA-UAF.19-2015-0315-M de Educación Distritalfecho 18 xx xxxxx del 2015. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con 1.04.- Se realizó la respectiva convocatoria el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 19 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada2015, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo la página web de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Secretaría del Agua xxx.xxxx.xxx.xx y en la página web de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo - AECID, xxx.xxxxx.xx. 1.05.- El acta de cierre de presentación de ofertas de fecha,…. 1.06.- El memorando No…. de… que contiene el informe y recomendación de la Comisión Técnica de la Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica de Santiago sobre el proceso de calificación de oferentes del proceso, para contratar la “Construcción de los proyectos integrales de agua potable y saneamiento en comunidades rurales de: San Xxxxx, en razón cantón El Pangui; San Xxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxx, cantón Yanzatza; la Wintza y Tuntiak, cantón Centinela del Cóndor; provincia Xxxxxx Chinchipe: DH Santiago” 1.07.- Luego del proceso correspondiente, la máxima autoridad de la custodia que ejercía Subsecretaría de la Demarcación Hidrográfica de Santiago, mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la ejecución de la “Construcción de los proyectos integrales de agua potable y saneamiento en comunidades rurales de la provincia xx Xxxxxx Chinchipe” al oferente (nombre del Colegio Xxxxx XX por mandato judicialadjudicatario y de ser el caso la representación legal y el nombre). Publicada y notificada a través de la Página Web de la Secretaría del Agua xxx.xxxx.xxx.xx Opción “BLIBLIOTECA” Sección “CONTRATACIONES PROGRAMA PAS – EE ECUADOR XXXXXX 0000”, Xxxxxxxxxxx “D.H. Santiago”, Demarcación “D.H. Santiago” el día XXXXX. 26. Ante 1.08.- Con memorando No…., (día) de (mes) de (año), la ocupación máxima autoridad o su delegado dispone la elaboración del presente contrato. 1.09.- Los documentos de hecho no objeción otorgados por la AECID, a través de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resoluciónOTC. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 11.1. En Con fecha 00 xx xxxxxxx xx 0000, xx XXXXXXXXXX y el año 1983CONCESIONARIO, suscribieron el Contrato de Concesión de los Tramos Viales de la Fundación Red Xxxx X° 0 (Xxxxxxxxx – Santa – Trujillo y Salaverry – Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres X00X) (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento CONTRATO o Contrato de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadoraConcesión). 51.2. Se acordó que los inquilinos debían contratar Con fecha 7 de setiembre de 2015, el CONCEDENTE y el CONCESIONARIO suscribieron la Adenda N° 1 al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna Contrato de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx XxxxxConcesión. 61.3. Xxxxxxxxx Xxxxxx XxxxxxCon fecha 00 xx xxxxx xx 0000, en escrito xx XXXXXXXXXX y el CONCESIONARIO suscribieron la Adenda N° 2 al Contrato de 30 Concesión. 1.4. Con fecha 3 xx xxxxx de 19842017, cedió sus derechos en el contrato CONCEDENTE y el CONCESIONARIO suscribieron la Adenda N° 3 al Contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx XxxxxxxxxConcesión. 71.5. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentesCon fecha [●] de 2018, administrativas el CONCEDENTE y financieras para recuperar el CONCESIONARIO suscribieron la licencia Adenda N° 4 al Contrato de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces teníaConcesión. 81.6. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equiposfecha [●] de 2018, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios el CONCESIONARIO remite al CONCEDENTE su solicitud de química, con tres mesones en cemento con su instalación Adenda N° 5 al Contrato de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)»Concesión. 91.7. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución nMediante Oficio Múltiple N° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx[●]-2018-MTC/25, el Presidente CONCEDENTE convocó a proceso de la República designó en ese cargo a la Fundación evaluación conjunta para la Educación Superior (FES), los días [●] y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable [●] a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta[●] horas, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al Ministerio de Economía y Finanzas y al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, de conformidad con el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx»numeral 55.2 del Artículo 55° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, aprobado por Decreto Supremo N° 410-2015-EF. 251.8. La funcionaria mencionadaMediante Oficio N° [●]-2018-MTC/25 e Informe N° [●], la Dirección General de Concesiones en Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sustenta la conveniencia de proseguir con la tramitación de la Adenda N° 5, en vez de realizar un proceso de selección, en base a lo dispuesto en el Artículo 56.2° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, aprobado por Decreto Supremo N° 410-2015-EF. 1.9. Mediante el Acta de fecha [●] de 2018, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas y el OSITRAN dan por concluido el proceso de evaluación conjunta. 1.10. Con fecha [●] de 2018, mediante Oficio N° [●]-2018-MTC/25, el CONCEDENTE remite al Regulador el proyecto de Adenda N° 5, para su evaluación y opinión técnica previa, de conformidad con el marco legal vigente. 1.11. Con fecha [●] de 2018, mediante Oficio Circular N° [●], el Regulador remite el Acuerdo N° [●] a través del cual se aprobó la opinión técnica contenida en el Informe N° [●] respecto del proyecto de los memorandos Adenda N° 5 al Contrato de 31 xx xxxxxx Concesión. 1.12. Con fecha [●] de 2018, mediante Oficio N° [●]-2018-MTC/25, el CONCEDENTE remite al Ministerio de Economía y 22 Finanzas el proyecto de septiembre Adenda N° 5, para su evaluación y opinión previa favorable, de 1987conformidad con el marco legal vigente. 1.13. Con fecha [●] de 2018, impartió instrucciones precisando que mediante Oficio Circular N° [●]-2018-MTC/25, el control Ministerio de las decisiones estaba a cargo Economía y Finanzas remite el Informe N° [●], de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón Dirección General de Política de Promoción de la custodia Inversión Privada, el mismo que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicialcontiene la opinión favorable de la propuesta a Adenda N° 5 al Contrato de Concesión. 261.14. Ante Con fecha [●] de 2018, mediante Oficio N° [●]-2018-MTC/25, el CONCEDENTE remite el proyecto de Adenda N° 5 a la ocupación de hecho Contraloría General de la instituciónRepública – CGR, para su evaluación y opinión previa de conformidad con el marco legal vigente. 1.15. Con fecha [●] de 2018, mediante Oficio N° [●], la CGR remite el Informe N° [●], el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a mismo que contiene la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal opinión no vinculante de la arrendadora presentó recursos e incidentes mencionada entidad en los aspectos señalados en el inciso l) del Artículo 22° de nulidad con el fin la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de dilatar su resoluciónControl y de la Contraloría General de la República. 271.16. El 23 xx xxxxx A través del Memorando N° [●]-2018-MTC/25, de 1990fecha [●] de 2017, la Sala Civil del Consejo Dirección General de Justicia Concesiones en Transportes remite al Despacho Viceministerial de Bogotá declaró la nulidad Transportes, el Informe N° [●]-2018-MTC/25 y el proyecto de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendadaAdenda N° 5. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En El expediente técnico de obra fue aprobado mediante RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 025-2018-GG-IVP-MN/MPMN, el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx 12 XX ubicado en la Xxxxx 00 XxXXXXX DE 2018. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento El expediente de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse contratación fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 439 -2018- GAGM/A/MPMN el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No17 DE JULIO DE 2018. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo Con fecha 27 de diciembre del 2018, se arrendó junto formaliza el Contrato N° 030-2018-GA/GM/A/MPMN suscrito entre la Entidad y el Consorcio Lima, con el inmueble en el que funcionaba además objeto de «todos sus elementosejecutar la obra "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA MO - 518, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4TRAMO CENTRO POBLADO LOS ÁNGELES - CENTRO POBLADO YACANGO, PROV. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx.XXXXXXXX 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentesCon Resolución de Gerencia de Administración N° 440-2021-GA/GM/MPMN, administrativas y financieras para recuperar se aprueba la licencia PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA N° 04, por el monto de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. S/. 1,180,621.54 con IGV. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equiposResolución de Gerencia de Administración N° 440-2021-GA/GM/MPMN, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…)se aprueba la EL DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01, cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios por el monto de química, S/. 650,580.64 con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)»IGV. 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones Con Resolución de las aulas Gerencia de clase y efectuó otras obrasAdministración N° 392-2021-GA/GM/MPMN Aprueban la REDUCCIÓN DE OBRA N°01 DEL ADICIONAL N° 03 S/. 522,067.33 con IGV. 10. Mediante Carta N°03-2022-GA/GM/MPMN notificada notarialmente el día 02 de febrero del 2022, entre ellas las la Entidad comunica al contratista que bajo apercibimiento de «resanar paredes Resolución de los corredores o pasilloscontrato le requiere que un plazo de 15 días cumpla con sus OBLIGACIONES CONTRACTUALES, levantar murosmotivadas por la paralización unilateral e injustificada de la ejecución de obra contratada. 11. Mediante Carta N°008-2022-GA/GM/MPMN notificada notarialmente el día 25 de febrero del 2022, arreglar pisosla Entidad le alcanza al contratista la Resolución de Gerencia de Administración N° 050- 2022-GA/GM/MPMN mediante el cual RESUELVE de manera parcial el Contrato N° 030- 2018-GA/GM/A/MPMN. 12. Mediante Memorándum N°124-2022-SEI/GIP/GM/MPMN, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio fecha 05 xx xxxx del 2022 (…fecha de inicio de ejecución del plan de trabajo), instalaciones eléctricasse designa al Ing. Xxxxxx X. Xxxxxxxx Xxxxxx como responsable de la elaboración del Expediente Técnico del proyecto de referencia. Por motivos personales el responsable deja de tener vínculo laboral con la entidad a partir de la fecha 23 de setiembre del 2022. 13. Con Resolución de Gerencia de Infraestructura N°105-2022-GIP/GM/MPMN de fecha 04 xx xxxx del 2022 se resuelve la aprobación de expediente técnico del proyecto de inversión de referencia y correspondiente al tramo I 14. Con fecha 14 de octubre del 2022 y Memorándum N°270-2022-SEI/GIP/GM/MPMN, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000designa al Ingeniero Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx como responsable del proyecto, a fin de finalizar la elaboración del expediente técnico correspondiente al tramo II, conforme a lo que estipulado en el plan de trabajo aprobado. 15. Con informe N°032-2022-DDTA-SEI/GIP/GM/MPMN de fecha 06 de diciembre se adicionó solicita Evaluación técnica y Aprobación del expediente técnico del Tramo II, ante la compra Oficina de 50 máquinas Supervisión y Liquidación de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases Obras conforme al informe de mecanografía con un costo Sub Gerencia de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11Estudios N°1586- 2022-SEI/GIP/GM/MPMN. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx 16. Con Memorándum N°0846-2022-OSLO/GM/MPMN de fecha 12 de diciembre del 2022, se designa al supervisor del expediente técnico Ing. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxx 17. Con Informe N°4793-2022-OSLO/GM/MPMN se remite Conformidad de Expediente Técnico, por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12Ing. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento Xxxxx Xxxxx Xxxxxx jefe de la institución educativaOficina de Supervisión y Liquidación de Obras, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó referencia al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 Informe N°097-2022-JYBV-IO-OSLO-GM/MPMN correspondiente al supervisor evaluador del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989expediente antes mencionado. 18. Por último, el 12 Con Resolución de Gerencia Municipal N° 35-2023-GM/A/MPMN de fecha 03 de febrero del 2023, se resuelve aprobar el expediente técnico del proyecto de 1987referencia, la Fundación FES invadió y ocupó señalándose como presupuesto de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado ejecución el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demandaS/ 18’443,563.01 (Dieciocho Millones, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]cuatrocientos

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1El 12 xx xxxx de 2021, el Laboratorio Nacional de Bacteriología (LNB) de la Secretaría de Salud, con sede en la ciudad de Tegucigalpa, analizó cinco muestras de agua obtenidas de cinco puntos diferentes xxx Xxxx de Yojoa, recolectadas por el Centro de Estudios y Control de Contaminantes de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (CESCCO/MIAMBIENTE). El 100 % (5/5) de las muestras resultaron positivas por serología para la cepa Vibrio cholerae serogrupo 01. En el año 1983respuesta a los hallazgos laboratoriales, se realizaron acciones de coordinación para prevenir un potencial brote de Vibrio cholerae en las zonas aledañas al Lago de Yojoa, en apoyo a las autoridades de la región sanitaria xx Xxxxxx y alcaldías municipales de San Xxxxxxxxx de Yojoa y Santa Xxxx de Yojoa, Cortés. Una de estas acciones fue la realización de una misión a terreno del 17 al 28 xx xxxx de 2021 por parte de funcionarios de la OPS/OMS quienes valoraron tres aspectos interrelacionados vinculados con la situación epidemiológica de las diarreas, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó vigilancia de la calidad del agua y la vigilancia de la inocuidad de alimentos en el departamento xx Xxxxxx y en particular en los municipios de Santa Xxxx de Yojoa y San Xxxxxxxxx de Yojoa. Como resultado de la misión se preparó un informe que propuso acciones puntuales en cada uno de los tres aspectos valorados, además de las conclusiones y recomendaciones. Una de las recomendaciones sugeridas por el informe fue de la brindar cooperación técnica a las juntas administradoras de agua de los municipios de San Xxxxxxxxx de Yojoa y Santa Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx de Yojoa, en los temas de vigilancia de la calidad del agua, en vista de que ninguno de los municipios estaba desinfectando el plantel educativo Xxxxx XX ubicado agua que consume la población, por lo cual era necesario realizar intervenciones específicas que mitigaran los riesgos en la salud asociados al agua. En seguimiento a las recomendaciones del informe de la misión de la OPS/OMS, el viernes 6 xx xxxxxx de 2021, de 10:00 a 11:10 a.m., en la plataforma virtual Microsoft Teams, se realizó una reunión facilitada por el Ing. Xxxxxxx Xxxxx 00 de la OPS/OMS, con el objetivo de iniciar conversaciones entre el Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) y la OPS/OMS, para la formulación de planes de vigilancia de la calidad del agua en los municipios de Santa Xxxx de Yojoa y San Xxxxxxxxx de Yojoa del departamento xx Xxxxxx. Producto de la reunión, se acordó planificar una visita a los dos municipios señalados los días 17 y 18 xx xxxxxx de 2021 con el propósito de explorar la voluntad política y anuencia de los alcaldes para realizar intervenciones conjuntas conducentes a la vigilancia de la calidad del agua. De conformidad con los acuerdos establecidos, el martes 17 xx xxxxxx de 2021, el Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxx e Ing. Xxxxx Xxxxxx del ERSAPS, Ing. Xxxxxxx Xxxxx y Xx. 00X-00 xx Xxxx Xxxxxxx de la OPS/OMS, visitaron la alcaldía municipal de San Xxxxxxxxx de Yojoa, Cortés, para reunirse con el alcalde Xx. Xxxxxxx Xxxxxx, con quien no se realizó la reunión prevista ni hubo conversaciones posteriores. 1 Posteriormente, el miércoles 18 xx xxxxxx de 2021, se realizó una reunión con el alcalde de Santa Xxxx de Yojoa, Cortés, Xx. Xxxxxx Xxxxxx, Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxx e Ing. Xxxxx Xxxxxx del ERSAPS, Ing. Xxxxxxx Xxxxx y Xx. Xxxx Xxxxxxx de la OPS/OMS y el martes 24 xx xxxxxx de 2021, con el alcalde de Maraita, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xx. Xxxxxx Xxxxxx. 2, Ing. En razón Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Lcda. Xxxxx Xxxxx e Ing. Xxxxx Xxxxxx del incumplimiento ERSAPS, Ing. Xxxxxxx Xxxxx y Xx. Xxxx Xxxxxxx, para explorar la voluntad política y anuencia de normas atinentes al servicio que ambos alcaldes para participar en un proyecto de vigilancia de la calidad del agua, para lo cual se prestaba y tuvo en virtud del estado deplorable consideración el antecedente de las instalacionesla alerta de un potencial brote por Vibrio cholerae en el Lago de Yojoa, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada emitida por la Secretaría de Educación Distrital. 3Salud en mayo de 2021, así como que la totalidad de las juntas administradoras de agua del municipio de Santa Xxxx de Yojoa no estaban clorando el agua que consume la población. Además, se incorporó al proyecto a la municipalidad de Maraita, la cual firmó con el ERSAPS un convenio cooperación para el fortalecimiento de las juntas administradoras de agua urbana y rurales, prestadoras de los servicios de agua potable y saneamiento en noviembre de 2018 y la OPS/OMS desarrolló un proyecto de cooperación técnica en 2019, mediante el cual se creó la Oficina Municipal del Agua.1 El martes 31 xx xxxxxx de 2021, en las oficinas del ERSAPS de la ciudad de Tegucigalpa, se firmaron los convenios de cooperación para la implementación de la regulación y vigilancia de la calidad del agua en el municipio de Santa Xxxx de Yojoa, Cortés y en el municipio de Maraita, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, con presencia de la Sra. Representante de la OPS/OMS, magíster Xxxxxx Xxxxxx, quien además hizo entrega simbólica de dos equipos portátiles de análisis de la calidad del agua destinados a las Oficinas Municipales del Agua de ambos municipios y reafirmó los compromisos de brindar cooperación técnica en los temas de vigilancia de la calidad del agua. Posterior a la firma del convenio, del 8 al 10 de septiembre de 2021, se realizó una capacitación conjunta ERSAPS – OPS/OMS, en temas de regulación y vigilancia de la calidad del agua para los técnicos en regulación y control de las alcaldías de Maraita, Xxxxxxxxx Xxxxxxx y Santa Xxxx de Yojoa, Cortés. Asimismo, se hizo la entrega de dos equipos portátiles de laboratorio para la vigilancia de la calidad del agua en ambos municipios. Adicionalmente, a cada municipio se entregó, una balanza digital, olla de presión, estufa eléctrica de una hornilla, Sulfato Lauryl, una motocicleta, una refrigeradora xx xxxx, gotero test kit, espátula de dos piezas, ensaladera y taza medidora. Además, a la alcaldía de Santa Xxxx de Yojoa, se le entregó una computadora, impresora, UPS, escritorio de oficina, silla ejecutiva y un archivador de 4 gavetas. La alcaldía de Maraita, fue apoyada con la contratación temporal de un técnico en regulación y control para la oficina municipal del agua. De forma complementaria, al ERSAPS se donó una refrigeradora y dos hieleras. Además, se contrató un consultor para el desarrollo del módulo de vigilancia de la calidad del agua, integrado en la plataforma de vigilancia de la salud (SVS) de la Secretaría de Salud. Durante el período del 20 septiembre de 2021 al primero xx xxxxx de 2022, se realizó una visita de seguimiento a la Oficina Municipal del Agua de Maraita y tres visitas a la Oficina Municipal del Agua de Santa Xxxx de Yojoa. En las visitas participaron técnicos del ERSAPS y de la OPS/OMS. En 2022, la OPS/OMS reafirmó la continuidad del trabajo conjunto con el ERSPS de seguimiento de los convenios de cooperación para la implementación de la regulación y vigilancia de la calidad del agua en el municipio de Santa Xxxx de Yojoa, departamento xx Xxxxxx y en el municipio de Maraita, con lo cual se busca asegurar que las intervenciones realizadas en ambos municipios impacten en las poblaciones beneficiarias. En este sentido, se pretende diseñar un modelo de regulación y vigilancia de la calidad del agua, para que los técnicos en regulación y control (TRC) cuenten con la estructura física, equipamiento, capacidad laboratorial, instrumentos y una plataforma de manejo de información para ejercer de forma efectiva y eficiente sus funciones regulatorias y de vigilancia de la calidad del agua. En relación con el desarrollo del módulo de vigilancia de la calidad del agua, integrado en la plataforma de vigilancia de la salud (SVS) de la Secretaría de Salud, se destacó que, en 2022, continuó el diseño de esta mediante el trabajo conjunto entre técnicos del ERSAPS y la OPS/OMS, con el propósito de implementarla en los municipios de Maraita, Santa Xxxx de Yojoa, Intibucá y Yamaranguila, en coordinación con el ERSAPS y con la participación del nivel central y regional de la Secretaría de Salud, así como con las autoridades locales. El establecimiento educativo se arrendó junto 28 de febrero de 2022, la Lcda. Xxxxx Xxxxx y la Ing. Xxxxx Xxxxxx del ERSAPS y el Xx. Xxxx Xxxxxxx de la OPS/OMS, visitaron los municipios de Intibucá y Yamaranguila, Intibucá para explorar el interés de los alcaldes de suscribir convenios de cooperación con el inmueble ERSAPS para la implementación de la regulación y vigilancia de la calidad del agua.2 Durante las visitas, ambos alcaldes expresaron su interés en participar en este tipo de iniciativas. La evidencia de lo expresado por los alcaldes quedó en los acuerdos de las minutas de las reuniones. Como antecedente, se informó que el municipio de Yamaranguila fue propuesto para el proyecto en la reunión del 31 xx xxxxxx de 2021, por el Ing. Xxxxxxx Xxxxx y la Sra. Representante de la OPS/OMS, magíster Xxxxxx Xxxxxx, quienes sugirieron extenderlo y replicarlo en dos municipios adicionales. En el municipio de Yamaranguila la OPS/OMS ha desarrollado proyectos importantes y existe el interés de consolidar procesos.3,4 Por su parte, el ERSAPS se comprometió a identificar y seleccionar un municipio que tuviese buenas referencias y liderazgo en los temas de agua y saneamiento, decidiéndose finalmente por el municipio de Intibucá para incorporarlo al proyecto. El primero xx xxxxx de 2022, la Lcda. Xxxxx Xxxxx y la Ing. Xxxxx Xxxxxx xxx XXXXXX y el Xx. Xxxx Xxxxxxx de la OPS/OMS, visitaron la municipalidad de Santa Xxxx de Yojoa, para dar continuidad al convenio de cooperación con el ERSAPS para la implementación de la regulación y vigilancia de la calidad del agua.5 A partir xx xxxxxx de 2022 se dará seguimiento a las actividades del Proyecto Conjunto ERSAPS-OPS/OMS en la municipalidad de Santa Xxxx de Yojoa, Cortés y en Maraita, Xxxxxxxxx Xxxxxxx. Ambos alcaldes han expresado y ratificado su interés de continuar participando en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4proyecto. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad En seguimiento de las partes, pactándose como renta mensual la suma acciones del Proyecto Conjunto ERSAPS-OPS/OMS iniciadas en 2021 y de $400.000 para la primera anualidad acuerdo con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx “Proyecto Mejoramiento de 1985 suscrito la Salud de las Mujeres y las Adolescentes en Situaciones de Vulnerabilidad (CANADÁ Salud Materna)”: 2 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx_xxx.xxxx 3 xxxxx://xxxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxx/00000.0/00000/xxxxxxxxxxxxx0000- spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=El%20entorno%20saludable%20es%20el,Saludables%20incorpora%20tanto%20los%20aspectos 4 xxxxx://xxx0.xxxx.xxx/xxx/xxxxx.xxx?xxxxxx=xxx_xxxxxxx&xxxx=xxxxxxx&xx=0000:xxxxxx-xx-xxxx-xx-xxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx&Xxxxxx=000 5 xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx_xxx.xxxx - Resultado esperado 1114. Apoyo brindado al gobierno nacional, subnacional y local para mejorar los programas de gestión de residuos hospitalarios, saneamiento y prevención y control de infecciones (PCI) en los establecimientos de salud y las comunidades apoyados por el representante legal proyecto; - Indicador, 3 establecimientos de salud (hospitales y centros de atención primaria) que cuentan con servicios básicos de agua, saneamiento e higiene de las manos, incluidos protocolos para establecimientos de atención de salud limpios e higiénicos; - Actividades, capacidades nacionales mejoradas para adoptar el marco para el agua potable, incluidas las normas de calidad del agua, los planes de seguridad de agua, saneamiento, vigilancia de agua y gestión de residuos y del producto esperado, implementación de planes de seguridad del agua y gestión de residuos en comunidades priorizadas. La OPS/OMS requiere los servicios profesionales de un contratista para la formulación de planes de seguridad del agua (PSA) en los municipios de Intibucá y Yamaranguila en el departamento de Intibucá y Santa Xxxx de Yojoa, en el departamento xx Xxxxxx, que además tiene que incluir como parte de la arrendadora. 5. Se acordó que metodología la identificación de necesidades de agua y saneamiento, así como un plan de acción y de compras en los inquilinos debían contratar al personal docente temas priorizados de agua y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna saneamiento, así como la evaluación de necesidades de agua y un plan de compras priorizada en los temas de agua, saneamiento e higiene de tres establecimientos de salud (hospitales y centros de atención primaria) de los trabajadores a mismos municipios para mejorar la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento calidad de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982»atención. 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. 1.1. Xx Xxx. 000 xx xx Xxxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, establece que la Constitución es la norma suprema y prevalecerá sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La pretensiónConstitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. B. Los hechos1.2. De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General -RGLOSNCP-, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE, contempla la ejecución de: REMODELACIÓN DEL ESPACIO PARA OPERACIÓN DE LA RADIO MUNICIPAL EN LA CABECERA CANTONAL XX XXXXX XXXXX. 11.3. En De conformidad con los artículos 51 numeral 2) de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP- , y art. 59 de su 1.4. Que, el año 1983art.1561 del Código Civil, Libro IV DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL Y DE LOS CONTRATOS, Título XII, DEL EFECTO DE LAS OBLIGACIONES, dice: Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales "; y, el mismo. 1.5. Que, el art. 326, 327, 328 y 329 de la Sección III del Capítulo IV y Título V de la Resolución 072 del SERCOP, se refiere a los procesos de contratación de obras de menor cuantía. 1.6. Previo los informes y los estudios respectivos, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón inicio del incumplimiento proceso de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución MENOR CUANTÍA No. 023339 MCO- GADMPS-005-2022, mediante Resolución Administrativa Nro. 057-A-GADPMS- 2022, de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 fecha 01 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx2022 para la “REMODELACION DEL ESPACIO PARA OPERACIÓN DE LA RADIO MUNICIPAL EN LA CABECERA CANTONAL XX XXXXX XXXXX”. 71.7. El arrendatario Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria No. 1.1.3.7.3.04.02 denominada: Adecuación de espacio para Operación de Radio Municipal, con la cantidad de USD $ 23.322,38 incluido IVA, conforme consta en la certificación financiera N° 510, de fecha 00 xx xxxx xx 2022, conferida por la Eco. Xxx Xxxx, Directora administrativa Financiera del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces teníaGADMPS. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 111.8. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades realizó la respectiva convocatoria el 01 xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo xxxxx de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada2022, a través del Portal Institucional del SERCOP, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 1.9. Luego del proceso correspondiente, el Ingeniero XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX en calidad de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo máxima autoridad de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx XxxxxCONTRATANTE, en razón mediante resolución No. 068-A-GADMPS-2022, de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 fecha 15 xx xxxxx de 19902022, adjudicó la Sala Civil del Consejo ejecución de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; emperoREMODELACION DEL ESPACIO PARA OPERACIÓN DE LA RADIO MUNICIPAL EN LA CABECERA CANTONAL XX XXXXX XXXXX, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendadacompañía XXXXX CONSTRUIR VÉLCONST CIA. LTDA con RUC 1490828229001. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 11.1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º Con fecha 08 de diciembre de 19832019, prorrogable a voluntad se publicó el Decreto de las partesUrgencia Nº 022-2019, pactándose como renta mensual Decreto de Urgencia que promueve la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelanteactividad cinematográfica y audiovisual, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadoradiario oficial El Peruano. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 81.2. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) fecha 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 19892020, modificándose se publicó el Reglamento del Decreto de esta manera las cláusulas quinta Urgencia Nº 022-2019, Decreto de Urgencia que promueve la actividad cinematográfica y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000audiovisual, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2020-MC, en el diario oficial El Peruano. 141.3. El actor obró de De acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativosartículo 30 del citado Reglamento, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad personas jurídicas beneficiarias de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos estímulos económicos convocados por el Colegio Paulo VI por concepto MINISTERIO, suscribirán un Acta de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial Compromiso en la que se exhibieron establecerán como mínimo derechos y obligaciones del beneficiario y del MINISTERIO, la forma de rendir cuentas del uso del estímulo, plazos para el cumplimiento de las obligaciones y presentación de documentación y/o material requerido, causales de resolución en caso de fuerza mayor o circunstancias sobrevinientes, tales como el no hacer efectivo el pago del estímulo, la imposibilidad de ejecutar el proyecto en los recibos de pago correspondientestérminos acordados, entre otros supuestos. 201.4. La diligencia De acuerdo al artículo 31 del citado Reglamento, la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios del MINISTERIO es el órgano encargado de lanzamiento tuvo lugar supervisar y verificar el 5 cumplimiento de febrero las obligaciones establecidas en la citada Acta. Asimismo, es el órgano encargado de 1991evaluar y atender las solicitudes de modificaciones, así como de emitir los Certificados de Cumplimiento. 1.5. Con fecha para , el MINISTERIO convocó al Concurso Nacional de Coproducciones Minoritarias - 2022 (en adelante, el CONCURSO), mediante la publicación de la Resolución Nº , la cual el arrendatario ya no se encontraba aprobó las Bases del mismo (en el Colegioadelante, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989las BASES). 211.6. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retenciónCon fecha , y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]mediante Resolución Directoral

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En Descripción de las resoluciones impugnadas 1.1 La presente acción directa de inconstitucionalidad fue interpuesta por la señora Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, el año 1983veinticuatro (24) de febrero de dos mil catorce (2014) contra las Resoluciones números 186-01, que aprueba el Contrato de Póliza sobre la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó Discapacidad y Sobrevivencia para los afiliados al Sistema Previsional, del veinticuatro (24) xx xxxx de dos mil ocho (2008); y 268-06, sobre el Contrato de Discapacidad y Sobrevivencia del Régimen Contributivo del Sistema de Pensiones, a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx ser suscritos entre las Administradoras de Fondos de Pensiones y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 las Compañías de Seguros, del primero (1ro) xx xxxxxx de dos mil seis (2006), las cuales establecen lo siguiente: 1.1.1. Xxxxxxxxxx Xx. 00X-00 000-00: Se aprueba el Contrato de Póliza sobre Discapacidad y Sobrevivencia para los afiliados al Sistema previsional, de fecha 21 xx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, 2008, presentado por la Comisión Especial designada mediante Xxxxxxxxxx Xx. 000-00. 1.1.2. Resolución 268-06: ÚNICO: Aprobar el Contrato de Discapacidad y Sobrevivencia del Régimen Contributivo del Sistema de Pensiones, anexo a la presente Resolución, a ser suscrito entre las Administradoras de Fondos de Pensiones y las Compañías de Seguros, el cual tendrá un período de vigencia de un (1) año contado a partir del primero de julio del año dos mil seis (2006). 2. En razón del incumplimiento Pretensiones y alegatos de normas atinentes al servicio la accionante 2.1. La señora Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx pretende que se prestaba y en virtud del estado deplorable declare la inconstitucionalidad de las instalacionesResoluciones números 186-01, que aprueba el Contrato de Póliza sobre la Discapacidad y Sobrevivencia para los Afiliados al momento Sistema Previsional, del veinticuatro (24) xx xxxx de suscribirse dos mil ocho (2008); y 268-06, sobre el referido conveniocontrato de Discapacidad y Sobrevivencia del Régimen Contributivo del Sistema de Pensiones, la institución tenía derogada la licencia a ser suscritos entre las Administradoras de funcionamientoFondos de Pensiones y las Compañías de Seguros, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres del primero (31ro) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta dos mil seis (30) baños o sanitarios (…2006), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5alegando entre otros motivos los siguientes: a) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas las Resoluciones 268-06 y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes la 186-01 le han impedido al finado Xxxxxxxx Xxxxxxxxx de los corredores Xxxxxx el derecho y la facultad que él tenía al momento que el falleciera para transferirle, o pasillostraspasarle la pensión a su concubina Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx y sus hijos Xxxxx, levantar murosXxxxxx Xxxxx, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx en virtud del art. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento 51 de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982»Ley 87- 01. 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En fecha 17 de enero de 2008, las concesionarias de servicios de telecomunicaciones ONEMAX, S. A. (en lo adelante, “ONEMAX”) y ALL AMERICA CABLES AND RADIO, INC.- DOMINICAN REPUBLIC (CENTENNIAL DOMINICANA), suscribieron entre ellas un Contrato de Interconexión (en lo adelante, "Contrato”), con el año 1983objeto de regular el intercambio de tráfico entre sus respectivas redes, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx así como las condiciones técnicas, económicas y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que financieras bajo las cuales se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital.regiría dicha relación comercial; 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble Mediante carta de fecha 12 de febrero de 2008, recibida en el que funcionaba además INDOTEL en esa misma fecha, las señoras Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx, en su condición de «todos sus elementosDirectora Legal y Regulatorio de ONEMAX, muebles y enseres académicos» Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Directora Senior Legal & Regulatorio de CENTENNIAL DOMINICANA, depositaron una copia del Contrato de Interconexión, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley General de Telecomunicaciones, No. 153-98 (“Ley”) y debía destinarse únicamente para la enseñanza el artículo 24 del Reglamento General de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna.Interconexión de Redes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones (“Reglamento”); 4. Como término El 14 de duración, las partes fijaron el febrero de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas 2008 fue publicado en el documento periódico “Listín Diario”, en cumplimiento con las disposiciones de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal los artículos 57 de la arrendadoraLey General de Telecomunicaciones, No. 153-98 y 24 del Reglamento General de Interconexión para las Redes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, el extracto contentivo de los aspectos sustanciales del contrato suscrito entre ONEMAX y CENTENNIAL DOMINICANA consistentes en el pago recíproco de los siguientes cargos de interconexión: Tráfico Transporte Nacional: US$0.01 Tráfico Nacional: US$0.03 Uso de Códigos de Acceso: según corresponda al uso Local, Nacional o Móvil Tráfico Celular o Móvil: US$0.075. 5. Se acordó En fecha 00 xx xxxxxxx xx 0000, xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx XXXXXXX sostuvo una sesión ordinaria, en la cual concedió mandato al infrascrito, Director Ejecutivo del INDOTEL, a fin de que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores procediera a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta revisión del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento interconexión presentado ante el órgano regulador de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, telecomunicaciones el 12 de febrero de 19872008; en los términos previstos por la Xxx Xx. 000-00, la Fundación FES invadió su Reglamento General de Interconexión para las Redes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, su Reglamento de Tarifas y ocupó Costos de hecho Servicios, el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades Reglamento de Libre y Xxxx Competencia para que le desconocieran la citada calidad, el Sector de las Telecomunicaciones y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc.las demás disposiciones reglamentarias aplicables; 196. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 catorce (14) xx xxxxx de 1990dos mil ocho (2008), la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, C. POR X. (en lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; emperoadelante, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento“CODETEL”), lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación depositó una comunicación en el goce INDOTEL, en ejercicio del derecho a emitir comentarios no vinculantes en el proceso de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, revisión de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obrascontratos de interconexión por parte del órgano regulador, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento cual resalta dos aspectos del contrato de arrendamiento por parte marras: el mantenimiento del status quo en materia de cargos de acceso y la omisión del cargo de transporte para las llamadas internacionales entrantes. El Director Ejecutivo del Instituto Dominicano de las demandadas al perturbar Telecomunicaciones (INDOTEL), después de haber estudiado y deliberado sobre el goce del bien objeto del mismocaso, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]CONSIDERA:

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1Con fecha 15 de octubre del 2012 el IGP y el SERNANP suscribieron un Convenio Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx Interinstitucional, con el objetivo de fomentar y apoyar el desarrollo de estudios de investigación científica relacionada a la geofísica y su relación con los ecosistemas y poblaciones, asociados a las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE; así como apoyar iniciativas concordantes con la formación y divulgación científica respecto a temas relacionados. Mediante Adenda suscrita con fecha 23 de diciembre del 2017, se amplió la vigencia del convenio hasta el 15 de octubre del 2022, encontrándose vigente a la fecha. Con fecha 20 de enero del 2020, el IGP y el SERNANP suscribieron el Convenio de Cooperación Interinstitucional, por un periodo de dos (02) años, con el objeto de trabajar de manera conjunta y coordinada a fin que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) instale y opere estaciones del Sistema de Alerta Sísmica Peruano en lugares ubicados dentro de las Áreas Naturales Protegidas, cuya información que se genere sea de utilidad para el cumplimiento de las funciones de ambas partes. En el año 1983marco de los convenios suscritos, el IGP solicita, por intermedio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado emisión de Compatibilidad por parte de SERNANP de la actividad denominada ³&UHDFLyQ GHprOov isiVónHdeUinYfoLrmFaLcióRn deGaHler ta temprana ante HO SHOLJUR SRU VLVPR SDUD SRquEe OcoDnsFistLe RenQlaHiVns talGacHión dOe D FRV dieciocho (18) estaciones del Sistema de Alerta Sísmico Peruano ±XXXXx que se encuentran dentro de Áreas Naturales Protegidas, específicamente en la Xxxxx 00 XxReserva Nacional de Paracas, Reserva Nacional San Xxxxxxxx y la Reserva Nacional Sistema de Islas y Puntas Guaneras. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento Mediante la Opinión Técnica N°903-2021-SERNANP-DGANP, de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 fecha 11 xx xxxxxx de 1985 suscrito por 2021, se declara que es compatible la actividad denominada ³&UHDFLyQ GHO VHUYLFLR LQIRUPDFLyQ GH DOHUWD WHPSUDQD DQWH HO SHOLJUR S indicando que no contraviene con la categoría, zonificación, plan maestro ni los objetivos de creación que sustenta el representante legal establecimiento de la arrendadora. 5dichas Áreas Naturales Protegidas. Se acordó Adicionalmente, se establecen condicionantes que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, el IGP debe tener en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios cuenta para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000instalación las referidas estaciones. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. ARBITRARE eJ- 1.1. Convenio arbitral, solicitud de arbitraje y contormación del Tribunal Arbitral Con fecha 00 xx xxxxx xx 0000, xx XXXXXXXXX SENCO, conformado por las empresas COA M CONTRATISTASS.A.C, con RUC Nro. 20481146951; SENCON SERVICIOS NEGOCIOS Y CONSTRUCCiÓN SAC, con RUC Nro. 20477216952, y XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX, con RUC Nro. 10266206874) en adelante, EL CONTRATISTAo EL DEMANDANTE, suscribió el Contrato de Ejecución de Obra a Xxxx Xxxxxx bajo la modalidad Llave en Mano Derivado de la Licitación Pública N° 0006-2014-CE/MPT, (en adelante EL CONTRATO) con la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL XX XXXXXXXX,con RUC Nro. 20175639391, en adelante LA ENTIDADo LA DEMANDADA. En la cláusula VIGÉSIMA QUINTA del Contrato, se estableció que en caso de controversias cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual, dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley y el I Reglamento. EI19 de octubre de 2015, XXXXXXXXX XXXXX presentó la solicitud de arbitraje a la Procuraduría Pública:de LA ENTIDAD, designando como árbitro al abogado Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, quien aceptó la designación mediante Carta N° 092-2015- JMF, de fecha 21 de octubre de 2015. La pretensión B. Los hechos 1Procuraduria Pública de LA ENTIDAD mediante Carta S/N de fecha 00 xx xxxxxxxxx xx 0000, ,xxxxxx la solicitud de arbitraje designando como árbitro al abogado Xxxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx, quien aceptó la designación mediante Carta W 02-2015-JAR de fecha OS de noviembre de 2015. Mediante Carta S/N de fecha 06 de noviembre de 2015, ambos árbitros designaron como Presidente del Tribunal al abogado Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, quien aceptó el cargo mediante Carta S/N de fecha 10 de noviembre de 201S. Audiencia de Instalación y Reglas del Proceso Arbitral Xxxxx Xxxxxxxx: CONSORCIOSENCO- Municipalidad Provincial xx Xxxxxxxx TRIBUNAL ARBITRAL Abg. XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Xxx. XXXX XXXXXXXXXXxXX XXXXXX Abg. XXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX .'ílhjC,fln~ii flt9"l"lI ~ lirbilllll,,:: El 28 de enero de 2016, se realizó la Audiencia de Instalación del Tribunal Arbitral, con la presencia de los representantes de ambas partes. En la audiencia los miembros del Tribunal Arbitral ratificaron haber sido designados conforme x xxx y al convenio arbitral, reiterando no tener incompatibilidad para ei cargo, obligándose a desempeñar sus funciones con imparcialidad, independencia y probidad. En el año 1983mismo acto, quedó establecido que el arbitraje seria ad-hoc, nacional y de derecho y se designó como secretaría arbitral a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx abogada Xxxxx Xxxxxxxxx Xxx Xxxxx, identificada con DNI Nro. 00000000, con celular 000000000 y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado correo electrónico: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx, señalando. como sede del Arbitraje, en la Xxxxx 00 Xxcalle Xxxxxx xx Xxxxxxxxx ND167, Urbanización La Merced, del Distrito y Provincia xx Xxxxxxxx, Región La Libertad. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2De igual manera, se. En razón establecieron las reglas aplicables al presente arbitraje. La legislación aplicable es la legislación peruana, Ley de Contrataciones del incumplimiento Estado, i Decreto Legislativo ND1017 (en adelante la LCE)y modificada por la Ley Nro. 29873, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 184-2008-EFy modificado por Decreto Supremo Nro. 138-2012-EF (en adelante el RLCEJ y las Directivas que , apruebe OSCEasí como las normas de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable Derecho Público. La aplicación de las instalacionesleyes especiales sobre arbitraje, al momento como es el caso del Decreto Legislativo N" 1071,se realiza de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo manera supletoria y siempre que no se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, opongan a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque establecido en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta Ley y el 30 de diciembre de 1989Reglamento. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 11.1. En Con fecha , el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento MINISTERIO convocó al Concurso Nacional de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable Proyectos de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres Cortometraje - 2020 (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas el CONCURSO), mediante la publicación de la Resolución Nº , la cual aprobó las Bases del mismo (en adelante, las BASES). 1.2. Con fecha , mediante Resolución Directoral N° , el documento MINISTERIO declaró a la PERSONA JURÍDICA como una de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito las beneficiarias del CONCURSO, por el representante legal proyecto titulado ‘ ’, (en adelante, el PROYECTO GANADOR). 1.3. De acuerdo al artículo 7 del Reglamento de la arrendadora. 5. Se acordó Vigésima Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2020-MC, los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna beneficiarios de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos estímulos económicos convocados por el Colegio Paulo VI por concepto MINISTERIO, suscribirán un Acta de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial Compromiso en la que se exhibieron los recibos establecerán como mínimo las obligaciones, plazos, causales de pago correspondientesresolución y procedimientos en caso de fraude o falsedad de la información presentada, entre otros aspectos de similar naturaleza a considerar. 201.4. La diligencia De acuerdo al artículo 11 del Reglamento de lanzamiento tuvo lugar la Vigésima Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el 5 Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2020-MC, la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios del MINISTERIO es el órgano encargado de febrero supervisar y verificar el cumplimiento de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba las obligaciones establecidas en el Colegio, pues había sido desalojado Acta de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega Compromiso de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22beneficiarios. En virtud ese sentido, es el órgano encargado de la medida evaluar y atender las solicitudes de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadoramodificaciones, desde noviembre así como de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto emitir los Certificados de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativoCumplimiento. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 31.1. El establecimiento educativo se arrendó junto con 17 xx xxxxx de 2014, EL CEDENTE y EL CESIONARIO suscribieron el inmueble en el que funcionaba además Contrato de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres Concesión (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas el "Contrato de Concesión") para el diseño, financiamiento y despliegue, operación y mantenimiento del Proyecto "Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica: Cobertura Universal Norte, Cobertura Universal Sur y Cobertura Universal Centro" (en adelante, "RDNFO"). Mediante el documento Contrato de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores Concesión, EL CEDENTE se obligó a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxincluir, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones todos los contratos que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, suscriba con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios terceros para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación operación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordadola RDNFO, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación así como para la Educación Superior prestación del Servicio Portador (FESen adelante, "Contratos con Terceros"), y por su intermedio una cláusula que permita a EL CESIONARIO o cualquier otra persona que lo reemplace, asumir la arrendadora realizó actos que turbaron el goce posición contractual de EL CEDENTE en dichos Contratos con Terceros, en caso se produzca la Caducidad del bien arrendado. 16Contrato de Concesión. Entre De ese modo, EL CEDENTE se obligó a incluir en los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada Contratos con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial Terceros una cláusula en la que se exhibieron autorice previa e irrevocablemente la cesión de posición contractual, en caso se produzca la Caducidad del Contrato de Concesión por cualquier causa, posibilitando la continuación de tales contratos en los recibos de pago correspondientesmismos términos y condiciones que se habían suscrito. 201.2. La diligencia Para la operación y mantenimiento de lanzamiento tuvo lugar la RDNFO y/o la prestación del Servicio Portador, con fecha [●], EL CEDENTE, en calidad de Concesionario de la RDNFO, celebró con [●], el 5 “CONTRATO DE [●]” (en adelante EL CONTRATO). 1.3. Según lo establecido en EL CONTRATO, [●] autorizó por adelantado y de febrero manera irrevocable la cesión de 1991posición contractual, fecha para en caso se produzca la cual el arrendatario ya no se encontraba Caducidad del Contrato de Concesión, de EL CEDENTE a favor de EL CESIONARIO o de cualquier otra persona que lo reemplace, conforme con lo previsto en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989artículo N° 1435 del Código Civil. 211.4. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionadaCon fecha [●], a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo la suscripción de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx XxxxxXxxxxx X° 0, en razón XX XXXXXXX x XX XXXXXXXXXX acordaron por escrito la Caducidad del Contrato de Concesión. 1.5. Con fecha [●], EL CEDENTE y EL CESIONARIO suscribieron el Acta de Entrega de Bienes de la custodia que ejercía Concesión [indicar el nombre específico del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación Acta] (en adelante el “Acta de hecho Entrega de Bienes de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal Concesión”) en virtud de la arrendadora presentó recursos e incidentes cual operó la cesión de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento posición contractual por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismoEL CEDENTE y en favor de EL CESIONARIO, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme conformidad con lo decidido, establecido en la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]Cláusula 74.1.5.1 del Contrato de Concesión.

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 1.1 Con fecha 01 de julio de 1982 dictada 2020 se celebró el Contrato Nro. 005-PGE-PROFIP- 2020, entre la Procuraduría General del Estado y la empresa REDVILL CIA. LTDA., representada por la Secretaría el Xx. Xxxx Xxxxxx Salas Erazo en su calidad de Educación Distritalrepresentante legal, por un valor de USD $ 43.999,65 (cuarenta y tres mil novecientos noventa y nueva dólares de los Estados Unidos de América con 65/100) más IVA. 31.2 Mediante memorando Nro. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además 072-PROFIP-2020, de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 01 de julio de 1982»2020, se notificó como administrador del contrato al Ing. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, a quien se le designo las funciones de velar por el cabal cumplimiento de las cláusulas contractuales, recibir los productos según lo indicado en los términos de referencia y solicitar los pagos respectivos; así como también suscribir las actas de entrega recepción según corresponda, y demás tareas de acuerdo a la normativa competente. 131.3 Mediante acuerdo ministerial Nro. El arrendatario cumplió 00126-2020, de 12 marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública declaró la obligación emergencia sanitaria nacional en Ecuador por la pandemia del COVID-19, a fin de pagar prevenir un contagio masivo en la renta estipuladapoblación. En tal virtud, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibosmediante decretos ejecutivos Nos. 1017 y 1052, incluido el de 24 16 xx xxxxxx xxxxx y 15 xx xxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 19862020, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxsu orden, el Presidente de la República designó dispuso el estado de excepción, las restricciones de tránsito y de reunión, en ese cargo todo el territorio nacional y la suspensión de la jornada laboral presencial en el sector público. 1.4 Mediante acuerdo ministerial Nro. MDT-2020-080 de 28 xx xxxxx de 2020, se expiden las directrices para la aplicación de la reducción, modificación o suspensión emergente de la jornada laboral durante la declaratoria de emergencia sanitaria. 1.5 En relación a la Fundación emergencia sanitaria se han establecido medidas de prevención, a fin de que las y los trabajadores puedan cumplir sus actividades utilizando modalidades y mecanismos que velen por el derecho supremo a la salud y la vida, colaborando con las medidas sanitarias establecidas dentro del Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 xx xxxxx de 2020 con el objetivo de combatir la Emergencia Sanitaria declarada y mitigar la propagación del coronavirus (COVID-19), evitando situaciones económicas que deterioren el empleo; 1.6 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha expuesto que; “el mundo del trabajo se ve profundamente afectado por la pandemia mundial del virus (COVID19). Además de ser una amenaza para la Educación Superior (FES)salud pública, las perturbaciones a nivel económico y social ponen en peligro los medios de vida a largo plazo y el bienestar de millones de personas”; por su intermedio lo que es indispensable velar por la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendadoseguridad de las personas, la sostenibilidad de las empresas y los puestos de trabajo. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos 1.7 Mediante comprobante de pago CUR Contable de 14 de julio de 2020, se registra el desembolso del anticipo en la cuenta que el Proveedor señalo para el efecto y de esa forma se da inicio al plazo contractual según lo establecido en la cláusula novena del contrato Nro. 005-PGE-PROFIP-2020 1.8 El Contrato Nro. 005-PGE-PROFIP-2020 en su cláusula novena, Prorrogas de Plazo”, establece que: “EL COMPRADOR podrá prorrogar el plazo estipulado en el contrato, siempre que el PROVEEDOR así lo solicite, por escrito y justificando los cánones motivos de arrendamiento»; iiila solicitud dentro del término de siete (07) días siguientes a la demanda fecha del hecho que motiva la solicitud, en los siguientes casos: a) Por causas de lanzamiento presentada el 4 fuerza mayo o caso fortuito aceptado como tal por EL COMPRADOR. (…). Se considera caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (Ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueo de carreteras, revoluciones, etc.). (…)” 1.9 Mediante oficio 001-028, de 12 xx xxxxxx de 1986 por xxxx 2020, el Proveedor solicita al administrador del Contrato, una prórroga de 10 (diez) días calendario al plazo establecido en el pago contrato antes mencionado, para cumplir con la entrega final de los equipos restantes, sustentando su pedido en las limitaciones laborales de las entidades públicas encargadas de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo gestión de los dineros recibidos trámites de importación de bienes que han duplicado los tiempos de aforo y liberación de los mismos, como consecuencia de la medidas impuestas para hacer frente a la pandemia del COVID-19. 1.10 Mediante memorando Nro. 015-C5-ASC-2020, de 13 xx xxxxxx de 2020, el administrador del contrato, Ing. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx pone a consideración del Coordinador del EDG-PGE PROFIP la aprobación de la prórroga de plazo solicitada por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensionesProveedor. 171.11 Mediante correo electrónico de 13 xx xxxxxx de 2020, con base al análisis de los hechos y petición antes mencionados, el Coordinador el EDG-PGE PROFIP autorizó la prórroga al plazo contractual previsto para la ejecución del contrato Nro. El proceso penal fue conocido 005-PGE-PROFIP-2020, por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989ocho (08) días calendario. 181.12 El Contrato Nro. Por último005-PGE-PROFIP-2020 en su cláusula décimo séptima, el 12 de febrero de 1987“Modificación”, la Fundación FES invadió establece que: “Solo podrán modificarse los términos y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil condiciones del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios presente contrato mediante acuerdo expreso (por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionadaescrito) entre ambas Partes, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicialAdenda respectiva. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]”

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 13.1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón Mediante Resolución N° 00069-2021-INVERMET-GP del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 27 de julio de 1982 dictada por 2021, la Secretaría Gerencia de Educación DistritalProyectos de INVERMET, aprobó administrativamente el Expediente Técnico del proyecto denominado: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el AAHH 1° de octubre, Cercado de Lima, provincia de Lima – Lima (Segunda etapa: Calles internas)”, con Código Único de Inversiones (CUI) N° 2185935. 33.2. La Gerencia de Proyectos de INVERMET, luego de efectuada las evaluaciones técnicas correspondientes detectó interferencias para la ejecución del proyecto mencionado en el numeral anterior y que ameritan ser removidas a fin de lograr la ejecución del proyecto. 3.3. Mediante Carta N° 0000941-2021-INVERMET-GP de fecha 24 de setiembre de 2021, la Gerencia de Proyectos de INVERMET solicitó a ENEL la evaluación para la reubicación de postes de alumbrado en el área de intervención del proyecto “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el AAHH 1° de octubre, Cercado de Lima, provincia de Lima – Lima (Segunda etapa: Calles internas)”. 3.4. El establecimiento educativo 29 de noviembre de 2021 se arrendó junto con suscribió el inmueble Contrato N° 000058-2021-INVERMET- OAF entre el INVERMET y la empresa IBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., cuyo objeto es la contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el AAHH 1° de octubre, Cercado de Lima, provincia de Lima – Lima (Segunda etapa: Calles internas)”, por un monto de S/ 4´697,466.43 (Cuatro millones seiscientos noventa y siete mil cuatrocientos sesenta y seis con 43/100 soles) y un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario. 3.5. Ante la suscripción del contrato y la necesidad de la liberación de las interferencias detectadas en el área de la OBRA PÚBLICA, la Gerencia de Proyectos de INVERMET mediante Cartas N° 000480-2022-INVERMET-GP del 25 de febrero de 2022 y N° 000975-2022-INVERMET-GP del 11 xx xxxxx de 2022, reiteró a ENEL la solicitud de liberación de interferencia a fin de que funcionaba además remitan el cronograma y el presupuesto para dicha liberación. 3.6. Con carta s/n del 18 xx xxxxx de «todos sus elementos2022, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente ENEL envió a INVERMET el presupuesto para la enseñanza reubicación de básica secundaria noventa y dos (92) postes de alumbrado público ubicados en el AAHH 1º de Octubre, Cercado de Lima (Segunda Etapa: Calles Internas) que asciende a S/ 1,022,178.54 (Un millón veintidós mil ciento setenta y ocho con 54/100 soles) incluido el I.G.V., así como el cronograma para ello de cuatro (4) meses a partir de la obtención de los permisos y autorizaciones de las jornadas diurna entidades correspondientes y nocturnael pago respectivo de la propuesta. Asimismo, mediante correo electrónico de fecha 18 xx xxxxx de 2022, ENEL remitió la respectiva memoria descriptiva y planos del proyecto. 43.7. Como término Con fecha del 12 xx xxxx de duración2022, las partes fijaron LAS PARTES se reunieron virtualmente, solicitando modificar el alcance del proyecto de reubicación de postes de alumbrado público y con fecha del 17 xx xxxx de 2022 INVERMET envió a ENEL vía correo electrónico la información necesaria. 3.8. Con Carta s/n de fecha 26 xx xxxx de 2022, ENEL remitió la actualización de la propuesta técnico - económica no vinculante para la reubicación de ochenta y tres (383) años postes de alumbrado público y liberación de interferencias a la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el AAHH 1° de octubre, Cercado de Lima, provincia de Lima – Lima (Segunda etapa: Calles internas)” por un monto que asciende a S/ 933,210.08 (Novecientos treinta y tres mil doscientos diez con 08/100 Soles) incluido el I.G.V., con un cronograma de cuatro (4) meses a partir del 1º de diciembre la obtención de 1983, prorrogable a voluntad los permisos y autorizaciones de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en entidades correspondientes y el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal pago respectivo de la arrendadorapropuesta. 53.9. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente Con correo del 26 xx xxxx de 2022, ENEL remitió cronograma, memoria descriptiva y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna planos del proyecto de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxreubicación de postes de alumbrado público. 63.10. Xxxxxxxxx Xxxxxx XxxxxxCon Informe N° 025-2022-INVERMET-GP-JHP del 6 xx xxxxx de 2022, la Gerencia de Proyectos a través de su Especialista, concluyó en escrito otorgar la conformidad del presupuesto por un monto de S/ 933,210.08 (Novecientos treinta y tres mil doscientos diez con 53/100 Soles), incluidos Gastos Administrativos e IGV, y al cronograma de cuatro (4) meses para ello. 3.11. Con Informe N° 0040-2022-INVERMET-GP/SSR del 8 xx xxxxx de 2022, la Gerencia de Proyectos a través de su Coordinador de Proyectos, recomendó proceder con la aprobación del presupuesto y cronograma del proyecto por interferencia con reubicación de postes de alumbrado eléctrico de la empresa prestadora de servicios ENEL e iniciar el procedimiento de firma del convenio. 3.12. Con Informe N° 000091-2022-INVERMET-GP del 16 xx xxxxx de 2022, el Gerente de Proyectos otorgo conformidad al presupuesto y al cronograma remitidos por ENEL; por lo que, concluyó que correspondería a INVERMET formalizar el acuerdo correspondiente, a fin de que se liberen las interferencias e INVERMET se haga cargo de desembolsar el monto correspondiente. 3.13. Con fecha 30 xx xxxxx de 19842022, cedió sus derechos en el contrato se aprobó la Certificación de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx XxxxxxxxxCrédito Presupuestario N° 000000969 por S/ 933,210.08 (Novecientos treinta y tres mil doscientos diez con 08/100 Soles), incluidos Gastos Administrativos e IGV, para los trabajos con ENEL para la liberación de interferencias de la obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AAHH 1º DE OCTUBRE, CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA – LIMA (SEGUNDA ETAPA: CALLES INTERNAS) CON CUI N°2185935”. 73.14. El arrendatario Mediante Memorando N° 000485-2022-INVERMET-OGPMP del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx2022, el Presidente Jefe Oficina General de la República designó en ese cargo Planificación, Modernización y Presupuesto, hizo suyo el Informe N° 000065-2022-INVERMET-OGPMP-OPM; a través del cual se emitió opinión técnica favorable a la Fundación suscripción del Convenio con ENEL para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque liberar interferencias en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989obra “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AAHH 1º DE OCTUBRE, CERCADO DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA – LIMA (SEGUNDA ETAPA: CALLES INTERNAS) CON CUI N° 2185935”. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En el año 19831.1 Luego del proceso correspondiente, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx máxima autoridad de la CONTRATANTE, mediante Resolución Nro. ML-A-009-2022, de fecha 14 de enero de 2022, resolvió adjudicar la “CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO XX XXXXX XXXXX X” xx xxxxxxxx XXXXXXXXX XXXXX XXX XXX. 1.2 El 14 de febrero de 2022, se suscribe el plantel educativo Xxxxx XX ubicado Contrato Nro. 013-2022, protocolizado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 Notaria Quinta del cantón Loja, entre el Municipio xx xx xxxxxx xx XxxxxxXxxx y CONSORCIO ROSAL DEL SUR, cuyo objeto era la “CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO EL ROSAL ETAPA I”, por el precio de $1`086.607,70 (Un millón ochenta y seis mil seiscientos siete con 70/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir el IVA, con un plazo para la entrega de la totalidad de lo contratado a entera satisfacción de la CONTRATANTE de 365 días, contados desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, para ello se deberá notificar previamente la disponibilidad del anticipo. 21.3 Conforme oficio Nro. En razón BDE-GSZS-2022-0807-OF, del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 11 de julio de 1982 dictada 2022, el Mgs. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Gerente de Sucursal Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., notifica a la Lic. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Alcaldesa xx Xxxx, lo siguiente: “(…) Mediante Decisión Nro. 2022-GSZS-0118 de 11 de julio de 2022, el señor Gerente de la Sucursal Zonal Sur, decide: Aprobar la terminación anticipada de la asignación Nro. 55866, concedida al GAD Municipal xx Xxxx, con cargo al convenio de la línea de asignación de recursos pendientes de pago por la Secretaría parte del Ministerio de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además Economía y Finanzas, aprobada mediante Decisión 2021-GGE-274, de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º 23 de diciembre de 19832021, prorrogable a voluntad con el objeto de las partesfinanciar el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL VIADUCTO EL ROSAL EN LA CIUDAD XX XXXX, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad CANTÓN XXXX, PROVINCIA XX XXXX”, con un incremento costo total que asciende a USD 1.309.039,13…de los cuales el Banco de Desarrollo del 10% anual en adelanteEcuador B.P. financia el valor de USD 1.309.039,13 con cargo al fondo: FINGAD II – GAD MUNICIPAL – DEVOLUCIÓN – IVA.” 1.4 Mediante OFICIO Nro. 007-EL ROSAL-2022, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx fecha 11 de 1985 octubre de 2022, suscrito por el representante legal Xx. Xxxxxx Xxxxx Gia Cuenca, Procurador Común de la arrendadoraCONSORCIO ROSAL DEL SUR. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, CONTRATISTA, ingresado con trámite EXT-SA-OS-55722-2022, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales comosu parte pertinente solicita: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) “(…) para mujeresque las circunstancias no son de carácter de fuerza mayor o caso fortuito; sino que son hechos imputables a la Entidad Contratante y su incumplimiento; en vista de que el GADMLOJA, dos (2) bebederos (…); 14 aulasdesea la terminación del contrato por mutuo acuerdo; (…) laboratorios nuestra voluntad sería de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó aceptar la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta terminación del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000.mutuo acuerdo…” 141.5 Con Memorando Nro. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimientoML-A-2022-1140-M, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obrasfecha 00 xx xxxxxxxxx xx 0000, mejorasxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particularAlcaldesa xx Xxxx, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado solicita al Procurador Síndico, se realice la terminación por ese conceptomutuo acuerdo del Contrato Nro. 013-2022. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En A través del Oficio N° 001-2015-MTC/20.11-CE/LP0013-21014-MTC/20, recibido el año 198309.ENE.2015, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón Presidente del incumplimiento de normas atinentes Comité Especial remitió al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable Organismo Supervisor de las instalaciones, al momento de suscribirse Contrataciones del Estado (OSCE) las cuatro (4) observaciones por el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duraciónparticipante XXXX–ENGIL PERU S.A., las partes fijaron cuatro (4) observaciones y un (1) cuestionamiento formulados por el de participante COSAPI S.A., las cinco (5) observaciones formuladas por el participante OBRAS DE INGENIERÍA S.A. (OBRAINSA), las tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito observaciones formuladas por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxparticipante JOHE S.A., en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos observaciones formuladas por el participante ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUC PERU, las cuatro (…); 14 aulas; (…4) laboratorios de químicaobservaciones formuladas por el participante CONSTRUCTORA SAN XXXX S.A., con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con las tres (3) mesones observaciones formuladas por el participante CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A., las cuatro (4) observaciones formuladas por el participante CORPORACION MAYO S.A.C., las cuatro (4) observaciones formuladas por INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, una (1) observación formulada por el participante XXXXXXXX S.A.C. y las solicitudes de elevación de observaciones a las Bases de los participantes CONSTRUCTORES CREATIVOS LUYO S.A.C. (CONCRELUSAC) y CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. (CASA), así como el informe técnico respectivo, en cementocumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 1017, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio que aprueba la Ley de biología completamente enchapado Contrataciones del Estado, en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesoresadelante la Ley, y reparaciones locativas el artículo 58 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en adelante el Reglamento. Cabe precisar que, para restaurar integralmente efectos de la emisión del pronunciamiento respectivo, se mantendrá el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones número correlativo de las aulas observaciones consignadas en el pliego absolutorio respectivo. Al respecto, resulta importante resaltar que, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento, independientemente de clase y efectuó otras obrasla denominación que les haya dado el participante, entre ellas este Organismo Supervisor se pronunciará únicamente respecto de: a) las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente; b) las respuestas a las observaciones del solicitante que, pese a ser acogidas, son consideradas por éste contrarias a la normativa; o, c) el acogimiento de «resanar paredes de los corredores o pasilloslas observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, levantar muroscuando este último manifieste que considera tal acogimiento contrario a la normativa; siempre que el solicitante se haya registrado como participante hasta el vencimiento del plazo previsto para formular observaciones. Por tanto, arreglar pisosen la medida que la Observación N° 6 del participante COSAPI S.A., la Observación N° 17 del participante OBRAINSA, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar Observaciones N° 32 y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10N° 34 del participante CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, S.A. y la demanda Observación N° 27 del participante ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUC PERU fueron acogidas, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto de lanzamiento se promovió sin justificación porque estas. Asimismo, en la prueba anticipada medida que la Observación N° 2 del participante XXXX–ENGIL PERU S.A. fue parcialmente acogida, este Organismo Supervisor no se pronunciará respecto del extremo acogido de inspección judicial dicha observación. Si bien el Comité Especial señaló que acogía la Observación N° 37 del participante CORPORACION MAYO S.A.C., se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por últimoadvierte que, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la rentaen realidad, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991fue acogida, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegiopor lo que, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987corresponde pronunciarse al respecto. Además, el contrato las Observaciones N° 29, N° 30 del participante CONSTRUCTORA SAN XXXX S.A., las Observaciones N° 63, N° 64, N° 65 y N° 66 del participante INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES y la Observación N° 39 del participante CORPORACION MAYO S.A.C. constituyen consultas y/o solicitudes de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor información, lo cual no se le hizo entrega encuentra previsto dentro del artículo 58 citado anteriormente, por lo que, no corresponde pronunciarse al respecto. Adicionalmente, se aprecia que el último extremo de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como Observación N° 82 del participante XXXXXXXX S.A.C. no se le permitió ingresar a cuestiona la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto legalidad de las obras adelantadas». 22Bases, por lo que no corresponde pronunciarse al respecto. En virtud A través del último extremo de su solicitud de elevación de observaciones a las Bases, el participante COSAPI S.A. ha cuestionado el acogimiento de la medida de embargo dictada dentro Observación N° 12 del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadoraparticipante ICCGSA, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros constituyendo su Cuestionamiento N° 1, por concepto de matrículas y pensioneslo que, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23corresponde pronunciarse al respecto. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionadaAsimismo, a través del primer extremo de su solicitud de elevación de observaciones a las Bases, el participante CONCRELUSAC ha cuestionado el acogimiento de un extremo de la Observación N° 2 del participante XXXX–ENGIL PERU S.A., constituyendo su Cuestionamiento N° 1, por lo que, corresponde pronunciarse al respecto. De otro lado, se advierte que en sus solicitudes de elevación de observaciones a las Bases, los participantes ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUC PERU, XXXX–ENGIL PERU S.A., XXXXXX S.A., OBRAINSA, CONSTRUCTORA MÁLAGA HNOS. S.A., INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, CONCRELUSAC y CASA se han referido a observaciones no acogidas de otros participantes, lo cual no se encuentra dentro de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987supuestos previstos en el artículo 58 citado anteriormente, impartió instrucciones precisando que el control por lo que, no corresponde pronunciarse al respecto. Además, ciertos extremos de las decisiones estaba solicitudes de elevación de observaciones a cargo las Bases de los participantes CONSTRUCTORA SAN XXXX S.A. y OBRAINSA están referidos, en estricto, a consultas y/o solicitudes de información, supuesto no previsto en el artículo 58 citado precedentemente; por lo que, no corresponde pronunciarse al respecto. Adicionalmente, considerando que la Observación N° 14 del participante ICCGSA constituye una consulta y que a través del último extremo de su solicitud de elevación de observaciones a las Bases, el participante CASA ha cuestionado dicha consulta de otro participante, supuesto no previsto en el artículo 58 citado precedentemente; tampoco corresponde pronunciarse al respecto. Todo ello; sin perjuicio de las observaciones de oficio que se formulen respecto al contenido de las Bases, de conformidad con el inciso a) del artículo 58 de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicialLey. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechosSeñala que una sociedad de responsabilidad limitada con giro agrícola, es propietaria de predios adquiridos con anterioridad al año 1985, los que son y han sido destinados a la explotación agrícola. Agrega que la sociedad pasó a declarar sus rentas efectivas según contabilidad completa en el año 1992, en virtud de las modificaciones efectuadas al artículo 20, N° 1, de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), por la Ley N° 18.985. Con posterioridad a dicho cambio, la sociedad no ha enajenado dichos inmuebles, ni tampoco ha realizado alguna de las tasaciones indicadas en el N° 1, del artículo 5° transitorio de la misma Ley. Añade que el citado artículo 5° transitorio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015, y a contar del 1° de enero de 2016, entrará en vigencia el N° 6), numeral IV, del artículo tercero transitorio de la Ley N.° 20.780. En virtud de lo anterior, solicita un pronunciamiento sobre la posibilidad de aplicar a los bienes raíces señalados, las revalorizaciones previstas en el artículo 5° transitorio de la Ley N.° 18.985, o bien las que establece el artículo tercero transitorio, número 6 de la Ley N° 20.780, respecto de las enajenaciones que efectúe la sociedad, solicitando dilucidar específicamente lo siguiente: 1. En Si la sociedad podría aprovecharse, para enajenaciones en ejercicios posteriores al 2016, de una tasación realizada durante el año 1983, 2015 en los términos de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en letra c) del número 1 del artículo 5° transitorio de la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx XxxxxxLey N° 18.985. 2. En razón Si la sociedad podría aprovecharse, para enajenaciones en ejercicios posteriores al 2016, de una tasación realizada durante el año 2015 en los términos de la letra d) del incumplimiento número 1 del artículo 5° transitorio de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación DistritalLey N.° 18.985. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto Si la sociedad, atendidas las características informadas, cumpliría con el inmueble los requisitos para aprovecharse de las reglas contenidas en el que funcionaba además de «todos sus elementosnúmero 6 del artículo tercero transitorio (sic), muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna Ley N.° 20.780 de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx2014, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 vía de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no resultar aplicable la disposición que reza «A las mismas normas anteriores se le hizo entrega de podrán sujetar los bienes contribuyentes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado 1991, en adelante, hayan debido tributar sobre renta efectiva determinada según contabilidad completa, de acuerdo a las reglas del artículo 20, número 1, letra b), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en los términos establecidos en el monto reclamado por ese conceptoderogado artículo 5 Transitorio de la Ley N.° 18.985». C. El trámite 4. Si en caso de resultar aplicable el número 6 del artículo tercero transitorio (sic), de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demandaLey N.° 20.780 de 2014, la juez ordenó dar traslado sociedad puede regirse por el artículo tercero transitorio, numeral 6°, número 1°, letra c) (sic) de la misma a las instituciones convocadas al litigioLey N.° 20.780 de 2014, que permite establecer el valor comercial determinado según la tasación que, para este sólo efecto, practique el Servicio de Impuestos Internos. 5. [Folio 237Si en caso de resultar aplicable el número 6 del artículo tercero transitorio (sic), c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado de la Ley N° 20.780 de 2014, la sociedad puede regirse por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada»artículo tercero transitorio, «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento numeral 6°, número 1°, letra d) de la acción» y «cobro Ley N° 20.780 de lo 2014, que permite establecer el valor comercial del predio por medio de un profesional, con la certificación de una Auditora o Sociedad Tasadora. Al respecto les interesa dilucidar si resulta aplicable para esta sociedad la exigencia de que la tasación deba efectuarse dentro del primer año en que el contribuyente determine sus rentas efectivas según contabilidad completa. Estiman que esta exigencia no debido». Las excepciones se fundaron en debería ser aplicable atendido que todos los contribuyentes a quienes resulta aplicable el número 6 del artículo tercero transitorio (sic), de la existencia Ley N.° 20.780 de unas acciones penales 2014, por perturbación la vía de aplicar el numeral IV antes transcrito, pasaron a renta efectiva con mucha anterioridad a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria dictación de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penalmisma, y la inexistencia disposición anterior no establecía plazo alguno para realizar esta tasación. Así, dicha interpretación resulta a todas luces inequitativa para los contribuyentes que podían aprovecharse de esta letra d) hasta el inicio de la vigencia de la reforma tributaria, toda vez que la anterior redacción no exigía plazo alguno para realizar la tasación. Al respecto, estiman que si bien el tenor literal de la regla parece ser claro, no debe perderse de vista que está destinada a los contribuyentes que deban pasar a tributar por renta efectiva a partir del 1° de enero de 2016. Por tanto, respecto de los contribuyentes que ya venían tributando por renta efectiva desde los años noventa, parece de toda lógica sostener una interpretación que no les permita aprovecharse de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró tasaciones que a pesar se efectúen durante lo que queda de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago vigencia de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, Ley N° 18.985 (hasta 31 de diciembre de 2015) o bien otorgar a los contribuyentes un plazo de un año a partir del 1 de enero de 2016 para efectuar esta tasación conforme a la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]letra d).

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 2.1. El 21 xx Xxxxx del año 2015, "LA MUNICIPALIDAD" mediante el N°016.2Q15-MPCP y la Ordenanza MunjdpaJ N° 009-2015-MPCP ordenaron respectivamente: "1 n S'tu ;ó e í 1 de la Municiualidad Provincial xx Xxxxxxx Xxxxxxxx" al haberse advertido deficiencias en su infraestructura, en varios de sus servicios internos y en su calidad de t> 'l\~~i"CIGIO'~(; " o administración; los mismos que no estaban garantizando la inocuidad de la producción d '~A~,~~N :C~5-N; carne para consumo humano, conforme a las nonnas de inocuidad alimentaria. Habiéndose -'i., V IN' • .$ encargado a la Gerencia de Servicios Públicos y Gestión Ambiental de "LA MUNICIPALIDAD"levantar dichas deficiencias, en virtud de su función establecida en el Clasificador W 260 Numeral 1) del Manual de Organización y Funciones de "LA MUNICIPALIDAD"aprobado por Resolución de Alcaldía W 429-2016-MPCP del 08 de Julio del 2016, que prevé la facultad de: "Planificar. En el año 1983, organizar. dirigir y controlar los servidos xxx xxxxx munidDtl1. asegurando los niyeles de caltdgd y O,lJortunidad requeridas Dor la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx XxxxxxDobladón". 22.2. En razón El 24 de Octubre del incumplimiento año 2016, por Acuerdo de normas atinentes al servicio que se prestaba y Concejo N° 102-Z016-MPCP dispusieron en virtud su Articulo Primero: "Aprobar el Dictamen N° 00S-Z016-MPCP-CR-CP-CSPyGA- CPPRyDEde fecha 28 de Setiembre del estado deplorable de las instalaciones2016, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta emitido por la Resolución No. 023339 Comisión de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementosPlanificadón, muebles Presupuesto, Rentas y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito Desarrollo Económico presidido por el representante legal señor Regidor Prot •~••';j J. t¡i;-. la Inversión Pública el Camal Municipal"; con este acto administrativo y ante la situación ~~l)B \\.\ de emergencia declarada, se tomó como medida inicial tendente a superar ese lamentable ~ -'";¡ '<i;. ~~.~' , estado - acaecida en un contexto socioeconómico limitado que atravesó el país, sobre todo '~:C,,1.v-~' tir~ durante los dos ejercicios económicos anteriores, que trajo consigo recortes y restricciones , ---------~ ( 3 ~~~ ",".¡, presupuestales incluidas a nivel de Gobiernos Locales que afectaron la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento adecuada prestación de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con servicios - el cual fue promover la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios participación de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento privada, bajo modalidades diversas, preferentemente impulsar un proyecto de concesión del establecimiento educativoreferido establecimiento. 232.3. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos El 06 de rector y secretario Diciembre del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionadaaño 2016, a través del Acuerdo de los memorandos Concejo N° 116-2016-MPCP se decretó en su Artículo Primero: "Aprobar el Dictamen N° 007-2016-MPCP-CR-CP- CSPyGA~CPPRyDdEe fecha 2S de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo Noviembre del 2016 de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón Comisión Mixta Municipa ,~,,\" conformada por la Comisión de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo Servicios Públicosy Gestión Ambiental y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penalComisión _ ~e Planificación, Presupuesto, Rentas y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]Desarrollo EconómicoN. Y mediante Artíc 4;.",JUf

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1SUNAT cuenta actualmente con una solución BMC Control-M para soportar la planificación, ejecución y control de procesos batch que permite a la SUNAT, garantizar y mejorar los acuerdos de los niveles de servicios actuales. En Por esta razón y con la finalidad de garantizar la operación se requiere continuar utilizando esta solución. BMC Control-M es una solución que aborda todo el proceso de automatización, planificación, gestión de cambios y ejecución de procesos batch. Esta solución es utilizada por la DSOIT desde el año 19832020, lo cual ha permitido aumentar la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx capacidad de ejecución de procesos batch en los servidores de producción. A la fecha, tenemos implementado la adquisición de la solución de BMC Control-M fue producto de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 0148-2019-SUNAT/8B1200 - Primera convocatoria (Derivada de la LP N° 0002-2019-SUNAT/8B1200) - Contrato N° 61–2020/SUNAT- COMPRA VENTA, así mismo se adquirió un soporte técnico y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta mantenimiento por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir través del 1º Contrato N° 62 – 2020/SUNAT- PRESTACION DE SERVICIOS – Prestación Accesoria. Control-M Workload Archiving On-Premises 200 per managed asset - Control-M server endpoint Control-M Managed File Transfer On-Premises 200 per managed asset - Control-M server endpoint Control-M Platform On-Premises 200 per managed asset - Control-M server endpoint Control-M On-Premises 1 per enterprise El soporte técnico y mantenimiento de diciembre la solución se encuentra vigente hasta el 26 de 1983noviembre del 2023 a través del Contrato N° 62–2020-SUNAT - Prestación de Servicios – Prestación Accesoria. Adicionalmente, prorrogable la SUNAT realizó la adquisición del módulo de gestión de cambios para ambientes productivos y no productivos de la marca BMC Control-M mediante la Licitación Pública N° 003-2022-SUNAT/8B7200 Prestación Principal – Contrato 201- 2022/SUNAT COMPRA VENTA, asimismo, se adquirió un soporte y mantenimiento a voluntad través del contrato N° 202-2022/SUNAT/8B7200 – PRESTACIÓN DE SERVICIOS vigente hasta el 26 de noviembre del 2023. Control-M Change Manager On-Premises 200 per managed asset - Control-M server endpoint Mediante Memorándum Electrónico N° 00017 - 2023 - 1U5100 la División de Soporte y Operación de la Infraestructura Tecnológica solicita renovar el servicio de soporte y mantenimiento de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal las licencias BMC Control-M o equivalente de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente solución de planificación, ejecución y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna control de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito procesos workload (scheduler) por un periodo de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)»años. 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En A través de la Resolución Jefatural N° 015-2016-PERÚ COMPRAS, se estableció el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx 18 xx xxxxx de 2016 como fecha de inicio de las operaciones y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxxfunciones de Perú Compras. 2. En razón Mediante Oficio N° 000036-2021-PERÚ COMPRAS-GG2 del incumplimiento 28 de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud enero de 2021, presentado el 28 de enero de 2021 ante la Mesa de Partes Digital del estado deplorable Organismo Supervisor de las instalacionesContrataciones del Estado3, PERU COMPRAS puso en conocimiento al Tribunal de Contrataciones del Estado, en adelante el Tribunal, que la empresa ISYTEC E.I.R.L., en adelante el Adjudicatario, habría incurrido en infracción, al momento incumplir con su obligación de suscribirse formalizar el Acuerdo Xxxxx referido al procedimiento de implementación del Acuerdo Marco IM-CE-2017-6 correspondiente al Catálogo Electrónico de Equipos Multimedia y Accesorios. Para el efecto, adjuntó el Informe N° 000011-2021-PERÚ COMPRAS-OAJ4 del 11 de enero de 2021, en el cual se señala lo siguiente: • En el procedimiento de incorporación se establecieron las condiciones y obligaciones que asumirían los participantes al registrarse en el referido convenioprocedimiento. En ese sentido, de resultar proveedores adjudicatarios, debían realizar el depósito de la institución tenía derogada garantía de fiel cumplimiento, con lo cual se generaría la licencia suscripción de funcionamientomanera automática, medida impuesta caso contrario se les tendría por desistidos de suscribir el Acuerdo Marco IM-CE-2017-6. 1 Aprobada mediante la Resolución NoN° 007-2017-OSCE/CD, del 31 xx xxxxx de 2017, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 2 xx xxxxx de 2017. 023339 2 Obrante a folio 2 del expediente administrativo. 3 De acuerdo al decreto de 9 fecha 12 de julio de 1982 dictada por 2021. 4 Obrante a folios 3 al 8 del expediente administrativo. • Con Comunicado Nº 005-2018-PERÚCOMPRAS/DAM del 00 xx xxxxxxx xx 0000, xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx las consideraciones necesarias para efectuar el depósito de la Secretaría garantía de Educación Distritalfiel cumplimiento, lo cual debía realizarse del 00 xx xxxxxxx xx 0 xx xxxxx xx 2018. • Dicho requisito se encontraba establecido en las reglas del procedimiento para la selección de proveedores para la implementación de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Xxxxxx, como un requisito indispensable para formalizar el Acuerdo Xxxxx IM-CE-2017-6. • Por medio del Informe Nº 000209-2020-PERÚ COMPRAS-DAM5 del 23 de diciembre de 2020 la Dirección de Acuerdos Marco de Perú Compras, reportó que el Adjudicatario no cumplió con realizar el depósito de la garantía de fiel cumplimiento; situación que impidió que aquél cumpliera con su obligación de formalizar el Acuerdo Xxxxx IM-CE-2017-6, en aplicación a lo dispuesto en el numeral 3.9 de las Reglas. • Concluye que el Adjudicatario habría incurrido en la infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 de la Ley. 3. El establecimiento educativo A través del Decreto del 19 xx xxxxx de 20216, se arrendó junto dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador contra el Adjudicatario, por su supuesta responsabilidad al incumplir con su obligación de formalizar el inmueble Acuerdo Marco IM- CE-2017-6; infracción tipificada en el literal b) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Asimismo, se otorgó al Adjudicatario el plazo xx xxxx (10) días hábiles para que funcionaba además formule sus descargos, bajo apercibimiento de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para resolver el procedimiento con la enseñanza documentación obrante en el expediente en caso de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturnaincumplir el requerimiento. 4. Como término Cabe precisar que dicho Decreto fue notificado al Adjudicatario el 12 xx xxxx de duración2021, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal través de la arrendadoraCédula de Notificación N° 22512/2021.TCE7. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 Mediante decreto del 9 xx xxxxx de 19842021, cedió considerando que el Adjudicatario no cumplió con presentar sus derechos descargos, pese a encontrarse debidamente notificada con el inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra, se hizo efectivo el contrato apercibimiento decretado de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar resolver el procedimiento con la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones documentación obrante en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesoresautos, y reparaciones locativas para restaurar integralmente se remitió el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo expediente a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]del

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En el año 1983a) Ley N° 16.752, de 1968, que Fija Organización y Funciones y Establece Disposiciones Generales a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Dirección General de Aeronáutica Civil y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxxsus posteriores modificaciones. 2. En razón b) Decreto Supremo N° 172, de 05 xx xxxxx de 1974, del incumplimiento Ministerio de normas atinentes al servicio Defensa Nacional, que se prestaba aprueba el Reglamento sobre Tasas y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación DistritalDerechos Aeronáuticos (DAR-50) y sus posteriores modificaciones. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con c) Decreto Supremo N° 222, de 2004, del Ministerio de Defensa Nacional, que Aprueba el inmueble en el que funcionaba además Reglamento Orgánico y de «todos Funcionamiento de la Dirección General de Aeronáutica Civil y sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturnamodificaciones posteriores. 4. Como término d) Resolución Exenta N° 0088, de duración20 enero de 2020, las partes fijaron el del Departamento Planificación, que Aprueba la Cuarta Edición del Documento Rector Orgánico y Funcionamiento, DROF, del Departamento Comercial. e) OF N° 14/2/0707, de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 30 xx xxxxxx de 1985 suscrito 2018, del Departamento Comercial para el Departamento Planificación, Subdepartamento Normativa Aeronáutica, que remite propuesta de “Procedimiento PRO COM, para los Convenios de Pago por el representante legal deuda de la arrendadoratasas y derechos aeronáuticos”. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente f) Acta de Reunión, de 29 de octubre de 2019, revisión del DAP 50 02, Convenios de Pago por deuda de tasas y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna derechos aeronáuticos, por parte de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxfuncionarios y funcionarias del Departamento Comercial y el Subdepartamento Normativa Aeronáutica. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito g) Correo electrónico de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 19892020, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados Departamento Comercial para el colegio arrendado Departamento Planificación, Subdepartamento Normativa Aeronáutica, que valida propuesta DAP 50 02, “Convenios de Pago por deuda de tasas y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas»derechos aeronáuticos”. 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. MINCETUR es un organismo administrativo del Poder Ejecutivo, cuyo ambito de competencia se rige principalmente por el Decreto Legislativo No. 560 - Ley del Poder Ejecutivo, Ley N° 27790 - Ley de Organizaci6n y Funciones, y su Reglamento de Organizaci6n y Funciones, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2002- MINCETUR. MINCETUR requiere la contrataci6n de los servicios de espacios publicitarios para la CAMPANA DE PUBLICI DAD EN PRENSA RADIAL Y TELEVISIVA PARA APEC PERU 2008, con la finalidad de fortalecer en la poblaci6n conceptos relacionados con el Foro de Cooperaci6n Asia-Pacifico y el xxx APEC Peru 2008. EL CONTRATISTA es una persona juridica, legalmente constituida para brindar los servicios objeto del presente contrato y opera en el pais de acuerdo alas normas legales vigentes. La pretensión B. Los hechos 1. En presente contrataci6n se efectua al amparo de 10 establecido en la Vigesima Octava Disposici6n Final de la Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año 1983Ano Fiscal 2007, Ley N° 28927, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó cual establece que las contrataciones, adquisiciones, y cualquier otra actividad preparatoria a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx realizarse durante el xxx 2007, relacionadas con la organizaci6n de la XVI Cumbre de Uderes del Foro de Cooperaci6n Econ6mica Asia-Pacifico (APEC) bajo la presidencia del Peru, se encuentran exceptuadas de la aplicaci6n de 10 dispuesto en los articulos 4 (disposiciones de austeridad) y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento 5 (disposiciones de normas atinentes al servicio que se prestaba racionalidad y en virtud del estado deplorable disciplina) y disposiciones relacionadas a estos de las instalacionesdicha Ley, al momento igual que del Texto Unico Ordenado de suscribirse el referido conveniola Ley de Contrataciones y Adquisiciones del I;:stado, la institución tenía derogada la licencia de funcionamientoaprobado mediante Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, medida impuesta su Reglamento aprobado por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el Decreto i~~' - '<-$upremo N° 083-2004-PCM, Y demas normas complementarias, siempre que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito sean realizadas por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n. .J //Resoluci6n Suprema N° 023339 del 9 133-2006-RE, 0 indirectamente mediante convenios de julio administraci6n de 1982». 13recursos . El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]'

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP, 25 y 26 de su Reglamento General, RGLOSNCP, en el Plan Anual de Contrataciones de la MUNICIPALIDAD, contempla SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y VEHÍCULOS DE CARGA PESADA PERTENECIENMTE AL GADM-ESPEJO conforme a la Certificación del Plan Anual de Contratación Pública No. En el año 1983052- OCTUBRE-2021 de fecha 13 de octubre del 2021, emitido por la Ing. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Analista de Compras Pública. Previo los informes y los estudios respectivos, la Fundación máxima autoridad de EL CONTRATANTE, mediante Resolución Administrativa Nro. 277-2021-ACQ-A del 22 noviembre del 2021, resolvió aprobar los modelos obligatorios de los pliegos autorizar el inicio del procedimiento de MCBS-GADM-E-002-2021, para el SERVICIO DE espej^ Juntos Gobernamos... SINDICATURA Administración 2019 - 2023 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y VEHÍCULOS DE CARGA PESADA PERTENECIENMTE AL GADM-ESPEJO 1.1. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la Partida Presupuestaria No. 00.00.00.00.00 “MANTENIMIENTO VEHICULOS”, conforme consta de la Referencia Presupuestaria 0104-DF, de fecha 4 de octubre del 2021, conferida por la Dra. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Director de Gestión Financiera del GADM-E. 1.2. Se realizó la respectiva invitación el 22 de noviembre del 2021 a través del Portal Institucional (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx). Luego del proceso correspondiente, el Alcalde del GADM-E en su calidad de máxima autoridad de LA CONTRATANTE mediante resolución 312-2021-ACQ-A de 17 de diciembre del dos mil veintiuno, adjudicó la contratación MCBS-GADM-E-002-2021, para el SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y VEHÍCULOS DE CARGA PESADA PERTENECIENMTE XX XXXX-XXXXXX, a Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7con RUC Nro. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» 0401454574001 por un total monto de US$100.000 equivalentes a $15’000.000DIECIOCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 ($ 18000.00) MÁS IVA. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En I) El 9 de diciembre de 1993 el año 1983Poder Ejecutivo otorgó mediante contrato de concesión a PAXPORT MANAGEMENT INC., XXXXXXXXX XXXXXXXX E HIJOS S.A., LONDON SUPPLY S.A.C.I.F.I., COMPAÑÍA ORIENTAL DE TRANSPORTE S.A., NORLIT S.A que actuaron consorciadas en “CONSORCIO AEROPUERTOS INTERNACIONALES” hoy CONSORCIO AEROPUERTOS INTERNACIONALES S.A., siendo el objeto de la Licitación Pública 4/991 del Ministerio de Defensa Nacional, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó “Remodelación, ampliación, mantenimiento y explotación de los servicios del Aeropuerto Internacional “C/C Xxxxxx X. Xxxxxxx” (Laguna del Sauce) por el régimen de Concesión de Obra Pública.” (en adelante, el “Contrato de Concesión”). II) El Contrato de Concesión fue modificado de acuerdo a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado lo dispuesto por Resolución del Poder Ejecutivo de 18 de diciembre de 2001 (en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenioadelante, la institución tenía derogada la licencia “Primera Modificación”). III) Posteriormente, el Contrato de funcionamiento, medida impuesta Concesión fue modificado de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución No. 023339 del Poder Ejecutivo de 9 28 xx xxxxx de julio 2019, prorrogando su plazo hasta el 31 xx xxxxx de 1982 dictada por 2033 y comprometiéndose el Concesionario a realizar ciertas obras en los términos y condiciones previstos en el documento identificado como “Anexo Técnico” que forma parte de dicha modificación (en adelante, la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto “Segunda Modificación”, y conjuntamente con el inmueble en Contrato de Concesión y la Primera Modificación, el que funcionaba además “Contrato de «todos sus elementosConcesión”). IV) Por la Ley N° 19.925, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º 18 de diciembre de 19832020, prorrogable a voluntad se creó el “Sistema Nacional de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 Aeropuertos Internacionales para la primera anualidad con un incremento del 10% anual el Uruguay” (en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito “Ley del SINAI”) y por el representante legal Decreto N° 108/021, de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 9 xx xxxxx de 19842021, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario Poder Ejecutivo determinó los aeropuertos que integran el SINAI, entre los cuales se encuentra el Aeropuerto Internacional “C/C Xxxxxx X. Xxxxxxx” (Laguna del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5Sauce) (…en adelante, el “Aeropuerto”). V) para mujeres, dos (2El 26 xx xxxxx de 2021 el Concesionario aceptó integrar el SINAI. VI) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones Con motivo de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisosmedidas adoptadas por el Estado debido a la emergencia sanitaria por el brote del COVID 19, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, cuales provocaron la caída de la actividad aeroportuaria y no aeroportuaria por el cierre y las chapas restricciones de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equiposingreso, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas cual impactó fuertemente en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico del Concesionario, el mismo solicitó a la Unidad de Control Gestión Integral de Aeropuertos y Concesiones Aeroportuarias (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984adelante, la funcionaria que intervino recomendó “Unidad de Control”), al MDN y al Ministerio de Educación Economía y a dicha dependencia distrital «derogar Finanzas, la Resolución n° 023339 adecuación de la ecuación económica financiera del 9 Contrato de julio Concesión. Todo ello al amparo de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera lo dispuesto en las cláusulas quinta 30° del Contrato de Concesión y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal 9o de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx XxxxxSegunda Modificación que habilitan la posibilidad de la adecuación económico financiera del Contrato de Concesión, así como los principios generales del derecho. Vil) En efecto, el Presidente Concesionario en su última propuesta presentada, solicitó se extienda el plazo de la República designó concesión, se aplacen y se eliminen ciertas inversiones y obras que el Concesionario debía realizar y se actualicen y ajusten las garantías, todo lo cual ocurrirá en ese cargo a los términos expresados en esta Modificación. VIII) A su vez, el Concesionario ha ofrecido la Fundación para la Educación Superior realización de una inversión adicional de U$S 3.000.000,00 (FESdólares estadounidenses tres millones con 00/100), y en obras como contrapartida por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron extensión del plazo de la concesión al amparo de lo dispuesto en el goce artículo 2 de la Ley del bien arrendado. 16SINAI. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: IX) En función de (i) las solicitudes del Concesionario de la inspección judicial adelantada con el pretexto adecuación de actualizar dineros, exhibir el contrato la ecuación económica financiera del Contrato de arrendamiento Concesión del Aeropuerto al amparo de lo dispuesto en las cláusulas contractuales ya referidas y los recibos de pago; principios generales del derecho, (ii) la denuncia penal instaurada «contraprestación económica ofrecida por falsedad el Concesionario en el marco de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; lo dispuesto por la Ley del SINAI y su Decreto, y (iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago declaración de la renta Ley del SINAI de ese año, y iv) que la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo explotación de los dineros recibidos por servicios aeroportuarios es un objetivo prioritario para el Colegio Paulo VI por concepto desarrollo del país; la Resolución del Poder Ejecutivo N° /024, de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque 2024 (en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por últimoadelante, el 12 “Resolución”), aprobó la presente Modificación del Contrato de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etcConcesión. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. 1.01.- La pretensiónConstitución de la República del Ecuador en sus artículos 226 y 227 establece que las instituciones del Estado, las servidoras o servidores públicos ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley; y, que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. B. Los hechos1.02.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y 25 y 26 de su Reglamento General (RGLOSNCP), en el Plan Anual de Contrataciones 2022 de la ACDC se encuentra la ejecución de la obra: “REMODELACIÓN MERCADO EL CALZADO - COM”. 1.03.- El artículo 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública - LOSNCP-, prescribe que: “Adjudicación.- La máxima autoridad de la Institución de acuerdo al proceso a seguir en base al tipo de contratación, adjudicará el contrato, al oferente cuya propuesta represente el mejor costo, de acuerdo a lo definido en los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de esta Ley; y, a los parámetros objetivos de evaluación previstos en cada procedimiento”. 1.04.- El artículo 51 de la LOSNCP, Contrataciones de Menor Cuantía, prescribe que “(…) se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos: literal 2. Las contrataciones de obras, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0,000007 del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico”. 1.05.- El artículo 59 del RGLOSNCP, sobre el procedimiento de menor cuantía determina: “En los procesos de contratación de obras de menor cuantía, se verificará lo siguiente: 1. En Únicamente los proveedores que cumplan las condiciones establecidas en el año 1983, artículo 52 de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó Ley serán invitados a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx través del Portal a manifestar su interés de participar en el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. sorteo; 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y Los proveedores invitados, en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como un término de duración, las partes fijaron el de no menor a tres (3) años ni mayor a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales días contados a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén fecha de la vinculación invitación, manifestarán su interés mediante la presentación de los jefes de los departamentos de idiomas sus ofertas técnicas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 carta de febrero de 1987 que dicha aceptación expresa del presupuesto referencial determinado por la entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]contratante;

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En el año 19831.1.- Previo los informes y los estudios respectivos, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en máxima autoridad de la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento CONTRATANTE mediante Resolución N° 217-A-GADMPS-2022, de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º fecha 15 de diciembre de 19832022, prorrogable a voluntad resolvió aprobar los pliegos de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE-GADMPS-025-2022 para la primera anualidad “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO XXX XXXXXX XXXXX XXXXX”. 1.2.- Se cuenta con un incremento del 10% anual la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en adelantelas partidas presupuestarias N° 3.5.4.7.3.08.11 denominada: “Insumos, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería”; partida presupuestaria N° 3.5.5.7.3.08.11 denominada: “Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería” justificándose la existencia de 24 xx xxxxxx recursos, destinada a financiar la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO XXX XXXXXX XXXXX XXXXX”, según Memorando N° 243-DAF-GADMPS-2022, de 1985 fecha 17 de noviembre de 2022, suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Directora Administrativa Financiera del GAD Municipal xx Xxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos 1.3.- Se realiza la respectiva convocatoria para la participación en el contrato proceso de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx XxxxxxxxxContratación por Subasta Inversa Electrónica, publicada en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, el 15 de diciembre de 2022 a las 17:00 horas. 71.4.- Luego del proceso correspondiente el señor Ing. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentesXxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, administrativas y financieras para recuperar la licencia Xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxx Xxxxx, mediante resolución N° 002-A-GADMPS-2023, de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º fecha 05 de enero de 1986 hasta 2023, adjudicó el 30 de diciembre de 1989contrato para la “ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativosMATERIALES E INSUMOS DE SEGURIDAD PARA EL GAD MUNICIPAL XX XXXXX XXXXX”, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES)oferente XXX. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX, y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendadocon RUC. N° 1400232839001”. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En el año 19832002 BAVARIA S.A. suscribió contratos de endeudamiento con entidades en el exterior, para financiar los programas de expansión, modernización y racionalización de la compañía. En desarrollo de esos programas, realizó una inversión en Perú, correspondiente a la adquisición de la Unión de Cervecerías Peruanas Xxxxxx y Xxxxxxxx S.A. Durante los años 2003 y 2004, BAVARIA S.A. suscribió contratos de derivados financieros Forward y Swap con diversas entidades financieras, cuya liquidación generó una pérdida para la sociedad. El 14 xx xxxxx de 2005, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx compañía presentó la declaración del impuesto xx xxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado complementarios correspondiente al año 2004, en la Xxxxx 00 Xxque registró la deducción del gasto proveniente de la liquidación de los contratos de derivados financieros por $136.452.954.853, un impuesto a cargo por valor de $00.000.000.000 y un saldo a favor por el valor de $53.236.176.000. 00X-00 El 27 xx xxxxx de 2005, la sociedad presentó solicitud de devolución y/o compensación del saldo a favor originado en la mencionada declaración tributaria, que fue resuelta mediante la Resolución No. 608-0524 del 10 xx xxxx de 2005, en el sentido de reconocer y devolver el saldo a favor solicitado. El 9 xx xxxxxx de 2006, el contribuyente corrigió la declaración xx Xxxxxxxxxxx del año 2004 sin modificar el saldo a favor inicialmente determinado. Mediante el Requerimiento Especial No. 310632007000074 del 00 xx xxxxx xx 2007, la mencionada División propuso la modificación de la mencionada liquidación privada, en el sentido de: i) Desconocer deducciones por el gasto derivado en las operaciones de cobertura por contratos Forward y Swap en la suma de $136.452.954.853. 2ii) Imponer sanción por inexactitud por el valor de $84.055.021.000. iii) Determinar el impuesto xx xxxxx a cargo en $92.247.027.000. iv) Establecer un saldo a pagar en $00.000.000.000 El 00 xx xxxxx x xx 0 xx xxxxxxx de 2007, el contribuyente presentó respuesta al requerimiento especial, en el que expuso sus motivos de inconformidad. En razón Mediante la Liquidación Oficial de Revisión No. 310642008000003 del incumplimiento 9 de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable enero de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio2008, la institución tenía derogada Administración modificó la licencia declaración del impuesto xx xxxxx del año gravable 2003 en el sentido de: i) Desconocer deducciones por el gasto derivado en las operaciones de funcionamientocobertura por contratos Forward Non Delivery en la suma de $00.000.000.000. ii) Imponer sanción por inexactitud por el valor de $7.131.568.000 iii) Determinar el impuesto xx xxxxx a cargo en $00.000.000.000. iv) Establecer un saldo a favor de $00.000.000.000 Contra el anterior acto administrativo, medida impuesta la sociedad interpuso recurso de reconsideración, que fue resuelto por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir 900012 del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 3 de febrero de 19872009, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho que confirmó el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etcacto recurrido. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. 1.1. CONTRATO PRINCIPAL (cláusula primera) 1.01.- La pretensión B. Los hechos 1. En el año 1983Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 226 y 227 establece que las instituciones del Estado, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx las servidoras o servidores públicos ejercerán solamente las competencias y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado facultades que les sean atribuidas en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx XxxxxxConstitución y la Ley; y, que la administración pública constituye un servicio a la 1.02.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y 45 de su Reglamento General (RGLOSNCP), en el Plan Anual de Contrataciones 2022 de la ACDC se encuentra la ejecución de la obra: “REMODELACIÓN MERCADO XXXXXXXX-COM”. 1.03.- El artículo 32 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-, prescribe que: “Adjudicación.- La máxima autoridad de la Institución de acuerdo al proceso a seguir en base al tipo de contratación, adjudicará el contrato, al oferente cuya propuesta represente el mejor costo, de acuerdo a lo definido en los números 17, 18 y 19 del artículo 6 de esta Ley; y, a los parámetros objetivos de evaluación previstos en cada procedimiento”. 1.04.- El artículo 50 de la LOSNCP, respecto al procedimiento de Cotización prescribe que: “Este procedimiento se utilizará en cualquiera de los siguientes casos: (...) 2. En razón La contratación para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial oscila entre 0,000007 y 0,00003 del incumplimiento presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico”. 1.05.- El procedimiento para la realización del presente proceso de normas atinentes al servicio cotización, se lo realizó de conformidad con lo establecido en los artículos 143, 144 y 145 del Reglamento a la LOSNCP. 1.06.- Según la Resolución de Alcaldía No. A 0002 de 9 xx xxxxx del 2012, el Coordinador Distrital del Comercio asume las competencias por delegación con el alcance previsto para el caso del Administrador General, según la Resolución de Alcaldía No. A 089, de 8 de diciembre del 2020, o la que se prestaba y en virtud le sustituya. 1.07.- El artículo 1 de la Resolución de Alcaldía No. AQ 006-2023, de 16 xx xxxxx de 2023, emitida por el Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Alcalde del estado deplorable Distrito Metropolitano de las instalaciones, al momento Quito establece que: “Sustitúyase el artículo 6 de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 A-089 de 9 08 de diciembre de 2020, reformado mediante Resolución No. AQ 059-2022, de 29 de diciembre de 2022, por el siguiente texto: Art. 6.- Delegaciones para procedimientos de contratación pública.- Delegar a los servidores públicos enlistados a continuación para que, dentro de sus competencias actúen como autorizadores de gasto en el adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras, contratación de servicios incluidos los de consultoría, a excepción de la declaratoria de emergencia, determinados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, conforme los montos de contratación que resulten e multiplicar los coeficientes que se detallen en el siguiente cuadro, por el monto del Presupuesto Inicial del Estado: 1.08.- El Señor Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, mediante Acción de Personal Nro. 0000016960, de 01 de octubre de 2021, nombra al Abg. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx como Coordinador Distrital de la Agencia de Coordinación Distrital del Comercio. 1.09.- Con memorando Nro. GADDMQ-ACDC-DMFP-2022-1127-M de 31 xx xxxx de 2022, el Ing. Xxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Director de Mercados, Ferias y Plataformas, remitió a la Arq. Xxxxxx del Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Directora de Logística y Operaciones, el Acta de Levantamiento de Necesidades de los trabajos a ejecutarse en el Mercado Xxxxxxxx, con el fin de que se inicie con el proceso correspondiente. 1.10.- Mediante memorando Nro. GADDMQ-ACDC-DLO-JT-2022-0888-M de 21 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 32022, el Ing. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementosXxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal Jefe de la arrendadora. 5Unidad Técnica, solicitó al Ing. Se acordó que los inquilinos debían contratar Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx y al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna Ing. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Servidores Municipales de los trabajadores la Unidad Técnica a la Fundación época, que: “(...) para establecer dentro de 1.11.- Mediante memorando Nro. GADDMQ-ACDC-DLO-JT-2022-1636-M de 11 de octubre de 2022, el Ing. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Jefe de la Unidad Técnica, notificó al Ing. Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx. 6, al Ing. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx y a la Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento Servidores Municipales de la institución educativaUnidad Técnica a la época, lo que verificó que: “(...) esta Jefatura Técnica aprueba la Secretaría solicitud de Educación ampliación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 plazo hasta el 30 de diciembre noviembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.0002022 (...)”. 141.12.- Con memorando Nro. El actor obró GADDMQ-ACDC-DLO-JT-2022-2082-M de acuerdo con lo convenido en cuanto 30 de noviembre de 2022, el Ing. Xxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxx, Servidor Municipal de la Unidad Técnica a la época, remitió al nombramiento Ing. Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Jefe de algunos trabajadores administrativosla Unidad Técnica, pago de salarios y prestaciones sociales los estudios correspondientes a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000REMODELACIÓN MERCADO XXXXXXXX. 151.13.- Con memorando Nro. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos GADDMQ-ACDC-DLO-JT-2023-0107-M de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado 2023, el monto reclamado por ese conceptoIng. Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Jefe de la Unidad Técnica, solicitó a la Arq. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Analista de la Unidad Técnica, la elaboración y entrega del informe de necesidad de contratación para la intervención en el Mercado Xxxxxxxx. C. El trámite 1.14.- Mediante memorando Nro. GADDMQ-ACDC-DLO-JT-2023-0108-M de 31 de enero de 2023, la Arq. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Analista de la primera instanciaUnidad Técnica, remitió al Ing. Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Jefe de la Unidad Técnica, el informe técnico Nro. ACDC-DLO-UT-2023-XXXXXXXX-001, para la intervención en el Mercado Xxxxxxxx. 11.15.- Con memorando Nro. En GADDMQ-ACDC-DLO-JT-2023-0109-M de 31 de enero de 2023, el proveído Ing. Xxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, Jefe de la Unidad Técnica, remitió a la Arq. Xxxxxx del Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Directora de Logística y Operaciones, el Informe de Necesidad Nro. ACDC-DLO-UT-2023-XXXXXXXX-001, que admitió justifica la demandaintervención en el Mercado Xxxxxxxx, programada en el primer cuatrimestre de acuerdo al POA y PAC 2023 de la ACDC. 1.16.- Mediante memorando Nro. GADDMQ-ACDC-DLO-2023-0148-M de 31 de enero de 2023, la juez ordenó dar traslado Arq. Xxxxxx del Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Directora de Logística y Operaciones, solicitó al Abg. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Coordinador Distrital del Comercio, la autorización para el inicio de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento fase preparatoria del proceso de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demandacontratación “REMODELACIÓN MERCADO XXXXXXXX COM”. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión1.1 Síntesis del caso B. Los hechos 12.1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento Se presentó una xxxx de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente 97 días para la enseñanza firma del contrato, debido a “actuaciones ajenas al proceso licitatorio” y suscripción de básica secundaria en un contrato xx xxxxxxx para el manejo del anticipo, exigencia que no hacía parte de los pliegos de condiciones. Sostuvo que, según las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término reglas del proceso de duraciónselección -cláusula 1.25- el contrato debía suscribirse 8 días después de la adjudicación, las partes fijaron esto es el de tres (3) años a partir del 1º 18 de diciembre de 19831998, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en xxxxxx se firmó el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 25 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx1999. 72.2. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar Se presentó un atraso significativo en la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes iniciación de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, trabajos. Aseguró que conforme los pliegos -cláusula 2.2- las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas obras debían iniciarse el 2 de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra enero de 1999; empero ello ocurrió el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades 8 xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989xxxxx siguiente, es decir, con 156 xxxx xx xxxx, debido a que la ETB no contrató la interventoría externa, necesaria para ejecutar el proyecto. Adujo que, si bien el 12 xx xxxxx de 1999, las partes suscribieron una primera versión del 1º acta de enero inicio de 1986 hasta los trabajos, estos solo se pudieron comenzar con el 30 adelantamiento de diciembre unas obras menores, especialmente la actividad de 1989instalación de abonados que apenas representaban el 2% del valor del contrato, modificándose quedando pendientes las obras principales (ampliaciones generales), por la ausencia de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato contratación de arrendamiento» por un total la interventoría, la cual empezó labores el 8 xx xxxxx de US$100.000 equivalentes a $15’000.0001999, fecha en la cual se suscribió una nueva acta de inicio. 142.3. El actor obró La actora puso de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento presente que la ETB entregó tardíamente los planos de algunos trabajadores administrativoslas obras principales, pago eso es las ampliaciones generales de salarios las centrales xx Xxxxxxxx, Xxxxx y prestaciones sociales a docentes Puente Aranda, los que debían ser entregados, según las previsiones xxx xxxxxx y empleados. También cumplió del contrato, con la reparación y mantenimiento firma del acta de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad iniciación de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese añotrabajos, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamientoes decir, el 2 de diciembre enero de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones 1999; empero fueron entregados entre el 22 y 24 xx xxxxx de 1999. La demandante afirmó que el incumplimiento de la demandante sin haber oído a ETB afectó el cronograma de ejecución de los arrendatarios por considerar trabajos, la programación de las compras de materiales, la solicitud y obtención de las licencias de excavación que no acreditaron el pago dependían de la rentaentrega oportuna de los planos y la iniciación material y efectiva de las obras, lo cual no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron podía adelantarse sin los recibos de pago permisos correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor la ETB entregó diseños que no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de correspondían con las obras adelantadas»a ejecutar. 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En 1.1 Con fecha 14 xx xxxxx de 2010, las Partes, suscribieron el año 1983Contrato de Suministro de Electricidad para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2021, producto de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx adjudicación de la licitación de largo plazo ED-01-2009-LP, (en adelante, el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx“Contrato”). 2. En razón 1.2 Con fecha 26 xx xxxxx de 2013, las Partes suscribieron la Primera Adenda, mediante la cual modifican el Anexo “A” del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable Contrato para formalizar la incorporación de las instalacionesBarras de Entrega y medición Zapallal 210 kV, al momento Carabayllo 210 kV, Rio Seco (Huaral Norte) 60 kV y Rio Seco (Huaral Norte) 20 kV. 1.3 Con fecha 10 de suscribirse diciembre de 2013, las Partes, suscribieron la Segunda Adenda, mediante la cual modificaban el referido convenio, Anexo “A” del contrato en lo concerniente a la institución tenía derogada Potencia Contratada donde se realizó el traslado de parte de la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distritalpotencia contratada destinada para el mercado libre hacia el mercado regulado. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con 1.4 Con fecha 26 de setiembre de 2014, las Partes suscribieron la Tercera Adenda, mediante la cual modificaron el inmueble Anexo “A” del Contrato en lo concerniente a la Potencia Contratada, trasladando parte de la potencia contratada destinada para el que funcionaba además de «todos sus elementosmercado libre, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturnahacia el mercado regulado. 4. Como término 1.5 Con fecha 30 de duracióndiciembre de 2015, las partes fijaron Partes, suscribieron la Cuarta Adenda mediante la cual modificaban el Anexo “A” del contrato en lo concerniente a la Potencia Contratada donde se realizó el traslado del total de tres (3) años la potencia contratada destinada para el mercado libre hacia el mercado regulado. 1.6 Mediante carta N° PGECC-GE-072-2016 de fecha 24 de noviembre de 2016, LA DISTRIBUIDORA comunicó a EL GENERADOR su Nueva Denominación Social a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982».2016: “ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A. 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 1.7 Con fecha 28 de diciembre de 19892016, modificándose las Partes suscribieron la Quinta Adenda, mediante la cual modificaron el Anexo “D” del Contrato en lo concerniente a la Formulas de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato Actualización, modificando el Índice de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000Precios. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 1.8 Con fecha 31 de diciembre de 1989. 18. Por último2018, las Partes suscribieron la Sexta Adenda, mediante la cual modificaron el 12 Anexo “A” del Contrato en lo concerniente al Plazo de febrero de 1987Vigencia, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho extendiendo el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, citado plazo hasta el 2 31 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable 2030. 1.9 Mediante carta N° OC-GE-020-2019 de fecha 25 xx xxxxx de 2019, LA DISTRIBUIDORA comunicó a las pretensiones EL GENERADOR que a partir xx xxxx de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago 2019 entraría en Operación Comercial una “Nueva Barra de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial entrega y medición” en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientesSub Estación Lomera 220 kV. La indicada modificación está siendo incluida en la Séptima Adenda. 201.10 Mediante carta N° OC-GE-031-2019 de fecha 19 xx xxxxx de 2019, LA DISTRIBUIDORA aceptó la solicitud de liberación de Potencia Variable para el periodo 2019-2021, formulada por EL GENERADOR con Carta N° 0031-2019-C de fecha 12 xx xxxxx de 2019. La diligencia presente adenda, modifica el “Anexo A” para reducir a cero (0) la potencia variable a partir del de lanzamiento tuvo lugar de hasta el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 31 de diciembre de 19892021. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 11.1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento Con fecha 08 de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable septiembre de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración2008, las partes fijaron Partes suscribieron el Contrato de tres Concesión de SGT de la Línea de Transmisión Chilca-La Planicie-Zapallal” (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones el “Contrato de Concesión SGT”), a fin de que luego fueron modificadas la SOCIEDAD CONCESIONARIA desarrolle las actividades de diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la mencionada línea de transmisión. Posterior a ello con fecha 23 xx xxxxx del 2011 se inició la Puesta en Operación Comercial de la mencionada línea. Al respecto, en el documento numeral 7.5 del Anexo N° 1 del Contrato de 24 xx xxxxxx Concesión SGT se estableció que en la subestación La Planic ie se deberá prever el espacio para una futura ampliación de 1985 suscrito por el representante legal esta subestación a 500 kV. Dicho proyecto de la arrendadoraampliación sería objeto de un proyecto de Refuerzo de conformidad con las Leyes Vigentes. 51.2. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 Con fecha 29 xx xxxxx de 19842011, cedió sus derechos el CONCEDENTE y la SOCIEDAD CONCESIONARIA suscribieron la Adenda N° 1 al Contrato de Concesión SGT, la cual tuvo por objeto de modificar el plazo de la Puesta en Operación Comercial de la Etapa 1(220 kV) y de la Etapa 2 (500 kV). 1.3. Con fecha 00 xx xxxxxxx xx 0000, xx XXXXXXXXXX y la SOCIEDAD CONCESIONARIA suscribieron la Adenda N° 2 al Contrato de Concesión SGT, la cual tuvo por objeto de modificar el plazo de la Puesta en Operación Comercial de la Etapa 1(220 kV) y de la Etapa 2 (500 kV) a efectos de regularizar la fecha desde la cual se encuentra operando comercialmente la Línea Eléctrica. 1.4. Con fecha 00 xx xxxxxxx xx 0000, xx XXXXXXXXXX y la SOCIEDAD CONCESIONARIA suscribieron la Adenda N° 3 al Contrato de Concesión SGT, la cual tuvo por objeto modificar el literal f) del numeral 8.1 de la Cláusula Octava del Contrato de Concesión SGT, que se refiere al índice de actualización de la Bas e Tarifaria WPSFD4131. 1.5. Mediante Resolución Ministerial N° 422-2020-MEM/DM, publicada en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. Diario Oficial “El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta Peruano” el 30 de diciembre de 19892020, modificándose se aprobó el Plan de esta manera las cláusulas quinta Transmisión 2021- 2030, en el cual se incluye el Proyecto Vinculante denominado “Proyecto ITC Ampliación de la SE Planicie, ampliaciones y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000subestaciones asociadas”. 141.6. El actor obró Mediante Carta CS0010 – 21031141 de acuerdo fecha 00 xx xxxxxxx xx 0000, xx XXXXXXXX CONCESIONARIA en cumplimiento con lo convenido estipulado en cuanto el numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto Supremo N° 027-2007-EM, modificado mediante Decreto Supremo N° 018-2016-EM (en adelante, Reglamento de Transmisión), remitió al nombramiento MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS las especificaciones detalladas del “Proyecto ITC Ampliación de algunos trabajadores administrativosla SE Planicie, pago ampliaciones y subestaciones asociadas”, el cual califica como Refuerzo de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento Línea de las instalaciones según lo acordadoTransmisión Chilca – La Planicie - Zapallal en 220 kV, inversión que ascendió a más de $50’000.000cuyo titular es la SOCIEDADCONCESIONARIA. 151.7. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx XxxxxMediante Resolución N° 054-2021-OS/CD, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx publicada en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en Diario Oficial “El Peruano” el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 26 xx xxxxx de 19902021, el OSINERGMIN aprobó la propuesta de Base Tarifaria del Refuerzo “Proyecto ITC Ampliación de la SE Planicie, ampliaciones y subestaciones asociadas”. 1.8. Con fecha 00 xx xxxxx xx 2021, el CONCEDENTE y la SOCIEDAD CONCESIONARIA suscribieron la Adenda N° 4 al Contrato, la Sala Civil del Consejo cual tuvo por objeto cambiar el Nivel de Justicia Tensión de Bogotá declaró la nulidad Línea de Transmisión de 220 a 500 kV. 1.9. Con fecha 00 xx xxxxx xx 2021, el CONCEDENTE y la SOCIEDAD CONCESIONARIA suscribieron la Adenda N° 5 al Contrato, la cual tuvo por objeto ampliar la capacidad de la Subestación La Planicie 220 kV. 1.10. De conformidad con lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación dispuesto en el goce numeral 5.10 de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por Cláusula Quinta del Contrato de Concesión SGT y en el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente numeral 7.3 del artículo 7 del Reglamento de Transmisión, mediante Carta CS0004-21031451 de fecha 00 xx xxxxx xx 2021, la SOCIEDAD CONCESIONARIA ejerció su derecho de preferencia para ejecutar el establecimiento educativo se destinaron Refuerzo correspondiente al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite “Proyecto ITC Ampliación de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demandaSE Planicie, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237ampliaciones y subestaciones asociadas” (en adelante, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demandaRefuerzo 3). 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión2.1. Mediante Resolución de Adjudicación Nro.CNEL-PRI-GPP-2019-0004, de fecha 29 de noviembre del 2019, suscrita por el Ing. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, se adjudica el proceso Nro. BID-PRIZA-CNELESM-ST-OB-003 cuyo objeto definido es la “Reconstrucción de Subestación Xxxxxxxxxx-Quininde 1”, por un monto de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCO CON 60/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS NORTE AMÉRICA (USD 659,305.60 ) más IVA, con un plazo de 240 días calendario. B. Los hechos 2.2. Mediante memorando Nro.CNEL-PRI-GPP-2019-1173-M de 10 de diciembre de 2019, el Gerente del Plan PRIZA, con la finalidad de brindar continuidad al Contrato Nro. BID-PRIZA-CNELESM-ST-OB-003 “Reconstrucción de Subestación Xxxxxxxxxx - Quininde 1”, resuelve realizar la designación como Administrador del Contrato al Ing. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 22.3. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º Con fecha 12 de diciembre de 19832019, prorrogable a voluntad se suscribió el contrato Nro. BID-PRIZA- CNELESM-ST-OB-003 entre la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-PLAN PRIZA, representada legalmente por el Ing. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, en calidad de las partesGERENTE CNEL EP – PLAN PRIZA y la Empresa ENERGYCONTROL S.A., pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante“Reconstrucción de Subestación Xxxxxxxxxx - Quininde 1”, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito representada legalmente por el representante legal Ing. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx en calidad de la arrendadoraGerente General. 52.4. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de Con fecha 30 xx xxxxx de 19842020, cedió sus derechos en se suscribió el contrato Nro. BID-PRIZA-CNELESM- ST-FI-027, con el objeto de arrendamiento al coarrendatario “Fiscalización Eléctrica Reconstrucción de Subestación Xxxxxxxxxx – Quininde 1 GD”, entre la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-PLAN PRIZA, representada por el Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx en calidad de Gerente del Proyecto PRIZA y por otra parte el Ing. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Plaza en calidad de Contratista/Consultor. 2.5. Con fecha 25 xx xxxxxx de 2020, se suscribió el contrato Nro. BID-PRIZA-CNELESM- ST-FI-028, con el objeto de “PRI BID Fiscalización Civil Reconstrucción de Subestación Xxxxxxxxxx – Quininde 1 GD”, entre la EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP-PLAN PRIZA, representada por el Ing. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx en calidad de Gerente del Proyecto PRIZA y por otra parte el Ing. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XxxxxxxxxXxxxx en calidad de Contratista/Consultor. 72.6. El arrendatario Mediante Memorando Nro. CNEL-ESM-ADM-2020-0794-M, de fecha 29 de noviembre de 2020, suscrito por el Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx – ADMINISTRADOR DE CNEL EP, ENCARGADO – ESM, le solicita al Gerente del plantel realizó gestiones docentesProyecto PRIZA - Mgs. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, administrativas una vez que los trabajos para la reconstrucción de las subestaciones Xxxxxxxxxx y financieras Quininde 1 específicamente el contrato Nro. BID-PRIZA-CNELESM-ST-OB-003 “RECONSTRUCCION DE SUBESTACIONES XXXXXXXXXX-QUININDE 1”, en base a recorrido realizado a la obra antes descrita con los técnicos de la CNEL EP UN Esmeraldas se detectó que dentro del estudio no se ha considerado la colocación xx xxxxxx ¾¨ en patio y cuadros de 69 kv y 13.8 kv, la cual serviría para recuperar aislamiento eléctrico para las corrientes de paso y para cumplir las normas actuales para la licencia construcción de funcionamientosubestaciones eléctricas a nivel de la corporación, saneando las deficiencias e imperfecciones y solicita que para entonces teníase disponga al administrador del contrato Ing. Xxxx Xxxxxxx, de ser procedente se ejecute lo solicitado anteriormente. 82.7. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equiposMediante comentario realizado por el Gerente del Proyecto PRIZA, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…)en Hoja xx Xxxx del sistema documental Quipux, cinco (5) lavamanos del Memorando Nro. CNEL-ESM-ADM-2020-0794- M, indica para hombres su conocimiento y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)»oportuna gestión lo solicitado por CNEL EP-UN ESM. 92.8. También reparó las paredes Mediante oficio Nro. CNEL-PRI-CSEL-2020-0320-O, de fecha 30 de noviembre de 2020, se solicita a la Contratista y Fiscalización realizar un informe técnico- económico, para la viabilidad del requerimiento solicitado por CNEL EP-UN ESM, en lo que corresponde la colocación xx xxxxxx ¾¨ en patio y cuadros de 69 kv y 13.8 kv de la S/X Xxxxxxxxxx y Quininde 1, se indica que se debe de considerar los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados rubros nuevos con sus respectivos equiposanálisis de precios unitarios, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron no establecidos en $257.000, a lo que se adicionó la compra el presupuesto contractual del Contrato Nro. BID-PRIZA-CNELESM-ST-OB-003 del Proyecto “Reconstrucción de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000Subestación Xxxxxxxxxx – Quininde 1”. 112.9. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo Mediante Informe de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 Rubros Nuevos Nro. 839-GEN-IF-005-04, de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º fecha 26 de enero de 1986 hasta 2021, la contratista ENERGYCONTROL, justifica y solicita que se realice las gestiones necesarias para un contrato complementario por rubros nuevos por un monto de $15.724,46 sin IVA que representa el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta 2.385008% del valor del contrato necesarios para dar atención al requerimiento de arrendamiento» CNEL EP – UN ESM y se pueda culminar la obra a completa satisfacción de la contratante. 2.10. Mediante informe Nro. RQP-PED-010 de fecha 29 enero de 2021, la fiscalización de obra eléctrica y civil, aprueba los rubros nuevos y recomienda al Administrador del contrato realice las gestiones necesarias para realizar un contrato complementario por rubros nuevos por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más monto de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad 15.724,49 sin IVA que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, representa el Presidente de la República designó 2.385008% en ese cargo base a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx LOSNCP en el pago de la renta de ese añoart. 87, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó poder dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose atención a lo solicitado por el actor y CNEL EP – UN Esmeraldas. Adicional concluye que para ejecutar los rubros nuevos se pronunció sobre la causa petendiejecutarían en un plazo de 20 días adicionales al contrato. 2.11. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada»Mediante Memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0172-M de fecha 02 de febrero de 2021, «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación solicita a la posesión Ing. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx – Coordinadora Administrativa Financiera – PRIZA, se verifique la disponibilidad presupuestaria del PY 171312500210 en el presente año fiscal, al que culminaron con sentencia absolutoria se encuentra anclado el Contrato Nro. BID-PRIZA-CNELESM-ST-OB-003 “RECONSTRUCCION DE SUBESTACIONES XXXXXXXXXX-QUININDE 1”. 2.12. Mediante Memorando Nro. CNEL-PRI-CAF-2021-0266-M, de segunda instancia fecha 00 xx xxxxxxx xx 0000, Xxxxxxxxxxxx Administrativa Financiera certifica la disponibilidad Presupuestaria del PY 171312500210 en el presente año fiscal por los siguientes valores: 2.13. Mediante memorando Nro. CNEL-PRI-CSEL-2021-0176-M, de fecha 03 de febrero de 2021, emitido por el Ing. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, administrador del contrato, BID-PRIZA-CNELESM-ST-OB-003 “Reconstrucción de Subestaciones Xxxxxxxxxx a favor Quininde 1", en el que manifiesta: “(…) se requiere la ampliación del plazo Contractual en 20 días calendarios, para la ejecución de los funcionarios “Rubros Nuevos” solicitado por la contratista, al plazo contractual (…)”. 2.14. Mediante Memorando Nro. CNEL-PRI-CJU-2021-0021-M de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia fecha 11 de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba febrero de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos 2021, suscrito por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado Coordinador Jurídico PRIZA, emite el procedimiento en el juicio penalcriterio jurídico respecto al Contrato Complementario por Rubros Nuevos al Contrato Nro. BID-PRIZA- CNELESM-ST-OB-003, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con indicando lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]siguiente:

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 11.1 Mediante Decreto Ejecutivo No. En 1221 de 7 de enero de 2021, señala que la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, es una persona de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en el año 1983cantón Quito, provincia de Pichincha, cuyo objeto es la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó es la gestión del sector estratégico de los recursos naturales no renovables, para su aprovechamiento sustentable, conforme a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx la Ley Orgánica de Empresas Públicas y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado la Ley de Hidrocarburos, para lo cual intervendrá en todas las fases de la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxxactividad hidrocarburífera. 21.2 Mediante Resolución Nro. En razón del incumplimiento XXXXX-PGG-2021-0181-RSL de normas atinentes al servicio 25 xx xxxxx de 2021, el Gerente General Subrogante, resolvió ratificar el contenido de la Resolución Nro. XXXXX-PGG-2021-0040-RSL de 24 de febrero de 2021, mediante la cual aprobó el Anexo No. 1 que se prestaba y en virtud del estado deplorable contiene el documento referencial “ABS.05.DR.01 (V18) DELEGACIÓN DE ORDENADORES DE GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE OBRAS, SERVICIOS, INCLUIDOS LOS DE CONSULTORÍA Y PAGOS VARIOS”, según el cual la Jefe de Compras Locales es la Ordenadora de Gasto para el monto de esta contratación. 1.3 Mediante Resolución Nro. XXXXX-PGG-2022-0145-RSL de 16 de septiembre de 2022, el Gerente General, resolvió ratificar el contenido de las instalacionesResoluciones No. XXXXX-PGG-2021-0040-RSL; XXXXX-PGG-2021-0065-RSL; XXXXX-PGG-2021- 0114-RSL; XXXXX-PGG-2021-0181-RSL de 24 de febrero, al momento 29 xx xxxxx; 9 xx xxxx; y, 25 xx xxxxx de suscribirse 2021, respectivamente. 1.4 De conformidad a lo dispuesto en los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-, y 25 y 26 de su Reglamento General, el referido convenioPlan Anual de Contrataciones de EP PETROECUADOR 2022, contempla: “GG.SSA.SIN ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO RETARDANTE AL FUEGO” con el código 282500033, de acuerdo a la institución tenía derogada la licencia Certificación N° 0268-PAP-2022 de funcionamiento, medida impuesta por la 10 xx 1.5 Mediante Resolución No. 023339 I-SIE-EPP-152-2022 de 9 13 xx xxxxx de 2022, la Subgerente de Logística y Abastecimiento de EP PETROECUADOR, autorizó el inicio, aprobó el pliego y el cronograma del proceso de Subasta Inversa Electrónica signado con el código SIE-EPP-152-2022, para la “ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO RETARDANTE AL FUEGO”. 1.6 El 13 xx xxxxx de 2022, se publicó el proceso de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE- EPP-152-2022, mediante el Sistema Oficial de Contratación Pública del SERCOP. 1.7 Mediante correo electrónico de 26 de julio de 1982 dictada 2022, el Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP, suspende el proceso SIE-EPP-152-2022, por la Secretaría calificar una sola oferta dentro del procedimiento de Educación Distritalcompra. 31.8 Mediante Oficio Nro. El establecimiento educativo XXXXX-LAB-2022-0404-O de 27 de julio de 2022, esta Subgerencia en calidad de Ordenadora de Gasto, remite al Servicio Nacional de Contratación Pública, los descargos de los argumentos de calificación y descalificación de las ofertas presentadas, mismos que fueron elaborados y suscritos por los miembros de la Comisión Técnica, mediante el Informe de calificación con sus respectivos anexos; así también, solicitó que una vez analizada la documentación se arrendó junto proceda con el inmueble en levantamiento de la suspensión y la reprogramación de las etapas del mismo. 1.9 Mediante Oficio Nro. SERCOP-DSP-2022-3895-OF de 11 xx xxxxxx de 2022, el Servicio Nacional de Contratación Pública, señala que funcionaba además EP PETROECUADOR definirá la continuidad de «todos sus elementosla contratación bajo su entera responsabilidad. 1.10 El Servicio Nacional de Contratación Pública, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente procede a levantar la suspensión del proceso de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-EPP-152-2022, para la enseñanza “ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO RETARDANTE AL FUEGO” y reprograma el cronograma del mismo estableciendo la fecha de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturnanegociación para el 31 xx xxxxxx de 2022. 41.11 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria “ROPA DE TRABAJO Y PROTECCIÓN -STOCK - NO APLICA”, de acuerdo con la Certificación No. Como término 027416-CERT-PRES-2022 de duración04 de octubre de 2022; 1.12 Luego del proceso correspondiente, las partes fijaron el Subgerente de tres Logística y Abastecimiento de EP PETROECUADOR mediante Resolución Nro. ADJ-SIE-EPP-152-2022 de 11 de octubre de 2022, adjudicó el procedimiento para la “ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO RETARDANTE AL FUEGO”, por el valor de USD 5´698.323,49 (3Cinco millones seiscientos noventa y ocho mil trescientos veintitrés con 49/100), sin incluir el IVA, con un plazo de ejecución de doscientos veinte (220) años días calendario, contados a partir del 1º día siguiente a la fecha de diciembre entrega del anticipo. 1.13 EL CONTRATISTA a la presente fecha se encuentra habilitada, no consta en el Registro de 1983Contratistas Incumplidos ni Adjudicatarios Fallidos del SERCOP, prorrogable a voluntad conforme se evidencia en los certificados obtenidos de las partes, pactándose como renta mensual la suma plataformas virtuales del Servicio Nacional de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadoraContratación Pública. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión1.1. - De conformidad con el Artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Artículo 43 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y el Plan Anual de Contrataciones de “LA CONTRATANTE”, se contempla la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES DE LA RURALIDAD XXX XXXXXX XXXXX XXXXX”. B. Los hechos 11.2. En el año 1983- Previo los informes y los estudios respectivos, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx máxima autoridad de “LA CONTRATANTE”, mediante RESOLUCIÓN No GADMPS-A-2024-0038- R, de fecha 22 xx xxxxx del 2024, resolvió aprobar los pliegos de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADMPS-2024-00002 para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES DE LA RURALIDAD XXX XXXXXX XXXXX XXXXX”. 1.3. - Se cuenta con la existencia y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado suficiente disponibilidad de fondos en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento certificación presupuestaria N° 050, partida N° O53.11.29.103.132.2024.730201.002.003, de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 fecha 15 xx xxxxx de 19842024, cedió sus derechos suscrita por el Econ. Xxxx Xxxxxxx, por un monto de USD 38.000.00 (treinta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), denominada TRANSPORTE DE PERSONAL. 1.4. - Se realizó la respectiva convocatoria para la participación en el contrato proceso de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo contratación por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionadaSubasta Inversa Electrónica, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de los memorandos de 31 Contratación Pública, el 25 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía xxxxx del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial2024. 261.5. Ante - Luego del proceso correspondiente la ocupación máxima autoridad de hecho “LA CONTRATANTE”, mediante Resolución No GADMPS-A-2024-0041-R, de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 fecha 15 xx xxxxx de 19902024, la Sala Civil del Consejo adjudicó el proceso de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; emperoSubasta Inversa Electrónica signado SIE-GADMPS-2024-00002, cuyo objeto es “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ESTUDIANTES DE LA RURALIDAD XXX XXXXXX XXXXX XXXXX”, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamientofavor del oferente COMPAÑIA TRANSPORTES ARCO IRIS TRANSARCOIRIS S.A., lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28con RUC Nro. Los ingresos percibidos 1691718529001, representado por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese conceptoXx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Naranjo Jaramillo. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 12. En Con fecha 00 xx xxxxxxxxx xx 0000, xx Xxxxxx xx xx Xxxxxxxxx xxx Xxxx, representado por el año 1983Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), suscribió el Contrato de Concesión para el diseño, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx construcción, mejora, mantenimiento y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx explotación del Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú (en adelante, el plantel educativo Xxxxx XX ubicado Contrato de Concesión) con la Sociedad Concesionaria Aeropuertos del Perú S.A. (en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalacionesadelante, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación DistritalConcesionario o AdP). 3. El establecimiento educativo Con posterioridad a la suscripción del Contrato de Concesión, se arrendó junto suscribieron ocho adendas de modificación contractual. En particular, con el inmueble fecha 20 de diciembre de 2010, se suscribió la Adenda N° 6, a través de la cual, entre otros, se efectuaron modificaciones al Anexo 17 del Contrato, a fin de implementar una modalidad de pago que se encontraba contenida en el que funcionaba además Contrato de «todos sus elementosConcesión, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente cuyas precisiones procedimentales de los instrumentos Certificados de Reconocimiento de Derechos xxx XXX (CRPAO) en la concesión, tienen por finalidad facilitar el cierre financiero para la enseñanza de básica secundaria las inversiones en las jornadas diurna y nocturnael Periodo Remanente. 4. Como término Mediante Carta N° 1161-2020-GR-AdP de duraciónfecha 0 xx xxxxxxxxx xx 0000, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad XxX xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx la aprobación de las partes, pactándose como renta mensual Adendas a los Contratos xx Xxxxxxxx de la suma Estructura Financiera del Plan de $400.000 para la primera anualidad con un incremento Inversiones en Equipamiento 2018-2020 en el marco del 10% anual Endeudamiento Garantizado Permitido (en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas EGP), aprobado por el Concedente mediante Oficio N° 1030-2018-MTC/25 de fecha 5 xx xxxxx de 2018, con el objeto de ampliar el plazo para el financiamiento del Plan de Inversiones en Equipamiento hasta el año 2021, comprendiendo cambios en los montos de financiamiento, en su alcance y en el documento plazo de 24 xx xxxxxx disponibilidad de 1985 suscrito por el representante legal uso de la arrendadorafondos. 5. Se acordó que Por intermedio del Oficio N° 5016-2020/MTC/19, recibido el 11 de diciembre de 2020, el Concedente solicitó a Ositrán emitir opinión respecto de las mencionadas adendas a los inquilinos debían contratar al personal docente contratos de financiamiento1. Visado por: XXXXXXXXX XXXXXX Xxxx Xxxxxxx FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 05/07/2021 13:02:08 -0500 Visado por: XXXXXX XXXXXX Xxxx Xxxxxx FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 05/07/2021 12:59:28 -0500 Visado por: XXXX XXXXXXX Xxxxx Xxxxxxx FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 05/07/2021 12:55:52 -0500 Visado por: XXXXXX XXXXX Xxxxxx Xxxxxx FAU 20420248645 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 05/07/2021 12:52:17 -0500 Visado por: XXXXXXX XXXXXX Xxxx Xxxxxx FIR 41166773 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 05/07/2021 12:48:54 -0500 Visado por: XXXX XXXXXXXXX Xxxx Xxxxxx FAU 20420248645 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 05/07/2021 12:45:04 -0500 1 Es de señalar que, en el marco de la autorización de modificación del EGP para financiar el Plan de Inversiones en Equipamiento 2018-2020, la Gerencia de Regulación y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores Estudios Económicos remitió el Oficio N° 002-2021-GRE- OSITRAN, así como el Oficio N° 0018-2021-GRE-OSITRAN, requiriendo en dos oportunidades información referida a la Fundación Visado por: XXXXXX XXXXXX Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx.Xxxxxxx FIR 09830351 hard Motivo: Firma Digital Fecha: 05/07/2021 12:38:32 -0500 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx XxxxxxMediante Oficio N° 0037-2021-SCD-OSITRAN del 00 xx xxxxx xx 2021, el Ositrán remitió al MTC la Opinión Técnica respecto de las Adendas a los Contratos xx Xxxxxxxx de la Estructura Financiera del Plan de Inversiones en Equipamiento 2018-2020 en el marco del EGP solicitado por AdP, adoptada mediante el Acuerdo N° 2331-730-21-CD-OSITRAN durante la Sesión Ordinaria N° 730-2021-CD- OSITRAN. Cabe indicar que la Opinión Técnica mencionada se recogió en el Informe N° 00038-2021-IC-OSITRAN (GRE-GAJ), adjunto al mencionado Oficio. Al respecto, el mencionado Acuerdo emitió opinión favorable a los documentos del financiamiento que conformaron el EGP materia de evaluación, señalando que previamente a la aprobación de constitución de las garantías, el Concedente debe evaluar los plazos propuestos en el Contrato de Xxxxxxxx xx Xxxxxxx Plazo, en escrito atención al plazo máximo que tiene el Contrato de 30 xx xxxxx de 1984Concesión para los contratos con terceros, cedió sus derechos conforme a lo dispuesto en el contrato inciso d) del numeral 13.3.1 de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxla Cláusula Décimo Tercera del Contrato de Concesión. 7. El arrendatario Mediante Carta N° 246-2021-GR-ADP, de fecha 00 xx xxxxxxx xx 0000, xx Xxxxxxxxxxxxx se dirigió al MTC, con copia a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF) del plantel realizó gestiones docentesOsitrán, administrativas solicitando la autorización de la Constitución de un Fideicomiso de Administración y financieras Garantía2, en el marco de la aprobación del EGP para recuperar la licencia el Financiamiento del Segundo Programa de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces teníaMantenimiento Periódico. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equiposfecha del 25 de febrero de 2021, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…)mediante Oficio N° 1028-2021-MTC/19, cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeresel MTC solicitó al Ositrán que emita opinión respecto a la autorización del EGP solicitada por ADP, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios según lo establecido en el numeral 10.4.1 de química, con tres mesones en cemento con su instalación la Cláusula Décima del Contrato de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)»Concesión3. 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones Por intermedio de las aulas la Carta N° 552-2021-GR-AdP de clase y efectuó otras obrasfecha 00 xx xxxxx xx 2021, entre ellas las el Concesionario remitió a este Organismo Regulador un Informe Legal preparado por el Estudio Xxxxxxxx, Prietocarrizosa, Xxxxxxx, DU & Xxxx, con el fin de «resanar paredes complementar la información enviada con relación a la operación de financiamiento del Segundo Programa de Mantenimiento Periódico respecto de los corredores o pasillosAeropuertos de Chachapoyas y Tarapoto –, levantar murosanalizando el numeral 13.3.1. de la Cláusula Décimo Tercera del Contrato de Concesión, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños así como su inaplicación respecto de los contratos que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas forman parte de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000los Endeudamientos Garantizados Permitidos. 10. Los laboratorios Mediante Oficio N° 0058-2021-SCD-OSITRAN del 00 xx xxxx xx 2021, el Ositrán remitió al MTC la Opinión Técnica respecto al otorgamiento de químicagarantías en el marco del EGP para el financiamiento del Segundo Programa de Mantenimiento Periódico de los Aeropuertos de Chachapoyas y Tarapoto solicitado por AdP, física la misma que fue adoptada mediante el Acuerdo N° 2342-733-21-CD-OSITRAN durante la Sesión Ordinaria N° 733-2021-CD-OSITRAN. Cabe indicar que la Opinión Técnica mencionada se recogió en el Informe N° 00065-2021-IC-OSITRAN (GRE-GAJ), el mismo que se adjuntó al Oficio anteriormente señalado. Dicha opinión técnica precisó que, previamente a la aprobación de constitución de garantías, el Concedente debe evaluar los plazos propuestos en el Contrato de Fideicomiso en Administración y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, Garantía conforme a lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron dispuesto en $257.000el inciso d) del numeral 13.3.1 de la Cláusula Décimo Tercera del Contrato de Concesión, a lo la luz del plazo máximo que se adicionó la compra tiene el Contrato de 50 máquinas Concesión para los contratos con terceros. situación actual de escribir manuales y 40 eléctricas para su operación de financiamiento, así como absolver las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo observaciones relacionadas a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendadomodificación de dicha operación financiera. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En el año 1983El Estado tiene interés en refinanciar la deuda pública directa de largo plazo a su cargo, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además fin de «todos sus elementosmejorar las condiciones de plazo, muebles tasa de interés, garantías y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna otras condiciones de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6financiamientos contratados previamente. Xxxxxxxxx Xxxxxx XxxxxxCon fecha 30 de septiembre de 2011 el Estado, como fideicomitente y fideicomisario en escrito segundo lugar y Banco Invex, S.A., Institución de 30 Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, como fiduciario, celebraron el contrato de fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago identificado con el número F/1163 (según el mismo ha sido modificado y/o reexpresado con fechas 26 xx xxxxx de 19842015 y 19 de octubre de 2018, cedió sus derechos y modificado con fechas 7 xx xxxxx de 2019, 30 xx xxxx de 2022 y [*] de [*] de 2023 y sea modificado de tiempo en tiempo, el “Fideicomiso Maestro”). Copia simple del Fideicomiso Maestro se adjunta al presente como Anexo A. En términos del artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera (según dicho término se define más adelante), mediante Decreto No. 404 publicado en el contrato Periódico Oficial del Estado de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Coahuila xx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentesTomo CXXIX, administrativas y financieras para recuperar la licencia número 104, de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el fecha 30 de diciembre de 19892022 (el “Decreto 404”, modificándose según el mismo fue modificado por el Decreto 486 que Reforma el Decreto 404 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 21 xx xxxxx de esta manera las cláusulas quinta 2023, y sexta en conjunto con el Decreto 404, el “Decreto de Autorización”) el Congreso del contrato Estado Independiente, Libre y Soberano de arrendamiento» Coahuila xx Xxxxxxxx autorizó al Estado, por un total conducto del Poder Ejecutivo, a través del titular de US$100.000 equivalentes la Secretaría, entre otras cosas, para: (i) reestructurar y/o refinanciar la totalidad de la deuda pública directa del Estado indiciada en el Decreto de Autorización; (ii) contratar o modificar garantías de pago oportuno y, en su caso, instrumentos derivados; (iii) constituir uno o más fideicomisos de los previstos en el artículo 81 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila xx Xxxxxxxx; (iv) reestructurar y modificar los términos, o reexpresar y llevar a $15’000.000. 14cabo los demás actos jurídicos que sean necesarios y/o convenientes sobre fideicomisos existentes, cuyas características y fines, entre otros, serán los indicados en el Decreto de Autorización, y en general, (v) celebrar todos los actos jurídicos necesarios y convenientes que para tales propósitos se requieran. El actor obró Una copia de acuerdo la publicación del Decreto de Autorización se acompaña al presente como Anexo B. De conformidad con lo convenido previsto en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios el artículo 26 y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal demás aplicables de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx XxxxxLey de Disciplina Financiera, el Presidente Estado implementó un proceso de la República designó en ese cargo a la Fundación Licitación Pública para la Educación Superior (FES)refinanciar su deuda pública directa de largo plazo, derivado del cual, con fecha [●] el Acreditante le presentó una oferta económica irrevocable, precisando los términos y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineroscondiciones financieras aplicables al Crédito; oferta económica que, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago Proceso de Licitación Pública No. SEFIN/SSIC/001/2023, resultó ser la renta oferta ganadora, al ofrecer las mejores condiciones xxx xxxxxxx, al ofertar una sobretasa de ese año[●], y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil según se desprende del Circuito acta de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo fallo de los dineros recibidos fecha [●] emitida por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionadaEstado, a través de los memorandos la Secretaría (el “Acta de 31 xx xxxxxx y 22 Fallo”), una copia del Acta de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias Fallo se acompaña al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. presente como Anexo C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]Declaraciones

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 11.1. En Con fecha 00 xx xxxxx xx 0000, xx Xxxxxxxxxx y el año 1983Concesionario (en conjunto y en adelante, la Fundación Xxxxxxx las “Partes”) suscribieron el Contrato de Concesión del Servicio de Transporte Público del Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima “Paquete de Servicio N° 3.2 xxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx XxxxxxComplementario N° 03 Tacna – Garcilaso – Arequipa del Sistema de Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima”. 21.2. En razón del incumplimiento Con fecha 27 de normas atinentes noviembre de 2014, las Partes suscribieron la Primera Adenda al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable Contrato de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación DistritalConcesión. 31.3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º Con fecha 05 de diciembre de 19832014, prorrogable a voluntad las Partes suscribieron la Segunda Adenda al referido Contrato de Concesión. 1.4. Con fecha 00 xx xxxxx xx 2016, las partesPartes suscribieron la Tercera Adenda al Contrato de Concesión. 1.5. Con fecha 11 xx xxxxx de 2020, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas se publicó en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito Diario El Peruano el Decreto Supremo N° 008-2020-SA que mediante su artículo 1° declaró Emergencia Sanitaria en todo el Perú por el representante legal plazo de noventa (90) días calendario, por la propagación del COVID-19. 1.6. Con fecha 15 xx xxxxx de 2020, se publicó en el Diario El Peruano el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el mismo que mediante su artículo 1° declaró el Estado de Emergencia Nacional en todo el territorio peruano por un plazo de quince (15) días calendario. El artículo 3° de dicho Decreto Supremo N° 044-2020-PCM dispuso aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias que afectan la vida de la arrendadora. 5sociedad a consecuencia del brote del COVID-19, lo cual entró en vigencia el lunes 16 xx xxxxx de 2020 por un periodo de 15 días calendario; sin embargo, esta medida fue prorrogada mediante Decretos Supremos N° 051-2010-PCM, 064-2020-PCM, 075- 2020-PCM, 083-2020-PCM y 094-2020-PCM. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx XxxxxxEs decir, en escrito de el aislamiento social obligatorio se prolongó hasta el 30 xx xxxxx del 2020. Cabe mencionar que mediante el Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, publicado el 26 xx xxxxx del 2020, se volvió a prorrogar el Estado de 1984Emergencia Nacional hasta el 00 xx xxxxx xxx 0000, cedió sus derechos en xxx xxxxxxx, se levantó el contrato aislamiento social obligatorio (cuarentena) para la ciudad de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx XxxxxxxxxLima. 71.7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentesAhora bien, administrativas y financieras para recuperar la licencia el referido Decreto Supremo N° 044-2020-PCM además de funcionamientoordenar el aislamiento social obligatorio, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obrasdispuso, entre ellas otros, que las personas solo podían circular por las vías de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios uso público para la cafetería de profesores (sillasprestación y acceso a servicios y bienes esenciales, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984así como, la funcionaria prestación laboral que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13garantice dichos servicios. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es Es decir, del 1º se limitó el movimiento social y económico de enero todo el país. Incluso se dispuso inmovilización social obligatoria (“toque de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: iqueda”) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada ciudad de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por últimoLima; primero, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 las 20:00 horas hasta las 05:00 horas del día siguiente, de febrero acuerdo al Decreto Supremo N° 046-2020-PCM y al Decreto Supremo N° 051-2020-PCM; luego, dicho horario se modificó siendo el nuevo horario desde las 18:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente; sin embargo, se volvió a restablecer el horario original de ese mismo año20:00 horas a 04:00 horas del día siguiente mediante el artículo 2° del Decreto Supremo N° 083- 2020-PCM. A la fecha, y dicho toque de queda va desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente todos los días, de acuerdo al Decreto Supremo N° 116-2020- PCM, norma que prorrogó el Estado de Emergencia Nacional hasta el 31 de julio del 2020, pero que levantó el aislamiento social obligatorio (cuarentena). 1.8. Aunado a ello, el ya mencionado Decreto Supremo N° 044-2020-PCM dispuso que durante el Estado de Emergencia se reduciría la comunicación a las autoridades educativasoferta del transporte urbano en el territorio nacional en un 50% (cincuenta por ciento). Dicha disposición fue modificada posteriormente mediante el Decreto Supremo N° 083-2020-PCM, amén indicando que en el transporte urbano se habilitaría el incremento de la vinculación oferta de operaciones en el territorio nacional, permitiéndose un aforo no mayor al 50% (cincuenta por ciento) en los jefes vehículos de transporte público y los departamentos puntos de idiomas y matemáticasrecojo de pasajeros. 241.9. La Directora Administrativa En ese sentido, de acuerdo a lo indicado en el Acuerdo de Xxxxxxx X° 000 xx xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxx de fecha 00 xx xxxxx xx 2020, los Corredores Complementarios han estado operando al 42.5% de su capacidad y transportando al 10% de la Fundación FES certificó demanda normal en la ciudad de Lima, provocando un impacto negativo en la recaudación del sistema, produciéndose perdidas económicas. 1.10.En efecto, tal como se indica en el 2 referido Acuerdo de febrero Concejo, las medidas de 1987 aislamiento social obligatorio han traído como consecuencia la afectación en los ingresos del servicio de transporte público brindado por el Concesionario, por lo que dicha entidad «no tiene ningún tipo resulta necesario que se tomen medidas de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX carácter temporal que coadyuven al Concesionario a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo enfrentar la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones situación generada por la pandemia del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx XxxxxCOVID-19, en razón tanto existe un déficit de la custodia ingresos, siendo que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para remunerar las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor Participaciones de los funcionarios Operadores de Transporte (POT) y las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia Otras Remuneraciones del Contrato de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque Concesión se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demandahan visto afectados. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión1.01.- De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO-QUITO TURISMO- contempla la PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CENTRO DE CONVENCIONES XXXXXXX XXXXXX. B. Los hechos 1. En el año 19831.02.- Mediante Resolución _______________________________, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Dirección Ejecutiva aprobó los pliegos xx Xxxxx le arrendó Inclusiva, del Proceso __________________, para la PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CENTRO DE CONVENCIONES XXXXXXX XXXXXX, con un Presupuesto Referencial de USD. $ 9.500,00, (nueve mil quinientos 00/100) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, sin IVA. 1.03.- Con fecha ___________________________ el EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO -QUITO TURISMO- publicó en el Portal COMPRAS PUBLICAS el Proceso xx Xxxxx Inclusiva No. _______________, de acuerdo a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado lo establecido en la Xxxxx 00 XxResolución INCOP No. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx047-2011, de 23 de febrero del 2011, para la PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CENTRO DE CONVENCIONES XXXXXXX XXXXXX. 21.04.- Dentro del Proceso xx Xxxxx Inclusiva No. En razón del incumplimiento de normas atinentes al servicio que ________________________, se prestaba y en virtud del estado deplorable presentaron ____ ofertas de: 1.05.- La Directora Ejecutiva nombró una Comisión Técnica para la evaluación de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenioofertas presentadas, la institución tenía derogada misma que estuvo conformada por los señores ________ 1.06.- Mediante Informe de Evaluación de Ofertas, de _________________, la licencia Comisión Técnica resuelve ____________________________ 1.07.- Mediante Resolución ___________________________, la Gerente General de funcionamientola EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO -QUITO TURISMO- resolvió ADJUDICAR el Proceso xx Xxxxx Inclusiva _________________________, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CENTRO DE CONVENCIONES XXXXXXX XXXXXX. a ______________________________ en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000USD $ ____________. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En 1.1 Mediante Resolución N° […….] de fecha […….] la [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD PÚBLICA] priorizó el año 1983Proyecto: [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL PROYECTO], para su financiamiento y ejecución [INCLUIR MANTENIMIENTO EN CASO CORRESPONDA HASTA POR EL MÁXIMO DE 5 AÑOS] en el marco del artículo 17 de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Ley N° 30264 y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxxsu Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2015-EF. 2. En razón 1.2 Mediante Informe N° [….], de fecha […….] la Dirección General de Presupuesto Público del incumplimiento de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación Economía y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y Finanzas se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada»Disponibilidad Presupuestal con la que cuenta LA ENTIDAD PÚBLICA para el financiamiento del Proyecto [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL PROYECTO], «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de conformidad a lo señalado por el artículo 10 del Reglamento del artículo 17 de la acción» y «cobro Ley N° 30264, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2015-EF. 1.3 Con Informe Previo N° [……] de lo fecha […….], la Contraloría General de la República, emitió pronunciamiento al respecto, conforme al numeral 11.4 del artículo 11 del Reglamento del artículo 17 de la Ley N° 30264 (en caso no debido». Las excepciones se fundaron hubiere recibido pronunciamiento expreso de la Contraloría General de la República en el plazo indicado en la existencia Primera Disposición Complementaria y Final de unas acciones penales por perturbación a la posesión Ley N° 29230, se deberá dejar constancia de ello, indicando el documento y fecha con el que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demandaEntidad solicitó dicho informe previo). 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró 1.4 Mediante Informe N° [……] de fecha […….], la Oficina de Programación de Inversiones declaró la viabilidad del Proyecto [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL PROYECTO] con código SNIP […..], la misma que a pesar como anexo integra el presente Convenio. 1.5 Con fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro del Proceso de que fue demostrado Selección N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago financiamiento y ejecución de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. obra [Folio 493Y EL MANTENIMIENTO EN CASO CORRESPONDA] [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], c. 1a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió cuyos detalles e importe constan en apelación. [Folio 497, c. 1]los documentos integrantes del presente convenio.

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En el año 1983, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón del incumplimiento Mediante Memorando N° SPDS-JPSU-191-2019 de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud del estado deplorable de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º fecha 20 de diciembre de 19832019, prorrogable a voluntad la Sub Gerencia Planificación de las partes, pactándose como renta mensual Demanda y Suministro solicitó la suma Adquisición de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas hasta 135 MB de High Octane Gasolina Blend Stock (HOGBS) en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente mercado local para entrega en enero y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxfebrero 2020, en escrito la modalidad por Competencia, el cual contiene 3 ítems. Mediante Carta Múltiple SCOH-…-2019 de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 fecha … de diciembre de 19892019, modificándose se invitó a las compañías registradas en la Lista de esta manera las cláusulas quinta Proveedores vigente de PETROPERÚ S.A., a presentar su propuesta técnico-económica, conforme al Procedimiento de Adquisición por Competencia Nº COM-021-2019- SCOH/PETROPERÚ - “Adquisición de hasta 135 MB de High Octane Gasolina Blend Stock (HOGBS) en el mercado local para entrega en enero y sexta febrero 2020”, la cual contiene 3 Ítems. Mediante Informe de Adjudicación SCOH- ……2019 de fecha , se sustentó y aprobó el Ítem (…): “Adquisición de ( … ) MB de High Octane Gasoline Blend Stock (HOGBS) en el Mercado Local para la entrega en ( ….... ) 2020”, a la empresa ........ Mediante carta SCOH-…-2019 de fecha………, se comunicó a la Empresa la adjudicación de la Buena Pro del contrato Procedimiento de arrendamiento» Adquisición por un total Competencia Nº COM-021-2019- SCOH/PETROPERU. (según ítem) Mediante Carta N° ………de US$100.000 equivalentes fecha ……………, se solicitó a $15’000.000. 14la empresa …. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió los documentos para proceder con la reparación y mantenimiento suscripción del Contrato. Mediante Carta N°…………. de las instalaciones según lo acordadofecha…………, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15la Empresa ……………. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación presentó los documentos solicitados para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce suscripción del bien arrendadopresente Contrato. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1Mediante el Formulario de Solicitud de Emisión de Pronunciamiento, recibido el 14.JUN.2019, mediante Trámite Documentario N° 2019-15092046-SAN XXXXXX y subsanado el 20.JUN.2019 1 , el presidente del comité de selección a cargo del procedimiento de selección, remitió al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) la solicitud de elevación de cuestionamientos al pliego absolutorio de consultas y observaciones y Bases Integradas presentadas por los participantes GRUPO LAS PALMERAS E.I.R.L. y DISEÑO GERENCIA CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A.C-DGCS S.A.C., en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el TUO de la Ley, y el artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, en adelante el Reglamento. En el año 1983Cabe precisar que, antes de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó emisión del presente pronunciamiento se procedió a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado registrar en la Xxxxx 00 Xx. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón ficha del incumplimiento Sistema Electrónico de normas atinentes al servicio que se prestaba y en virtud Contrataciones del estado deplorable Estado (SEACE) la notificación electrónica de las instalaciones, al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 fecha 1 de julio de 1982 dictada por 2019, a fin que la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º de diciembre de 1983, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores Entidad amplíe aspectos relativos a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxcitada solicitud de elevación de cuestionamientos y Bases Integradas, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984siendo que, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio Entidad mediante comunicación de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 fecha 04 de julio de 1982»2019, atendió el mencionado pedido de información, lo cual tiene carácter de declaración jurada. Asimismo, cabe precisar que para la emisión del presente pronunciamiento se utilizará el orden establecido por el comité de selección en el pliego absolutorio; en ese sentido, considerando los temas materias de cuestionamientos del mencionado participante, este Organismo Técnico Especializado procederá a pronunciarse de la siguiente manera: Cuestionamiento N° 1 : Respecto a la absolución de la consultas y/u observaciones X°00, X° 00, X°00, X°00, X°00, X° 00, X° 00, x X°00, xxxxxxxx a la “presentación de documentación”. Cuestionamiento N° 2 : Respecto a la absolución de la consultas y/u observaciones N° 53, referida a la “definición de obras similares”. 131 Fecha en la cual la Entidad remitió por correo electrónico la documentación completa, conforme a la Directiva Nº 009-2019- OSCE/CD “Emisión de Pronunciamiento”. El arrendatario cumplió Cuestionamiento N° 3 : Respecto a la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal absolución de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxconsulta y/u observación N° 55, el Presidente referida a “otras penalidades”. Cuestionamiento N° 4 : Respecto a la absolución de la República designó en ese cargo consulta y/u observación N° 35 y N° 57, referida a la Fundación para “solvencia económica”. Cuestionamiento N° 5 : Respecto a la Educación Superior absolución de la consulta y/u observación N° 25 referida a la “deficiente absolución”. Cuestionamiento N° 6 : Respecto a la absolución de la consulta y/u observación N° 26, N°27, N°32, N°36 y N° 39 referida al “plantel profesional”. Por otro lado, de la revisión de la solicitud de elevación formulada por el participante DISEÑO GERENCIA CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A.C- DGCS S.A.C., se aprecia que refiriéndose a la consulta y/u observación N° 37, cuestionó que “Se debe precisar sobre la experiencia requerida al plantel profesional (FESresidente obra), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16solo será válida aquella obtenida en los últimos 25 años, conforme a lo señalado en las bases estándar”. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal No obstante dicha pretensión no fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque abordada en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por últimoreferida consulta y/u observación, el 12 de febrero de 1987por lo que al devenir en extemporánea, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya este Organismo Técnico Especializado no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó pronunciará respecto a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago dicho extremo de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese conceptocuestionamiento. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1El 41988 se suscribió el Contrato No. 122-2014 entre la Superintendencia de Bancos y la empresa XXXXXXX AUDIT SERVICES CÍA. LTDA.., con el objeto de efectuar la AUDITORÍA EXTERNA AL GRUPO 9 DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS (TIPO I Y II), EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUADRAGÉSIMA DEL CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO, por el valor de US$ 124100 (ciento cuarenta mil trescientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), más IVA; y en un plazo de 90 (noventa) días calendario contados a partir del siguiente día de la fecha de suscripción del contrato. Contando para ello con la autorización del economista Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Superintendente de Bancos, Subrogante, mediante sumilla inserta en el memorando No. INSS-DASS3-2015-0341 de 2/4/2015; a través del oficio No. INSS-DASS3-2015-0090 de 13-febr-2015, la Administradora del Contrato concedió a la empresa XXXXXXX AUDIT SERVICES CÍA. LTDA.., una xxxxxxxx xx xxxxx xx 00 (xxxxxx x xxxx) días para la ejecución del contrato. Mediante oficio No. POR PEDIDO OFICIO INSS-2015-0122 de 24-feb-2015 cierre de la auditoria a 31-dic 14, acorde a la instrucción del señor Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, Superintendente de Bancos (E), inserta en el memorando No. INSS-2015-0465 de 21 de los indicados mes y año; se dispuso a la empresa XXXXXXX AUDIT SERVICES CÍA. LTDA.., que en la ejecución del contrato No. 122-2014, deberá emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, así como, de los aspectos específicos requeridos en el contrato, por el período restante de octubre a diciembre de 2014, con lo cual el ejercicio contable 2014 permitirá ser examinado en su totalidad. El día 4/23/2015 se suscribió el Contrato Complementario No. 122-2014-CC-01-2015 con la empresa XXXXXXX AUDIT SERVICES CÍA. LTDA., con fundamento en los artículos 85 y 87 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 132 del Reglamento General a dicha Ley. En el año 1983referido contrato complementario, la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx el plantel educativo Xxxxx XX ubicado se estipuló en la Xxxxx 00 Xxcláusula tercera: “3.1. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx. 2. En razón El objeto del incumplimiento de normas atinentes al servicio presente contrato complementario es que se prestaba y en virtud considere la ampliación del estado deplorable alcance de las instalaciones, los servicios contratados con corte al momento de suscribirse el referido convenio, la institución tenía derogada la licencia de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distrital. 3. El establecimiento educativo se arrendó junto con el inmueble en el que funcionaba además de «todos sus elementos, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el de tres (3) años a partir del 1º 31 de diciembre de 19832014, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelanteprecio contractual de US$ 19501,43 ( diecinueve mil quinientos uno 43/100 dólares de los Estados Unidos de América) sin IVA.”. Con oficio No. 0 de 12:00:00 AM, estipulaciones que luego fueron modificadas debidamente autorizada por el ingeniero Xxxxxxx Xxxxxxx X., Intendente Nacional de Gestión, mediante sumilla de 4/15/2015, inserta en el documento memorando No. INSS-DASS3-2015-0888 de 24 xx xxxxxx 14 de 1985 suscrito por el representante legal los mismos mes y año, la infrascrita Administradora del Contrato, concedió a la empresa XXXXXXX AUDIT SERVICES CÍA. LTDA.. una prórroga de plazo de 0 (veinte) días para la ejecución del contrato; que se contabilizará a partir del día siguiente de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna finalización del plazo ampliado en virtud de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos lo señalado en el contrato oficio No. INSS-DASS3-2015-0090 de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes13-febr-2015, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º de enero de 1986 hasta el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx citado en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensionesnumeral 1.2 constante ut supra. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]

ANTECEDENTES. A. La pretensión B. Los hechos 1. En Según obra en el año 1983Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 16 de setiembre de 2021, la Fundación Empresa Activos Mineros S.A.C., en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 16-2021-AMSAC-1 (Primera Convocatoria), para la contratación del servicio: "Mantenimiento integral de los equipos de bombeo, instrumentación y sistemas eléctricos de la planta de tratamiento de agua de Pucará, Xxxxxx y la planta de tratamiento de agua de Quiulacocha", con un valor estimado total de S/ 398,937.23 (trescientos noventa y ocho mil novecientos treinta y siete con 23/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley; y, su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por los Decretos Supremos Nos 377-2019-EF1, 168-2020-EF2, 250-2020-EF3 y 162-2021-EF4, en adelante el El 28 de setiembre de 2021 se llevó a cabo la presentación de ofertas (electrónica) y el 12 de octubre del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento 1 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 de diciembre de 2019, vigente a partir del 15 del mismo mes y año. 2 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 xx xxxxx de 2020, vigente a partir del 1 de julio del mismo año. 3 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 4 de setiembre de 2020, vigente a partir del 5 del mismo mes y año. 4 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 26 xx xxxxx de 2021, vigente a partir del 12 de julio del mismo año. Página 1 de 36 Firmado digitalmente por XXXXXXXXXX XXXXXXXX Xxxxxx Xxxxxx XXX 20419026809 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 19.11.2021 21:35:31 -05:00 Firmado digitalmente por XXXXXX XXXXXXX Xxxxxx Xxxxxx FAU 20419026809 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 19.11.2021 22:01:32 -05:00 Firmado digitalmente por XXXXX XXXXX Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx le arrendó FAU 20419026809 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 19.11.2021 21:46:32 -05:00 de la buena pro a Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx favor del CONSORCIO MAGENCO, integrado por las empresas JC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx MAINTENANCE GLOBAL & ENGINEERING CONSULTING S.A.C., por el plantel educativo Xxxxx XX ubicado monto de su oferta económica de S/ 321,542.30 (trescientos veintiún mil quinientos cuarenta y dos con 30/100 soles), en la Xxxxx 00 Xxlo sucesivo el Adjudicatario. 00X-00 xx xx xxxxxx xx Xxxxxx.Los resultados fueron los siguientes: Postor Etapas Resultado SOLUCIONES TÉCNICAS INDUSTRIALES S.R.L. Sí 354,900.00 95.13 3 - - 2. En razón Mediante Formulario “Interposición de recurso impugnativo”5 y escrito N° 520- 20216, recibidos el 19 de octubre de 2021 en la Mesa de Partes Digital del incumplimiento Organismo Supervisor de normas atinentes las Contrataciones del Estado (OSCE), el CONSORCIO PHOENIX EPC, integrado por las empresas PHOENIX ENGINEERING PROCUREMENT AND CONSTRUCTION S.A.C. y PHOENIX ENERGY S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario, solicitando se revoque dicho acto administrativo, se descalifique la oferta de aquél y se le otorgue la buena pro a su favor. Para ello, el Impugnante manifestó lo siguiente: - El Adjudicatario no habría cumplido con el requisito de calificación referido a la experiencia del postor en la especialidad, por lo motivos siguientes: 5 Obrante a folios 3 y 4 del expediente administrativo. 6 Obrante a folios 6 al 10 del expediente administrativo. • Con relación al contrato GL-C-047-2019, por el “Servicio de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento artesanal de las aguas de mina del túnel Pucará y filtraciones de las bocaminas xx Xxxxxx, Goyllarisquizga, Xxxxx xx Xxxxx”, alega que, las facturas E001-55, E001- 35 y E001-30 no debieron ser consideradas como experiencia porque el objeto de la convocatoria es el mantenimiento, mientras que, el término operación está referido a la utilización de máquinas. Asimismo, no se demostró fehacientemente el pago de las facturas antes referidas. • Sobre las órdenes de servicio emitidas por la empresa Pan American Silver Huarón S.A.C., por el “Servicio de apoyo técnico mecánico – electricista parada de planta”, señala que, no calificarían como servicios similares porque no tiene información concreta del trabajo que se prestaba y realizó. A su vez, no se logra apreciar el banco emisor en virtud del estado deplorable los voucher de depósito con pago cheque de gerencia de las instalacionesfacturas 001-000495, al momento 001- 000482 y 001-000465; así como también, en los voucher para acreditar las facturas 001-000494 y 001-000493, tampoco se identificaría a que factura hace referencia. Además, ninguno de suscribirse los voucher de depósito concuerda con el referido convenio, monto que debió percibir después del descuento de la institución tenía derogada la licencia detracción y los comprobantes de funcionamiento, medida impuesta por la Resolución No. 023339 pago no tienen el sello de 9 de julio de 1982 dictada por la Secretaría de Educación Distritalcancelado o pagado. 3. El establecimiento educativo Por decreto del 21 de octubre de 20217, se arrendó junto admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que cumpliera, entre otros aspectos, con registrar en el inmueble SEACE el informe técnico legal, en el que funcionaba además indique su posición respecto de «todos sus elementoslos hechos materia de controversia, muebles y enseres académicos» y debía destinarse únicamente para la enseñanza de básica secundaria en las jornadas diurna y nocturna. 4. Como término de duración, las partes fijaron el plazo de tres (3) años días hábiles. El 22 de octubre del mismo año se notificó, mediante el SEACE, el recurso a partir efectos que, de ser el caso, los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución lo absuelvan. Finalmente, se dejó a consideración de la Sala la solicitud de uso de la palabra y se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el comprobante del 1º depósito en efectivo Cta. Cte. N° 503400039, expedido por el Banco de la Nación, presentado por el Impugnante en calidad de garantía. 7 Obrante a folios 158 y 159 del expediente administrativo. 4. Con fecha 27 de octubre de 20218, la Entidad registró en el SEACE el Informe Técnico Legal N° 001-AS-SM-16-2021-19, señalando lo siguiente: a) El contrato GL-C-047-2019 corresponde al procedimiento de selección XX-0- 0000-XXXXX-0, xxxx xxxxx pro fue otorgada a la empresa JC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. (integrante del Adjudicatario). El comité de selección lo calificó como válido al ser un servicio similar según las bases integradas. En cuanto a la facturación que no acreditaría el pago, precisó que: - En las facturas E001-55 y E001-35, el abono registrado en el estado de cuenta del Banco Continental de la empresa J C INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. es realizado por la Empresa Activos Mineros S.A.C. [Entidad convocante del presente procedimiento de selección], que tiene la cuenta del fideicomiso ambiental a nombre de la Empresa Minera del Centro del Perú (CENTROMIN), en virtud del Decreto Supremo N° 058-2006-EM. - Sobre los importes que corresponden a cada factura, señala lo siguiente: • Factura electrónica E001-55, de fecha 3 de febrero de 2020, por el importe de S/ 133,790.24.- el abono fue realizado el 2 xx xxxxx de 2020, por el importe total de S/ 112,990.64, lo cual consta en el estado de cuenta del Banco Continental del 31 del mismo mes y año [obrante a folio 41 de la oferta del Adjudicatario]. Adicionalmente, adjuntó el expediente de pago, con la carta N° 007-2020/AM-FA, dirigida al Banco Interbank. • Factura electrónica E001-35, de fecha 20 de diciembre de 19832019, prorrogable a voluntad de las partes, pactándose como renta mensual la suma de $400.000 para la primera anualidad con un incremento del 10% anual en adelante, estipulaciones que luego fueron modificadas en el documento de 24 xx xxxxxx de 1985 suscrito por el representante legal importe de la arrendadora. 5. Se acordó que los inquilinos debían contratar al personal docente y administrativo sin que ello implicara sustitución patronal ni subordinación alguna de los trabajadores a la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx. 6. Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, en escrito de 30 xx xxxxx de 1984, cedió sus derechos en S/ 133,828.69.- el contrato de arrendamiento al coarrendatario Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. 7. El arrendatario del plantel realizó gestiones docentes, administrativas y financieras para recuperar la licencia de funcionamiento, saneando las deficiencias e imperfecciones que para entonces tenía. 8. Con esa finalidad construyó algunas dependencias e instaló varios equipos, tales como: «treinta (30) baños o sanitarios (…), cinco (5) lavamanos para hombres y cinco (5) (…) para mujeres, dos (2) bebederos (…); 14 aulas; (…) laboratorios de química, con tres mesones en cemento con su instalación de gas y diez (10) mecheros para cada mesón, instalación de agua con cinco (5) llaves o plumas para cada mesón y canal de desagüe para cada mesón; (…) laboratorio de física y mecánica con tres (3) mesones en cemento, cada mesón con instalaciones eléctricas; (…) laboratorio de biología completamente enchapado en baldosa pedernal; (…) 12 aulas, (…) cancha de baloncesto, cafetería para profesores, y reparaciones locativas para restaurar integralmente abono fue realizado el inmueble (…)». 9. También reparó las paredes y los tableros o pizarrones de las aulas de clase y efectuó otras obras, entre ellas las de «resanar paredes de los corredores o pasillos, levantar muros, arreglar pisos, las escaleras echar pisos, restaurar cielos rasos, recuperar baños que estaban ya instalados, tubería, grifos, las chapas de las puertas, colocar vidrios donde faltaban, bombillas, empañetar, pintar paredes, puertas, ventanas, restaurar y pintar un muro existente que encierra el predio (…), instalaciones eléctricas, plomería», todo por valor de $10’422.000. 10. Los laboratorios de química, física y biología fueron dotados con sus respectivos equipos, lo que costó $1’678.000 y algunos elementos para «física y mecánica» se adquirieron en $257.000, a lo que se adicionó la compra de 50 máquinas de escribir manuales y 40 eléctricas para las clases de mecanografía con un costo de $1’470.000; 1 computador IBM con impresora y 10 computadores Texas Instruments valorados en $3.000.000. 11. Se adquirieron 40 radiograbadoras Sony para ser utilizadas en las actividades xx xxxxxx por $538.000; material didáctico (mapas y láminas) por $155.000; el arreglo de pupitres costó $542.000 y fueron adquiridos 1200 de esos muebles a razón de $72.000 cada uno para un total de $8’520.000; 250 sillas universitarias unipersonales a $5.000 unidad, ascendiendo su valor a $1’250.000; muebles y utensilios para la cafetería de profesores (sillas, mesas, estufa industrial, nevera y otros) por $493.000. 12. Desaparecidas las circunstancias que impedían el funcionamiento de la institución educativa, lo que verificó la Secretaría de Educación de Bogotá en visita realizada el 23 de noviembre de 1984, la funcionaria que intervino recomendó al Ministerio de Educación y a dicha dependencia distrital «derogar la Resolución n° 023339 del 9 de julio de 1982». 13. El arrendatario cumplió la obligación de pagar la renta estipulada, habiendo el arrendador expedido los correspondientes recibos, incluido el de 24 xx xxxxxx de 1985 por concepto de «los cánones de arrendamiento por los años lectivos de 1986, 1987, 1988 y 1989, es decir, del 1º 28 de enero de 1986 hasta 2020, por el importe total de S/ 97,073.01, lo cual consta en el estado de cuenta del Banco Continental del 31 del mismo mes y año [obrante a folio 44 de la oferta del Adjudicatario]. Adicionalmente, adjuntó el expediente de pago, con la carta N° 004-2020/AM-FA, dirigida al Banco Interbank. • Factura electrónica E001-30, de fecha 16 de diciembre de 2019, por el importe de S/ 135,073.05.- el abono fue realizado el 30 de diciembre de 1989, modificándose de esta manera las cláusulas quinta y sexta 8 Véase folio 160 del contrato de arrendamiento» por un total de US$100.000 equivalentes a $15’000.000expediente administrativo. 14. El actor obró de acuerdo con lo convenido en cuanto al nombramiento de algunos trabajadores administrativos, pago de salarios y prestaciones sociales a docentes y empleados. También cumplió con la reparación y mantenimiento de las instalaciones según lo acordado, inversión que ascendió a más de $50’000.000. 15. Ante la incapacidad que afectó al síndico representante legal de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, el Presidente de la República designó en ese cargo a la Fundación para la Educación Superior (FES), y por su intermedio la arrendadora realizó actos que turbaron el goce del bien arrendado. 16. Entre los aludidos hechos perturbatorios se verificaron los siguientes: i) la inspección judicial adelantada con el pretexto de actualizar dineros, exhibir el contrato de arrendamiento y los recibos de pago; ii) la denuncia penal instaurada «por falsedad de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento»; iii) la demanda de lanzamiento presentada el 4 xx xxxxxx de 1986 por xxxx en el pago de la renta de ese año, y iv) la acción ejecutiva que cursó en el Juzgado 17 Civil del Circuito de Bogotá, donde se decretó como medida cautelar el embargo de los dineros recibidos por el Colegio Paulo VI por concepto de matrículas y pensiones. 17. El proceso penal fue conocido por el Juzgado 72 de Instrucción Criminal de Bogotá que ordenó cesar el procedimiento, decisión confirmada por el superior funcional, y la demanda de lanzamiento se promovió sin justificación porque en la prueba anticipada de inspección judicial se exhibieron los recibos de pago de la renta hasta el 30 de diciembre de 1989. 18. Por último, el 12 de febrero de 1987, la Fundación FES invadió y ocupó de hecho el colegio arrendado, impidiéndole al arrendatario ingresar a sus instalaciones; envió comunicaciones a algunas autoridades para que le desconocieran la citada calidad, y nombró secretario, rector, profesores, celador, etc. 19. El Juez 23 Civil del Circuito de Bogotá, a quien correspondió conocer la causa de lanzamiento, el 2 de diciembre de 1988 dictó sentencia favorable a las pretensiones de la demandante sin haber oído a los arrendatarios por considerar que no acreditaron el pago de la renta, no obstante obrar como prueba la inspección judicial en la que se exhibieron los recibos de pago correspondientes. 20. La diligencia de lanzamiento tuvo lugar el 5 de febrero de 1991, fecha para la cual el arrendatario ya no se encontraba en el Colegio, pues había sido desalojado de hecho por la Fundación FES desde el 12 de febrero de 1987. Además, el contrato de arrendamiento terminó el 30 de diciembre de 1989. 21. Al actor no se le hizo entrega de los bienes que compró para la dotación ni le reconocieron las mejoras que efectuó a pesar de haber invocado el derecho de retención, y como no se le permitió ingresar a la institución «no pudo sacar los recibos de pago, las facturas, los comprobantes donde constan los objetos comprados para el colegio arrendado y los pagos que hizo por concepto de las obras adelantadas». 22. En virtud de la medida de embargo dictada dentro del proceso ejecutivo que le adelantó la arrendadora, desde noviembre de 1986 no volvió a recibir dineros por concepto de matrículas y pensiones, los cuales se entregaron a la fundación demandante que también percibió las cantidades pagadas extemporáneamente por los alumnos a título de los señalados rubros y obtuvo los beneficios de la inversión realizada por el arrendatario para el adecuado funcionamiento del establecimiento educativo. 23. La injusta y arbitraria perturbación también se materializó con los nombramientos de rector y secretario del Colegio efectuados en enero de 1987; la suscripción de los respectivos contratos laborales a partir de 2 de febrero de ese mismo año, y la comunicación a las autoridades educativas, amén de la vinculación de los jefes de los departamentos de idiomas y matemáticas. 24. La Directora Administrativa de la Fundación FES certificó el 2 de febrero de 1987 que dicha entidad «no tiene ningún tipo de relación comercial ni ha arrendado las instalaciones donde funcionan los colegios Xxxxx XX y Vocacional Xxxxx XX a los señores Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx y Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, prohibiendo la entrada al colegio arrendado a su arrendatario, señor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx, quien a su vez había fundado en las instalaciones del colegio arrendado el Instituto Cultural Nocturno La Xxxxxx». 25. La funcionaria mencionada, a través de los memorandos de 31 xx xxxxxx y 22 de septiembre de 1987, impartió instrucciones precisando que el control de las decisiones estaba a cargo de la Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, en razón de la custodia que ejercía del Colegio Xxxxx XX por mandato judicial. 26. Ante la ocupación de hecho de la institución, el actor formuló querella cuyo trámite le correspondió a la Inspección 10 A Distrital de Policía de Bogotá, dentro del cual la representante legal de la arrendadora presentó recursos e incidentes de nulidad con el fin de dilatar su resolución. 27. El 23 xx xxxxx de 1990, la Sala Civil del Consejo de Justicia de Bogotá declaró la nulidad de lo actuado y devolvió las diligencias al inspector; empero, a ese momento ya había terminado el contrato de arrendamiento, lo que ocurrió sin que la Fundación cesara la turbación en el goce de la institución arrendada. 28. Los ingresos percibidos por el arrendatario durante los tres años que explotó económicamente el establecimiento educativo se destinaron al pago de su mantenimiento, de los profesores y empleados; en tanto los recursos para las obras, mejoras, dotación de materiales e implementos salieron de su patrimonio particular, inversión que de haberse capitalizado desde el 1° de enero de 1987 habría arrojado el monto reclamado por ese concepto. C. El trámite de la primera instancia 1. En el proveído que admitió la demanda, la juez ordenó dar traslado de la misma a las instituciones convocadas al litigio. [Folio 237, c. 1] 2. La Fundación Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx replicó oponiéndose a lo solicitado por el actor y se pronunció sobre la causa petendi. Formuló como defensas las intituladas «cosa juzgada», «ir contra decisiones judiciales falladas en derecho y tomarlas como fundamento de la acción» y «cobro de lo no debido». Las excepciones se fundaron en la existencia de unas acciones penales por perturbación a la posesión que culminaron con sentencia absolutoria de segunda instancia a favor de los funcionarios de las Fundaciones FRB y FES enjuiciados; la improcedencia de considerar que el proceso ejecutivo y la prueba de inspección judicial fueran hechos perturbadores del goce del bien arrendado; la falsedad de los recibos de pago aducidos por el arrendatario que no quedó desvirtuada porque se hubiera cesado el procedimiento en el juicio penal, y la inexistencia de las inversiones y obras alegadas por el actor en la institución académica. [Folio 261, c. 1] La Fundación para la Educación Superior – FES no contestó la demanda. 3. El juez a quo denegó las pretensiones porque consideró que a pesar de que fue demostrado el incumplimiento del contrato de arrendamiento por parte de las demandadas al perturbar el goce del bien objeto del mismo, no se acreditó el daño sufrido por el pago de la renta sin disfrutar ni explotar el establecimiento educativo. [Folio 493, c. 1] 4. Inconforme con lo decidido, la parte actora lo recurrió en apelación. [Folio 497, c. 1]